El legado de Uribe, ¿tres huevitos en un nido de serpientes? - Razón Pública
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El legado de Uribe, ¿tres huevitos en un nido de serpientes?

Escrito por Marcela Anzola

marcela anzolaHuevitos que no han sido puestos. Huevitos rotos o hueros o "enguarados". Gallinitas que no saben qué hacer. Zorros en la ventana. Corrales con agujeros… y en el cielo gavilanes.

Marcela Anzola*

Los huevitos que faltan

Quizás uno de los puntos de mayor discusión en la actual campaña fue el de mantener o no un statu quo frente al gobierno de Álvaro Uribe, y, sobre todo, qué se va a hacer con el legado que dejan los últimos ocho años de su administración. Esto, sin embargo, tiene varias implicaciones, especialmente si se tiene en cuenta que más allá de los "tres huevitos" que el Presidente[1] propone tratar con cuidado -"el huevito de la seguridad, el huevito de la confianza en la inversión, y el huevito de la política social"-, existen varios aspectos problemáticos que el próximo mandatario deberá enfrentar: el problema de gobernabilidad, el de los derechos humanos y el de la corrupción, así como algunos temas relacionados con la economía y la vida internacional del país. Del análisis de cada uno de estos temas no sólo se desprenden varias dudas sobre los éxitos del gobierno saliente, sino que, además, se plantean interrogantes sobre cuál es el candidato más idóneo para manejar la era post-Uribe.

El "huevito de la seguridad"

La lucha contra la guerrilla, así como la difícil y poco clara relación del gobierno con el paramilitarismo y el narcotráfico, han tenido resultados contradictorios. Si bien es cierto que la guerrilla ha perdido terreno, la violencia sigue presente y los vínculos del paramilitarismo y el narcotráfico con parlamentarios no sólo han afectado la gobernabilidad sino que han propiciado la violación de derechos humanos en el marco de una lucha por el territorio. Esto se ha traducido en masacres de pueblos enteros, en el desplazamiento de miles de campesinos (de acuerdo con el World Report/2010 de Human Rights Watch [HRW], la cifra asciende a más de 3 millones de personas), y en el establecimiento de prácticas de desaparición forzada y ejecuciones extralegales, conocidas con el eufemismo de "falsos positivos" (las estadísticas presumen que la cifra se acerca a más de dos mil personas).

Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en este contexto es el del papel que juegan los grupos paramilitares, a quienes se señala como los principales autores de las masacres, las desapariciones forzadas y el desplazamiento (Tabla 1). Si bien es cierto que el gobierno de Uribe adoptó una política con el objetivo de lograr la desmovilización y juzgamiento de los grupos paramilitares, ésta no ha dado los resultados esperados. En la actualidad, existe evidencia de que tales grupos se han reorganizado y de que han aparecido nuevas bandas -por ejemplo, el Comando Independiente Águilas Negras o el Bloque Arauco, conformado por desmovilizados del frente Resistencia Tayrona y por civiles- que continúan operando en el territorio nacional.

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  • Esta es apenas una muestra compuesta por información recopilada por la autora. El número de masacres reportadas oficialmente es mayor. Por ejemplo, 29 casos en 2009, 37 en el 2008 y 26 en el 2007 (Informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia)

La garantía de los derechos de propiedad sobre tierras en zonas de conflicto, y en general sobre los predios rurales, debe ser también una prioridad. No obstante, la definición de estos derechos es difícil en la medida en que no existen registros catastrales, y los derechos de propiedad no son claros. Durante décadas, la posesión de las tierras en muchos sitios ha sido más el producto del ejercicio de la fuerza que de transacciones legítimas. Casos que han salido a la luz recientemente, como el de las comunidades de Jiguamiangó y Curvaradó, donde los 'paras' desplazaron en 1997 a miles de familias negras y donde se instalaron megaproyectos de palma, son un buen ejemplo de esta situación. Adicionalmente, la dificultad para establecer los derechos de propiedad hace que la restitución o la adjudicación de propiedades a los "presuntos propietarios" se conviertan en un problema para la aplicación de leyes que tienen por objeto proteger y resarcir a las víctimas del conflicto.

