Ante la polémica por la filtración del proyecto de fallo de la Corte que pone en riesgo el derecho al aborto en Estados Unidos, un análisis sobre sus consecuencias políticas.
Marcela Anzola*
Aborto y elecciones
La semana pasada el portal Político filtró el borrador de una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el que se estudiaba la constitucionalidad de una ley estatal que reglamenta el aborto. El proyecto había sido preparado por el Juez Samuel Alito, un abogado de ascendencia italiana, nacido en 1950, católico, y que fue nominado a la Corte Suprema en 2006 por George W. Bush.
En la historia de la Corte Suprema, un caso de filtración como este no tiene precedentes y constituye una amenaza para el tribunal como institución. Pero, lo que más suscitó alarma es que en el documento filtrado se derogaba Roe vs. Wade, un precedente judicial de 1973 que garantiza el derecho al aborto en Estados Unidos.
No obstante, en vísperas electorales, no es un acontecimiento que sorprenda. En un ambiente de polarización política como el que vive actualmente Estados Unidos —donde el aborto es un tema central en los discursos de los partidos—, cualquier decisión de la Corte Suprema sobre este tema despertará la emoción de los electores. Esto se verá reflejado en las elecciones para la renovación del Congreso en noviembre.
Sin embargo, lo que está en juego con esta decisión va más allá de las elecciones. Por eso importa entender el contexto donde se da esta discusión.
El caso Roe vs. Wade
El proyecto filtrado corresponde al caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization. En este caso, la Corte analiza la constitucionalidad de una ley de Mississippi de 2018, la cual prohíbe la mayoría de los abortos después de quince semanas de embarazo. Los tribunales inferiores impidieron la aplicación de esta ley, pues contravenía lo dispuesto en Roe vs. Wade.
Roe vs. Wade reconoce el derecho de la mujer embarazada a abortar con fundamento en el derecho a la privacidad —garantizado constitucionalmente—, y una serie de criterios que se conoció como el “marco trimestral”:
- Durante el primer trimestre la mujer embarazada tenía el derecho a tomar la decisión de abortar sin mayores restricciones. Esto, siempre y cuando el procedimiento lo realizara personal médico calificado.
- A partir del segundo trimestre, dados los posibles riesgos, la Corte autorizó a los Estados para que reglamentaran el aborto de manera razonable, y siempre para proteger la salud de las mujeres.
- Desde el tercer trimestre en adelante, la Corte autorizó a los Estados a proteger la vida del feto. Con esta acción, la Corte prohibió legalmente todos los abortos, excepto cuando fuera necesario para proteger la vida, o la salud, de la madre.
Esta decisión fue modificada parcialmente en 1992 por otra decisión judicial –Planned Parenthood vs. Casey—. El marco de los trimestres se cambió por otros criterios que consideraban la viabilidad del feto. También la Corte modificó el estándar para analizar la constitucionalidad de las leyes que regulan el aborto.
¿Por qué anular el derecho al aborto?
En el borrador la Corte critica el fallo Roe vs. Wade, y sostiene que fue una decisión «atrozmente incorrecta desde el principio». Las razones:
- Que la Constitución no tiene ninguna referencia al aborto, y que el derecho a la privacidad no protege implícitamente un derecho al aborto.
- Que la justificación legal de la sentencia fue muy débil desde el comienzo, y ha tenido consecuencias dañinas.
- Que es momento de sacar este tema de las cortes, para dejarlo a los representantes elegidos por el pueblo. Los congresos estatales o el federal son los que deben decidir.
Ciertamente, Roe vs. Wade ha sido objeto de varias críticas desde los setentas. No solo por quienes se oponen al aborto, sino también por aquellos que están en su favor. Estos últimos consideran que el razonamiento legal de la decisión es débil, o que la Corte Suprema no es competente para intervenir en estos temas.
Aborto y polarización política
El aborto es legal en Estados Unidos gracias a Roe v. Wade, pero las leyes y restricciones al aborto varían según el estado, y es allí donde la polarización política juega un papel. Si Roe vs. Wade fuera derogada, los Estados tendrían la libertad de decidir sobre la legalidad o no del aborto.
Igual que en otros países, en Estados Unidos el tema del aborto siempre ha sido controversial. Antes, el tema se discutía en términos religiosos o morales. Por ejemplo, era común que surgieran grupos “pro-vida” —quienes están en contra del aborto— en simpatizantes del partido demócrata y del republicano. Así mismo, ocurría con los grupos “pro-elección” —a favor de la libertad de elección—.
