La factura electrónica y la informalidad: el caso de Doña Segunda - Razón Pública

La factura electrónica y la informalidad: el caso de Doña Segunda

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El pasado 21 de junio se desató una polémica mediática cuando la DIAN, procedió al cierre por tres días de 19 establecimientos de comercio por no expedir factura electrónica.  A partir  del 1 de junio de 2024, la factura electrónica es obligatoria para  todos los comercios en Colombia, independientemente de su tamaño.

Entre los comercios sancionados, se encontraba, el Piqueteadero Doña Segunda, ubicado en la plaza de mercado del Barrio 12 de Octubre.  Y fue su propietaria  la que desató la polémica.  Al ser entrevistada por los medios, expresó que consideraba que esta medida era injusta: “Yo pago mis impuestos, pago todo lo que la Dian exige. Me parece que ahorita quedan 14 (se confirmó que son 15) personas sin sueldos tres días y de esas personas dependen familias con hijos”, y continuó: “Me causa mucho dolor, y no sé cómo decirlo, porque me sacan por noticias si yo no estoy haciéndole mal al gobierno, no estoy quitándole nada a nadie”.

El caso de Doña Segunda es un claro ejemplo de los problemas que plantea la informalidad, y de las tensiones que causan las políticas de formalización.

Desde hace ya varias décadas, diversos estudios han señalado que la formalización contribuye al desarrollo de los  países, ya que genera más recursos para el Estado, reduce la evasión fiscal, fomenta la inclusión financiera y social, y combate la pobreza y la desigualdad.

Sin embargo, la formalización no es un proceso sencillo ni exento de obstáculos. Algunos de los principales desafíos que enfrentan los comerciantes informales o con algún grado de informalidad, se pueden resumir así:

  • La complejidad y el costo de los trámites administrativos, legales y tributarios, que pueden ser difíciles de entender y cumplir para personas con bajos niveles de educación o acceso a la información.
  • La falta de incentivos y beneficios para formalizarse, ya que muchas veces los comerciantes perciben que el pago de impuestos y contribuciones sociales no se traduce en una mejora de los servicios públicos o la protección social.
  • La resistencia al cambio y la desconfianza hacia el Estado, que puede estar arraigada en experiencias históricas de corrupción, clientelismo o represión.
  • La competencia desleal y la presión de otros actores informales, como las mafias, los grupos armados o los propios colegas, que pueden amenazar o extorsionar a los comerciantes que intentan formalizar sus negocios.

Pero, de otra parte, permanecer en la informalidad, también acarrea perjuicios, especialmente para los pequeños comerciantes.  En primer lugar, están expuestos al riesgo de sanciones o multas, ya que pueden ser objeto de fiscalización, decomiso, clausura o penalización por parte de las autoridades competentes. En segundo lugar, los coloca en situación de vulnerabilidad y  precariedad, ya que no tienen acceso a la seguridad social, la protección laboral, el seguro de salud o la pensión de jubilación. Y, en tercer lugar, no tienen oportunidades de crecimiento y desarrollo, ya que no pueden acceder a mercados más amplios, innovar, diversificar o mejorar la calidad de sus productos o servicios. Tampoco pueden beneficiarse de las políticas públicas o de los programas de desarrollo estatales.

A pesar de que el problema se encuentra ampliamente diagnosticado, por no decir sobre-diagnosticado, es interesante que los gobiernos, con contadas excepciones, raramente implementan políticas para incentivar la formalización.   El caso de la factura electrónica en Colombia es una clara muestra de ello. La DIAN se limitó a expedir un instructivo y una aplicación en su página web para facilitar la facturación. Pero esto no fue suficiente. Casos como el de Doña Segunda, quien aparentemente tuvo dificultades para acceder a la aplicación, e incluso de entender el funcionamiento de la factura, se están presentando por doquier.

Es claro que faltó una campaña de concientización y educación en la materia, especialmente si se tiene en cuenta que la expedición de la factura electrónica implica contar con conocimientos tecnológicos, de los que carecen muchos de los pequeños comerciantes.

Se olvido, también que  es importante sensibilizar y educar a los destinatarios de la norma sobre los beneficios y obligaciones de la formalización, así como sobre sus derechos y deberes como ciudadanos. Por ejemplo, llama la atención el comentario de Doña Segunda, cuando expresa que no entiende porque está en las noticias, si ella  no está “haciéndole mal al gobierno, ni quitándole nada a nadie”. Claramente no hay una conciencia sobre la importancia de cumplir con la norma, ni de sus obligaciones como ciudadana.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta, son los costos que deben asumir los ciudadano para poder cumplir con determinadas normas. Es por esta razón que un programa de formalización debe incluir, por ejemplo, incentivos financieros y no financieros, como exenciones o reducciones fiscales, acceso a créditos, capacitación, asesoría, e infraestructura. También se podría facilitar el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos, simplificando los trámites y brindando apoyo técnico y jurídico.

En síntesis, se trata de un proceso lento que requiere de medidas creativas, como la aplicación de sanciones proporcionales y disuasivas, de modo tal que poco a poco se vaya creando una cultura del cumplimiento de las normas, sin hacer uso de la fuerza, sino mas bien promoviendo la cooperación y el diálogo entre el Estado y los ciudadanos. Solo así se podrá lograr una transformación social que beneficie tanto al Estado como a los ciudadanos, y que contribuya al desarrollo económico y social del país.

Acerca del autor

Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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Marcela Anzola

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.

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