Día de la liberación 2.0: ¿hacia un nuevo sistema comercial mundial?

El mundo del comercio abierto, basado en reglas comunes, está siendo sustituido por uno de transacciones bilaterales, alianzas por conveniencia y poder económico como herramienta de coerción.

El anuncio de la Casa Blanca sobre un nuevo paquete arancelario, efectivo desde el 7 de agosto de 2025, ha sacudido los cimientos del orden económico internacional. Los que hasta hace poco eran instrumentos técnicos de política comercial —los aranceles— hoy se han transformado en herramientas directas de presión política, moneda de cambio diplomático y símbolos de un nuevo paradigma geoeconómico. La administración de Donald Trump, en su segundo mandato, no solo ha intensificado su retórica proteccionista: ha formalizado una doctrina de confrontación arancelaria selectiva cuyo alcance podría reconfigurar el sistema multilateral de comercio construido tras la Segunda Guerra Mundial. Veamos por qué. 

Aranceles: más allá de la política comercial 

En teoría, los aranceles son impuestos aplicados a bienes importados, cuyo propósito tradicional ha sido proteger industrias locales, corregir déficits comerciales o generar ingresos fiscales. Pero en la práctica reciente se han convertido en mecanismos para castigar comportamientos políticos, condicionar alianzas geoestratégicas o moldear cadenas globales de producción.

Paradójicamente, los primeros blancos de esta ofensiva han sido los propios aliados norteamericanos. El caso de México y Canadá —socios tradicionales de Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora T-MEC— revela que la afinidad ideológica o la cercanía geográfica no bastan para escapar del realineamiento arancelario.

México fue inicialmente incluido en la tarifa base del 10%, pero rápidamente escaló al 25% en sectores estratégicos como automóviles, autopartes y agroindustria. Esta medida afectó directamente a regiones altamente integradas con el mercado estadounidense, como el Bajío o la frontera norte, y golpeó a cadenas binacionales ensambladas durante décadas. La respuesta mexicana fue diplomática pero pragmática. El Gobierno propuso un paquete de concesiones: mayor cooperación en seguridad fronteriza, revisión de acuerdos energéticos y promesas de inversión en infraestructura compartida. Tras intensas negociaciones, se otorgó una prórroga de noventa días para que México ajustara políticas y ofreciera concesiones en materia de seguridad, energía e inversión, buscando evitar la entrada en vigor de tarifas aún más elevadas. Esta extensión temporal mostró la presión constante sobre el país, obligado a equilibrar la defensa de sus exportaciones y la preservación de la relación bilateral. El mensaje fue claro: incluso un aliado estructural como México debe someterse a condiciones políticas para acceder a un mercado con reglas cada vez más impredecibles.

Canadá, por su parte, fue sorprendido con un arancel del 35%, justificado oficialmente por permitir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Desde abril, cuando se impusieron los primeros aranceles, Ottawa ha respondido con firmeza, invocando cláusulas del T-MEC, presionando diplomáticamente en Washington y preparando represalias arancelarias sobre productos como acero, aluminio y productos agrícolas estadounidenses. Lo que está en juego es más que un desacuerdo puntual. Canadá representa el laboratorio de resistencia institucional frente al unilateralismo comercial: si fracasa en defender sus intereses a través del T-MEC o la Organización Mundial del Comercio (OMC), se consolidará la noción de que incluso los acuerdos firmados y vigentes pueden ser ignorados si no se alinean con la voluntad política del socio más fuerte.

Esta estrategia arancelaria no solo responde a preocupaciones económicas: su lógica se enmarca en una doctrina de soberanía negociada, donde Estados Unidos impone condiciones bilaterales en detrimento de acuerdos multilaterales.

Brasil, China y la Unión Europea: fragmentación de bloques

La política arancelaria estadounidense no discrimina entre aliados y rivales. Lo que sí hace es establecer castigos proporcionales a la resistencia política o geoestratégica de cada país.

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil han oscilado entre la simpatía ideológica y la tensión institucional. La imposición de un arancel del 50% sobre bienes clave como café, carne y jugo de naranja fue una represalia tras decisiones del gobierno brasileño relacionadas con regulaciones sobre internet, restricciones a empresas tecnológicas estadounidenses y la investigación judicial a Jair Bolsonaro, aliado de Trump. El gobierno de Brasil afirmó en una reunión de la OMC que los aranceles no pueden ser usados en contra de la soberanía de Brasil. Lo cual fue apoyado por varios países. Es posible que Brasil reaccione con una ley de reciprocidad comercial, aplicando sus propios aranceles y llevando el caso ante la OMC. Pero su margen es limitado: buena parte de su agroindustria depende del acceso al mercado estadounidense, y su posición diplomática está debilitada por divisiones internas y escasa coordinación regional.

La Unión Europea intentó desde el inicio evitar una escalada. Ofreció negociaciones sectoriales, acceso a ciertos bienes industriales y apertura limitada de su mercado agrícola. Finalmente llegaron a un acuerdo para  establecer un límite arancelario único y global del 15% para los productos de la Unión Europea. A partir del primero de agosto, Estados Unidos aplicará este arancel máximo a la gran mayoría de las exportaciones de la Unión Europea. Es una tasa arancelaria con todo incluido y representa un techo, incluido el arancel de la nación más favorecida (NMF) de Estados Unidos, que anteriormente se acumulaban sobre los aranceles adicionales que introdujo Estados Unidos; como resultado, la Unión Europea se encuentra atrapada entre su aspiración de liderar el comercio multilateral y la necesidad realista de defender sus exportaciones con las mismas armas que utiliza Washington.