Dentro del marco de la garantía a los derechos humanos se debe sumar, además, la necesidad de combatir los secuestros, tanto por motivos políticos como económicos, así como la desaparición forzada. Esta última parece haber sido una práctica común durante la última década. De acuerdo con el "Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario", 11.084 personas fueron asesinadas o desaparecidas en Colombia por causas sociopolíticas entre julio del 2002 y junio del 2006. Igualmente, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas[2], encontró que entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008 se registraron 7.763 casos, de los cuales 3.090 ocurrieron durante el año 2008.

La situación en materia de derechos humanos en Colombia lleva a la necesidad de redimensionar el huevito de la seguridad que sugiere preservar el presidente Uribe. De conformidad con lo expuesto, parecería que la "seguridad democrática" no ha sido tan "democrática", en la medida que cubre sólo a una porción de la población colombiana. El próximo Presidente deberá, por consiguiente, encontrar un equilibrio entre la lucha contra la insurgencia, los paramilitares y el narcotráfico, y la garantía de los derechos humanos, en especial la protección de las personas que se encuentran en las zonas de conflicto.

El huevito de la confianza en la inversión

En el Plan de Desarrollo 2006-2010 del actual gobierno se consagró como un objetivo principal la recuperación de la confianza en la inversión, y se argumentó que ésta era una "condición necesaria para volver a crecer y mejorar así la calidad de vida de todos los colombianos." De acuerdo con ese documento, dicho propósito se lograría a través de la Seguridad Democrática, la reactivación económica y social, y la transparencia.

Es cierto que durante el gobierno Uribe (2002-2010) la inversión extranjera directa aumentó sustantivamente con relación al cuatrienio inmediatamente anterior (Gráfico 1). Sin embargo, con la salvedad de la venta de Bavaria en el 2005, la inversión se dirigió principalmente al sector de explotación de hidrocarburos y minería (Gráfico 2).  

 

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Desde la perspectiva de la confianza inversionista, es interesante la creciente participación de la inversión en el sector de petróleo y en la explotación de minas y canteras. Una característica de las inversiones en estos sectores es que la decisión de invertir no se encuentra asociada a la confianza en el país. Los inversionistas llevan su dinero donde se encuentren localizados los yacimientos de petróleo, carbón o metales. No tienen la posibilidad de elegir entre un país u otro, atendiendo a criterios tales como la situación macroeconómica, política o social de uno u otro. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que en la actualidad existe una creciente demanda por recursos energéticos, lo lógico es que aumenten las inversiones en estos sectores.

Otra cosa ocurre con las manufacturas, los servicios, la construcción o el comercio, donde factores como la estabilidad jurídica y económica pueden tener gran influencia. En el caso colombiano, sin embargo, el crecimiento de las inversiones ha sido más bien tímido, y salvo episodios aislados, como el ya mencionado de la adquisición de Bavaria, las cifras no son altas ni se observa una tendencia definida. Además, en este caso el pago fue en acciones extranjeras, lo que equivale a que simultáneamente se hizo una inversión colombiana en el exterior por el mismo valor y sin pagar impuestos sobre las utilidades obtenidas en la venta.

De otra parte, si bien es cierto el sector de la minería ha tenido un auge reciente, este se ha visto frenado por consideraciones ambientales o por conflictos con las comunidades que se encuentran asentadas en los lugares donde se encuentran localizados los respectivos proyectos (Tabla 2).
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Fuente: EL TIEMPO. Bogotá D.C. Febrero 25, 2009, 1 secc. p. 9.

A lo anterior se suma un aspecto que poco se menciona cuando se habla de la confianza de inversión, y es el del aumento de las inversiones colombianas en el exterior. Como se ve, la salida en 2005 compensó la venta de Bavaria.

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Este fenómeno puede tener dos lecturas: de una parte puede interpretarse como un resultado del crecimiento económico y la necesidad de ampliar los mercados, y de la otra como una forma de evadir los problemas políticos o económicos del país. Un factor importante que puede contribuir a esta divergencia, es el hecho de que al no contar Colombia con acuerdos comerciales con EEUU, pueda ser interesante invertir en aquellos países que sí los tengan, con el objeto de tener acceso a ese mercado. En otras palabras, la inversión se estaría utilizando como una plataforma exportadora, lo cual sin embargo, también puede tener desventajas para Colombia: de una parte, porque implica una salida de capitales y en algunos casos un descenso en la inversión en el país con efectos sobre el empleo; y de la otra, porque implica una disminución de las exportaciones colombianas. Casos exitosos como el del Grupo Nacional de Chocolates, con 42 compañías, 20 en Colombia y 22 en el exterior, son interesantes de analizar desde esta perspectiva. Este grupo, de acuerdo con el reporte de la Revista Semana (26/04/2010, pág.168) tiene 8 plantas de producción en seis países (incluido Colombia) y distribuye directamente en 11 más. Un caso similar es el de Alpina, con operaciones en Suramérica, Estados Unidos y Europa. Aún otro más interesante: IMUSA exporta al mercado americano una gran variedad de productos manufacturados en China.

