Marcela Anzola, autor en Razón Pública

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El reconocimiento que hizo el Presidente Petro del sombrero del excomandante del M-19 Carlos Pizarro Leongómez como “patrimonio cultural”, desató una polémica esta semana. Tanto que el Ministerio de Cultura tuvo que salir a aclarar que el sombrero no constituye como tal un “bien de interés cultural”, pero tiene “un valor simbólico como representación de la paz y objeto de memoria”.[1]

Esta no es la primera vez que el Presidente acude al uso de símbolos asociados a su pasado con el M-19.  Lo hizo el día de su posesión como Presidente, cuando ordenó llevar la espada de Bolívar a la Casa de Nariño, y más recientemente cuando decretó como día cívico el 19 de abril, fecha de la fundación del M-19, y ondeó su bandera en algunas demostraciones.[2]

Cabe recordar que el M-19 desapareció como grupo el 9 de marzo de 1990, cuando dejo las armas y firmó el Acuerdo Político Final con el gobierno colombiano, al cual se sumó un compromiso de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Por tanto, cabe preguntarse, ¿qué busca el Presidente reviviendo la historia de un grupo que se ha diluido con el pasado de los años, bien porque algunos de sus integrantes fueron asesinados, o porque los que aún quedan han tomado diversos rumbos, algunos bastante lejanos del ideario político original?  La respuesta a estos interrogantes puede tener dos lecturas.

La primera puede estar alineada con la aclaración que hizo el Ministerio de Cultura sobre el reconocimiento del sombrero de Pizarro. Es decir, que se trata simplemente de un acto de reconocimiento y valoración del legado del grupo guerrillero en la historia política y social del país, sin implicar una apología al delito ni una exaltación de la violencia. Esta lectura se basa en la premisa de que el M-19 fue un actor relevante en el conflicto armado colombiano, que tuvo una propuesta política y social alternativa, y que contribuyó a la apertura democrática y a la reforma constitucional de 1991.

Esta lectura, sin embargo, para algunos, deja por fuera que el M-19 cometió graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que deberían ser investigadas, juzgadas y reparadas.

La segunda, un poco más críptica, puede estar asociada a la discusión que se ha venido dando alrededor de una asamblea constituyente como corolario de la firma del proceso de paz con las Farc. Donde el Presidente, mediante el uso de los símbolos del M-19, estaría haciendo un paralelo con lo ocurrido en ambos procesos de paz, equiparándolos para justificar su idea de convocar una posible asamblea constituyente por fuera de los canales constitucionales, pero con base en el acuerdo de paz.

No obstante, la posibilidad de un asamblea constituyente por esta vía plantea varios problemas, que se pueden resumir así:

  • Puede generar una crisis institucional al poner en riesgo la estabilidad y la vigencia de la Constitución de 1991, que ha sido considerada como un marco normativo garantista de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
  • Puede abrir la puerta a intereses particulares o sectarios que busquen modificar la estructura del Estado, el régimen político o el ordenamiento jurídico, sin tener en cuenta el consenso social y el pluralismo democrático.
  • Puede deslegitimar el papel del Congreso de la República como órgano representativo y legislativo, al relegarlo a un segundo plano o suplantarlo por una instancia provisional y transitoria.
  • Puede generar una polarización política y social mayor, al crear expectativas y demandas que no puedan ser satisfechas o que generen resistencias y rechazos de otros sectores de la sociedad.
  • Puede retrasar o entorpecer la implementación de los acuerdos de paz, al desviar la atención y los recursos hacia una reforma constitucional que no es necesariamente esencial para la consolidación de la paz.

Las anteriores, son solo algunos ejemplos, de las posibles lecturas que se le puede dar al uso de la simbología del M-19 por parte del Presidente, así como de las críticas y reacciones que pueden suscitar.  No debe dejarse de lado que el empleo de símbolos no es neutro.  Los símbolos son mucho más que imágenes o signos, son portadores de significados profundos, algunas veces escondidos en el inconsciente social de la ciudadanía, que trascienden el tiempo y el espacio. Pueden transmitir mensajes explícitos o implícitos, y pueden evocar emociones, actitudes o valores, pero también pueden provocar conflicto, rechazo o controversia, dependiendo de quien los interprete.

En un contexto de posconflicto, donde la sociedad está tratando de superar las heridas y las divisiones del pasado, hay que tener cuidado en el uso de símbolos políticos.  Los símbolos pueden ser una herramienta para promover la reconciliación, el reconocimiento y la inclusión, pero también pueden generar polarización, rencor y exclusión, si no se usan con responsabilidad y sensibilidad. Se debe evitar el uso de símbolos que puedan interpretarse como una apropiación indebida o una manipulación de la memoria histórica. En su lugar, se debe buscar el uso de símbolos que reflejen los valores democráticos, la diversidad y el respeto por los derechos humanos, y que contribuyan a la construcción de una cultura de paz.

[1] https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/aclaracion-sobre-el-reconocimiento-del-sombrero-de-carlos-pizarro.aspx

[2] https://www.infobae.com/colombia/2024/05/01/petro-saco-la-bandera-del-m-19-y-envio-contundente-mensaje-no-se-esconde-se-levanta/

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México ha sido celebrada por muchos sectores como un signo de progreso y de igualdad de género. Esto puede considerarse como un gran avance en un país que tradicionalmente se ha caracterizado por su cultura machista, tanto que en el 2006 un presidente se refirió a las mujeres como “lavadoras de dos patas”[1].  Sin embargo, para algunos grupos feministas[2] no es tan claro que la nueva presidenta esté dispuesta a impulsar agendas feministas y de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Lo que puede ser preocupante en un país donde, de acuerdo con ONU Mujeres[3], cada día  son asesinadas en promedio entre 9 y 10 mujeres.

Esta preocupación no es exclusiva de México, en otras regiones del mundo también se presentan situaciones similares.  En efecto, a pesar de que, en los últimos años, hemos asistido a un aumento de la participación política de las mujeres en diferentes países y regiones, la presencia de mujeres en puestos de poder ya sea  como presidentas, primeras ministras, ministras, juezas, diputadas o  senadoras, no siempre se ha visto replicado en un avance de los derechos de las mujeres ni en la lucha contra el patriarcado.

Esto lleva a preguntarse, cuál es  el verdadero  impacto de las  mujeres en puestos de poder político, y si efectivamente supone un desafío al patriarcado o un avance para los derechos de las mujeres. En lo que sigue intentaremos analizar y dar respuesta a estas preguntas.

