La pildora del aborto: ¿un “litmus test” para la justicia americana?
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LA PILDORA DEL ABORTO: ¿UN “LITMUS TEST” PARA LA JUSTICIA AMERICANA?

Escrito por Marcela Anzola

Este martes 26 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos tuvo la primera audiencia en su primer caso sobre el aborto desde la anulación de la sentencia Roe versus Wade en abril del 2022. Lo que se discute es el acceso a la mifepristona, conocida también como la «píldora del aborto».

Esta droga, utilizada en combinación con el misoprostol, fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en el 2000.  En el 2016 la FDA flexibilizó algunas normas para su distribución; autorizó su prescripción hasta la décima semana de embarazo (antes era hasta la séptima); permitió que además de los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud la recetaran; y redujo de tres a sólo una las consultas previas para acceder al medicamento. Luego, durante la pandemia de COVID, el organismo autorizó las consultas en línea y el envío de las pastillas por correo. Se estima que en los Estados Unidos este medicamento ha servido para interrumpir unos 650.000 embarazos al año, casi dos tercios de todos los abortos legales en el país.

En Noviembre de 2022 un grupo de médicos antiaborto y la Alianza para la Medicina Hipocrática demandaron las medidas adoptadas por la FDA  alegando  que ésta  no había  seguido el procedimiento adecuado para la  aprobación de medicamentos. La demanda fue presentada  ante un juez en Amarillo (Texas) conocido por su oposición al aborto, quien en abril del 2023 suspendió la aprobación del medicamento. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un juez suspende la aprobación de un medicamento.

El gobierno federal y la farmacéutica  – Danco – apelaron el fallo, y la  Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos revocó la orden, pero ordenó a la FDA volver la regulación a los estándares previos al 2016.  Esta decisión quedó en suspenso, y ahora corresponde a la Corte Suprema analizar el caso.

Además de las implicaciones en materia de derechos reproductivos, este caso es de particular importancia porque pone a prueba a la Corte Suprema y a la administración de justicia americana en general, en dos aspectos esenciales: 1) su independencia e imparcialidad frente a criterios religiosos, políticos y morales y 2) su neutralidad frente a decisiones científicas adoptadas por los organismos reguladores.

Frente al primer punto, la discusión abre el debate sobre la ideologización de la justicia. La imposición de barreras legales y administrativas para restringir el acceso al medicamento con fundamento en creencias personales o partidistas sobre el aborto puede verse como una clara muestra de  falta de independencia e imparcialidad de la justicia. Lo que, además, iría en detrimento de los derechos fundamentales de las mujeres. Si los jueces permiten que se mantenga el fallo de la corte de apelaciones, la mifepristona aún estaría disponible en Estados Unidos, pero las pacientes tendrían que obtenerla en persona, no por correo, y podrían usarla solo hasta la séptima semana de embarazo, incluso en los estados donde el aborto es legal. En este contexto, es necesario reflexionar sobre el papel de la justicia y el alcance de sus competencias para regular una decisión tan íntima y personal como la de interrumpir un embarazo. ¿Pueden los jueces imponer sus sesgos morales o religiosos  a las mujeres que enfrentan esta situación?

En lo que respecta al segundo punto, este caso plantea un dilema jurídico y práctico sobre el papel de la justicia frente a la labor de las agencias reguladoras. La intervención de la Corte en un asunto que corresponde a la competencia de la FDA supone una extralimitación judicial que amenaza con socavar la independencia y credibilidad de las agencias reguladoras. La Corte no cuenta con la experiencia ni la información necesaria para emitir un fallo sobre como regular la mifepristona, y podría sentar un precedente peligroso para futuros casos en los que intente sustituir o modificar las decisiones de otras agencias reguladoras. Si la Corte estima que las restricciones a la mifepristona son arbitrarias, caprichosas o ilegales, puede revocarlas, pero no puede imponer su propia visión sobre cómo regular el medicamento. Esa es una responsabilidad que le corresponde a la FDA, que tiene la misión de proteger la salud pública y garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos.

En definitiva, el debate sobre la mifepristona trasciende el tema del aborto y plantea problemas prácticos para el ejercicio de la justicia y la separación de poderes en los Estados Unidos. Si bien corresponde a la justicia atender a las preocupaciones legítimas sobre la seguridad y la idoneidad de la regulación, también es fundamental asegurar que sus decisiones se basen en fundamentos legales y científicos, y no en sesgos ideológicos o moralistas. De lo contrario, se estaría borrando de un trazo no solo la separación de poderes que ha caracterizado el sistema americano, sino también la libertad de pensamiento tan cara al pueblo estadounidense.

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1 Comentario

Eduardo Sáenz Rovner abril 2, 2024 - 7:48 pm

Quienes fracasan en doctorados serios en el exterior terminan en el Ph.D. (sic) tutti frutti.

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