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La violencia y el fraude en estas elecciones

Escrito por Camilo Vargas Betancourt
Puestos de votación para las próximas elecciones.

Puestos de votación para las próximas elecciones.

Camilo VargasAunque ha disminuido – y aunque el conflicto  con las FARC  se esté des-escalando- la violencia sigue siendo una amenaza en casi la mitad de nuestros municipios, y el fraude electoral se ha vuelto cada vez más sofisticado.    

Camilo Vargas Betancourt*

Mejorando, pero no tanto

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha analizado el riesgo de que el fraude o la violencia distorsionen la voluntad popular durante las últimas cinco elecciones en Colombia. 

Vistos en perspectiva histórica, los riesgos para este año son menores que los de todas las elecciones que habían sido observadas por la MOE. En efecto: en 2007 había 576 municipios en riesgo por factores de violencia, y para las elecciones de 2011 llegamos a un pico de 544 municipios en riesgo de fraude electoral. Para este año tenemos “apenas” 452 municipios en riesgo por motivos de violencia y 487 por motivos de fraude electoral.  

Aunque hayamos mejorado, estas cifras no dejan de ser escandalosamente altas. Es más: aunque está disminuyendo, la violencia electoral no parece cerca de desaparecer, y los fraudes son cada vez más complejos y difíciles de detectar y de contrarrestar.  

Elecciones y violencia

Alrededor de 1’900.000 cédulas fueron anuladas por el CNE ante el cambio sospechoso de puestos de votación.
Alrededor de 1’600.000 cédulas fueron anuladas por el CNE ante el cambio
sospechoso de puestos de votación.
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

En materia de seguridad el escenario de 2015 resulta a la vez esperanzador y preocupante.

Es esperanzador porque las elecciones del próximo domingo tendrán lugar en un contexto de des-escalamiento del conflicto armado sin precedentes en la historia reciente. Las FARC parecen llegar de nuevo en tregua a los comicios (ya lo hicieron en 2014), lo cual permitirá que voten por primera vez en una elección local los ciudadanos de ciertas zonas rurales a quienes la guerrilla les impidió sufragar durante décadas. Pero no puede decirse lo mismo en relación con el ELN.

Aunque está disminuyendo, la violencia electoral no parece cerca de desaparecer, y los fraudes son cada vez más complejos y difíciles de detectar y de contrarrestar.   

Así mismo, llegamos a elecciones en medio de una de las ofensivas más exitosas de la  Fuerza Pública contra las bandas de crimen organizado: los Rastrojos están desarticulados y las recientes operaciones contra Pijarvey en la Orinoquía y los Urabeños en el norte de Antioquia y el sur de Córdoba han limitado la capacidad de estos grupos herederos del paramilitarismo para afectar las elecciones.

Y sin embargo preocupa constatar que la violencia política persiste aunque el conflicto armado se esté des-calando:

  • Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 38 municipios de 20 departamentos distintos se habían presentado hechos de violencia que limitan la libertad de prensa a un mes de las elecciones.
  • Por su parte la MOE ha registrado 161 hechos de violencia contra candidatos, funcionarios locales y dirigentes de partidos en lo corrido de 2015 en prácticamente todos los departamentos del país.
  • El desplazamiento forzado sigue siendo una amenaza silenciosa pues, como señala la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en 565 municipios del país existe riesgo electoral por este motivo.

Aunque poco se habla sobre el desplazamiento, el hecho de que (según datos de la Unidad de Víctimas) durante 2014 fueran expulsadas por la fuerza 191.000 personas  de sus municipios de residencia (es decir, más de 500 desplazados cada día), es una prueba palmaria de que en buena parte de Colombia existen fuerzas dispuestas a usar la violencia para ganar poder político.

La MOE ha constatado que los hechos de violencia contra políticos o periodistas y el desplazamiento forzado tienen poca relación con la presencia de grupos armados ilegales. La violencia es un recurso sistemáticamente utilizado en todo el país por las campañas políticas (y no en forma exclusiva por los grupos armados) en contra de la oposición. Y en elecciones locales la oposición son los candidatos de cualquier partido o movimiento. Por eso se registran hechos de violencia contra todas las corrientes del espectro político.

Y por eso la persistencia de este fenómeno cuando la intensidad el conflicto armado está disminuyendo constituye un grave desafío para estas próximas elecciones y para todo el posconflicto.

El fraude electoral

No es fácil reaccionar ante el riesgo de fraude electoral, porque en cada municipio asistiremos a cuatro o cinco votaciones simultáneas (para gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y juntas de acción local), donde compiten más de 110.000 candidatos, y para cada una de las cuales parecen existir verdaderas empresas criminales dedicadas a manipular la votación y a corromper la voluntad popular.