Ante todo, es indiscutible que la llegada de una mujer a un alto cargo rompe el llamado “techo de cristal”, es decir, la barrera invisible que impide a las mujeres acceder a los puestos más altos de la jerarquía. Se supone que, al romper este obstáculo, las mujeres demuestran su capacidad y competencia para liderar y gobernar, y se convierten en referentes y modelos a seguir para otras mujeres y niñas.

Sin embargo, esto no implica necesariamente que desde allí las mujeres puedan o busquen influir en la toma de decisiones o promover cambios favorables para el resto de las mujeres.

En primer lugar, porque no todas las mujeres comparten los mismos intereses, valores, ideologías o visiones del mundo, ni todas las mujeres se sienten identificadas con el feminismo o con sus diferentes corrientes y expresiones. Por tanto, no podemos esperar que por el simple hecho de que una mujer acceda a un cargo de poder esto implique automáticamente un cambio positivo para las mujeres o para la causa feminista.

En segundo lugar, porque el poder no es neutro ni inocente, sino que está atravesado por relaciones de dominación, opresión y resistencia, que se expresan en diferentes ámbitos y niveles de la sociedad. Mas aún, el poder no es algo que se tenga o se posea, sino que se ejerce, se negocia, se disputa y se transforma constantemente en función de los intereses, los conflictos y las alianzas que se establecen entre los diferentes actores sociales. Y esto no es diferente para el caso de las mujeres en el poder

Así, podemos encontrar mujeres que desde sus cargos promueven, por ejemplo, políticas públicas que favorecen la igualdad de género y la erradicación de la violencia machista, pero también existen mujeres que desde sus cargos impulsan políticas públicas que refuerzan el sistema patriarcal, promueven la penalización del aborto, y legitiman la violencia machista.

Especialmente cuando llegan al poder promovidas por un agenda claramente patriarcal, como fue el caso de Eva Perón, Isabel Perón, Indira Ghandi, Cristina Kirchner, Imelda Marcos, Rosario Murillo, o Margareth Thatcher, por citar algunas.

En otras palabras, sin desconocer la importancia de la llegada de las mujeres al poder, si se quiere medir su impacto en términos de la causa feminista, no basta solo con contar  cuántas mujeres hay en los espacios de poder, sino que además hay que tener en cuenta cómo ejercen éstas el poder, quienes son sus aliados, qué tipo de políticas públicas promueven, y cómo contribuyen a generar cambios estructurales para superar las desigualdades y las discriminaciones de género y de otros tipos. Es necesario, por tanto, analizar cada caso concreto, teniendo en cuenta el contexto histórico, social, cultural y políticos, así como las trayectorias, los discursos y las prácticas de cada mujer que ocupa un cargo.

En conclusión, no se trata solo de celebrar los logros alcanzados por algunas mujeres que han llegado a ocupar cargos de poder, sino también de cuestionar las estructuras y las dinámicas que limitan y condicionan el acceso y el ejercicio del poder por parte de las mujeres en general. Lo cual exige una mirada crítica y reflexiva, sin caer en simplificaciones, generalizaciones o idealizaciones, que nos impidan ver la complejidad y la diversidad de las situaciones y de las experiencias.  Se trata, en definitiva, de cómo promover efectivamente un poder que no reproduzca ni perpetúe las lógicas del patriarcado, sino que las transforme desde una perspectiva crítica, ética y emancipadora para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y democrática.

[1] https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/2/26/del-viejerio-las-lavadoras-de-dos-patas-las-frases-misoginas-de-los-politicos-239057.html

[2] Ver, por ejemplo: https://volcanicas.com/claudia-sheinbaum-gana-las-elecciones-y-se-convierte-en-la-primera-presidenta-de-mexico/

[3] https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2024/03/las-huellas-de-los-feminicidios-en-cdmx

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

Foto: Facebook: Donald Trump

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Donald Trump enfrenta varios juicios penales por sus actuaciones antes, durante y después de su mandato. ¿Cuáles son las consecuencias de estos procesos para él, para la democracia y para las instituciones de Estados Unidos?

Marcela Anzola*

Una araña de demandas  

Donald Trump, expresidente y actual candidato a la presidencia  de Estados Unidos, está siendo investigado en distintas instancias federales y estatales, por los siguientes casos: 

  • Fraude continuo y prácticas ilegales en negocios en Nueva York (caso estatal).

El fiscal general de Nueva York le abrió una investigación por inflar el valor de sus propiedades para obtener préstamos y beneficios fiscales. El pasado 16 de febrero, el juez Arthur Engoron condenó a Trump y le ordenó pagar 454 millones de dólares. El expresidente apeló la sentencia el 26 de febrero. El 25 de marzo, un tribunal de apelaciones decidió suspender la ejecución de la sentencia, mientras se surtía la apelación, siempre y cuando Trump realizara un pago de 175 millones de dólares. El tribunal de apelaciones escuchará los argumentos en septiembre, en las últimas semanas de la carrera presidencial.

  • Retención ilegal de documentos clasificados (caso federal).

En junio de 2023, Trump fue acusado por el fiscal especial, Jack Smith, de retener ilegalmente documentos clasificados después de dejar el cargo en enero de 2021, y de obstruir las demandas del gobierno para que los devolviera. En julio del mismo año, fue acusado de conspirar para pedirle a un miembro del personal que borrara el video de vigilancia en la propiedad y de retener un documento que, aparentemente, contenía un “plan de ataque” al Pentágono. En total, Trump enfrenta 40 cargos. El juicio estaba programado para el 20 de mayo de 2024, pero se aplazó sin que se haya fijado una nueva fecha.  

  • Interferencia electoral (caso federal).

El 1 de agosto de 2023, un gran jurado acusó a Trump en el Tribunal de Distrito de Columbia de cuatro cargos por su conducta entre noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021. La jueza federal, Tanya Chutkan, había programado que el juicio comenzara el 4 de marzo, pero suspendió el caso para que Trump pudiera seguir con su solicitud de inmunidad presidencial. El caso sobre la inmunidad fue apelado ante la Corte Suprema, y ésta escuchó los argumentos orales el 25 de abril de 2024. 

Durante la audiencia, la Corte Suprema sugirió que era probable que rechazara el reclamo de inmunidad absoluta de Trump, pero varios jueces conservadores indicaron que se podrían limitar los criterios para el caso de los expresidentes. Esto significa que Trump podría beneficiarse de una larga demora para iniciar el juicio, posiblemente más allá de las elecciones de noviembre.

  • Interferencia electoral en Georgia (caso estatal).