Sin embargo, más recientemente y en especial durante la presidencia de Trump, el tema se ha politizado. En la actualidad, mientras los movimientos pro-vida se alinean en las toldas republicanas, los movimientos pro-elección lo hacen en las demócratas.
Prueba fehaciente de esto fue la discusión de esta semana sobre el aborto en el Congreso. Los demócratas intentaron impulsar un proyecto de ley para garantizar el derecho al aborto en todo el país. Pero los republicanos —y un demócrata en el Senado— lo bloquearon. Con 51 senadores en contra y 49 a favor, los demócratas no alcanzaron los 60 votos que necesitaban para aprobar el proyecto.
Mientras tanto, y ante la inminencia de que Roe vs. Wade sea derogada, varios Estados están preparando, o aprueban leyes para regular el aborto Actualmente, trece Estados tienen listas unas leyes que han denominado “leyes de activación” (trigger laws). Estas empezarían a regir automáticamente en sus estados, si Roe v Wade es revocada. Así, y de manera sistemática, estas leyes reflejan las posiciones de la mayoría de los votantes en los Estados
Preparativos del Partido Republicano
Aparte de la ley de Mississippi de 2018 que está en revisión de la Corte, entre los estados mayoritariamente republicanos, Texas expidió una ley en septiembre del 2021, que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas. Texas persigue penalmente a las personas que se vean envueltas en un caso de aborto, y paga recompensas de diez mil dólares a quien denuncie.
En el 2022, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, quince Estados han presentado proyectos de ley prohibiendo o restringiendo el aborto. En seis de estos estados el proyecto fue aprobado como ley: Florida, Oklahoma, Kentucky, Arizona, Idaho y Wyoming.
Preparativos del Partido Demócrata
Estos eventos contrastan con los esfuerzos de los estados predominantemente demócratas. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, dieciséis Estados y el Distrito de Columbia cuentan con medidas que protegen el derecho al aborto. Incluso, algunos consideran expandir la protección.
Vermont, por ejemplo, modificó la Constitución del Estado en febrero de este año para darle rango constitucional al derecho al aborto.
En Connecticut se aprobado una ley que permite a los paramédicos realizar ciertos tipos de abortos. La ley también protege a los proveedores de servicios, y a los pacientes que sufren persecución porque provienen de estados donde es prohibido el aborto, o se planea prohibirlo.
En California están preparando un paquete de leyes que pretenden convertir el Estado en un “refugio” para las mujeres que decidan abortar.
En Nueva York, uno de los estados menos restrictivos, en 2019 una ley amplió la protección del derecho al aborto: habilitó al personal paramédico para realizar abortos, e incluyó la posibilidad de realizar abortos aún después de las 24 semanas de gestación si el feto no es viable, o pone en peligro la salud de la madre —antes solo lo permitía cuando estaba en peligro la vida de la madre—. Esta ley reconoció, de manera expresa, el derecho de la mujer a decidir sobre el aborto como un derecho fundamental.
Más allá de prohibir o no el aborto
De acuerdo con lo anterior, si la Corte Suprema decide derogar Roe vs. Wade, los Estados con mayorías republicanas serán muy restrictivos con el aborto, mientras que los demócratas serían más flexibles o permisivos.
El problema, sin embargo, no se limita a prohibir o no el aborto. Los estados donde existe una tendencia a prohibir o restringir el aborto, se caracterizan por altos niveles de pobreza, desigualdad, baja calidad de la educación, y ser menos proclives a ofrecer ayudas estatales. Mas aún, muchos de ellos han retirado de los programas de seguridad en salud la obligación de suministrar métodos anticonceptivos a las mujeres. En un país donde obtener una prescripción médica es difícil y costoso, lo anterior se traduce en una denegación de derechos que afecta en mayor grado a las mujeres de menos recursos.
Es preciso admitir que el aborto no es un tema fácil. Definir qué es vida, o cuándo empieza, son preguntas cuyas respuestas todavía no tienen consenso científico, incluso con los avances actuales en biología y medicina. Además, este tema se complica cuando es abordado desde una perspectiva moral, y religiosa.
Pero, independientemente de estas discusiones, si la Corte opta por prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, el daño social puede ser aún peor. Cualquier decisión sobre el tema debe considerar sus efectos sociales y económicos, y tomar las medidas necesarias para mitigarlos.
