La censura de libros en las escuelas públicas de EE. UU.: de Burgess a García Márquez

El nuevo informe de PEN América (The Normalization of Book Banning -2024-2025), publicado el 1 de octubre, confirma un fenómeno que parecía cosa del pasado: la censura de libros en las escuelas públicas de Estados Unidos. Durante el último año escolar, la organización documentó 6.870 casos de prohibición o retiro de títulos en 87 distritos de 23 estados. Aunque la cifra es menor que los más de 10.000 casos del periodo anterior, el problema no disminuye: se consolida.

Entre los títulos más censurados durante este periodo se encuentran “La naranja mecánica” de Anthony Burgess —vetado en más de veinte distritos por su tratamiento explícito de la violencia y la conducta juvenil— y “A Court of Mist and Fury” de Sarah J. Maas, cuestionado por su contenido sexual y romántico. También aparecen “Breathless” de Jennifer Niven y “Sold” de Patricia McCormick, ambas señaladas por abordar temas de abuso y explotación sexual, así como “Last Night at the Telegraph Club” de Malinda Lo, retirada en varios estados por incluir personajes y temáticas LGBTQ+.

Pero la ola censora no solo afecta a autores estadounidenses. En Florida, donde la ley estatal HB 1467 de 2022 exige que los materiales escolares estén libres de “contenido sexual” o “ideológico”, se han retirado obras de Isabel Allende y Gabriel García Márquez de los estantes escolares.

Títulos como “La casa de los espíritus”, “Más allá del invierno”, “Cien años de soledad” y “El amor en los tiempos del cólera” fueron vetados en varios distritos bajo el argumento de que contienen “referencias sexuales o violentas”. Lo que se censura no es la obscenidad, sino la complejidad humana. Incluso “La maravillosa vida breve de Óscar Wao”, del dominicano-estadounidense Junot Díaz, fue retirada por “lenguaje inapropiado”. También han aparecido en listas de “material sensible” textos de Elena Poniatowska y de Paul Ortiz, autor de “An African American and Latinx History of the United States”.

La lista de PEN muestra un patrón inquietante: los libros más perseguidos son los que abordan realidades incómodas —la identidad, el cuerpo, la violencia o la diferencia—, precisamente aquellos que más podrían enseñar empatía y pensamiento crítico a los jóvenes lectores. Y, en el fondo, lo que se está excluyendo es el derecho de los estudiantes a ver reflejada su propia experiencia

Pero lo que es más llamativo es que la censura ya no se impone desde arriba; se filtra por miedo. Las escuelas, temerosas de que los padres o políticos locales las acusen de “adoctrinar”, prefieren retirar libros antes de enfrentarse a una controversia. PEN lo describe como “la normalización del veto preventivo”: una autocensura institucional que empobrece el acceso de los estudiantes a voces diversas.

A esta tendencia se suma un precedente judicial peligroso. En junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el caso Mahmoud v. Taylor, que autoriza a los padres a excluir a sus hijos de clases donde se lean libros con contenido LGBTQ+ si consideran que estos vulneran sus convicciones religiosas.

El fallo, presentado como una defensa de la libertad de culto, abre una grieta profunda: incentiva a los colegios a evitar cualquier material que pueda generar objeciones, por temor a demandas. En la práctica, instaura un sistema de censura preventiva, que puede extenderse a temas raciales, históricos o de género.

PEN América advirtió que la decisión “sienta las bases para un nuevo asalto contra los libros de todo tipo”. Aunque el fallo no ordena eliminar obras de las bibliotecas, su efecto simbólico es devastador: transforma la lectura en un campo minado de susceptibilidades.

Los defensores de estas medidas aseguran que buscan proteger a los niños. Pero esa retórica del “bien común” encubre una forma de control ideológico. En nombre de la inocencia, se eliminan los temas difíciles: la violencia, la desigualdad, el amor o la identidad.

Como recordó el juez William Brennan en el caso Island Trees v. Pico (1982), “El derecho a recibir ideas es una consecuencia necesaria de la libertad de expresión”. Cuando una escuela decide que ciertos libros son “peligrosos”, niega a los jóvenes la posibilidad de pensar por sí mismos.

La censura no solo priva de historias, sino que estrecha el horizonte moral de una generación. Los estudiantes aprenden que hay temas que no deben nombrarse, libros que no deben tocarse y realidades que es mejor no mirar.

Lo que está en juego no es solo la lista de lectura de una biblioteca escolar, sino el sentido mismo de la educación pública. Una escuela que retira “Cien años de soledad” o “El amor en los tiempos del colera” por “inapropiados” renuncia a su papel de formar ciudadanos críticos y curiosos.

Defender la lectura no significa ignorar la sensibilidad de los niños, sino confiar en su inteligencia. Significa asumir que el aula es el lugar para discutir lo incómodo, no para esconderlo.

La libertad de leer es la primera libertad que aprende una democracia. Y cada libro prohibido —de Burgess o de García Márquez— no es solo una página arrancada: es una forma de cerrar mentes.