La Elección del Fiscal y su Impacto en la Democracia
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La Elección del Fiscal y su Impacto en la Democracia: Una Cuestión Crucial

Escrito por Marcela Anzola

Los recientes sucesos alrededor de la elección del fiscal en Colombia plantean preguntas que van más allá de lo mediático. Es interesante que, desde su creación en  1991, la figura del Fiscal ha generado de una manera u otra polémicas e incluso enfrentamientos con el ejecutivo. Pero quizás, lo que más debate ha suscitado es el mecanismo para su elección y los correspondientes riesgos de politización asociados a ésta.

La necesidad de una elección transparente y técnica  se justifica con la idea de que el Fiscal  desempeña un papel crucial en la preservación del estado de derecho y la garantía de los derechos fundamentales. Las recientes comunicaciones de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno colombiano y la Corte Suprema  sobre la necesidad de elegir rápidamente al próximo fiscal, son reflejo de la  convicción de que la forma como  se designan y eligen los fiscales puede moldear la calidad y la legitimidad del sistema democrático en su conjunto.

Esta situación no es exclusiva de Colombia. En muchos países se argumenta comúnmente que  el proceso de selección de fiscales está sujeto a influencias políticas significativas. El caso español es un buen ejemplo de esto. Allí el Fiscal General del Estado es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Sin embargo, en la práctica este mecanismo no está blindado de influencia política, como se evidenció en el 2022, cuando luego de que renunciara la controvertida fiscal Dolores Delgado, fue elegido en su remplazo Álvaro García, quien se desempeñaba como jefe de la Secretaria Técnica. Quien, a su vez, una vez estuvo posesionado, procedió a promover a su antecesora como jefa de la Fiscalía Togada del Supremo a pesar del rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal. Hasta la fecha Álvaro García, es frecuentemente protagonista de escándalos políticos y mediáticos.

El caso de Alemania también es interesante.  El Fiscal General es nombrado por el Presidente a propuesta del Ministro Federal de Justicia, con la aprobación del Bundesrat (Parlamento). Este mecanismo, sin embargo, no está exento de crítica, debido a la cercanía entre el Poder Político y la Fiscalía. En la práctica  existe una fuerte dependencia del Fiscal respecto al Ministro de Justicia, quien puede impartirle instrucciones e incluso obligarlo a seguir sus directrices. En el 2015, por ejemplo, el Ministro de Justicia separó de su cargo al fiscal general porque había denunciado la injerencia del ministerio en una investigación contra dos periodistas acusados de revelar secretos de Estado en un blog. En los últimos años, por otra parte, también se ha acusado a la fiscalía de adoptar decisiones que favorecen a políticos y miembros del sector financiero.

En otros países, la politización en la elección puede manifestarse de varias maneras, desde la nominación directa por parte del ejecutivo hasta la elección por parte de cuerpos legislativos.  En Francia, por ejemplo, el Fiscal es nombrado por decreto del Presidente de la República oído el Consejo Superior de la Magistratura. Goza de autonomía, pero el Gobierno puede ordenar determinadas actuaciones en función de los intereses generales. Depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia.  En Estados Unidos, el Fiscal General es nominado por el Presidente y confirmado por el Senado. No es una figura autónoma, es un cargo político. Se inserta en el Gobierno como Ministro de Justicia (Secretario del Departamento de Justicia Federal).

Si bien una cierta dosis de responsabilidad políticas  en la elección de los fiscales es inevitable en cualquier sistema democrático, el exceso de influencia política plantea serias preocupaciones.

La dependencia excesiva de los fiscales ya sea de la rama ejecutiva del gobierno o del cuerpo legislativo  puede socavar su capacidad para actuar de manera imparcial y objetiva. Si un fiscal debe su posición a la voluntad política de cualquiera de estos órganos, es más probable que se sienta presionado para priorizar los intereses del partido político predominante en el poder sobre la búsqueda imparcial de la justicia. Esto puede conducir a investigaciones selectivas, persecuciones políticas y, en última instancia, erosionar la confianza del público en el sistema de justicia y socavar la separación de poderes que es fundamental para el funcionamiento de la democracia.

Además, la falta de transparencia en el proceso de selección de fiscales puede alimentar la percepción de corrupción y favoritismo, debilita la legitimidad de sus decisiones y alimenta la desconfianza en las instituciones democráticas.

En suma, para salvaguardar la independencia y la integridad del sistema de justicia, es crucial adoptar medidas que protejan la imparcialidad en la selección de fiscales. Esto podría implicar establecer procesos de nominación y selección transparentes y basados en el mérito, que minimicen la influencia política indebida. Las recientes experiencias en Colombia durante los procesos de selección de fiscales muestran la necesidad  de una reforma. Ojalá, esta sea la oportunidad para abordar una discusión seria al respecto.

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