Los procesos legales contra Trump y sus implicaciones políticas
Foto: Facebook: Donald Trump

Los procesos legales contra Trump y sus implicaciones políticas

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Donald Trump enfrenta varios juicios penales por sus actuaciones antes, durante y después de su mandato. ¿Cuáles son las consecuencias de estos procesos para él, para la democracia y para las instituciones de Estados Unidos?

Marcela Anzola*

Una araña de demandas  

Donald Trump, expresidente y actual candidato a la presidencia  de Estados Unidos, está siendo investigado en distintas instancias federales y estatales, por los siguientes casos: 

  • Fraude continuo y prácticas ilegales en negocios en Nueva York (caso estatal).

El fiscal general de Nueva York le abrió una investigación por inflar el valor de sus propiedades para obtener préstamos y beneficios fiscales. El pasado 16 de febrero, el juez Arthur Engoron condenó a Trump y le ordenó pagar 454 millones de dólares. El expresidente apeló la sentencia el 26 de febrero. El 25 de marzo, un tribunal de apelaciones decidió suspender la ejecución de la sentencia, mientras se surtía la apelación, siempre y cuando Trump realizara un pago de 175 millones de dólares. El tribunal de apelaciones escuchará los argumentos en septiembre, en las últimas semanas de la carrera presidencial.

  • Retención ilegal de documentos clasificados (caso federal).

En junio de 2023, Trump fue acusado por el fiscal especial, Jack Smith, de retener ilegalmente documentos clasificados después de dejar el cargo en enero de 2021, y de obstruir las demandas del gobierno para que los devolviera. En julio del mismo año, fue acusado de conspirar para pedirle a un miembro del personal que borrara el video de vigilancia en la propiedad y de retener un documento que, aparentemente, contenía un “plan de ataque” al Pentágono. En total, Trump enfrenta 40 cargos. El juicio estaba programado para el 20 de mayo de 2024, pero se aplazó sin que se haya fijado una nueva fecha.  

  • Interferencia electoral (caso federal).

El 1 de agosto de 2023, un gran jurado acusó a Trump en el Tribunal de Distrito de Columbia de cuatro cargos por su conducta entre noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021. La jueza federal, Tanya Chutkan, había programado que el juicio comenzara el 4 de marzo, pero suspendió el caso para que Trump pudiera seguir con su solicitud de inmunidad presidencial. El caso sobre la inmunidad fue apelado ante la Corte Suprema, y ésta escuchó los argumentos orales el 25 de abril de 2024. 

Durante la audiencia, la Corte Suprema sugirió que era probable que rechazara el reclamo de inmunidad absoluta de Trump, pero varios jueces conservadores indicaron que se podrían limitar los criterios para el caso de los expresidentes. Esto significa que Trump podría beneficiarse de una larga demora para iniciar el juicio, posiblemente más allá de las elecciones de noviembre.

  • Interferencia electoral en Georgia (caso estatal).

El expresidente y 18 copartidarios fueron acusados en agosto de 2023 de intentar cambiar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el Estado de Georgia. El presunto fraude incluye una serie de actos, incluida la llamada telefónica de Trump al secretario de estado de Georgia en enero de 2021, un esfuerzo por reemplazar a los electores presidenciales demócratas por otros que votaran por Trump, el acoso a un trabajador electoral del condado de Fulton y la copia no autorizada de datos y software de equipos electorales. 

Trump también está acusado de otros nueve cargos penales, incluida la presentación de documentos, declaraciones y escritos falsos, y una variedad de cargos de conspiración. El juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, aún no ha fijado una fecha para el juicio y parece poco probable que lo haga antes de las elecciones. 

  • Falsificación de registros internos de la compañía para ocultar pagos realizados para silenciar a una mujer con quien presuntamente sostuvo relaciones extramatrimoniales (caso estatal).

El caso se origina por el pago de 130.000 dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en 2016 para que no hiciera público que había tenido relaciones sexuales con Trump en 2006, algo que Trump niega. El pago lo hizo el abogado personal de Trump, Michael Cohen. 

Aunque el pago por guardar silencio no se encuentra penalizado, los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan alegan que Trump organizó una operación para justificar falsa e ilegalmente los reembolsos a su abogado. Para condenar al expresidente, los fiscales deben demostrar que falsificó o hizo que se ingresaran registros comerciales falsos (lo que sería un delito menor), y además que lo hizo para ocultar otro delito, lo que convierte a los cargos en delitos graves. 