En síntesis, es importante anotar que factores como el creciente déficit fiscal (se calcula que para el 2011 equivaldrá al 3,4 por ciento del PIB), la precaria situación social y de violencia que vive el país, así como el no contar con un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y el cada vez más deteriorado comercio con Venezuela y Ecuador, podrían convertir a Colombia en un país poco atractivo para la inversión extranjera y nacional en sectores diferentes a los meramente extractivos.

Si no queremos quedarnos atados a ese tipo de inversión, la cual tiene poco impacto en el empleo calificado y el desarrollo económico, el próximo Presidente tendrá que hacer grandes esfuerzos para restablecer las relaciones comerciales con Venezuela y Ecuador, lograr la puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos, cada vez más lejano dada la grave situación en materia de derechos humanos que se vive en Colombia, y promover la apertura de nuevos mercados en un mundo en crisis económica. La tarea no es fácil. En esta materia, parece que, en lugar de cuidar el "huevito", hay que ponerlo.

El huevito de la política social

De conformidad con el Plan de Desarrollo 2006-2010 la política social se define como "… un conjunto armónico de acciones sociales que deben producir positivos impactos en el bienestar." De acuerdo con el Plan de Desarrollo, ese objetivo se cumpliría mediante el empleo de un modelo "… incluyente, tanto en términos sociales como en términos de inversión y crecimiento. Hay que proveer confianza al inversionista, y, a la vez, combatir la exclusión social…".

No obstante, de acuerdo con la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, MESEP[3] convocada por el DANE y Planeación Nacional para actualizar las cifras de pobreza y desigualdad en Colombia[4], si bien es cierto que se observa una reducción sistemática de la pobreza entre 2002 y 2009 (de 53.7 por ciento a 45,5 por ciento), esta reducción ha sido menor en el caso de la pobreza extrema o indigencia.

Es importante anotar que de acuerdo con las cifras del MESEP, más del 61,9 por ciento de la población de Colombia vive en situación de pobreza (27'058.286 personas), de las cuales 7'159.172 personas (el 16,3 por ciento de la población) soportan un estado de indigencia.

Adicionalmente, el estudio muestra que los últimos resultados de pobreza e indigencia revelan desequilibrios regionales importantes, existen diferencias no sólo entre municipios de diferentes regiones, sino también al interior de los mismos municipios, entre su zona urbana y la rural.

Si a esto se suman las altas tasas de desempleo existente (de acuerdo con el DANE, en abril del 2010 era de dos millones 668 mil personas, equivalente al 12,2 por ciento de la población económicamente activa, aunque otras fuentes estiman que es superior), y los crecientes problemas en la seguridad social (salud y pensiones), así como el ya mencionado problema de la población desplazada, se puede concluir que al igual que lo que ocurre con los otros "huevitos", no queda muy claro si lo que le queda al próximo Presidente como tarea es preservar lo que existe, o construir en realidad una política social incluyente.  

El huevito de la gobernabilidad

Quizás una de las mayores debilidades de los últimos ocho años ha sido la incapacidad del Presidente para construir gobernabilidad. La des-institucionalización interna del país por su especial modo de gobernar, los escándalos de corrupción y el deterioro de las relaciones internacionales con los países vecinos, no sólo han generado una situación de inestabilidad sino que además han deteriorado la legitimidad del gobierno.