El expresidente y 18 copartidarios fueron acusados en agosto de 2023 de intentar cambiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el Estado de Georgia. El presunto fraude incluye una serie de actos, incluida la llamada telefónica de Trump al secretario de estado de Georgia en enero de 2021, un esfuerzo por reemplazar a los electores presidenciales demócratas por otros que votaran por Trump, el acoso a un trabajador electoral del condado de Fulton y la copia no autorizada de datos y software de equipos electorales. 

Trump también está acusado de otros nueve cargos penales, incluida la presentación de documentos, declaraciones y escritos falsos, y una variedad de cargos de conspiración. El juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, aún no ha fijado una fecha para el juicio y parece poco probable que lo haga antes de las elecciones. 

  • Falsificación de registros internos de la compañía para ocultar pagos realizados para silenciar a una mujer con quien presuntamente sostuvo relaciones extramatrimoniales (caso estatal).

El caso se origina por el pago de 130.000 dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en 2016 para que no hiciera público que había tenido relaciones sexuales con Trump en 2006, algo que Trump niega. El pago lo hizo el abogado personal de Trump, Michael Cohen. 

Aunque el pago por guardar silencio no se encuentra penalizado, los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan alegan que Trump organizó una operación para justificar falsa e ilegalmente los reembolsos a su abogado. Para condenar al expresidente, los fiscales deben demostrar que falsificó o hizo que se ingresaran registros comerciales falsos (lo que sería un delito menor), y además que lo hizo para ocultar otro delito, lo que convierte a los cargos en delitos graves. 

La elección del jurado se llevó a cabo el 15 de abril. Trump y sus abogados pidieron aplazar el caso, descalificaron a algunos de los testigos y pidieron la destitución del juez Juan M. Merchan. Pero un tribunal de apelaciones se negó a retrasar más el juicio. Trump no testificó, aunque en varias ocasiones había dicho que lo haría. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en los otros casos, permaneció en la corte todo el día y se ausentó apenas para asistir a la graduación de la escuela secundaria de su hijo el 17 de mayo. El proceso será reanudado después del 27 de mayo. Se espera que los abogados presenten sus argumentos de clausura y que el jurado se reúna después para decidir.

Foto: Facebook: Donald Trump - Cualquiera que sea el resultado de estos juicios, seguramente Trump podrá aprovecharlo para su propio beneficio.

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Implicaciones electorales 

Es casi una certeza que la base de seguidores de Trump no va a abandonarlo ahora. La mayoría de ellos están convencidos de su inocencia y juzga los casos como una persecución política o una estrategia de los demócratas para sacarlo de la contienda electoral

Estos procesos legales podrían tener un efecto significativo en las aspiraciones políticas de Trump y de su partido. Por un lado, podrían afectar su imagen pública y a su base de apoyo, que se ha mantenido fiel pese a sus derrotas electorales y judiciales. Por otro lado, podrían limitar su capacidad de financiar y organizar una campaña electoral, e incluso, impedirle presentarse a la reelección si es condenado por algún delito grave. 

Respecto de lo primero, es casi una certeza que la base de seguidores de Trump no va a abandonarlo ahora. La mayoría de ellos están convencidos de su inocencia y juzga los casos como una persecución política o una estrategia de los demócratas para sacarlo de la contienda electoral. Sin embargo, un veredicto de culpabilidad en alguno de estos casos puede tener impacto negativo entre un grupo de electores “dudosos” que han expresado una menor disposición a apoyar a Biden y que han considerado respaldar a Trump.

En cuanto al dinero para su campaña presidencial , es evidente que Trump ha desviado fondos para pagar a sus costosísimos abogados; esto puede tener serias consecuencias cuando la carrera electoral llegue a su punto más álgido. 

Cualquiera que sea el resultado de estos juicios, seguramente Trump podrá aprovecharlo para su propio beneficio. En caso de ser absuelto o, de que en el caso penal el jurado no llegue a un acuerdo, lo interpretará como una victoria sobre el “Estado profundo”. En caso contrario, si es declarado culpable, intentará socavar la legitimidad del proceso, lo tildará de una persecución partidista para debilitar su candidatura y se presentará como un mártir del “Estado profundo”. 

Implicaciones para la democracia 

La posibilidad de que un convicto gane las elecciones presidenciales y asuma el cargo mientras esté en prisión, o aún bajo arresto domiciliario, plantea ciertas incertidumbres legales y desafíos prácticos. Por ejemplo, ¿podría ejercer el cargo o debería ser reemplazado por el vicepresidente?

Esta es la primera vez que en Estados Unidos un exmandatario, y a la vez candidato presidencial, es juzgado en varias instancias, con un alto riesgo de ser condenado a penas privativas de la libertad. Cualquiera que sea el desenlace, tendrá grandes consecuencias  para la justicia y las instituciones, así como la convivencia democrática, especialmente en un contexto tan polarizado como el actual.  

Aunque la Constitución de Estados Unidos no establece inhabilidades basadas en antecedentes penales para postularse al cargo de presidente, la posibilidad de que un convicto gane las elecciones presidenciales y asuma el cargo mientras esté en prisión, o aún bajo arresto domiciliario, plantea ciertas incertidumbres legales y desafíos prácticos. Por ejemplo, ¿podría ejercer el cargo o debería ser reemplazado por el vicepresidente?

Otro aspecto a tener en cuenta es el riesgo que representa para la separación de poderes y el balance de estos que un presidente deba estar respondiendo en juicios o apelando decisiones judiciales para poder ejercer sus funciones constitucionales. La última posibilidad, aunque puede sonar exótica, pero bastante probable tratándose de Donald Trump, y es que el candidato haga uso del poder establecido en la Constitución para indultarse a sí mismo. 

Pero quizás lo más grave es que toda esta situación es solo un reflejo de los graves problemas y debilidades actuales de la democracia americana. Estos procesos judiciales y sus repercusiones sin lugar a duda serán un factor clave para el futuro político de Estados Unidos. Su desenlace podría determinar el destino político y social del país en el mediano plazo, con graves consecuencias para la democracia y sus instituciones.

Lea en Razón Pública: Cambio de ciclo en Panamá

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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Cuando el pasado 14 de mayo Sarah Beth Clendaniel se declaró culpable de conspirar para dañar o destruir instalaciones eléctricas en Maryland, el concepto del “aceleracionismo” volvió a saltar a la palestra.

