Obedecer la ley, traicionar su alma

Las democracias no siempre se destruyen con tanques, golpes de Estado o el cierre del Congreso. A veces se marchitan silenciosamente, entre leyes y decretos correctamente expedidos y numerados, procedimientos impecables y declaraciones solemnes de respeto a las instituciones.

La forma más sofisticada de arbitrariedad se da cuando se cumplen las leyes mientras se frustra su finalidad; se conserva una institución mientras se le impide funcionar; se reconoce un derecho mientras se acumulan las condiciones que lo hacen imposible de ejercer.

Este fenómeno no es novedoso. La literatura ya lo había abordado mucho antes de que los juristas intentaran explicarlo. 

En El mercader de Venecia, Shakespeare muestra cómo la letra de la ley puede convertirse en un instrumento de injusticia. Shylock exige literalmente la libra de carne pactada como garantía de la deuda. No pretende violar el contrato, sino utilizar su cumplimiento para destruir al deudor. 

En, «Ante la ley», Kafka imaginó una perversión diferente.  Cuando el campesino intentó entrar por la puerta de la ley, destinada exclusivamente para él, el guardia jamás le informó que estaba cerrada para siempre. Simplemente le informa, reiteradamente, que no puede entrar “por ahora”. El hombre espera toda la vida. Su derecho nunca es negado y, precisamente por eso, tampoco existe una decisión definitiva contra la cual pueda rebelarse.

Las dos historias muestran que la ley puede vaciarse desde dentro. Un derecho puede interpretarse para perseguir un fin distinto del que fue creado o aplazarse indefinidamente, una garantía no necesita desaparecer si se reduce a un trámite sin efecto. Incluso una orden judicial puede desobedecerse en la práctica, cumpliéndose solo en apariencia.

En estos casos, se trata de una interpretación puramente estratégica de la ley. En vez de preguntar por la finalidad de la norma, busca la palabra que no incluyó, la excepción que dejó abierta o el procedimiento que permite neutralizarla. No adapta la conducta al derecho, sino que busca el camino legal para quedar fuera de él.

Así, una persona puede conservar todos sus derechos en el papel y, sin embargo, depender del permiso, la tolerancia o la conveniencia de quien gobierna. Lo mismo ocurre con las instituciones. Pueden conservar su nombre, sus edificios y sus competencias, pero dejar de ser independientes si su capacidad de actuar depende de no molestar al poder. No es necesario clausurarlas, basta con debilitarlas, desacreditarlas o privarlas gradualmente de los medios de los que necesitan.

Pero, el daño no termina allí. Cuando los ciudadanos perciben que la ley se utiliza como herramienta para justificar decisiones ya adoptadas o para fines distintos, la confianza pública se erosiona. ¿Por qué respetar el espíritu de las normas si quienes gobiernan se sienten obligados únicamente por su formulación más estricta? La elusión desde arriba termina fomentando el oportunismo en todos los niveles.

La democracia necesita normas, pero también buena fe constitucional.  Someterse a la ley no significa aplicar sus palabras ciegamente, ignorando la finalidad que les da sentido. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, llama epieíkeia, o equidad, a la corrección de la ley cuando su formulación general resulta injusta en un caso que el legislador no pudo prever. Como ninguna regla abarca con exactitud toda la variedad de las acciones humanas, el juez debe decidir como lo habría hecho el legislador de haber conocido esas circunstancias. La equidad no contradice la ley, sino que preserva su finalidad, adaptándola al caso concreto, como la regla de plomo de Lesbos se ajusta a una piedra irregular.

Esta tensión también aparece en «Antígona», de Sófocles. Aunque formalmente válido, el decreto de Creonte que prohíbe sepultar a Polinices desconoce los deberes que limitan al poder. Al desobedecerlo, Antígona revela que la legalidad, separada de la justicia y de la finalidad de la ley, puede convertirse en un instrumento de arbitrariedad.

Esta es la diferencia entre «gobernar mediante leyes» y «gobernar bajo la ley». Cualquier régimen puede expedir normas, organizar instituciones y presentar informes. Pero estas no solo deben ser justas, sino también interpretadas atendiendo a su finalidad. Para ello, sin embargo, es necesario contar con un equilibrio y un control adecuados de los poderes.

Esto implica aceptar que no todo lo jurídicamente posible es democráticamente legítimo; que una mayoría no adquiere el derecho a neutralizar los controles; y que cumplir una obligación significa permitir que esta produzca el efecto para el cual fue creada.

Cuando la arbitrariedad se apropia del lenguaje de la ley y utiliza sus procedimientos para vaciarla de contenido, los jueces, los parlamentos y las instituciones pueden seguir funcionando, pero solo en apariencia. En ese momento, la ley y el sistema constitucional dejan de contener al poder y se convierten en instrumentos con los que este simula aceptar límites. La democracia conserva el cuerpo, pero pierde el alma.