A juzgar por el debate electoral, en Colombia todavía no hay Estado.
Marcela Anzola*
Un elemento común de las campañas políticas es la presentación por parte de los candidatos de las posibles soluciones a los problemas que se identifican como prioritarios en el país, región o ciudad respectivos. Por eso cada uno de los candidatos pondera los problemas y plantea soluciones que, en el caso de ser elegido, promete llevar a cabo durante su gobierno.
Los problemas y soluciones se relacionan generalmente con políticas referentes a la prestación de servicios públicos o a la reducción de la pobreza, así como al manejo de problemas coyunturales que deban ser resueltos. Por ejemplo, en la pasada contienda electoral por la presidencia de Estados Unidos, el debate giró alrededor del manejo de la guerra en Irak y Afganistán, la reforma a la salud y el problema de los inmigrantes. Algo similar ocurrió en la campaña electoral de fines del año pasado en Chile, donde se debatía si el énfasis debía dársele a las políticas orientadas al sector empresarial, lideradas por Piñera, o a las políticas sociales –educación y salud, principalmente– representadas con diversos énfasis por Frei, Enríquez-Ominami y Arrate.
En Colombia sin embargo resalta cómo, desde las elecciones del 2002 el tema principal ha sido la seguridad, al que se le suma en la actual campaña el de la legalidad. Es cierto que los temas de pobreza, educación o desarrollo empresarial se mencionan, pero siempre en un segundo plano o en relación con los primeros. Si como ya se anotó, las narrativas y discursos de las campañas políticas recogen o reflejan las necesidades más sentidas de la comunidad a la que van dirigidos, es bastante preocupante que en Colombia estos discursos se enfoquen primordialmente en la seguridad y en la legalidad, que además se adjetivan como democráticas.
La preocupación surge del hecho de que seguridad y legalidad son los presupuestos básicos para la existencia de un Estado. En efecto, los autores clásicos –Hobbes, Heller y Weber, a manera de ejemplo– coinciden en afirmar, con diferencias en matices, que el Estado es un conjunto de instituciones con la capacidad y el poder para determinar las normas que regulan un grupo social dentro de un territorio, sobre el cual ejercen soberanía interna y externa. Por esta razón Heller considera que en la Edad Antigua no hay Estado.
En la actualidad, la noción de Estado se soporta sobre dos conceptos básicos: poder y democracia, y la relación existente entre ellos. El concepto de poder puede tener diversas acepciones; sin embargo, referido al Estado, y en este sentido a lo político, puede ser definido como una institución, y siguiendo a Lefort es esa "(….) institución (la) que da a un grupo social su carácter de grupo político"[1]. Para este autor al definir el poder como institución, la noción de poder aparece ligada a la de ley y por tanto al concepto de legitimidad, separándose así del concepto de fuerza. Cómo ejemplo de este enfoque, Lefort cita a Max Weber:
"El mérito de uno de los más eminentes inspiradores de la sociología y, en particular, de la ciencia política, Max Weber, es haber hecho evidentes diversos modos de legitimidad de poder, teniendo en cuenta en no confundirlo con la fuerza. Recuerdo la distinción que establece entre tres tipos de poder: el primero, el poder "tradicional", es justificado en virtud de que se presta a la conformidad con las costumbres, cuya antigüedad acredita su autoridad; el segundo es el poder carismático, cuya autoridad está basada en la gracia personal extraordinaria de un individuo -jefe guerrero, soberano plebiscitado, gran demagogo, jefe de partido político-; el tercero se impone en nombre de la legalidad, esto es, de la creencia en la validez de un estatuto, en una competencia fundada en reglas establecidas racionalmente: el poder que ejerce el servidor del Estado moderno"[2].
De acuerdo con Lefort, en el Estado Moderno, –siguiendo a Tocqueville–, el concepto de poder se caracteriza porque desaparecen las dependencias personales del individuo respecto del gobernante –el rey, por ejemplo– dando lugar a que los individuos sólo vean por encima de ellos al Estado o a la Sociedad. Así mismo el poder deja de pertenecer a un individuo en concreto, para pasar a pertenecer a la comunidad o al conjunto de los ciudadanos, quienes a través del sufragio legitiman el ejercicio del poder[3]. Se trata, en ultimas, de lo que en la actualidad se conoce como "Estado de Derecho", el cual se fundamenta en el imperio de la ley (rule of law) y la división de poderes, principalmente.
De conformidad con lo expuesto, el que la discusión en la actual campaña para la Presidencia de la República se enfoque principalmente sobre los supuestos básicos del Estado podría llevar a concluir que en Colombia no existe Estado en un sentido moderno. En efecto, el hecho de que se requiera la fuerza para mantener el control sobre el territorio, podría implicar en términos modernos –siguiendo a Weber– que el poder no se encuentra asociado con la legalidad o que no es legítimo. Eso es claro cuando se está ante la presencia de grupos que desconocen el poder del Estado, y cuando el Estado no puede ejercer su soberanía en buena parte del territorio. No obstante, la existencia de grupos al margen de la ley, o de movimientos guerrilleros o separatistas, puede coexistir en algunos Estados junto a desarrollos de un Estado moderno; el caso de la ETA en España es un buen ejemplo de esto.
En Colombia, sin embargo, ese no parece ser el caso. También por esto se señala la necesidad de legalizar a Colombia. La "legalidad democrática", si seguimos el razonamiento de Lefort es lo que en un Estado moderno remplaza a la fuerza y le da legitimidad al poder. La legalidad es el fundamento del Estado en el mundo moderno. Ésta rige y legitima tanto las relaciones internas como las externas de un país. Sin legalidad, puede afirmarse pues que no hay Estado.
En otras palabras, los lemas de las principales campañas están afirmando que Colombia es un territorio con una población, en vías de constituirse en Estado, y que la labor de los gobernantes será consolidar este objetivo. Por eso temas como la educación, la salud o el desarrollo empresarial no forman parte de la agenda electoral.
* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL.M. Universidad de Heidelberg, Lic.oec.int Universidad de Konstanz, se desempeña como consultora en las áreas de comercio internacional, inversión extranjera y corrupción.
@marcelaanzola
Notas de pie de página
[1] C. Lefort, 2004, La Incertidumbre Democrática. Ensayos sobre lo Político, Barcelona: Editorial Anthropos, p. 25.
[2] Op.cit., p. 27.
[3] Ibid, pp. 32 y ss.