Sarah Beth Clendaniel, junto a Brandon C. Russell, conspiraron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 para dañar cinco instalaciones de la red eléctrica regional de Baltimore. Sin embargo, fueron descubiertos por las autoridades el 3 de febrero y puestos en prisión para ser juzgados.[1] Ambos se han declarado fervientes creyentes de la supremacía blanca y defensores del «aceleracionismo» como instrumento de lucha.

El aceleracionismo es una corriente filosófica y política que aboga por intensificar los procesos sociales y políticos para precipitar el colapso del sistema existente y dar paso a una nueva era. Sus orígenes se pueden rastrear en los trabajos de Karl Marx. Sin embargo, el término fue popularizado en la década de los 90 por teóricos contemporáneos como Nick Land y los autores del «Manifiesto Aceleracionista», Alex Williams y Nick Srnicek.

En la práctica, el aceleracionismo se expresa más como una ideología con dos vertientes, una  de izquierda y otra de derecha. La primera busca utilizar las capacidades del capitalismo para superarlo y construir una sociedad más equitativa y sostenible. La segunda aboga por una intensificación del capitalismo con la esperanza de que su lógica conduzca a un futuro post-humano altamente tecnológico. Las dos vertientes confluyen en su idea de que el sistema actual es insostenible y que se dirige inevitablemente hacia el colapso. Sostienen que, en lugar de tratar de reformar el sistema, se debe acelerar su caída para que pueda surgir un nuevo orden. Y comparten la creencia de que la violencia y la agitación son herramientas legítimas para lograr sus objetivos.

Es importante destacar que no todos los que están interesados ​​en el aceleracionismo son violentos. Sin embargo, la ideología tiene el potencial de radicalizar a las personas y llevarlas a cometer actos de violencia.

En el caso particular de los Estados Unidos, el aceleracionismo ha tenido una influencia significativa en la extrema derecha. Ha servido para justificar la violencia, el terrorismo y otras actividades extremistas. Algunos de los eventos más impactantes de la violencia de extrema derecha han sido inspirados por esta ideología, dentro de los cuales se pueden citar los siguientes:

  • El atentado de Oklahoma City, cometido en 1995 por Timothy McVeigh, un simpatizante de la milicia antigubernamental que buscaba provocar una guerra civil y el colapso del sistema federal.
  • La masacre de la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel, en Charleston, Carolina del Sur, uno de los templos más antiguos de Estados Unidos y muy importante en la historia de los derechos civiles. El ataque fue perpetrado por Dylann Roof de 21 años quien se declaró defensor del odio racial.
  • El tiroteo de Las Vegas, cometido en 2017 por Stephen Paddock, un apostador adicto que buscaba incrementar la tensión social y la violencia armada en el país.
  • La masacre de El Paso de 2019 en un local de Walmart a manos de un joven supremacista blanco de 21 años llamado Patrick Wood Crusius, quien expresó su apoyo a los ataques terroristas en la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda, así como su preocupación por la invasión hispana a los Estados Unidos, la automatización, las grandes corporaciones y la degradación ambiental.
  • En el 2021, Seth Aaron Pendley, tejano de 28 años fue arrestado y sentenciado a diez años de prisión por conspirar para volar un centro de datos de Amazon en Virginia. Tenía la firme convicción que este acto de destrucción provocaría una reacción de tal magnitud que el pueblo estadounidense tomaría las armas contra la «dictadura».

El aceleracionismo también se encuentra estrechamente ligado a las bases políticas de los partidarios de Trump. El asalto al Capitolio  en 2021 estuvo inspirado por una buena dosis de esta ideología. Y, aparentemente, en esto se fundamenta Trump  para sus  amenazas de “baños de sangre” en caso de perder las elecciones del 2024.

La aceptación y normalización del uso de la violencia en los Estados Unidos, es de tal magnitud, que, en una encuesta realizada por el Washington Post y la Universidad de Maryland, un año después del 6 de enero del 2021, encontró que poco más de un tercio de las personas encuestadas creían que, en ciertas circunstancias extremas, la violencia contra el gobierno de Estados Unidos estaría justificada.[2]

Mas recientemente, en abril del 2024, en una encuesta realizada por PBS NewsHour/NPR/Marist se encontró que uno de cada 5 adultos estadounidenses cree que puede tener que recurrir a la violencia para volver a encarrilar su propio país.[3]

La amenaza  de la violencia está latente de cara a las elecciones de 2024. Es probable que las personas descontentas y los grupos extremistas armados la vean como un medio para incitar a una revolución y garantizar que el Estado profundo no se «robe» otra elección.  Esperemos que no sea necesaria otra tragedia como las antes mencionadas para que el país reaccione y encuentre otras vías para solucionar sus diferencias.

[1] www.justice.gov/usao-md y https://www.justice.gov/usao-md/community-outreach .

[2] https://www.washingtonpost.com/politics/2022/01/01/1-3-americans-say-violence-against-government-can-be-justified-citing-fears-political-schism-pandemic/

[3] PBS NewsHour, NPR y Marist Poll realizaron una encuesta del 25 al 28 de marzo a 1305 adultos estadounidenses con un margen de error de 3,5 puntos porcentuales y a 1199 votantes registrados con un margen de error de 3,7 puntos porcentuales.

https://www.pbs.org/newshour/politics/1-in-5-americans-think-violence-may-solve-u-s-divisions-poll-finds

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La decisión del Tribunal de Justicia Europeo del pasado 17 de abril de este año, confirmando la negativa de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) de registrar la marca “Pablo Escobar” para los países de la Unión Europea pone en relieve la discusión sobre los riesgos de explotar comercialmente mediante expresiones artísticas y culturales las conductas criminales asociadas al narcotráfico.

El Tribunal de Justicia Europeo sostuvo que el registro de la marca «Pablo Escobar»  violaría  los valores y normas morales de la sociedad, ya que evoca a una persona que fue responsable de numerosos actos de violencia y que infringió gravemente el Estado de derecho. Además, de que sería profundamente irrespetuoso hacia las víctimas y la sociedad colombiana en su conjunto. Al asociar su nombre con productos de consumo, se trivializa el sufrimiento y la tragedia que dejó a su paso, distorsionando la percepción pública de su legado y minimizando la gravedad de sus crímenes.[1]

Cuando se trata de registrar marcas relacionadas con conductas criminales, se plantea un problema ético y legal. Por un lado, se puede argumentar que el registro de estas marcas vulnera el principio de moralidad, que establece que no se pueden registrar signos que sean contrarios a las buenas costumbres, al orden público o a la ley. Por otro lado, se puede alegar que el registro de estas marcas respeta el principio de libertad de expresión, que reconoce el derecho de las personas a comunicar sus ideas, opiniones y sentimientos por cualquier medio.

