El papel de los organismos de control y los límites a su intervención
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El papel de los organismos de control y los límites a su intervención

Escrito por Marcela Anzola

¿Quis custodiet ipsos custodes?»
Juvenal

La suspensión del canciller, proferida por la Procuraduría al considerar un presunto incumplimiento de las normas de contratación pública, así como su interpretación sobre la legalidad de los gastos de la Primera Dama, han traído nuevamente a colación la vieja discusión sobre el papel de los organismos de control y los límites a su intervención.

En el mundo moderno, la necesidad de controlar a aquellos que detentan el poder en la esfera pública es evidente.  El control efectivo de la administración pública es fundamental para garantizar la legitimidad, y la eficacia y eficiencia del ejercicio del poder estatal. Sin embargo, el ejercicio del control tampoco esta exento del riesgo de politización, abuso, corrupción y negligencia. Este problema práctico, expuesto por el poeta Juvenal y analizado por Platón en “La República”, plantea una pregunta fundamental: ¿quién vigila a los vigilantes?

Las respuestas a este pregunta tienen diversos matices. Parten de la solución propuesta por Platón en La República, donde, a grandes rasgos, proponía crear una clase de gobernantes especialmente educada, que cumplía su deber sin esperar retribución alguna y que por tanto no deberían requerir vigilancia alguna, llegando hasta aquellas que proponen la abolición total de los controles existentes, como ha ocurrido sistemáticamente desde hace algunos años en Colombia cuando la Procuraduría o la Contraloría han tomado decisiones que afectan los gobiernos de turno.

Sin caer en los dos extremos, el del ideal platónico o el de la abolición total, lo que la experiencia muestra es la necesidad de encontrar mecanismos adecuados para que los órganos de control no se vean permeados por la politización, corrupción o negligencia, y puedan cumplir de manera adecuada su importante función. Esto implica, en primer lugar, entender cuál es el  ámbito del control, en segundo lugar, definir sus límites, y  finalmente, establecer cuáles deberían ser sus contrapesos.

Con respecto al primer punto, es necesario resaltar que, en el complejo entramado de la administración pública, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para garantizar la legitimidad y la eficacia del gobierno. En este contexto, el control de la administración pública implica supervisar las acciones de los funcionarios gubernamentales, evaluar su cumplimiento con las leyes y regulaciones, así como garantizar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos.

Esto es posible cuando las reglas del juego son claras, y están regidas por principios pre-establecidos que son de estricto cumplimiento, tal y como lo proponía Max Weber en su teoría de la administración pública, y que ha sido un pilar fundamental en la gestión organizativa durante décadas. Su enfoque racional, jerárquico y basado en reglas, ha proporcionado un marco sólido para la eficiencia y la eficacia en la ejecución de políticas gubernamentales y organizacionales, y ha permitido que se pueda ejercer un control adecuado sobre las mismas.

Como corolario de lo anterior, el ámbito del control debe limitarse, por tanto, a lo contemplado en el marco regulatorio, que, por su carácter jerárquico y racional, garantizarían una claridad y certeza, sin dar cabida a la ambigüedad ni al juicio ideológico. En otros términos, el órgano de control debe ejercer su función de control únicamente cuando es claro a la luz de la normatividad vigente que la conducta del funcionario no se adecúa a la misma. Y debe hacerlo siempre que se encuentre ante tal situación, y no de manera selectiva como aparentemente ha venido ocurriendo en Colombia.  Así como  con la prontitud que se requiere para salvaguardar debidamente el interés público.

Ahora bien, para garantizar que los órganos de control cumplan adecuadamente su función, es necesario contar con un sistema de pesos y contrapesos, donde sea posible un verdadero control de sus decisiones, y que garantice la neutralidad de estas.  En otros términos, la legitimidad del sistema se asegura con la existencia de diferentes estamentos independientes que  vigilen simultáneamente el cumplimiento de las leyes tanto por parte de la administración como por los órganos de control mismos.

A esto se debe sumar un elemento adicional, la participación de la ciudadanía. Involucrar la veeduría ciudadana en el proceso de evaluación de la administración y de los órganos de control puede mejorar la legitimidad y la efectividad de las actuaciones de los funcionarios, y al tiempo promover la transparencia y la responsabilidad.

En resumen, si bien el esquema de  control de la administración ha demostrado ser efectivo en muchos aspectos, su aplicación enfrenta desafíos significativos. La falta de recursos, la resistencia institucional, la falta de independencia real y su politización, así como los riesgos de corrupción, pueden obstaculizar su capacidad para cumplir eficazmente con su mandato. Sin embargo, con un mayor apoyo ciudadano  y un compromiso con los principios de la democracia, los órganos de control podrían desempeñar un papel aún más significativo en el fortalecimiento de la integridad y la legitimidad de las instituciones públicas en su conjunto. La adaptación y la innovación son clave para mantener la relevancia y la eficacia de este modelo en el futuro.

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