Petro y la banalidad del poder: a propósito de la consulta popular

El pasado 25 de febrero, en una entrevista con el periódico español El País, Gustavo Petro reiteró una reflexión que ha venido compartiendo en distintos foros: admitió haber fallado al creer que podía llevar a cabo una revolución desde el gobierno.

Petro descubrió que en la democracia moderna el ejercicio del poder está subordinado a las instituciones y al juego de las fuerzas políticas. Esta revelación ha sido un golpe a su visión inicial, en la que creía fervientemente que desde el gobierno se podían impulsar transformaciones profundas y radicales sin necesidad de apoyarse en los tecnócratas y los políticos. Sin embargo, la realidad institucional y la dinámica política le demostraron que el poder ejecutivo no actúa en un vacío, sino que está intrincadamente ligado a un entramado de criterios legales y políticos, instituciones, intereses y actores que limitan la capacidad de acción.

Ahora, al reconocer esta realidad, y ante la sensación de impotencia para manejar este entorno, decide recurrir a la base popular y anuncia la realización de una consulta popular. Uno de los instrumentos de participación ciudadana introducidos en la Constitución Política de 1991, del cual se ha hecho bastante uso en el ámbito municipal, pero muy poco en el orden nacional. Hasta la fecha solo en una ocasión se ha llevado a cabo una consulta popular de este tipo. Una iniciativa ciudadana para combatir la corrupción, la  cual se llevó a cabo el 26 de agosto de 2018, pero que no alcanzó la participación requerida para su aprobación de al menos el 33% del censo electoral (aproximadamente 12 millones de votantes). Aunque no logró la aprobación formal su legado perdura como un recordatorio del poder de la movilización ciudadana.

No obstante, en el caso de la consulta popular que propone el presidente Petro, esta estrategia, aunque seductora, presenta desafíos y riesgos significativos.

En primer lugar, no está claro si la consulta popular sea el mecanismo más adecuado para impulsar las reformas legales que se encuentran estancadas en el legislativo. Ya sea porque este no es el mecanismo para aprobar articulados legales complejos como si ocurre, por ejemplo, en el caso de un referendo; o porque la orden de estudiar un proyecto de ley no implica necesariamente su aprobación.

En segundo lugar, no es muy claro que la iniciativa pueda alcanzar las mayorías requeridas para su aprobación. Los bajos niveles de aprobación del gobierno son un buen indicativo de los posibles resultados. Para la aprobación de una consulta popular en Colombia se requiere la participación de al menos el 33% del censo electoral – actualmente de 40.963.370 votantes -,  lo que equivale a aproximadamente 13.654.457 votantes. Una participación no tan fácil de lograr en las actuales circunstancias. En caso de no alcanzar el respaldo necesario, la consulta podría transformarse en un pronunciamiento popular en contra del mismo gobierno.

De otra parte, acudir directamente al pueblo puede erosionar la confianza en las instituciones democráticas, ya que es probable que se perciba como una forma de eludir los mecanismos establecidos de control y equilibrio de poderes.

Además, esta táctica puede polarizar aún más a la sociedad, creando una división entre quienes apoyan al mandatario y quienes defienden el funcionamiento institucional. La gobernabilidad se vuelve más compleja en un entorno donde el liderazgo se basa en la movilización popular, ya que las decisiones tienden a ser más emocionales y menos racionales, basadas en el apoyo momentáneo de las masas y no en un análisis profundo y sostenido de las políticas públicas.

En la historia, estos intentos no han tenido los resultados esperados, veamos algunos ejemplos:

• Charles de Gaulle en Francia (1968): Ante la crisis de mayo del 68, el presidente francés convocó un referéndum para reforzar su liderazgo. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y terminó dimitiendo en 1969.
• Evo Morales en Bolivia (2016): Intentó cambiar la Constitución mediante un referéndum para permitir su reelección indefinida. Tras perder la consulta, recurrió al Tribunal Constitucional, lo que generó una crisis política.
• Donald Trump en EE. UU. (2020-2021): Aunque no recurrió a referéndums, movilizó directamente a su base a través de discursos y redes sociales, desafiando el sistema electoral y alentando protestas, lo que culminó en el asalto al Capitolio.

Si a lo anterior se suma el costo que implicaría llevar a cabo la consulta popular, el panorama se torna aún más sombrío. El empleo de recursos financieros en la consulta podría causar malestar en las bases que confiaban en el “Gobierno del Cambio”. La percepción de que los fondos públicos se desvían hacia una iniciativa con potenciales resultados inciertos, en lugar de ser invertidos en áreas críticas como la salud, la educación o la infraestructura, puede generar descontento y desilusión entre los electores.

Este malestar podría erosionar el apoyo popular al presidente, creando un entorno aún más desfavorable para la implementación de sus políticas y comprometiendo la estabilidad de su gobierno.