En Colombia y Estados Unidos, la posición sobre este punto no ha sido unánime. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha negado la solicitud del registro de marca “Pablo Escobar” y “Pablo Emilio Escobar Gaviria” para las clases 35 (publicidad) y 41(cintas, videos, guiones, servicios de museo); pero registró la marca para la clase 25 (vestidos, calzado y sombrerería, y está estudiando la aprobación en las clases 32 (cervezas, aguas minerales y otras bebidas), 41 (servicios turísticos), y 43 (servicios de restaurante y hotel). [2]

En Estados Unidos, por su parte, se encuentran vigentes 11 marcas que protegen el nombre “Pablo Escobar” en las clases 34 (tabaco y vaporizadores), 24 (artículos de dormitorio), 14 (joyería y relojes), 3 (perfumes, jabonería y cosméticos), 13 (armas de fuego, bombas y munición), 25 (artículos de vestuario), 28 (juguetería), 26 (artículos ornamentales, botones y pines), 18 (artículos de marroquinería), 16 (productos de papelería), 9 (discos pregrabados y grabaciones de audio). [3]

La protección legal de la marca garantiza a su propietario el monopolio para la explotación de  un mercado que, en algunos casos, puede mover astronómicas sumas de dinero. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, entre los productos de entretenimiento más populares de los últimos años, se destacan las películas y series que retratan la vida y las hazañas de criminales famosos o ficticios. Desde el ladrón de guante blanco Lupin, pasando por los ladrones de La Casa de Papel y Walter White Sr (protagonista de la serie Breaking Bad), hasta narcotraficantes como Jesús Malverde  y Pablo Escobar, han cautivado a millones de personas en todo el mundo.

Si bien el registro de este tipo de marcas puede parecer chocante e inapropiado a primera vista, es importante considerar el contexto legal y comercial en el que se produce este fenómeno.

Bajo las leyes de propiedad intelectual, el registro de una marca no necesariamente implica la aprobación o endoso de la persona en cuestión, sino más bien la protección de un nombre o símbolo con fines comerciales. Desde esta perspectiva, el registro podría interpretarse como un acto puramente comercial, despojado de cualquier connotación moral o ética. Las empresas buscan capitalizar el reconocimiento y la notoriedad asociados con el respectivo nombre para promover sus productos o servicios, aprovechando su atractivo como figura controvertida y, para muchos, fascinante.

Otro punto que hay que tener en cuenta es que no todas las expresiones artísticas o culturales de personas controvertidas tienen el mismo propósito o efecto. Algunas pueden tener una intención crítica, satírica o educativa, que busca cuestionar o denunciar los actos ilícitos o inmorales de dichas personas. Otras pueden tener una función testimonial o histórica, que busca preservar la memoria y el legado de quienes han tenido un papel relevante en la sociedad, ya sea positivo o negativo. Estas expresiones pueden contribuir al debate público y a la construcción de la identidad colectiva, siempre y cuando se respeten los derechos de las víctimas y se evite la apología del delito.

En ultimas, el dilema ético  del registro de marcas relacionadas con personas controvertidas debe resolverse teniendo en cuenta los principios constitucionales, los derechos fundamentales y el interés general. No se trata de censurar o prohibir la expresión de ideas u opiniones, sino de garantizar el respeto por la dignidad humana, la convivencia pacífica y la reconciliación nacional. El papel de los consumidores, los medios de comunicación y las empresas es fundamental para promover una cultura de la legalidad y la responsabilidad social, que rechace la exaltación y la trivialización de la violencia, y que valore la vida, la libertad y la democracia.

[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=284821&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=3483276

[2] https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=638506781606212559

[3] https://tmsearch.uspto.gov/search/search-result

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El cambio climático es una realidad que afecta cada vez más a la vida y el patrimonio de millones de personas en todo el mundo. En los Estados Unidos, uno de los sectores más golpeados por este fenómeno es el de los seguros de vivienda, que se enfrenta a un creciente riesgo de siniestros por eventos extremos como incendios, inundaciones, huracanes o terremotos.

Este es el caso de Florida y California, conocidos por su belleza natural y clima atractivo, pero también por ser propensos a sufrir los impactos del cambio climático. Allí, muchas compañías de seguros han decidido dejar de ofrecer cobertura o subir las primas a niveles inasequibles para muchos propietarios.

En los Estados Unidos, donde comprar una vivienda es uno de los sueños y objetivos más importantes para muchos americanos, ya que representa no solo un patrimonio material, sino también una forma de estabilidad y seguridad familiar, esto puede ser desastroso. Además de generar una pérdida de riqueza, una menor movilidad social y una mayor desigualdad en las comunidades afectadas.

Para muchos propietarios de viviendas el aumento de la costos de los seguros pueden tener graves consecuencias económicas y sociales.  Por un lado, pueden afectar su capacidad de pagar los créditos hipotecarios, ya que en el mercado americano la hipoteca debe estar respaldada por un seguro, y ambos se deben pagar mensualmente de manera conjunta.  En algunos casos, un mayor costo del seguro puede traducirse en un aumento desproporcionado de  las cuotas mensuales destinadas a la vivienda.  Esta situación pone en peligro el derecho a la vivienda y la estabilidad financiera de muchas familias, especialmente las más vulnerables, que dependen de los seguros para proteger su inversión más importante.  Por otro lado, el aumento del costo de los seguros puede tener un impacto negativo en el mercado inmobiliario, al reducir el valor de las propiedades y dificultar el acceso al crédito hipotecario.

Ante este escenario, tanto en California como en la Florida, las autoridades han discutido algunas iniciativas y posibles alternativas como son: crear un fondo público de reaseguro que comparta el riesgo con las aseguradoras privadas y ofrezca cobertura a los propietarios de zonas de alto riesgo; establecer un programa de subsidios o incentivos fiscales para ayudar a los propietarios a pagar las primas o a mejorar la resiliencia de sus viviendas; regular el mercado de seguros para evitar la discriminación o el abuso de precios por parte de las compañías; y fomentar la participación de los consumidores y las organizaciones sociales en la definición y el control de las políticas de seguros.

Estas normas y regulaciones tienen como objetivo garantizar la viabilidad y sostenibilidad del mercado de los seguros de vivienda, así como el acceso y la protección de los propietarios de viviendas ante los efectos del cambio climático. Sin embargo, también requieren de una coordinación y colaboración entre los diferentes actores involucrados, como las compañías de seguros, los gobiernos, las organizaciones civiles y los propios consumidores, para lograr un equilibrio entre los intereses económicos y sociales.

