¿Justicia o Persecución Política velada? Descifrando el Lawfare

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico, así como al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica “UP” por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, desató una fuerte reacción del Presidente Petro, quien inmediatamente en una alocución no dudó en calificar la actuación del CNE como “la mayor afrenta a la democracia en la historia del país”,  y como el primer paso de un golpe Estado: “Hoy se ha roto el fuero integral del presidente, que defiende la Constitución, es el primer paso de un golpe de Estado”.

Cuando el Presidente Petro habla de un golpe de Estado en este contexto, se refiere a lo que él ha denominado como “golpe blando”, y que define como una estrategia de sus adversarios políticos para desacreditarlo y neutralizar su proyecto político.

Como ejemplo de esta estrategia, menciona los numerosos juicios y acusaciones que ha enfrentado a lo largo de su carrera, los que considera políticamente motivados y cuyo objetivo sería frenar su influencia en la política colombiana. Uno de los episodios más notables, a su juicio, fue la destitución como alcalde de Bogotá en 2013, una decisión adoptada por el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, con el argumento de irregularidades en la gestión de residuos de la ciudad.

Y a pesar de que Petro fue posteriormente restituido en su cargo por el Consejo de Estado en cumplimiento de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  la destitución fue vista por muchos como una persecución política, y un típico acto de lawfare.

Aunque el término lawfare (combinación de «ley» y «guerra») es reciente, su uso tiene raíces históricas profundas. El término fue popularizado por Charles J. Dunlap, un ex oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien en un ensayo de 2001 lo describió como una manera de socavar la voluntad de un adversario mediante el uso de las leyes y sin recurrir a la violencia física.  Consiste en usar el sistema judicial para desestabilizar, desprestigiar o neutralizar a un oponente invencible por otros medios. Esta estrategia puede incluir demandas infundadas, manipulación de procedimientos judiciales o aprovechamiento de vacíos legales para lograr objetivos inalcanzables de otra manera.

Desde entonces, el concepto ha sido adoptado y adaptado por una variedad de actores en diferentes contextos, desde gobiernos hasta corporaciones y grupos de interés. En años recientes, ha sido empleado para describir actuaciones judiciales controvertidas en diferentes regiones del mundo:

• Uno de los casos más destacados en América Latina es el de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula fue acusado de corrupción y lavado de dinero en un proceso judicial que, según muchos analistas y defensores de derechos humanos, estuvo plagado de irregularidades y motivaciones políticas. Las acusaciones llevaron a su arresto y a su inhabilitación para participar en las elecciones presidenciales de 2018.
• Otro caso es el de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina y ex presidenta del país. Fernández de Kirchner ha enfrentado múltiples procesos judiciales desde que dejó la presidencia en 2015, incluyendo acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Sus seguidores argumentan que estas acusaciones forman parte de un esfuerzo concertado por parte de la oposición política y ciertos sectores judiciales para desacreditar su carrera y evitar su retorno al poder.
• En España, el proceso judicial contra Carles Puigdemont y otros líderes del movimiento independentista catalán también se ha sido visto por algunos como un ejemplo de lawfare. Las autoridades españolas persiguieron judicialmente a estos líderes por su papel en la organización del referéndum de independencia de Cataluña en 2017, lo que generó un intenso debate sobre la motivación y la imparcialidad de tales procesos judiciales.
• En Filipinas, la periodista Maria Ressa, cofundadora del sitio web de noticias Rappler, ha sido objeto de múltiples demandas y procesos judiciales que sus defensores consideran como un intento de silenciar su crítica al gobierno de Duterte. Ressa ha sido acusada de varios delitos, incluyendo difamación cibernética y evasión de impuestos, en lo que muchos consideran un claro ejemplo de lawfare para intimidar a la prensa y limitar la libertad de expresión.
• Otro ejemplo notable es el uso del sistema judicial en Turquía bajo el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan para perseguir a opositores políticos, periodistas y activistas de derechos humanos. En este contexto, las acusaciones de terrorismo y otros cargos penales se han utilizado para silenciar a voces críticas y consolidar el poder del presidente.

Esto, no obstante, nos lleva a reflexionar sobre una cuestión crucial: ¿dónde se traza la delicada línea entre el deber de rendición de cuentas de los gobernantes, la lucha contra la impunidad y el uso del sistema legal con fines políticos?

Es vital que los órganos judiciales y de control funcionen eficientemente para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. No obstante, el verdadero reto es evitar su instrumentalización con fines políticos, lo cual distorsiona su misión y debilita la confianza pública en el sistema judicial.

A medida que el mundo enfrenta desafíos cada vez más complejos, la necesidad de vigilar y defender la imparcialidad de la justicia se vuelve imperativa. Sin embargo, cabe preguntarse si ¿Estamos preparados para identificar y denunciar estos abusos del poder legal? La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro de nuestra justicia, sino también la fortaleza de nuestra democracia.