La polarización y los límites del poder popular

La democracia electoral goza hoy de un estatus casi metafísico. Se la invoca como última fuente de legitimidad y como garantía implícita de buen gobierno. Sin embargo, la experiencia reciente —con líderes elegidos popularmente tanto de derecha como de izquierda— sugiere una paradoja inquietante: el poder del pueblo, expresado en elecciones libres, puede producir resultados que no maximizan el bienestar colectivo.

A lo largo de las últimas décadas, diversos estudios sobre las democracias y sus sistemas electorales han puesto de manifiesto que, en la práctica, los procesos electorales distan de funcionar como mecanismos eficientes que integren de manera racional las preferencias informadas de la ciudadanía. Christopher Achen y Larry Bartels, en Democracy for Realists, por ejemplo, desmontan la idea normativa de la democracia como un sistema en el que los ciudadanos eligen gobiernos según sus programas y resultados. La evidencia sugiere lo contrario: los votantes deciden principalmente por identidades, lealtades partidarias y emociones retrospectivas, muchas veces desconectadas del desempeño real de las políticas públicas.

El votante típico no es un “ciudadano deliberativo”, sino un actor racionalmente ignorante. Dado que el costo de informarse supera con creces la probabilidad de que un voto individual sea decisivo, la mayoría recurre a atajos cognitivos. Esto no es una falla moral, sino una consecuencia lógica del diseño. 

El resultado es que la democracia electoral no selecciona necesariamente a los más competentes, sino a los más eficaces en la gestión simbólica de los conflictos presentes en cada sociedad en la que se realizan las elecciones.

Aquí entra la economía política de la polarización. En sistemas competitivos, los incentivos electorales premian la movilización intensa de minorías organizadas más que la persuasión amplia de mayorías moderadas. La polarización no es una desviación del sistema, sino un equilibrio estable. Desde la teoría de juegos, puede describirse como un dilema del prisionero entre élites políticas: ambas preferirían una competencia moderada y cooperativa, pero ninguna puede permitirse desescalar si la otra capitaliza el antagonismo. El resultado es una espiral de confrontación que maximiza los réditos electorales y minimiza el bienestar social.

Este patrón atraviesa ideologías. Líderes de derecha, elegidos con discursos de orden y eficiencia, tienden a concentrar el poder y a deslegitimar los controles institucionales en nombre del mandato popular. Líderes de izquierda, elegidos para corregir desigualdades estructurales, suelen interpretar los frenos institucionales como obstáculos antidemocráticos a la voluntad mayoritaria. En ambos casos, la lógica es plebiscitaria: la victoria electoral se convierte en una autorización para gobernar sin mediaciones.

Achen y Bartels lo dirían sin ambigüedades: las elecciones no producen gobiernos responsables en el sentido normativo clásico. Producen gobiernos legítimos en términos procedimentales, pero atrapados en incentivos que favorecen el corto plazo, la retórica y la confrontación. Desde la economía política, esto se traduce en sesgos hacia políticas visibles, beneficios concentrados y costos socializados, así como en una tendencia estructural al déficit fiscal, a la captura regulatoria y a la erosión de la confianza institucional.

Colombia, de cara al ciclo electoral de 2026, ofrece un claro ejemplo de estas dinámicas. Un calendario que concentra elecciones legislativas, consultas interpartidistas y presidenciales en pocos meses incrementa la saturación cognitiva del votante. Las elecciones y consultas, lejos de ser ejercicios puros de deliberación democrática, funcionan como juegos estratégicos de coordinación, exclusión y señalización de fuerza. La polarización se convierte en un activo: define identidades claras, reduce los costos de información y moviliza emociones. En ese contexto, prometer lo inviable es racional, porque el castigo por incumplir es difuso y diferido.

La conclusión filosófica es inevitable y necesaria. La democracia electoral es un método de autorización, no de verdad ni de optimización social. Confundir legitimidad con buen gobierno es un error conceptual con consecuencias prácticas. Defender la democracia no puede significar idealizarla, sino reconocer sus límites.

Si el poder popular ha de servir al bienestar colectivo, necesita algo más que votos: necesita instituciones que amortigüen la polarización, contrapesos que resistan el fervor mayoritario y mecanismos que eleven la calidad epistémica de la decisión pública. De lo contrario, la democracia corre el riesgo de cumplir su promesa formal —gobernar en nombre del pueblo— mientras traiciona su aspiración sustantiva: gobernar para su bienestar.