Es cierto que uno de los mayores éxitos del presidente Uribe fue lograr acercarse como gobernante al pueblo. Su programa de Consejos Comunales semanales, donde los ministros y altos funcionarios debían rendir cuentas y adquirir compromisos precisos con ciudadanos del común, para quienes era imposible tener acceso a los mandatarios -incluso a los locales-, hizo que la ciudadanía sintiera un vínculo especial con "su" presidente. Esto, sin embargo, generó graves problemas de gobernabilidad en la medida en que los compromisos así adquiridos violaban los criterios de la debida planeación, y en muchas ocasiones generaban compromisos presupuestarios difíciles de cumplir. Los ministros se convirtieron de esa manera en un peón más de la Gran Hacienda, en la que debían obedecer órdenes, presentar resultados, y pensar poco…. Y los mandatarios locales se vieron desplazados, al ser sustituidos por el ejecutivo central aún en temas de su competencia. Para el imaginario de la población las decisiones "se toman en palacio…". El reto del próximo Presidente será cómo lograr gobernabilidad sin afectar las competencias constitucionales tanto del Ejecutivo central como local, y sin romper el vínculo con el ciudadano común.

Esta forma de relación no se restringió al Poder Ejecutivo: también el Congreso y la Rama Jurisdiccional, se vieron afectados. Mientras que con el primero tuvo algún éxito, los escándalos por parapolítica de los parlamentarios y compra de decisiones -como ocurrió en el caso de la Yidis política- han impedido que la corporación cumpla su labor. Con la rama jurisdiccional la situación tampoco ha sido fácil. Son prueba de ello, las dificultades para elegir fiscal, así como el escándalo de las "chuzadas" del DAS a miembros de la Corte Suprema, y más recientemente las amenazas a jueces que han tomado medidas en contra de funcionarios del gobierno acusados de algún delito.

El manejo de las relaciones internacionales se vio también permeado por el estilo de gobernar del Presidente. Su obsesión por derrotar a las FARC agravó la situación de las relaciones con Venezuela y Ecuador, al dejar de lado cualquier avance diplomático y preferir la acción directa, violando principios básicos del derecho internacional. Así mismo, su poco interés por entender el mundo -como se refleja en su reciente afirmación en una rueda de prensa (24/05/2010) donde dijo "no leer periódicos internacionales"- ha dado lugar a que el país no cuente con una política internacional adecuada que contrarreste las fuertes criticas de la comunidad internacional por la situación de derechos humanos en Colombia. Un ejemplo ha sido la imposibilidad del país de lograr la ratificación del TLC por parte del Congreso de los EEUU, el cual se ha negado a hacerlo hasta tanto no mejore la seguridad de sindicalistas y la situación de los derechos humanos. Por tanto, el próximo Presidente no sólo deberá emprender una labor que le permita a Colombia superar estas críticas, sino que, adicionalmente, deberá replantear la política internacional con una visión más orientada hacia el entorno internacional.

En síntesis, siguiendo el símil propuesto por Uribe, la próxima gallinita deberá sentarse a empollar varios huevitos, algunos de los cuales aún no han sido puestos. ¡Y, sin embargo deberá hacerlo en condiciones que se acercan más a los huevitos que se encuentran en un nidito de serpientes, que las de la calma que normalmente requiere esta sencilla y cristalina labor!

 

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL.M. Universidad de Heidelberg, Lic.oec.int Universidad de Konstanz, se desempeña como consultora en las áreas de comercio internacional, inversión extranjera y corrupción. 

twitter1-1@marcelaanzola

Notas de pie de página


[1] En una entrevista con la emisora Todelar de Pasto (en el Suroeste) el Presidente Uribe sostuvo: "No les cambiemos de gallina a los tres huevitos: al huevito de la seguridad, al huevito de la confianza de inversión, al huevito de la política social. Mantengámosles a estos huevitos la misma gallina, el mismo rumbo", y a continuación agregó: "Si una gallina está echada, culeca, con unos huevitos, y uno le cambia de gallina a esos huevos, es muy posible que esos huevos, en lugar de sacar los pollitos, se enguaren (dañen)".

[2] Conformada por el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas.

[3] Los reportes del MESEP se encuentran en la página WEB del Departamento de Planeación Nacional.

[4] En Colombia se considera que un hogar está en condición de pobreza cuando, estando conformado por cuatro personas, tiene ingresos inferiores a $1.100.000 mensuales. En cuanto a la indigencia (pobreza extrema), se hace referencia a los hogares que no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos; en el país se estima que su precio es de $450 mil pesos para cuatro integrantes.

 

 

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