No obstante, en un ambiente tan polarizado e ideologizado, como el que caracteriza la política americana actual, la implementación de cualquier iniciativa de este tipo es cada vez más difícil. A pesar de la evidencia científica y los efectos visibles del cambio climático, hay personas y grupos que niegan o minimizan su existencia y sus causas. Estos negacionistas suelen estar motivados por intereses económicos, políticos o ideológicos, y buscan sembrar la duda y la confusión en la opinión pública para evitar o retrasar las acciones necesarias para combatir el calentamiento global y sus posibles consecuencias. Por ejemplo, cada vez más hay una tendencia en algunos sectores conservadores de acusar al progresismo de inventar o exagerar el cambio climático para imponer una agenda política, social y económica que amenaza sus privilegios e intereses.

Como resultado, el problema de los costos de los seguros se sigue acentuando en los estados más vulnerables, y quienes pueden han optado por emigrar hacia regiones menos riesgosas, especialmente en el centro de los Estados Unidos. Esta migración interna, sin embargo, tiene consecuencias sociales, económicas y políticas para el país, ya que altera las dinámicas demográficas, laborales y electorales tanto de las regiones receptoras como de las expulsoras. Lo que supone un gran desafío para la planificación urbana, la infraestructura, los servicios públicos y la cohesión social.

En síntesis, en Estados Unidos cada vez es más evidente la necesidad de reconocer la existencia del cambio climático y sus consecuencias, y abordar el problema sin ideología, desde una perspectiva integral y multisectorial, que tenga en cuenta no solo los aspectos técnicos y financieros, sino también los sociales y humanos. De lo contrario, el tan perseguido sueño americano, corre el riesgo de convertirse rápidamente en la pesadilla americana.

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Marcela Anzola

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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El ataque del ejercito israelí a la ONG World Central Kitchen  mientras prestaba ayuda alimentaria en Gaza, además de desatar la ira del mundo, pone en evidencia el desprecio cada vez más arraigado por  las reglas del sistema internacional encargadas de regular los conflictos internacionales.

Es innegable que uno de los grandes avances del siglo XX fue la consolidación  de un sistema internacional con el objeto de promover la cooperación, el diálogo y la solución pacífica de las controversias entre los estados y los demás actores internacionales. Esta labor se encargó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundada en 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual estaba compuesta por un conjunto de órganos encargados de facilitar el cumplimiento de sus funciones: a) La Asamblea General, b) el Consejo de Seguridad, c) el Consejo Económico y Social d) El Consejo de Derechos Humanos, e) La Corte Internacional de Justicia, y la f) la Secretaría.

Después de su creación y a lo largo del siglo XX, la ONU experimentó un proceso de expansión y adaptación a las nuevas circunstancias. El número de estados miembros  aumentó de 51 en 1945 a 193 en la actualidad. Así mismo, la ONU creó diversos órganos especializados, fondos y programas para abordar temas específicos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros.   Entre 1948 y el año 2000, también desplegó más de 70 operaciones de mantenimiento de la paz, proteger a los civiles y asistir en los procesos de transición política. Como resultado, recibió el Premio Nobel de la Paz en cuatro ocasiones: en 1954, por la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; en 1965, por la contribución de las fuerzas de paz; en 1988, por el apoyo al proceso de desarme; y en 2001, por su trabajo en pro de un mundo mejor organizado y más pacífico.

Su actividad se ha fundado en la idea de crear un orden mundial más justo, democrático y solidario, mediante la acción conjunta y el cumplimiento del derecho internacional. Sin embargo, sus labores empezaron  a verse truncadas con el comienzo del nuevo siglo.

Esto se hizo evidente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando el entonces presidente George W. Bush decidió invadir Afganistán e Irak sin el respaldo explícito del Consejo de Seguridad de la ONU, argumentando que se trataba de una acción preventiva y legítima para defender los intereses nacionales y la seguridad global. Hasta la fecha, el Consejo de Seguridad, era el encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales mediante la adopción de  medidas coercitivas para prevenir o resolver conflictos armados, según lo establece el capítulo V de la Carta de las Naciones Unidas.

Esta decisión socavó la autoridad y la credibilidad del Consejo de Seguridad y abrió la puerta a otras violaciones unilaterales del derecho internacional por parte de actores estatales e internacionales, como efectivamente ha venido ocurriendo en los conflictos entre Ucrania y Rusia e Israel y Palestina.

En estos casos el Consejo de Seguridad, se ha visto paralizado por el veto o la amenaza de veto de sus miembros permanentes, que actúan según sus intereses nacionales y no según los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Así, Rusia ha vetado o bloqueado cualquier resolución que condene su anexión de Crimea o su apoyo a los separatistas del este de Ucrania, mientras que Estados Unidos ha hecho lo mismo con cualquier resolución que critique la ocupación israelí de Palestina o su uso desproporcionado de la fuerza contra los civiles palestinos.

Estas actuaciones han impedido que la ONU pueda ejercer su papel de mediadora, imponer sanciones o enviar misiones de paz a las zonas en conflicto, lo que ha erosionado la credibilidad y la legitimidad de la organización. Además, han supuesto una violación flagrante del derecho internacional, que prohíbe la agresión, la anexión, la ocupación y las violaciones de los derechos humanos.

Algunos de estos problemas se derivan de la propia estructura y funcionamiento de la organización, que refleja el orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial y que otorga un poder desproporcionado a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Otros problemas se deben a las acciones unilaterales y violatorias del derecho internacional de algunos estados, que ignoran o bloquean la voluntad de la mayoría de la comunidad internacional y actúan según sus propios intereses.

Todo esto exige una respuesta urgente y consensuada de la ONU y sus estados miembros, con una propuesta de reforma profunda y democrática de la organización y un compromiso con unos principios y valores que reflejen las necesidades y retos  siglo XXI. De lo contrario, la ONU corre el riesgo de desaparecer.

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Marcela Anzola

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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Este martes 26 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo la primera audiencia en su primer caso sobre el aborto desde la anulación de la sentencia Roe versus Wade en abril del 2022. Lo que se discute es el acceso a la mifepristona, conocida también como la «píldora del aborto».

Esta droga, utilizada en combinación con el misoprostol, fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en el 2000.  En el 2016 la FDA flexibilizó algunas normas para su distribución; autorizó su prescripción hasta la décima semana de embarazo (antes era hasta la séptima); permitió que además de los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud la recetaran; y redujo de tres a sólo una las consultas previas para acceder al medicamento. Luego, durante la pandemia de COVID, el organismo autorizó las consultas en línea y el envío de las pastillas por correo. Se estima que en los Estados Unidos este medicamento ha servido para interrumpir unos 650.000 embarazos al año, casi dos tercios de todos los abortos legales en el país.

