Tierras raras: ¿una nueva oportunidad o la vuelta al extractivismo?

El 8 de septiembre de 2026, Colombia y Estados Unidos firmaron en Barranquilla un Memorando de Entendimiento sobre minerales estratégicos. La noticia fue presentada como un acuerdo sobre “tierras raras”, capaz de situar al país en el centro de una nueva competencia mundial. Pero antes de celebrar otro Dorado conviene precisar qué tenemos, qué se firmó y qué está realmente en juego.

En primer lugar, es preciso aclarar que el memorando no se limita a las tierras raras, sino que establece un marco de cooperación para minerales estratégicos o críticos

Las tierras raras son una familia química de 17 elementos —los 15 lantánidos, más el escandio y el itrio—, entre los que se encuentran el cerio, el neodimio, el praseodimio y el disprosio. Los minerales críticos, en cambio, conforman una categoría más amplia, definida por cada Estado, e incluyen recursos esenciales cuya oferta puede ser vulnerable, como cobre, níquel, litio, cobalto, grafito, manganeso, niobio y las propias tierras raras.

Ambos grupos son importantes porque sostienen tecnologías esenciales para los teléfonos, los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los radares, los drones, los láseres y los sistemas de defensa. Sus propiedades magnéticas, electrónicas y ópticas los convierten en insumos decisivos para la economía digital, la transición energética y la seguridad nacional; por ello, asegurar su abastecimiento y desarrollar capacidades de transformación industrial tiene un valor económico y geopolítico creciente.

En segundo lugar, es necesario precisar que Colombia no produce actualmente tierras raras a escala comercial. La UPME afirmó en su diagnóstico minero de 2026 que el país no registra producción, demanda ni importaciones de estos minerales. Existen indicios geológicos, pero no reservas comerciales demostradas.

El Servicio Geológico Colombiano ha identificado ocurrencias de monacita y otros minerales en Guainía, Vichada y en el Cratón Amazónico. También se ha investigado la recuperación de cerio, lantano y neodimio a partir de residuos de la minería aurífera en Antioquia. Pero una ocurrencia no es una reserva: para hablar de reserva debe comprobarse que el recurso puede extraerse de manera técnica, económica, jurídica y ambientalmente viable.

¿Qué hace entonces el memorando? Según la Cancillería, crea un marco de cooperación no vinculante, sujeto a la legislación colombiana. Busca mejorar el conocimiento geológico, identificar proyectos, atraer inversión, facilitar la financiación, impulsar el procesamiento, promover el reciclaje y diversificar las cadenas de suministro.

Ambos gobiernos prevén seleccionar proyectos potenciales en los próximos seis meses. Podrían apoyarlos mediante préstamos, garantías, seguros, inversión de capital o contratos de compra anticipada. También se mencionan mecanismos para estabilizar precios y revisiones de seguridad relativas a la venta de activos estratégicos.

El acuerdo, sin embargo, no entrega los minerales colombianos a Estados Unidos. No concede títulos mineros, no identifica minas ni empresas, no compromete cantidades de dinero ni autoriza la explotación de un yacimiento. Tampoco elimina las licencias ambientales ni la consulta previa. Es una puerta abierta; todavía no sabemos quién entrará, en qué condiciones ni con qué beneficios para Colombia.

Su trasfondo es geopolítico. China domina buena parte de la extracción y, especialmente, del procesamiento y refinación mundiales de tierras raras. Estados Unidos intenta reducir esa dependencia mediante acuerdos con países que puedan aportar minerales, así como mediante proyectos y rutas alternativas de suministro. Colombia entra así en una competencia que combina la transición energética, la seguridad nacional y la rivalidad tecnológica.

La oportunidad existe, pero también existe el peligro de repetir el modelo conocido: exportar materiales poco procesados, importar productos costosos y dejar en el país los daños ambientales. El verdadero valor no está en extraer arena con monacita, sino en dominar su separación, refinación y transformación industrial.

Además, parte del potencial geológico se encuentra en territorios indígenas y en ecosistemas amazónicos afectados por la minería ilegal y por la débil presencia estatal. La monacita puede contener torio y uranio, lo que añade riesgos radiológicos. Cada proyecto deberá respetar la propiedad estatal del subsuelo, el licenciamiento ambiental, la consulta previa y la protección constitucional de las comunidades.

Por eso, el éxito del memorando no debe medirse en toneladas extraídas. Debe medirse por el conocimiento transferido, el valor agregado que permanezca en Colombia, los empleos formales creados, la participación de las regiones y la reparación de los impactos ambientales.

Colombia aún no es una potencia en materia de tierras raras. Tiene indicios geológicos y una oportunidad diplomática. El desafío consiste en evitar que, bajo el lenguaje moderno de los minerales críticos, reaparezca el antiguo negocio de cambiar la riqueza natural por la dependencia. La pregunta no es solo qué hay bajo tierra, sino quién tendrá la tecnología, quién recibirá los beneficios y quién pagará los costos.