Silenciar las encuestas: el escenario ideal para la desinformación en redes sociales

En Colombia, la reciente legislación sobre encuestas parece diseñada para un entorno que ha quedado atrás: aquel en el que los medios tradicionales controlaban la difusión de la información y el ritmo político seguía pautas institucionales rígidas. En la actualidad, la dinámica política transcurre en tiempo real, impulsada por redes sociales, que marcan el compás del debate público. 

En este contexto, las encuestas de opinión son una brújula imprescindible para entender el sentir colectivo. Y, aunque deben convivir y competir con el poder cada vez mayor de las redes sociales, son una de las pocas herramientas que permiten tomarle el pulso al electorado con criterios metodológicos y verificables.

Sin embargo, la nueva ley parece ignorar este nuevo equilibrio, ya que impone una serie de restricciones, que se justifican en nombre de la transparencia y la calidad estadística.  Estas incluyen la prohibición de divulgar encuestas de intención de voto hasta tres meses antes de la inscripción de candidaturas presidenciales, así como exigencias de márgenes de error y representatividad geográfica difíciles de cumplir para encuestadoras medianas, además  de mecanismos de control previos. Este conjunto de medidas termina, de acuerdo con sus críticos, por restringir la circulación de información estructurada en momentos clave del proceso político. 

Pero la pregunta clave es: ¿qué ocurre cuando se silencian las encuestas mientras las redes sociales siguen activas, libres y sin regulación efectiva? El vacío informativo que deja la ausencia de encuestas será rápidamente ocupado por cadenas de WhatsApp, cuentas anónimas en X, videos virales en TikTok y afirmaciones sin fundamento que circulan sin control, sin responsabilidad y sin posibilidad de verificación. En otras palabras, se corre el riesgo de fortalecer el papel de la desinformación y los relatos emocionales en detrimento del análisis riguroso y la deliberación informada. 

En ese entorno, las encuestas ofrecen una brújula racional: ayudan a aterrizar los debates, a distinguir entre lo que es tendencia digital y lo que realmente piensa el país. Limitar su publicación en un contexto dominado por redes es, por tanto, un error estratégico que favorece la manipulación en vez de combatirla. Está demostrado que las redes sociales tienen un peso considerable en la configuración de climas de opinión. En campañas recientes, han sido utilizadas tanto para movilizar como para polarizar, para informar como para manipular. El algoritmo premia la emoción sobre el dato, el escándalo sobre el contexto. 

Con esta ley, Colombia se encamina hacia una paradoja. Mientras que cada vez más en el mundo se reconoce la necesidad de regular las redes sociales para evitar la proliferación de noticias falsas, aquí se opta por restringir el acceso a las únicas mediciones sistemáticas que pueden contrarrestar esa desinformación. Lo que se elimina con la ley no es la opinión pública, sino la capacidad de medirla con rigor. 

Adicionalmente, al dificultar y encarecer la producción de encuestas y concentrar su autorización en manos de una entidad estatal, se debilita el pluralismo informativo y se corre el riesgo de que solo las campañas con mayor músculo financiero puedan acceder a datos confiables. 

Las voces independientes, los medios regionales y las organizaciones de la sociedad civil se verán impedidos de ofrecer alternativas rigurosas de análisis electoral. En este nuevo escenario, serán las redes, no las encuestadoras, quienes definan las narrativas dominantes. Y no necesariamente lo harán con criterios democráticos. 

En conclusión,  la ley no solo omite considerar el ecosistema de redes en el que se inscribe el debate político contemporáneo, sino que termina potenciando sus peores efectos: la informalidad, el rumor, el sesgo emocional y la opacidad. El propósito de garantizar rigor metodológico y evitar el uso fraudulento de encuestas es legítimo. Pero los medios para alcanzarlo deben ser proporcionales, democráticos y contextualizados en la realidad tecnológica actual. Regular las encuestas sin tener en cuenta el papel de las redes sociales es como tapar un manantial con las manos: la información encontrará otros cauces, menos visibles, menos confiables y más peligrosos. Si el objetivo es defender la calidad de la democracia, el camino no es el silencio técnico, sino la promoción activa de información verificada, accesible y plural. El papel de la regulación debe ser reforzar la calidad de la información, no eliminarla del debate público