En Noviembre de 2022 un grupo de médicos antiaborto y la Alianza para la Medicina Hipocrática demandaron las medidas adoptadas por la FDA  alegando  que ésta  no había  seguido el procedimiento adecuado para la  aprobación de medicamentos. La demanda fue presentada  ante un juez en Amarillo (Texas) conocido por su oposición al aborto, quien en abril del 2023 suspendió la aprobación del medicamento. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un juez suspende la aprobación de un medicamento.

El gobierno federal y la farmacéutica  – Danco – apelaron el fallo, y la  Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos revocó la orden, pero ordenó a la FDA volver la regulación a los estándares previos al 2016.  Esta decisión quedó en suspenso, y ahora corresponde a la Corte Suprema analizar el caso.

Además de las implicaciones en materia de derechos reproductivos, este caso es de particular importancia porque pone a prueba a la Corte Suprema y a la administración de justicia americana en general, en dos aspectos esenciales: 1) su independencia e imparcialidad frente a criterios religiosos, políticos y morales y 2) su neutralidad frente a decisiones científicas adoptadas por los organismos reguladores.

Frente al primer punto, la discusión abre el debate sobre la ideologización de la justicia. La imposición de barreras legales y administrativas para restringir el acceso al medicamento con fundamento en creencias personales o partidistas sobre el aborto puede verse como una clara muestra de  falta de independencia e imparcialidad de la justicia. Lo que, además, iría en detrimento de los derechos fundamentales de las mujeres. Si los jueces permiten que se mantenga el fallo de la corte de apelaciones, la mifepristona aún estaría disponible en Estados Unidos, pero las pacientes tendrían que obtenerla en persona, no por correo, y podrían usarla solo hasta la séptima semana de embarazo, incluso en los estados donde el aborto es legal. En este contexto, es necesario reflexionar sobre el papel de la justicia y el alcance de sus competencias para regular una decisión tan íntima y personal como la de interrumpir un embarazo. ¿Pueden los jueces imponer sus sesgos morales o religiosos  a las mujeres que enfrentan esta situación?

En lo que respecta al segundo punto, este caso plantea un dilema jurídico y práctico sobre el papel de la justicia frente a la labor de las agencias reguladoras. La intervención de la Corte en un asunto que corresponde a la competencia de la FDA supone una extralimitación judicial que amenaza con socavar la independencia y credibilidad de las agencias reguladoras. La Corte no cuenta con la experiencia ni la información necesaria para emitir un fallo sobre como regular la mifepristona, y podría sentar un precedente peligroso para futuros casos en los que intente sustituir o modificar las decisiones de otras agencias reguladoras. Si la Corte estima que las restricciones a la mifepristona son arbitrarias, caprichosas o ilegales, puede revocarlas, pero no puede imponer su propia visión sobre cómo regular el medicamento. Esa es una responsabilidad que le corresponde a la FDA, que tiene la misión de proteger la salud pública y garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos.

En definitiva, el debate sobre la mifepristona trasciende el tema del aborto y plantea problemas prácticos para el ejercicio de la justicia y la separación de poderes en los Estados Unidos. Si bien corresponde a la justicia atender a las preocupaciones legítimas sobre la seguridad y la idoneidad de la regulación, también es fundamental asegurar que sus decisiones se basen en fundamentos legales y científicos, y no en sesgos ideológicos o moralistas. De lo contrario, se estaría borrando de un trazo no solo la separación de poderes que ha caracterizado el sistema americano, sino también la libertad de pensamiento tan cara al pueblo estadounidense.

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Marcela Anzola

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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La particular contienda electoral del 2016 en los Estados Unidos, que culminó con la elección de Donald Trump  como presidente, fue vista por algunos analistas políticos como la materialización en la vida real de una comedia de ciencia ficción escrita por Ethan Cohen y dirigida por Mike Judge, en el  2006, Idiocracia. Una producción que contaba con muy bajo presupuesto y con escenas tan mediocremente realizadas que rayaban en lo ridículo. Y, que, sin embargo, se convirtió en algo inquietantemente profético no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo.

En la película, el cabo Joe Bauers, un militar estadounidense con una inteligencia promedio, es seleccionado junto con una prostituta, como conejillo de indias para un programa militar secreto de hibernación. El proyecto es olvidado y ellos despiertan en un futuro lejano donde la gente es tan increíblemente estúpida, que los protagonistas se convierten en las personas más inteligentes del mundo. En esta visión de un futuro distópico, Estados Unidos está controlado por grandes corporaciones. Las celebridades alquilan sus nombres a esas grandes marcas y la gente simplemente se deja llevar por lo que dictan una especie de  influenciadores.  El presidente de los Estados Unidos, un exluchador y estrella porno, es un títere de las corporaciones.

La llegada de Trump al poder y todo lo que ha venido sucediendo desde entonces, pasando por el infame 6 de enero del 2021, e incluida la actual campaña política, han convertido la película en un verdadero documental. El papel de los influenciadores en la construcción de las narrativas y la determinación de lo que es la “realidad”, la incapacidad de las personas para no ver lo evidente, así como el mismo lenguaje obsceno que emplean, no guardan distancia con lo que se muestra en la película. Pero ¿Cómo llegaron los Estados Unidos y otra buena parte del mundo a esto?

La tecnocracia fue vista durante mucho tiempo como la respuesta a los problemas de la humanidad. Durante décadas, economistas, científicos políticos y expertos en políticas públicas dominaron las esferas de influencia, ofreciendo soluciones meticulosamente elaboradas para los problemas más apremiantes. Estados Unidos y Europa eran ejemplos destacados de esta tendencia, con instituciones y líderes que valoraban el conocimiento técnico sobre la retórica vacía.

Sin embargo, en un mundo cada vez más complejo esto no fue suficiente. A medida que la tecnocracia se sofisticaba y se hacía menos asequible para el común de los ciudadanos, la desigualdad y la exclusión social aumentaban. Esto generó el descontento de la población y alimentó el resentimiento hacia las elites tecnocráticas.  Poco a poco se comenzó a culpar a la tecnocracia no solo por su incapacidad para dar respuesta a las necesidades, sino que también se le acusó de ser la causa del problema mismo.