La elección del jurado se llevó a cabo el 15 de abril. Trump y sus abogados pidieron aplazar el caso, descalificaron a algunos de los testigos y pidieron la destitución del juez Juan M. Merchan. Pero un tribunal de apelaciones se negó a retrasar más el juicio. Trump no testificó, aunque en varias ocasiones había dicho que lo haría. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en los otros casos, permaneció en la corte todo el día y se ausentó apenas para asistir a la graduación de la escuela secundaria de su hijo el 17 de mayo. El proceso será reanudado después del 27 de mayo. Se espera que los abogados presenten sus argumentos de clausura y que el jurado se reúna después para decidir.

Foto: Facebook: Donald Trump - Cualquiera que sea el resultado de estos juicios, seguramente Trump podrá aprovecharlo para su propio beneficio.

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Implicaciones electorales 

Es casi una certeza que la base de seguidores de Trump no va a abandonarlo ahora. La mayoría de ellos están convencidos de su inocencia y juzga los casos como una persecución política o una estrategia de los demócratas para sacarlo de la contienda electoral

Estos procesos legales podrían tener un efecto significativo en las aspiraciones políticas de Trump y de su partido. Por un lado, podrían afectar su imagen pública y a su base de apoyo, que se ha mantenido fiel pese a sus derrotas electorales y judiciales. Por otro lado, podrían limitar su capacidad de financiar y organizar una campaña electoral, e incluso, impedirle presentarse a la reelección si es condenado por algún delito grave. 

Respecto de lo primero, es casi una certeza que la base de seguidores de Trump no va a abandonarlo ahora. La mayoría de ellos están convencidos de su inocencia y juzga los casos como una persecución política o una estrategia de los demócratas para sacarlo de la contienda electoral. Sin embargo, un veredicto de culpabilidad en alguno de estos casos puede tener impacto negativo entre un grupo de electores “dudosos” que han expresado una menor disposición a apoyar a Biden y que han considerado respaldar a Trump.

En cuanto al dinero para su campaña presidencial , es evidente que Trump ha desviado fondos para pagar a sus costosísimos abogados; esto puede tener serias consecuencias cuando la carrera electoral llegue a su punto más álgido. 

Cualquiera que sea el resultado de estos juicios, seguramente Trump podrá aprovecharlo para su propio beneficio. En caso de ser absuelto o, de que en el caso penal el jurado no llegue a un acuerdo, lo interpretará como una victoria sobre el “Estado profundo”. En caso contrario, si es declarado culpable, intentará socavar la legitimidad del proceso, lo tildará de una persecución partidista para debilitar su candidatura y se presentará como un mártir del “Estado profundo”. 

Implicaciones para la democracia 

La posibilidad de que un convicto gane las elecciones presidenciales y asuma el cargo mientras esté en prisión, o aún bajo arresto domiciliario, plantea ciertas incertidumbres legales y desafíos prácticos. Por ejemplo, ¿podría ejercer el cargo o debería ser reemplazado por el vicepresidente?

Esta es la primera vez que en Estados Unidos un exmandatario, y a la vez candidato presidencial, es juzgado en varias instancias, con un alto riesgo de ser condenado a penas privativas de la libertad. Cualquiera que sea el desenlace, tendrá grandes consecuencias  para la justicia y las instituciones, así como la convivencia democrática, especialmente en un contexto tan polarizado como el actual.  

Aunque la Constitución de Estados Unidos no establece inhabilidades basadas en antecedentes penales para postularse al cargo de presidente, la posibilidad de que un convicto gane las elecciones presidenciales y asuma el cargo mientras esté en prisión, o aún bajo arresto domiciliario, plantea ciertas incertidumbres legales y desafíos prácticos. Por ejemplo, ¿podría ejercer el cargo o debería ser reemplazado por el vicepresidente?

Otro aspecto a tener en cuenta es el riesgo que representa para la separación de poderes y el balance de estos que un presidente deba estar respondiendo en juicios o apelando decisiones judiciales para poder ejercer sus funciones constitucionales. La última posibilidad, aunque puede sonar exótica, pero bastante probable tratándose de Donald Trump, y es que el candidato haga uso del poder establecido en la Constitución para indultarse a sí mismo. 

Pero quizás lo más grave es que toda esta situación es solo un reflejo de los graves problemas y debilidades actuales de la democracia americana. Estos procesos judiciales y sus repercusiones sin lugar a duda serán un factor clave para el futuro político de Estados Unidos. Su desenlace podría determinar el destino político y social del país en el mediano plazo, con graves consecuencias para la democracia y sus instituciones.

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Marcela Anzola

Escrito por:

Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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