El reto de la paridad: ¿Por qué las mujeres en el Congreso no superan el techo del 30 %?

Las elecciones legislativas celebradas en Colombia el 8 de marzo de 2026 coincidieron simbólicamente con el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, mientras el mundo conmemoraba la histórica lucha por la igualdad de género, los resultados en las urnas confirmaban que la representación femenina en el Congreso colombiano permanece estable en torno al 30 %, lo que evidencia que el avance hacia una mayor paridad aún enfrenta retos estructurales que merecen una reflexión especial.

La cifra del 30% no es menor, especialmente si se tiene en cuenta que, durante buena parte del siglo XX, la presencia de mujeres en el legislativo colombiano fue casi marginal y que  en los años noventa apenas superaba el 10 %. Incluso a comienzos de este siglo era difícil encontrar más de una decena de senadoras o representantes. 

El cambio comenzó a hacerse visible con las reformas políticas de la última década, y en particular, con la introducción de cuotas de género en las listas electorales (Ley 1475 de 2011). El Congreso elegido en 2022 marcó un punto de inflexión. Por primera vez en la historia del país, las mujeres alcanzaron cerca del 29 % de las curules, con 86 congresistas en el Senado y la Cámara. Este resultado fue entonces presentado como un avance importante en la democratización del poder político.

Cuatro años después, sin embargo, las elecciones de 2026 sugieren que ese avance ha perdido impulso. A pesar de que en estas elecciones cerca del 40 % de las candidaturas al Congreso fueron femeninas, el número total de mujeres en el Congreso se mantiene prácticamente en el mismo rango, con variaciones mínimas. En el Senado, incluso, se registra una ligera reducción respecto al periodo anterior, mientras que en la Cámara de Representantes la proporción femenina permanece prácticamente igual. En términos generales, el nuevo Congreso vuelve a situarse alrededor del 30 % de representación femenina.

Pero la paradoja es evidente: más candidatas no se traducen necesariamente en más congresistas mujeres. La explicación está en el diseño del sistema electoral. 

Al respecto, es importante resaltar que la cuota regula las candidaturas, no los resultados. La norma requiere que los partidos incluyan a mujeres, pero no garantiza que sean elegidas. Desde una perspectiva institucional, esto se conoce como cuota de candidaturas, que es menos efectiva que las cuotas de escaños o los sistemas de paridad.

Adicionalmente, Colombia utiliza mayoritariamente listas abiertas con voto preferente, lo que significa que los votantes eligen candidatos individuales dentro de las listas partidistas. En este tipo de sistemas, el éxito electoral depende en gran medida de la capacidad personal para movilizar votos, financiar campañas y construir redes políticas. Y es precisamente allí donde persisten las desigualdades estructurales. En un sistema de competencia altamente personalista, esas desventajas pesan. Por eso, aunque las listas incluyan a muchas mujeres, la competencia interna dentro de ellas puede favorecer a los hombres.

Esto podría explicar en parte la derrota de Angélica Lozano, quien perdió su curul en el Senado tras obtener una votación significativamente menor que en elecciones anteriores, así como la de Katherine Miranda en la Cámara. Su derrota ilustra cómo la competencia intrapartidista y la fragmentación del voto pueden alterar el mapa político sin necesariamente modificar el equilibrio de género en el Congreso. En otras palabras, cambiaron las personas, pero no cambió el porcentaje.

Pero, incluso cuando las listas son cerradas (sin voto preferente), los partidos pueden influir en los resultados al ubicar a los candidatos en diferentes posiciones. En algunos casos, las mujeres son ubicadas en posiciones menos competitivas, o en lugares de la lista con menor probabilidad de elección. Esto reduce el impacto real de la cuota. 

Por otra parte, conviene recordar que existen factores sociopolíticos de mayor alcance que también condicionan la presencia de mujeres en el Congreso. Las estructuras internas de los partidos políticos colombianos han estado tradicionalmente bajo el control de liderazgos masculinos, lo que repercute no solo en los procesos de selección de candidaturas, sino también en la distribución de recursos y en el respaldo efectivo durante las campañas electorales. Estas dinámicas internas pueden reducir significativamente el alcance efectivo de las cuotas formales y dificultar que la participación femenina se traduzca en una representación más equitativa en los espacios de poder. 

El resultado es un patrón que se repite elección tras elección: las mujeres logran entrar al sistema político, pero su presencia se estabiliza en torno a un tercio  del legislativo. 

Esto no significa que el avance logrado sea irrelevante. La presencia sostenida de mujeres en el Congreso ha tenido efectos políticos reales. Las congresistas han impulsado debates sobre violencia de género, igualdad laboral, políticas de cuidado y participación política femenina, temas que hace apenas dos décadas estaban prácticamente ausentes de la agenda legislativa.

Sin embargo, si bien las mujeres ya forman parte de la política colombiana de manera irreversible, el sistema institucional todavía no ha permitido que esa presencia se traduzca en una representación plenamente equilibrada. Y mientras ese techo del 30 % siga intacto, el camino hacia la paridad continuará siendo uno de los grandes debates pendientes de la democracia colombiana.