El procurador Ordoñez: ¿Oportunismo o coherencia?
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Cómo fue elegido el actual jefe del Ministerio Público y cuáles han sido sus decisiones y sus posiciones. Controversiales sí, pero ¿partidistas?
Marcela Anzola *
Desde que en Colombia fue creada la institución de la Procuraduría, y luego de su fortalecimiento en la Constitución de 1991 al darle expresamente la categoría de un ente autónomo frente a las demás ramas del poder, ningún otro Procurador había suscitado tanta polémica como el actual.
En efecto, no sólo la manera como se llevó a cabo su elección, sino también sus decisiones e intervenciones, así como las posiciones adoptadas en ciertos casos vinculados al tema religioso, generan permanentemente la atención de los medios.
Pero quizás el punto que más ha llamado la atención de la opinión pública han sido las recientes actuaciones del Procurador en los casos de las "chuzadas del DAS" y la "Yidispolítica", donde tomó decisiones inesperadas, al menos para quienes creían que en estos casos en particular, la decisión del funcionario seguramente favorecería a las personas relacionadas con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Uribe y la elección de Ordóñez
La razón para pensar esto se basa en la idea de que la elección de Alejandro Ordóñez como Procurador había contado con el "guiño" del ex presidente Uribe.
Aunque su nombre fue propuesto por el Consejo de Estado, parece ser que Uribe le alivianó el camino a la elección cuando para conformar la terna para elegir Procurador propuso como candidato a Germán Bustillo Pereira, prefiriéndolo sobre Rodrigo Escobar Gil y Gloria Inés Vargas, quienes quizás contaban con más posibilidades de ganar la elección.
Bustillo es un abogado cartagenero que había sido magistrado del Consejo Electoral y que se desempeñaba como profesor de la Universidad Militar. Un académico, pero aparentemente sin la experiencia política que se requiere para un cargo de elección de este tipo.
Si esto favoreció o no a Alejandro Ordóñez, es difícil de determinar, ya que el otro candidato al que debía enfrentarse era Camilo Gómez, ex comisionado de Paz, y quien fue propuesto por la Corte Suprema de Justicia.
Camilo Gómez es un abogado de la Universidad Javeriana, que ha acompañado siempre al ex presidente Pastrana en su carrera política. Esto le daba la suficiente experiencia para ser un buen competidor de Alejandro Ordóñez en la campaña por la Procuraduría, sin olvidarse además de que seguramente podía contar con el apoyo conservador, o al menos del pastranismo.
Más campaña, más posibilidades
Un aspecto que pudo incidir en los resultados de la elección, y que también pone en duda la tesis del apoyo de Uribe a Ordóñez, es que este último contó con mucho más tiempo que sus dos rivales para desarrollar su campaña ante el Senado.
Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Presidente, retrasaron hasta casi el último momento la postulación de su candidato, a juicio de algunos, cada uno esperando a ver cual era el candidato del otro.
Mientras tanto, Ordóñez había tenido el suficiente tiempo para hacer el lobby requerido ante el Senado.
El resultado de esto fue que Ordóñez ganó las elecciones con un apabullante resultado.
De 85 votos obtuvo 81, y como de manera interesante comentó unos días antes de la elección El Espectador (3 de diciembre de 2008), "Ordóñez parece haber puesto de acuerdo a Gobierno y oposición"[1].
Y para corroborar esta afirmación cita a Héctor Helí Rojas, un acérrimo contradictor del gobierno quien dijo que "a mí no me gustan los candidatos que ponen de relleno en las ternas (Bustillo) y tampoco los que hacen campaña de la mano de algún ex presidente (Gómez). Hay un candidato que ha avanzado mucho, el doctor Ordóñez, quien tiene un perfil de magistrado y de pluralismo importante".
En la práctica fue así, pues tanto uribistas como la oposición votaron por Ordóñez.
En el Polo Democrático Alternativo (PDA), siete senadores dieron su voto a favor de Alejandro Ordóñez (Gustavo Petro, Jaime Dussán, Alexander López, Iván Moreno, Parmenio Cuellar, Jesús Bernal y Jorge Guevara) y sólo tres se opusieron (Jorge Enrique Robledo, Gloria Inés Ramírez, y Luis Carlos Avellaneda).