No obstante los importantes avances de la Registraduría Nacional del Estado Civil en materia logística, el sistema de custodia de los votos sigue siendo altamente vulnerable a los delitos electorales más comunes, como el voto fraudulento y la alteración de los resultados.

Ni la vigilancia ciudadana ni el despliegue de testigos electorales por parte de los partidos son suficientes para contrarrestar la infiltración de jurados y funcionarios corruptos, que logran alterar el resultado de las votaciones, y cuya acción se refleja en los 487 municipios identificados por la MOE con riesgo de fraude electoral en 2015.

Pero hay algo más preocupante. Así como las autoridades y la sociedad civil se han fortalecido para combatir el fraude electoral, también se han sofisticado los métodos de los delincuentes para corromper las elecciones.

Aunque cada vez hay mejor vigilancia para el día del sufragio, desde mucho antes de la votación se dan otros delitos electorales. Hechos como la compra de votos (el delito de la corrupción al sufragante), las amenazas o presiones para manipular el voto (constreñimiento al sufragante) y la trashumancia electoral (fraude en la inscripción de cédulas) se practican en escala masiva, y sin que muchas veces sean detectados por las entidades encargadas de vigilar los comicios.

Para la muestra, en 2015 la MOE identificó 606 municipios en riesgo de trashumancia. La anulación, por parte del Consejo Nacional Electoral, de más de 1.600.000 cédulas de ciudadanos que cambiaron su puesto de votación, y las más de 30 capturas efectuadas por la Fiscalía por delitos electorales antes del día de las elecciones (algo completamente inédito en nuestra historia) ponen en evidencia la magnitud de este problema.

El mapa siguiente muestra cómo algunas regiones que hace una década se destacaban por fraudes electorales masivos -como las zonas afectadas por la parapolítica- hoy se especializan en fraudes cometidos antes de las elecciones, como la trashumancia.

En suma la MOE identifica más de 800 municipios donde existe la amenaza de que las elecciones sean distorsionadas, lo cual coincide con la incapacidad de las autoridades para controlar el monto, origen y uso de los dineros que ingresan a las campañas políticas, así como con la irresponsabilidad de los partidos políticos en el  momento de avalar candidatos.

La muestra más clara del gran problema de transparencia que nuestra democracia afronta en estas elecciones son las más de 1000 candidaturas revocadas por el Consejo Nacional Electoral, los más de 700 candidatos inhabilitados antes de las elecciones por la Procuraduría General  y los 13 candidatos capturados por la Fiscalía.

El papel de la ciudadanía

Puestos de votación para las próximas elecciones.
Puestos de votación para las próximas elecciones.
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Las amenazas de violencia y fraude que se ciernen sobre las elecciones coinciden con las  vulnerabilidades de nuestra sociedad y de nuestras instituciones.

Preocupa constatar que la violencia política persiste aunque el conflicto armado se esté des-calando

Utilizando indicadores oficiales sobre pobreza y presencia del Estado, la MOE ha identificado las regiones con mayor riesgo de que la ciudadanía se preste para ser cómplice de los delitos electorales y de que las entidades oficiales no sean capaces de impedir su ocurrencia. Este es el mapa resultante:  

mapa

En última instancia, al votar (o al abstenerse de hacerlo) el ciudadano permite que haya candidatos que accedan a la administración pública de manera corrupta o fraudulenta. Las condiciones socioeconómicas precarias favorecen una cultura electoral permisiva hacia la corrupción de los candidatos. Esta cultura alimenta un círculo vicioso, pues cuando la voluntad popular se tergiversa a través del fraude, quien accede a la administración pública hace poco por fortalecer las instituciones.

Así, el desfalco recurrente de municipios y departamentos no mejora las condiciones socioeconómicas de poblaciones que seguirán siendo susceptibles a mantener una cultura electoral cómplice con el fraude.

A pesar de todo esto, hay recursos muy útiles para que quienes trabajan por la  democracia defiendan la transparencia de las elecciones. Indudablemente, 2015 es el año en el que las autoridades colombianas han sido más activas al combatir el fraude electoral, y lo han logrado gracias a que cada vez más ciudadanos hacen uso de plataformas como la URIEL del Ministerio del Interior, o Pilas con el voto, de la MOE, para denunciar el fraude.

Llegamos a estas elecciones con grandes retos, pero también con grandes oportunidades para enfrentarlos.

 

* Politólogo e internacionalista de la Universidad del Rosario, máster en Sociología de lo Político y de la Acción Pública del Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) de Bordeaux, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE).

 

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