Como resultado, en las últimas décadas, la toma de decisiones  basada en la evidencia científica se ha visto desplazada por la que se basa en temores, prejuicios y opiniones superficiales.  En una era de desinformación y polarización política esto ha encontrado terreno fértil y ha propiciado una forma de gobierno más impulsada por la emoción y la ideología que por la razón: la idiocracia.

En Estados Unidos, el ascenso de líderes políticos populistas como Donald Trump fue emblemático de esta transición. La retórica incendiaria y simplista de Trump resuena con una parte significativa de la población que desconfía de la élite tecnocrática y busca soluciones a problemas complejos en respuestas rápidas, sencillas y emocionales.

En Europa, se está viendo un fenómeno similar con el surgimiento de movimientos políticos nacionalistas y anti-establecimiento. Desde el Brexit en el Reino Unido hasta el ascenso del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, el continente está experimentando cada vez más una ola de rechazo hacia las élites políticas y una creciente aceptación de la retórica simplista y emocional. Latinoamérica no ha sido ajena a esto, y cada vez aparecen más lideres populistas, tanto de derecha como de izquierda, que le dan la espalda a la tecnocracia para darle cabida a la emoción popular. Bolsonaro, Petro, Milei y Bukele son buenos ejemplos de esto.

Este cambio, sin embargo, tiene consecuencias preocupantes. Las decisiones impulsadas por la manipulación de las emociones públicas generalmente son incapaces de dar solución a los problemas reales. En un entorno donde las opiniones y los sentimientos tienen más peso que los hechos, la desinformación se propaga rápidamente, y la confianza en la verdad se desvanece porque ésta se convierte en algo personal. Y así caemos en un vórtice en el que cualquier cosa que dicte nuestras emociones y sentimientos parecerá posible por absurda que sea, y sin importar las consecuencias.

No obstante, no podemos dejar de lado que el futuro de la sociedad depende de nuestra capacidad para resistir el atractivo superficial de la idiocracia y abrazar la complejidad del mundo moderno con mente abierta y rigor intelectual. La tecnocracia puede haber perdido parte de su brillo, pero su importancia sigue siendo innegable en un mundo que enfrenta desafíos cada vez más urgentes y complejos.

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Marcela Anzola

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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Luego de la renuncia del Director del DNP, un reconocido economista, y de que se hubiera filtrado en los medios y las redes sociales que el posible candidato para remplazarlo sería un abogado, las críticas no se hicieron esperar. Para algunos, el Director del DNP debería  ser un economista o alguien con  formación económica sólida, siguiendo la tradición existente desde su fundación. Otros consideran que dada las funciones que hoy cumple la institución, su director no necesariamente tiene que ser economista, pudiendo provenir de campos afines, incluidos la ciencia política o el derecho. Esta discusión, pone de relieve algo que pocas veces se discute, la función y pertinencia del DNP.

El Departamento Nacional de Planeación encuentra su origen en el modelo económico que se plasmó en la reforma constitucional del 36, donde se sentaron las bases para la planeación mediante la creación de los Consejos nacionales de economía y política económica y social. En 1958 estos consejos se fusionaron en el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, y se creó el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos.

Diez años más tarde, la reforma constitucional de 1968, en su artículo 6 (que, modificó el artículo 32 de la Constitución Nacional) autorizó al Estado para “intervenir en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados, para racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral.” Para cumplir con este mandato se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES– y el Departamento Nacional de Planeación –DNP-. Con la reforma constitucional de 1991 la planeación se constitucionalizó (art. 339), y con esto el DNP adquirió un papel protagónico en la formulación del plan de desarrollo.

Sin embargo, con el nuevo modelo económico que introdujo la Constitución del 91, el DNP también debió cambiar su enfoque y con esto sus funciones. Hasta la fecha el Estado participaba directa y ampliamente en la economía mediante: a) un holding de empresas públicas que eran administradas por el Instituto de Fomento Industrial en coordinación con el DNP y el Ministerio de Desarrollo, y b) una serie de medidas de intervención y planificación que eran en gran parte formuladas por los técnicos del DNP.  A partir de 1991 las funciones del DNP se concentraron cada vez más en apoyar la formulación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo, y en la administración del presupuesto de inversión y el sistema general de regalías.

Con la desaparición de la planificación y un enfoque cada vez más orientado hacía el fortalecimiento de una economía de mercado, la labor de planeación se redujo sustancialmente. En la práctica lo que ocurrió es que una vez redactado y aprobado el plan de desarrollo, lo que toma aproximadamente los seis primeros meses del respectivo mandato presidencial, las funciones de la institución en materia planeación se restringen, en buena parte, a las que desarrollaría un centro de pensamiento. Por esto no  sorprende que la actual Misión del Departamento sea la siguiente: “El DNP es el centro de pensamiento del país, que, a partir de su posición técnica y las características del ordenamiento del territorio, coordina, articula y orienta la planificación de corto, mediano y largo plazo, el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión.” (https://www.dnp.gov.co/la-entidad/informacion-general)

Hasta ahora la buena reputación de que ha gozado el Departamento como una institución técnica y de alto nivel profesional, lo ha resguardado de reformas institucionales. Y cuando estas se han dado, se han limitado a reorganizaciones de carácter interno, sin que jamás se haya analizado a profundidad su pertinencia en el contexto actual, y si se justifica mantener una entidad  con cerca de 600 empleados entre personal de planta y contratistas para administrar el presupuesto de inversión y el sistema general de regalías, una vez se aprueba el Plan de Desarrollo

Esta reticencia para analizar a fondo el papel de la institución, ha llevado a que, ante la cada vez más evidente irrelevancia del DNP, se opte por someterla a un proceso de marchitamiento lento, como ha venido ocurriendo en las dos últimas décadas.  Por ejemplo, sus directores, con contadas excepciones, han sido cada vez menos técnicos. Y su revista, Planeación y Desarrollo, conocida por sus excelentes artículos en materia de economía y política pública, desapareció en 2010. Aunque fue relanzada recientemente en Agosto de 2023, pero con un enfoque diferente.

La pregunta que surge entonces es ¿si vale mantener una institución cuyas funciones centrales  se reducen a seis meses de trabajo, y algunas pocas funciones en materia de planeación  durante los tres años y medio siguientes?  ¿No sería más conveniente, y eficiente, trasladar el manejo del presupuesto de inversión y del sistema general de regalías al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y encargar de la labor de planeación a un consejo de planeación que se apoye en grupo de asesores de primer nivel?

Y finalmente, ¿No sería más honroso para el DNP darle un viraje y adecuarlo al contexto actual, en lugar de dejarlo languidecer tristemente?

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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