El péndulo en la política latinoamericana no es ideológico sino pragmático: castiga a quien no muestra resultados

Durante años se ha insistido en que América Latina oscila entre un “giro a la izquierda” y un “retorno a la derecha”. Sin embargo, una lectura más cuidadosa de la última década muestra una realidad mucho menos ideológica y mucho más pragmática: los ciudadanos votan por quien les soluciona problemas concretos. 

Mientras que entre 2018 y 2022 se consolidó una nueva ola progresista —con López Obrador en México, Boric en Chile, Petro en Colombia, Arce en Bolivia y Lula en Brasil—, en cuestión de meses el mapa volvió a girar: Milei arrasó en Argentina, Noboa emergió en Ecuador y Bukele revalidó un poder abrumador en El Salvador.

Pero, en realidad, no se trató de un giro ideológico, sino del reflejo de un electorado impaciente y de ciclos políticos breves, que vota claramente en función de resultados tangibles. En este escenario, la percepción sobre la seguridad, la economía y la fortaleza institucional —todas ellas intensificadas y aceleradas por el impacto de las redes sociales— se convierte en el auténtico motor de las decisiones ciudadanas, desplazando cualquier debate doctrinario y poniendo el foco en la eficacia inmediata de quienes gobiernan.

La seguridad, por ejemplo, se ha convertido en la exigencia central que articula el voto y determina el rumbo político en Latinoamérica. La región sigue siendo percibida como una de las más violentas del mundo, y el ciudadano promedio quiere vivir sin miedo. Por eso Bukele, con su receta extrema de mano dura, mantiene niveles históricos de popularidad pese a las denuncias de abusos. En Ecuador, el apoyo a Noboa se sostiene más por su narrativa de “guerra contra el crimen” que por afinidad con el liberalismo económico. La lección es clara: cuando la seguridad colapsa, el votante latinoamericano se desplaza hacia quien le ofrezca orden, incluso si para ello debe renunciar a derechos o cambiar radicalmente de campo ideológico.

Otro factor clave es el estancamiento económico. Los gobiernos progresistas prometieron una expansión del bienestar que, ante economías frágiles y estructuras fiscales insuficientes, no pudieron cumplir. En esos escenarios, la derecha capitaliza el desencanto con discursos antiélite, como los de Milei en Argentina. Por el contrario, cuando la economía mejora y los ingresos suben —como ocurrió en México con la reducción significativa de la pobreza— los gobiernos logran sostener su apoyo incluso con estilos de liderazgo polarizantes. 

El tercer motor es la fragilidad institucional. Muchos presidentes progresistas han gobernado con congresos fragmentados, burocracias resistentes y sistemas judiciales politizados. Boric y Petro enfrentan obstáculos legislativos permanentes; Lula gobierna con un Congreso conservador; Arce gobernó un MAS dividido. En estos contextos, las reformas se diluyen y las promesas se ralentizan, alimentando la percepción de ineficiencia. La ciudadanía castiga la parálisis, no a la ideología; la frustración con el Estado es transversal.

En Colombia, donde la polarización política domina la conversación pública, resulta fácil caer en la tentación de leer la discusión política como una batalla entre izquierdas y derechas. Pero esa no es la historia de fondo. La historia real es muy diferente y de lo ocurrido en la región se pueden extraer lecciones para las próximas elecciones:

1. El votante colombiano no es ideológico; es pragmático. Premia lo que mejora su vida y castiga lo que lo decepciona. En las elecciones territoriales de 2023 ya se vio: el progresismo perdió las principales ciudades no por su ideología, sino por la incapacidad del gobierno nacional para mostrar avances rápidos.
2. La seguridad será el eje de 2026. Si la percepción de inseguridad aumenta, el electorado migrará hacia propuestas firmes —de cualquier espectro— que prometan recuperar el control del territorio.
3. La reforma social sin resultados visibles pierde apoyo. En una economía estancada, el país no respaldará reformas redistributivas si no ve mejoras concretas en el empleo, la inflación y el costo de la vida.
4. El antiestablecimiento sigue vivo. Así como Milei surgió del hartazgo, en Colombia puede surgir una figura disruptiva como ocurrió en las pasadas elecciones, si los partidos tradicionales y el progresismo repiten errores. ¿Qué significa esto para el futuro? Que el progresismo no está condenado, pero tampoco la derecha tiene garantizada su expansión.  

La lección de la década es simple y contundente: en un contexto en el que las redes sociales dominan el discurso y amplifican la demanda de resultados, los ciclos políticos se acortan y se fortalece el voto emocional, inmediato y pragmático. La posibilidad de una discusión ideológica se vuelve casi imposible. 

Colombia debe mirar este péndulo con seriedad. En 2026 no se disputará una guerra ideológica; se decidirá si el país castiga o premia la capacidad de gobernar. Las urnas —en toda la región— ya mostraron que no perdonan la ineficiencia. Quien no cumple, pierde.