80 años de la ONU: Entre la crisis de legitimidad y la necesidad de reformulación

El pasado 26 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró su 80 aniversario. Lo que podría haber sido motivo de reconocimiento y celebración paso sin pena ni gloria, dejando abierta la puerta a una reflexión incómoda: ¿sigue siendo la ONU un actor relevante en el escenario internacional o está condenada a convertirse en un símbolo vacío, incapaz de responder a los desafíos del siglo XXI?

Nacida en 1945, al concluir la Segunda Guerra Mundial, la ONU fue diseñada para garantizar la paz, promover el desarrollo y proteger los derechos humanos. Durante décadas, fue el escenario donde se negoció el fin de conflictos, se coordinaron operaciones de paz y se intentó avanzar en la consolidación de un sistema internacional basado en reglas. Pero el papel que juega hoy dista mucho del que vio nacer a la organización. Veamos algunos ejemplos.

La guerra en Ucrania es quizás el caso más ilustrativo. Desde la invasión rusa en 2022, el Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano decisorio en materia de paz y seguridad, ha sido incapaz de adoptar medidas efectivas.  La raíz de este bloqueo está en su diseño institucional. El Consejo está dominado por cinco miembros permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, los cinco ganadores de la WWII), todos ellos con derecho de veto. Una estructura que refleja el equilibrio de poder de 1945, pero que resulta claramente obsoleta para un mundo como el actual, multipolar y complejo.

Sin embargo, esta situación no es novedosa. Durante el conflicto sirio, Rusia bloqueó más de una decena de resoluciones condenatorias. Estados Unidos ha hecho lo propio en repetidas ocasiones respecto al conflicto israelí-palestino. Las guerras en Gaza, Siria, Yemen o Sudán, entre otras, refuerzan la percepción de que el sistema de Naciones Unidas ha perdido capacidad de acción.

Más allá del Consejo de Seguridad, el resto del sistema de Naciones Unidas también enfrenta cuestionamientos. La Asamblea General, donde tienen voz todos los Estados miembros, carece de poder vinculante. Sus resoluciones son, en el mejor de los casos, expresiones de voluntad política.

Las agencias especializadas, como la Organización Mundial de la Salud o la FAO, han visto menguada su capacidad de acción por falta de recursos, presiones políticas o problemas de gobernanza interna. La OMS, por ejemplo, fue objeto de fuertes críticas durante la pandemia de COVID-19 por su supuesta falta de independencia frente a China en las primeras etapas de la crisis sanitaria.

Otro ejemplo claro de las limitaciones del sistema lo encontramos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Pese a sus esfuerzos internacionales, la UNODC ha sido objeto de críticas por priorizar enfoques punitivos y represivos, formulados en las convenciones internacionales de drogas, en lugar de estrategias centradas en la salud pública y los derechos humanos. Además, la falta de resultados tangibles frente al crecimiento del narcotráfico y los daños sociales asociados pone en entredicho la efectividad real de sus programas.

El desempeño de la ONU en derechos humanos es cuestionado por su limitada eficacia y politización que refleja las diferencias entre países en el concepto de derechos humanos. Su Consejo de Derechos Humanos es criticado por falta de imparcialidad y por permitir que países con historial problemático ocupen cargos clave. Las resoluciones suelen carecer de efectos vinculantes y la respuesta a crisis graves es lenta, además se critica la falta de respuesta ante ciertas situaciones de graves violaciones de derechos humanos. Esto evidencia la distancia entre sus principios y la realidad.

La crisis climática es otro frente donde la ONU parece quedarse corta. Aunque ha logrado avances diplomáticos como el Acuerdo de París, la realidad es que la implementación de los compromisos sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.

En paralelo, la fragmentación del multilateralismo avanza. Grupos como el G20 o el BRICS están ocupando espacios que antes correspondían a la ONU. Incluso actores no estatales, como grandes corporaciones tecnológicas o fondos soberanos, como ocurre en el caso de los fondos chinos, están asumiendo un protagonismo creciente en la gestión de temas globales, desde la regulación de internet hasta la lucha contra el cambio climático.

Pese a todo, renunciar a la ONU no es una opción sensata. Por imperfecta que sea, sigue siendo el único espacio donde confluyen las 193 naciones del planeta. Su papel en la asistencia humanitaria, la protección de refugiados o la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sigue siendo fundamental, especialmente para los países más vulnerables.

Estos 80 años de la ONU no deberían pasar desapercibidos ni quedarse en una episodio vacío. Son una invitación urgente a repensar y transformar la organización para que recupere su relevancia en el mundo actual. Porque dejarla estancada es condenarnos a un futuro global aún más fragmentado, incierto y difícil de gobernar. El reto está sobre la mesa: o renovamos la ONU, o nos resignamos a vivir en un escenario donde el multilateralismo sea solo una ilusión del pasado.