China, quizás el adversario estructural más importante de Estados Unidos, adoptó una estrategia distinta: inicialmente redujo sus aranceles base al 10%, flexibilizó exportaciones de tierras raras y facilitó el ingreso de productos estadounidenses durante una “tregua técnica” pactada en marzo de 2025, que vence el 12 de agosto próximo. Estados Unidos, por su parte, acordó reducir los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%. Si no se llega a un acuerdo antes del 12 de agosto, los productos chinos enviados a Estados Unidos podrían aumentar aproximadamente un 34% adicional. China parece estar apostando a la resiliencia industrial a largo plazo, sacrificando ingresos inmediatos a cambio de autonomía tecnológica y diversificación de mercados.

Colombia: una señal de advertencia

Aunque no figura entre los principales actores del comercio global, Colombia fue uno de los primeros países sancionados en este nuevo marco. En enero de 2025, tras negarse a recibir vuelos de deportación de migrantes, Estados Unidos amenazó con aranceles del 25% a productos como flores, textiles y frutas. Bogotá reaccionó con una combinación de firmeza y flexibilidad: propuso revisar canales de cooperación migratoria, pero también activó contactos con la Unión Europea y Asia para diversificar destinos comerciales. 

Hasta la fecha, el arancel aplicado a Colombia es el general, del 10%. Sin embargo, en el caso colombiano, se mantiene una actitud expectante ante los resultados del proceso de certificación por la lucha antidrogas programado para el 15 de septiembre. Si Colombia resulta descertificada, existe una alta probabilidad de que enfrente sanciones, incluido un posible aumento de aranceles sobre sus principales exportaciones, lo que podría impactar aún más su economía y la relación con sus socios comerciales.

El caso colombiano demuestra que las decisiones de política exterior pueden tener consecuencias económicas directas y que los países medianos deben prepararse para una era de mayor imprevisibilidad y menor protección institucional.

Impacto económico: inflación, mercado y relocalización

Los efectos del nuevo régimen arancelario ya se están sintiendo. En Estados Unidos, los índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron más del 1,2% tras el anuncio. En países como Brasil, México y China, las bolsas locales experimentaron volatilidad y fuga de capitales.

En términos de precios, se prevé que los consumidores estadounidenses enfrenten una inflación adicional del 1,8% anual, lo que representa un incremento de hasta US$2.400 por hogar, especialmente en bienes de consumo importados.

Pero quizás el efecto más profundo sea estructural: una relocalización global de las cadenas de producción. Los países a los que Estados Unidos aplique menores aranceles podrían ser más atractivos para la inversión extranjera, mientras que México y Canadá podrían dejar de ser destinos privilegiados de empresas que buscan mantener acceso al mercado estadounidense sin incurrir en aranceles. China y Brasil podrían perder participación en sectores industriales clave en Estados Unidos, pero fortalecer su comercio con otros países.  En este contexto, el bloque BRICS —compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— emerge como un polo de atracción para inversiones y acuerdos comerciales alternativos, aprovechando la fragmentación del orden global para fortalecer cadenas de valor propias y diversificar sus mercados de destino. 

¿Resistencia, adaptación o colapso del orden comercial?

Estamos presenciando algo más que una guerra comercial. La política arancelaria de Estados Unidos bajo Trump ha institucionalizado una doctrina de transacción dura en el comercio global, donde el acceso a mercados depende de sumisión política, y las normas multilaterales son vistas como obstáculos antes que garantías. 

La multiplicación de aranceles no es solo una cuestión técnica. Revela una fractura profunda en las normas que rigieron el comercio global durante más de siete décadas. La OMC, heredera del GATT, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial para promover un comercio reglamentado con normas globales y evitar el comercio internacional extorsivo basado en la fuerza del más poderoso, ha sido marginada. Estados Unidos no solo ignora sus fallos: ha bloqueado sistemáticamente el nombramiento de jueces en su Órgano de Apelación, vaciando de contenido su capacidad sancionatoria. En la actualidad, el Órgano de Apelación no puede examinar las apelaciones debido a las vacantes que hay en curso. El mandato del último miembro del Órgano de Apelación en ejercicio expiró el 30 de noviembre de 2020.

En este contexto, las reglas multilaterales están siendo sustituidas por acuerdos bilaterales, presiones unilaterales y represalias cruzadas. No hay ya un “sistema de comercio”, sino una serie de pulsos diplomáticos de alto riesgo. En vez de otro Bretton Woods, parece estar naciendo un orden mundial comercial fragmentado, competitivo y basado en la fuerza relativa de cada economía.

Frente a este panorama, los países tienen tres opciones:

1. Resistir, defendiendo las reglas del sistema multilateral, como intenta hacer la Unión Europea.
2. Adaptarse, como México, buscando preservar su posición mediante concesiones negociadas.
3. Colapsar, como podría suceder con actores debilitados o sin capacidad de diversificación, como algunos países latinoamericanos o africanos, como ha ocurrido en el caso de Lesoto. 

Sea cual sea el desenlace, el mensaje es claro: el mundo del comercio abierto, basado en reglas comunes, está siendo sustituido por uno de transacciones bilaterales, alianzas por conveniencia y poder económico como herramienta de coerción.

El nuevo orden no está por llegar. Ya está aquí. Y redefine quién comercia con quién, a qué precio, y bajo qué condiciones.

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