La consulta anti-corrupción: ¿remedios eficaces o estrategia mediática? - Razón Pública
Inicio TemasPolítica y Gobierno La consulta anti-corrupción: ¿remedios eficaces o estrategia mediática?

La consulta anti-corrupción: ¿remedios eficaces o estrategia mediática?

Escrito por Marcela Anzola

Claudia López en propuesta de la campaña anticorrupción.

Marcela AnzolaLa alarma ciudadana se tradujo en más de cuatro millones de firmas. Pero el análisis de cada una de las medidas que propone esta consulta muestra que ellas no añaden nada nuevo, o servirían poco, o son irrealizables, o contraproducentes. La cosa es de más fondo.       

Marcela Anzola*

Una ciudadanía preocupada

Los planteamientos de la actual consulta popular contra la corrupción -promovida por la Alianza Verde y liderada por la senadora Claudia López- permiten resaltar algunos aspectos interesantes sobre la lucha contra la corrupción en Colombia.

El punto más positivo de este proceso consiste en expresar la preocupación de un grupo de congresistas y de muchos ciudadanos sobre un problema de muy graves consecuencias, lo cual se puede ver en el número de firmas de quienes han apoyado la iniciativa (4.312.653); esas firmas probablemente se traducirán en un alto número de votos al momento de la consulta.  

En un país donde la ciudadanía se ha caracterizado por el escepticismo y la apatía frente a los temas políticos, el entusiasmo en el proceso para recolectar firmas a través de las redes sociales, sin propaganda institucional, es una muestra clara de la urgencia de enfrentar el desafío de la corrupción.  Esto resulta muy positivo y es el primer paso en la lucha por la pulcritud en el manejo de los asuntos públicos.    

Las medidas y los problemas

Corrupción en Colombia
Corrupción en Colombia
Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

A pesar de lo anterior, no es muy seguro que las medidas propuestas, así como los sectores y acciones identificadas sean las más adecuadas. En efecto, al observar las siete medidas que enumera la consulta, se comprueba que ellas están dirigidas a tres áreas donde la corrupción es más visible: las corporaciones y servidores públicos de elección popular, la contratación pública y el manejo del presupuesto.

 

Contenido de la consulta popular

Áreas

Medidas

Corporaciones y servidores públicos de elección popular

Fijar un tope de 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes como remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios.

Rendición anual de cuentas para los congresistas y demás miembros de corporaciones, con información sobre:

  • asistencia, iniciativas, votaciones, debates,
  • gestión de intereses particulares o de lobbistas;
  • partidas e inversiones públicas gestionadas;
  • cargos públicos para los que hayan presentado candidatos.

Publicación obligatoria de las declaraciones de patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés para todos los electos mediante voto popular como requisito para posesionarse y ejercer el cargo.

Iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros.

Límite a la permanencia en las corporaciones de elección popular (máximo de 3 períodos)

Contratación publica

Eliminar los beneficios para el cumplimiento de  penas de los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública.

Autorizar la terminación de los contratos suscritos con condenados por corrupción y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin indemnización ni posibilidad de volver a contratar con el Estado.

Pliegos tipo para todas las entidades públicas y territoriales

Presupuesto

Audiencias públicas obligatorias para que la ciudadanía y los miembros de la corporación decidan sobre las prioridades y el desglose del  presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, y sobre la rendición de cuentas de la contratación y ejecución.

Fuente: adaptado por la autora

Esta clasificación conlleva varios problemas. En primer lugar, deja por fuera buena parte de la rama ejecutiva así como la totalidad del órgano jurisdiccional, los cuales han sido actores importantes en casos recientes de corrupción en el país. En segundo lugar, las medidas propuestas no son muy novedosas y en algunos casos pueden resultar polémicas o inocuas, como paso a mostrar con detalle.

  • Reducción de salarios. Esta medida no solo afectaría a los congresistas sino también a los magistrados de las altas Cortes, al Procurador, al Contralor, a los magistrados, jueces, fiscales y procuradores judiciales, entre otros funcionarios, hasta llegar tal vez a los mandos medios de todo el sector público.     
El entusiasmo es el primer paso en la lucha por la pulcritud en el manejo de los asuntos públicos.

Pero aquí importa recordar que la mejora del nivel salarial de los servidores públicos es una de las medidas más obvias y más mencionadas por los expertos para desincentivar  los pagos por soborno- o sea para combatir la corrupción-. De esta manera la reducción de salarios podría ser contraproducente- y aunque la remuneración actual de los congresistas puede ser excesiva en comparación con el ingreso medio de los colombianos- no es para nada claro que su reducción garantice un descenso en los casos de corrupción.

