Cuando el temor pesa más que las ideas

Hay un cambio que atraviesa a casi todas las democracias contemporáneas y que rara vez se nombra con precisión: las personas votan cada vez menos por lo que un candidato propone hacer y cada vez más por lo que temen que el otro bando les haga. No es que los programas de gobierno hayan desaparecido del todo, sino que han perdido el lugar central que ocupaban hace pocas décadas, desplazados por dinámicas psicológicas y sociales que hoy estructuran la competencia electoral.

La ciencia política, la psicología social y la teoría electoral coinciden en explicar este giro como resultado de la convergencia de varios factores.

El primero de ellos es el desplazamiento de una política centrada en programas hacia otra más orientada a las identidades. Durante gran parte del siglo XX, muchos votantes en Occidente ordenaban sus preferencias en torno a proyectos colectivos relativamente concretos: cuánto Estado, cuánto mercado y qué modelo de desarrollo querían. Pero hacia fines del siglo, el eje del conflicto empezó a desplazarse de la economía a la cultura. El politólogo Ronald Inglehart describió ese cambio como el paso de los conflictos económicos a los conflictos culturales. Así, la pregunta “¿Qué política económica propone este partido?” fue perdiendo peso frente a otra muy distinta: “¿Quién representa mejor a personas como yo?” o, de forma aún más inquietante, “¿quién me protegerá de quienes amenazan mi forma de vida?”.

El segundo factor es psicológico. Los seres humanos reaccionan con más intensidad ante las amenazas que ante las oportunidades, un mecanismo que la psicología social denomina sesgo de negatividad y que tiene sentido evolutivo: para sobrevivir, identificar al depredador era más urgente que apreciar una buena cosecha. Los actores políticos aprendieron hace tiempo que movilizar miedo rinde más que movilizar esperanza; de ahí la insistencia en consignas que anuncian destrucción, colapso o pérdida —de la democracia, de la cultura, de la economía— antes que en propuestas de solución.

A esto se suma la polarización afectiva, uno de los conceptos más fértiles de la ciencia política reciente. Autores como Lilliana Mason muestran que en muchas democracias los ciudadanos ya no solo discrepan sobre políticas, sino que también desarrollan emociones negativas hacia quienes apoyan al bando contrario. El adversario deja de ser alguien que piensa distinto y pasa a ser alguien peligroso, inmoral o ilegítimo. La disposición al diálogo cae, la desconfianza sube y el voto se convierte menos en una afirmación que en un rechazo. Como resultado, cada vez más gente vota contra alguien, no por alguien.

Las redes sociales aceleran el fenómeno sin necesariamente originarlo. La evidencia disponible indica que los contenidos que provocan indignación, miedo o ira generan más interacción que los contenidos moderados. Las plataformas no inventan la polarización, pero sí premian los mensajes más emotivos. Un plan técnico de reforma tributaria difícilmente compite con la afirmación de que el país está al borde del colapso.

Hay, además, una causa institucional: el debilitamiento de los cuerpos intermedios —partidos fuertes, sindicatos, gremios, medios tradicionales— que durante décadas tradujeron las demandas sociales en programas de gobierno. Su erosión abrió paso a vínculos más directos y personalistas entre líderes y ciudadanos, lo que constituyó un terreno fértil para la movilización emocional. Y subyace a todo esto la incertidumbre que generan la globalización, el cambio tecnológico y las crisis sucesivas —2008, la pandemia, las olas migratorias, la inteligencia artificial—: cuando las personas sienten que pierden el control sobre su entorno, buscan explicaciones simples, identidades fuertes y líderes que prometan protección.

Las consecuencias para la democracia no son menores. El debate público se deteriora porque discutir soluciones deja de ser prioritario frente a discutir amenazas. El rival pierde legitimidad, y con ella la disposición a negociar, justamente cuando la lógica democrática exige reconocer que quien piensa distinto tiene derecho a gobernar si gana. El miedo generalizado también abona el terreno al autoritarismo. La historia muestra que numerosas experiencias de ese tipo surgieron prometiendo proteger a la población frente a una amenaza existencial. Y los grandes problemas que sí requieren cooperación —clima, salud pública, transición energética, envejecimiento poblacional— quedan rehenes de una polarización que impide construir consensos duraderos, dando paso a lo que podría llamarse una democracia de veto, en la que ya no se vota para construir algo, sino para impedir que gobierne el otro.

La paradoja de fondo es que este miedo no surge porque las democracias estén necesariamente peor que antes, sino porque las sociedades son hoy más complejas, diversas e interconectadas que nunca. Convivir con quienes tienen valores y visiones del mundo distintas genera una incertidumbre real, que puede gestionarse mediante instituciones y deliberación, o explotarse políticamente convirtiendo la diferencia en amenaza.

El problema central de buena parte de las democracias actuales no es, entonces, su politización, sino la sustitución progresiva de la competencia entre proyectos de gobierno por la competencia entre miedos. Cuando la pregunta electoral deja de ser “¿qué país queremos construir?” y se convierte en “¿a quién debemos temer?”, la democracia conserva sus procedimientos, pero empieza a perder su capacidad de producir bienes públicos, acuerdos colectivos y, sobre todo, futuros compartidos.