Esto desató una tormenta, y dio lugar a una comunicación del PDA en la que se lamentaba profundamente de la decisión, ya que contradecía la filosofía de ese partido pero donde, sin embargo, se dejaba constancia de que "… no afloraron en el debate indicios de corrupción ni móviles burocráticos, sino discrepancias de orden teórico…"[2].
Gustavo Petro justificó su voto en diversos medios, argumentando un compromiso temático con Ordóñez que incluía entre otros temas, derechos humanos y reivindicaciones de minorías vulnerables.
Definitivamente confesional
Una vez inició sus labores, Ordóñez empezó a tomar decisiones que en principio eran coherentes con lo que se esperaba de él.
En efecto, cuando fue postulado para el cargo algunos columnistas, entre ellos Daniel Coronell[3], lo habían criticado por su sectarismo confesional, y se recordaba, en forma anecdótica, la famosa demanda de Ordóñez contra la revista SOHO por haber hecho una representación de la Última Cena de Cristo y la Crucifixión con una modelo y varias personalidades públicas.
Por esta razón no parecieron extrañas sus primeras actuaciones en relación con el tema del aborto, dentro de las cuales sobresale la no prórroga del convenio de cooperación institucional que la Procuraduría tenía con Women's Link Worldwide, una Organización no gubernamental dirigida por Mónica Roa, la abogada que interpuso y ganó la demanda contra la penalización del aborto.
Este convenio tenía por objeto "…unir esfuerzos (entre la Procuraduría y Women's Link) para coordinar actividades que garanticen la adecuada implementación de los servicios legales de interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional…".[4]
Esa decisión confirmó los temores que se tenían de un ejercicio de la función de Procurador orientada por sus convicciones religiosas, una posición que ya había demostrado cuando fue Presidente del Consejo de Estado, ocasión en que insistió en colgar un crucifijo en el recinto donde se desarrollan las reuniones de la Sala Plena.
Posteriormente el Procurador solicitó la nulidad de la Tutela T-388 de 2009[5] de la Corte Constitucional, que le ordenó…"al Ministerio de la Protección Social así como al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que de manera pronta, constante e insistente diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos y, en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006…" (subrayado fuera de texto).
En este fallo, la Corte le urge además a estas mismas entidades para que hagan el debido seguimiento de tales campañas, con el objetivo de poder constatar su nivel de impacto y eficacia.
Agotar todo recurso
Ante el fracaso de su demanda, el Procurador simplemente optó por hacer caso omiso de lo ordenado por la sentencia y por tal razón, luego de que presentara su informe de gestión del cumplimiento de la sentencia, la Corte Constitucional encontró que no se había dado cumplimiento a la misma y expidió el Auto 327 de 2010.
Éste auto requirió a la Procuraduría General de la Nación para que cumpliera de inmediato con el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-388 de 2009 con estricta observancia de la jurisprudencia constitucional sobre objeción de conciencia en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
El Procurador, como era de esperarse, dio repuesta mediante comunicación del 1 de diciembre del presente año en la que controvierte lo ordenado por la Corte Constitucional y solicita la aclaración de algunos puntos del mencionado auto[6].
¿Control a los uribistas?
En el plano político, como ya se mencionó, la situación ha sido diferente.
En efecto, contrariamente a lo que se esperaba, su conducta más reciente se ha desviado sustancialmente de lo que suponían los analistas políticos que lo vinculaban al ex presidente Uribe, a pesar de que en un principio dio señas de favorecerlo.
Así, en marzo de 2009 procedió a cerrar los procesos disciplinarios desatados por la aprobación en el Congreso de la reelección del presidente de la República, en los que se involucraba a los entonces ministros de Protección Social, Diego Palacio, y del Interior y la Justicia, Sabas Pretelt, al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, al ex superintendente de Notariado y Registro, José Félix Lafourie, y al ex viceministro de Justicia, Hernando Angarita.
En esta ocasión Ordóñez argumentó que a lo largo de la investigación realizada por la Procuraduría no se conocieron pruebas determinantes para sancionar a los investigados por los delitos que se les imputaban.