  • Rendición anual de cuentas y publicación de declaraciones de ingresos y patrimonio, pago de impuestos y conflictos de interés.  Sin negar la importancia de la rendición de cuentas, así como de hacer transparente y visible la información relativa al patrimonio y conducta de los elegidos, el impacto que puedan tener estas medidas en la lucha contra la corrupción es bajo si no se cuenta con los mecanismos adecuados para analizar, procesar y confirmar la veracidad de la información allí contenida. No solo se requiere de una infraestructura institucional idónea sino también de una ciudadanía instruida y organizada para ejercer las funciones de veeduría.  
  • Límite a la permanencia en las corporaciones. No se ha probado que exista una relación positiva entre el tiempo de permanencia o la posibilidad de reelección a un cargo y el aumento de los casos de corrupción.

En realidad, la reelección de un representante corrupto depende más del compromiso de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, que del sistema existente. Un servidor público que sabe que no tendrá que enfrentar una próxima elección no se preocupa por aparentar no ser un corrupto, mientras que alguien que está buscando ser reelegido probablemente se preocupa más de su reputación.

En estos casos parece que es más eficiente una ciudadanía educada y dispuesta a sancionar a los servidores públicos que no respondan a las demandas, que simplemente evitar la reelección de los mismos sin tener en cuenta su comportamiento. Una norma de este tipo acaba por sancionar y desincentivanr a los servidores eficientes, ya que no pueden pensar en proyectos de largo plazo.

  • Pliegos tipo. La idea de utilizar pliegos tipo para la contratación pública no es novedosa. Y en todo caso serviría solo para productos genéricos y claramente definidos en el mercado porque esos pliegos tipo no son aplicables a la mayor parte de las  contrataciones más sensibles a la corrupción, comenzando por las grandes obras o proyectos de  infraestructura. 

También importa mencionar que las formas de corrupción en la contratación pública son muy variadas, y en muchos casos se llevan a cabo con el cumplimiento de los requisitos legales, lo que hace muy difícil detectarlos y por supuesto sancionarlos.  

  • Audiencias públicas para decidir sobre prioridades y desglose del presupuesto de inversión.  Aunque  la participación de la ciudadanía en decisiones públicas es deseable, no es tan cierto que ella contribuya  a reducir la corrupción o que proteja mejor el interés general.

En muchos casos las decisiones trascienden los intereses puramente locales, o necesitan de criterios y ponderaciones técnicas más allá del alcance del ciudadano común. También existen tensiones objetivas entre comunidades o entre grupos de personas con intereses legítimos,  como se ven en el trazado de una carretera o en la escogencia del lugar para la construcción de una escuela. 

Pero esto no implica que la ciudadanía deba estar ausente durante la ejecución de los proyectos ni que renuncie a exigir el cumplimiento de las metas del gobierno. Su vigilancia sobre el desarrollo de las obras o tareas y sobre el balance o resultados objetivos de la administración son esenciales para la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión pública y para exigir responsabilidad política a los elegidos.    

Los riesgos

Participación ciudadana.
Participación ciudadana. 
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Sin desconocer la importancia simbólica que tienen iniciativas como la consulta anticorrupción, la lucha efectiva contra este flagelo necesita de estrategias más novedosas.

Las medidas que han venido repitiéndose desde hace por lo menos treinta años fueron poco eficaces o han dejado de serlo 

Importa recordar que las medidas que han venido repitiéndose desde hace por lo menos treinta años fueron poco eficaces o han dejado de serlo porque el contexto y las características del problema han cambiado.

Debido a la aparición de nuevos actores en la arena de lo público y la fragmentación del poder central, hay que incluir en la definición de corrupción otras conductas que tienen efectos equiparables a las que se incluyen dentro del concepto tradicional y que van en detrimento de los fines públicos. 

Los actos de corrupción no solo son aquellos que tiene contenido económico, o que se relacionan con la apropiación indebida de recursos públicos, sino todos aquellos que violen el principio de la prevalencia del interés general, el cual orienta la toma decisiones públicas.    

No tomar en cuenta estos aspectos e insistir en mantener medidas que han demostrado ser ineficaces puede agravar el escepticismo y la futura apatía de los ciudadanos.  La gente en un principio puede mostrar entusiasmo y participar en la consulta, pero una vez esta sea aprobada y sean tomadas las medidas, es necesario mostrar resultados favorables. Si esto no ocurre el efecto final sería simplemente el de agravar el problema.

Este es el riesgo que se corre cuando las iniciativas se manejan de manera poco responsable, buscando un efecto momentáneo sin considerar las consecuencias reales. ¡Ojalá este no sea el caso de la actual iniciativa!  

 

*Abogada, LL.M., Lic.Oec.Int., PhD. Se desempeña como consultora internacional en las áreas de competitividad, inversión extranjera y lucha anticorrupción. 

 

 

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies

Conoce la galería de obra gráfica de Razón Pública

Podrás adquirir obra gráfica de reconocidos artistas latinoamericanos a un excelente precio y ayudarnos a financiar este maravilloso proyecto periodístico