Mascotas: la frontera difusa entre seres sintientes y la familia multi-especie

En Colombia, el cariño hacia las mascotas ha dejado de ser un asunto doméstico para convertirse en un tema jurídico y filosófico de primer orden. Las más recientes decisiones de la Corte Constitucional no solo han reafirmado que los animales son seres sintientes, sino que han dado pasos concretos para que este reconocimiento tenga efectos reales a través de la ley. El ejemplo más reciente es la Ley 2473 de 2025, sancionada el 8 de julio, que modifica el artículo 687 del Código Civil y añade el numeral 17 al artículo 594 del Código General del Proceso, para declarar inembargables a los animales domésticos de compañía y a los de soporte emocional. Es decir, ni un perro ni un gato podrán ser embargados como si fueran un televisor o un carro.

No es un punto de partida aislado: la Ley 1774 de 2016 ya había reconocido a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar dolor, placer y emociones. Sin embargo, la nueva legislación y las sentencias recientes de la Corte han dado un salto cualitativo. Reconocer que los animales tienen valor propio obliga a sus cuidadores a velar por su bienestar y a evitarles sufrimientos innecesarios. También significa que el derecho colombiano empieza a romper con la vieja idea del código civil de que los animales son «bienes muebles semovientes».

Aquí se abre un dilema fascinante: ¿si aceptamos que los animales sienten, ¿pueden seguir siendo propiedad de alguien? ¿O debemos entenderlos bajo una figura de responsabilidad tutelar que se acerque más a la noción de cuidado que a la de posesión? 

La Corte ya ha admitido que los vínculos afectivos entre humanos y mascotas tienen relevancia jurídica, por ejemplo, en disputas por custodia durante un divorcio. Sin embargo, su estatus sigue siendo ambiguo: no son sujetos de derechos plenos, pero tampoco simples objetos.

Esta ambigüedad nos enfrenta a una pregunta incómoda: si para un niño o niña la presencia de un perro en casa es tan importante como la de un hermano, ¿por qué su custodia se resuelve con criterios diferentes? La respuesta, por ahora, está en que el derecho de familia no se ha adaptado plenamente a esta nueva realidad afectiva.

El riesgo de este avance jurídico no es menor. Primero, la inflación de derechos simbólicos: leyes y fallos que proclaman la dignidad animal pero que no se traducen en políticas públicas eficaces contra el maltrato, el abandono o el comercio indiscriminado. Segundo, la judicialización excesiva de las relaciones con las mascotas, que lleva a jueces a decidir sobre visitas, manutención o custodia sin un marco normativo claro, generando decisiones dispares y litigios interminables.

Pero también hay oportunidades. Reconocer a los animales como parte de la vida familiar y como seres sintientes nos obliga a reformular leyes pensadas para un mundo donde solo el ser humano era sujeto de consideración. No se trata de equiparar personas y animales, sino de entender que la justicia debe proteger a quienes, aunque no tengan voz, sí tienen capacidad de sufrir y disfrutar.

La Corte, quizás sin proponérselo, está empujando un debate  más amplio: Si los animales sienten, ¿debemos replantear no solo el trato hacia nuestras mascotas, sino también las prácticas industriales que les causan sufrimiento? ¿Es coherente hablar de propiedad sobre un ser vivo? ¿Cómo integrar plenamente a las mascotas en el derecho de familia sin trivializar la noción de familia humana? ¿Estamos preparados para asumir las implicaciones éticas, económicas y culturales de un estatus más robusto para ellos?

Responder estas preguntas exige algo más que buena voluntad: requiere un compromiso político serio para que la empatía se traduzca en acción. La Ley 2473 de 2025 es un paso importante, pero insuficiente si no se acompaña de educación ciudadana, fortalecimiento de la inspección y sanción, y programas efectivos de protección animal.

En última instancia, lo que está en juego no es solo el bienestar de perros y gatos, sino nuestra propia idea de comunidad y cuidado. Porque reconocer a las mascotas como parte de la familia es también reconocer que la justicia debe tener un lugar para todos aquellos que dependen de nuestra protección. El desafío es claro: pasar del discurso compasivo a la política efectiva, y entender que la verdadera medida de una sociedad no estará solo en cómo trata a sus humanos, sino también a sus animales.