Los hechos por los que fueron denunciados tenían que ver con haber influido sobre otro servidor público prevaliéndose de su cargo para que el último tomara una decisión; y, por ofrecimientos laborales y participación política.
Y la Corte lo investiga
Esta decisión, sin embargo, llevó a que la Corte Suprema le abriera una investigación al Procurador, por una queja interpuesta por el representante Germán Navas Talero luego de conocer el borrador del fallo que había dejado el anterior Procurador, Edgardo Maya, donde constaba la existencia de pruebas para destituir a los dos ex ministros por la entrega de dádivas a cambio del voto determinante con el que se aprobaba la reelección presidencial.
A comienzos de este año el apoyo al entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe, se vio nuevamente corroborado cuando el Procurador le solicitó a la Corte Constitucional declarar la legalidad de la ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convocó al pueblo a un referendo para reformar la Constitución Política.
La notaría de Sabas a Teodolindo
Esta situación, sin embargo, comenzó a cambiar unos meses más tarde. En mayo de 2010 el gobernador del Departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Ocampo, es destituido por la Procuraduría de su cargo e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, acusado de intervenir en política para apoyar la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Posteriormente, en agosto, el Procurador sorprende nuevamente a la opinión pública al emitir un fallo destituyendo e inhabilitando por 12 años al ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, al encontrarlo responsable de ofrecer una notaría al ex congresista Teodolindo Avendaño, para favorecer la reelección en el 2004.
El caso de Piedad Córdoba
Esta línea de acción se ve interrumpida en septiembre de 2010, cuando Ordóñez vuelve a desatar una polémica al destituir a la senadora Piedad Córdoba, opositora a Uribe, e inhabilitarla durante 18 años para ejercer cargos públicos, argumentando que las comunicaciones de la senadora Córdoba con el jefe guerrillero Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes', eran prueba suficiente para demostrar sus vínculos con la insurgencia de las FARC.
Esta decisión desató un sinnúmero de protestas desde diversas orillas, ya que se consideraba que Piedad Córdoba había desempeñado un papel trascendental en la liberación de varios secuestrados, y que por consiguiente era injusto sancionar su acercamiento a las FARC.
UIAF y DAS, la ruptura con Uribe
Pero mientras el escándalo por el caso de Córdoba todavía se encontraba al rojo vivo, en octubre la Procuraduría General de la Nación sanciona disciplinariamente a nueve servidores y ex servidores públicos del DAS, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Presidencia de la República por los hechos relacionados con la ilegalidad en los procedimientos de interceptaciones y seguimientos realizados a diferentes personalidades de la vida pública nacional.[7]
Con este fallo, el Procurador parece romper definitivamente su aparente vínculo con el ex presidente Uribe.
Ruptura que es confirmada en la comunicación de 24 de noviembre de 2010, en donde el jefe del Ministerio Público da respuesta a la afirmación del ex presidente Uribe en la que expresa que la destitución de Bernardo Moreno, impuesta por la Procuraduría, obedece a presiones de la Corte Suprema de Justicia.
En esta ocasión el Procurador le aclara a Uribe que sólo rinde obediencia a su conciencia y a la Justicia, y le exige guardar la compostura propia de un ex presidente, instándolo a abstenerse de utilizar indebidamente su calidad de ex mandatario para cuestionar, sin fundamento, la labor de la Procuraduría.
Este panorama plantea, sin embargo, varios cuestionamientos. De una parte no es claro que Ordóñez haya llegado al cargo por el apoyo exclusivo del ex presidente Uribe.
Como ya se mencionó, fue elegido casi por unanimidad y con el apoyo de diversos sectores, incluida la oposición al gobierno de ese entonces.
Las críticas que se suscitaron en su contra al momento de ser candidatizado para el cargo por el Consejo de Estado se centraban, casi de manera exclusiva, en su condición religiosa pero no en sus calidades como jurista o como persona.
Ello lleva a pensar que en cierta forma era el candidato que más reunía las condiciones para ser Procurador, además de ser el que más se identificaba con las diferentes vertientes de pensamiento existentes en ese momento en el Senado.
Si bien es cierto que está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por su primer fallo en el caso de la "Yidispolitica", no es muy claro que sus actuaciones posteriores hayan estado influenciadas por este hecho.
Por ejemplo, su actuación en el caso del ex gobernador del Valle del Cauca, en cierta forma controvertiría la hipótesis de que estaría actuando en contra del ex presidente Uribe por presiones de la Corte Suprema de Justicia, ya que este caso se da casi al mismo tiempo en el que se abre investigación en la Corte Suprema.
Es muy difícil suponer que para la época existieran presiones de la Corte Suprema.
Cabe preguntarse también si los fallos en el caso de Sabas Pretelt o en el de las "chuzadas del DAS" obedecen, como han afirmado algunos, a una actitud oportunista con el objeto de congraciarse con el actual gobierno.
Esta podría ser una posibilidad bastante plausible si las elecciones las hubiera ganado la oposición, pero tratándose de un gobierno que se presume ser de la misma corriente política del anterior, la situación no es muy clara.
Ejercicio de la autonomía
No obstante, lo que más llama la atención de los cuestionamientos que se hacen en los medios sobre cada una de las actuaciones del Procurador es el hecho de que se espere que actúe de una u otra manera, sin considerar la posibilidad de que simplemente está siguiendo lo que ordena la Constitución Política.
Es como si pareciera lógico que por el hecho de haber sido elegido con el supuesto apoyo del Presidente, estuviera ligado a éste en el ejercicio de sus funciones, sin que exista la posibilidad de una autonomía.
Aún en el caso de que hubiera sido propuesto por el Presidente de la República, el mismo proceso de elección debería ser suficientemente eficaz para garantizar la independencia del elegido.
¿Qué hace que no sea así? ¿Acaso es necesario cambiar la forma de elección del Procurador? ¿O simplemente se trata de un sesgo de nuestra cultura política que impide pensar en la posibilidad de que exista alguien capaz de actuar conforme a unos principios éticos y por eso siempre es necesario determinar cual es el interés oculto que lo mueve?
Coherente y consecuente
Lo que si es claro en este caso, independientemente de que estemos o no de acuerdo ideológicamente con su posición es que, al menos en los temas que tocan los aspectos relacionados con sus convicciones religiosas, el Procurador ha actuado de manera coherente con las mismas.
En lo político sin embargo, no hay mucha claridad sobre lo que presuntamente se esconde detrás de su conducta.
¿Se trata realmente de algún interés oculto, o simplemente de un actuar coherente con las razones y principios que parecen orientar su vida espiritual? dentro de los cuales estarían una idea de Justicia y de cumplir con el deber. Por lo pronto persisten las dudas.
* Marcela Anzola, Phd, LL.M., Lic.oec.int., abogado. Se desempeña como consultor independiente en las áreas de competitividad, comercio internacional e inversión extranjera.
@marcelaanzola
Notas de pie de página
[1] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo95801-alejandro-ordonez-casi-procurador
[2] http://www.polodemocratico.net/EL-POLO-DEMOCRATICO-ALTERNATIVO-Y,5880
[3]< http://www.semana.com/noticias-opinion/inquisidor/117290.aspx
[4] https://docs.google.com/Doc?id=dds65j36_56c8sff7fc
[5] http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-388-09.htm
[6] http://www.procuraduria.gov.co/descargas/021210oficio.pdf
[7] Se trata de Jorge Aurelio Noguera Cotes, en su condición de Director del DAS; José Miguel Narváez, en su condición de Subdirector de ese organismo; la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador; Mario Alejandro Aranguren Rincón, en su calidad de director de la Unidad de Información de Análisis Financiero UIAF; el señor Bernardo Moreno Villegas, en su condición de Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; el señor Carlos Alberto Arzayuz Guerrero, en su condición de Subdirector de Operaciones de Inteligencia; Fernando Alonso Tabares Molina, en su condición de Director General de Inteligencia; y Jorge Alberto Lagos León, en su calidad de Subdirector de Contrainteligencia; y al ex director del DAS, Andrés Mauricio Peñate Giraldo.
Acerca del autor
Marcela Anzola
* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.
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Marcela Anzola
* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL. M. de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Miami, Lic. OEC. INT. de la Universidad de Konstanz, Ph. D en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, consultora independiente.
