La evidencia lo condena, y sin embargo el proceso que se está adelantando en el Congreso podría ser la carta que le falta para su reelección. ¿Por qué?
Marcela Anzola*
Los hechos
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, anunció el pasado 24 de septiembre la apertura de una investigación formal para determinar si el presidente Trump había presionado al presidente de Ucrania (Volodymyr Zelensky) para que investigara a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden, y así debilitar la candidatura presidencial de este último.
A partir de esta fecha la Cámara de Representantes procedió a recaudar las pruebas pertinentes, primero en audiencias privadas con los posibles testigos, y posteriormente en audiencias públicas, que fueron transmitidas por las principales cadenas de televisión.
Las audiencias públicas se llevaron a cabo durante dos semanas. Allí se oyeron los testimonios de diplomáticos y funcionarios, quienes confirmaron la existencia de una conversación telefónica del pasado 25 de Julio, entre Trump y el presidente de Ucrania, en donde el primero en efecto solicita investigar a Biden y a su hijo Hunter, así como la supuesta intromisión de Ucrania en las elecciones del 2016 y en contra del entonces candidato Trump.
Igualmente, los testigos confirmaron que el gobierno de Estados Unidos había congelado 391 millones de dólares de asistencia militar a Ucrania, para hacer que este país anunciara la apertura de las investigaciones.
El presidente ha negado de manera categórica la existencia de un intercambio de favores (quid pro quo) en sus negociaciones con Ucrania.
Los trámites que siguen
El Comité de Inteligencia de la Cámara se encuentra redactando su informe, donde debe consignar los hallazgos y hacer las respectivas recomendaciones. Una vez esté listo será enviado al Comité Judicial, quien lo hará público y procederá, si lo considera necesario, a realizar nuevas audiencias.
En la etapa ante el Comité Judicial, el representante republicano Doug Collins, en concurrencia con el presidente del Comité —el demócrata Jerrold Nadler— podrá solicitar la presentación de testigos. Si su solicitud no es avalada por Nadler, deberá someterla a la votación de los miembros del Comité.
Se espera, aunque no se ha confirmado, la posible participación del presidente Trump en las audiencias. Hasta la fecha la Casa Blanca se ha negado a permitir la participación de sus funcionarios. Se limitó a entregar la transcripción de la conversación telefónica, aparentemente incompleta o censurada.
Foto: Facebook: Nancy Pelosi
Nancy Pelosi fue quien anunció la apertura del proceso contra Donald Trump.
Sin embargo, la estrategia de los demócratas ha sido la de seguir adelante para evitar que el proceso se dilate. Se argumenta que el material probatorio recaudado es suficiente para proseguir. En este mismo sentido, la estrategia del presidente del Comité de Inteligencia, por ejemplo, ha sido presionar la expedición del informe, para que se inicie lo más pronto posible la etapa ante el Comité Judicial y se proceda a la votación.
El Comité Judicial tendrá que decidir si hay suficiente evidencia para la acusación formal (el “impeachment”) y su decisión se someterá al voto de la Cámara en pleno.
La Cámara a su vez debatirá y decidirá si presenta cargos, para lo cual se requiere una mayoría simple (la mitad más uno) de sus 435 miembros. Actualmente la Cámara cuenta con 431 miembros porque hay 4 vacantes, divididos así: 234 demócratas, 197 republicanos y un representante independiente —lo cual implica que los demócratas no necesitarían apoyo de los republicanos para sacar adelante la medida—.
Si la Cámara decide acusar al presidente, el proceso continuaría en el Senado, que tiene la competencia exclusiva para llevar a cabo los juicios políticos. Una vez analizada la evidencia presentada por la Cámara, el Senado podrá archivar el proceso o proceder a un enjuiciamiento.
El archivo del proceso (“motion to dismiss”) puede ser solicitado por los abogados del presidente Trump o por el presidente del Senado (Mitch McConnell) y el presidente de las minorías, el demócrata Charles E. Schumer. El archivo requiere una votación de la mitad más uno de los miembros, es decir de 51 senadores. Actualmente el partido republicano cuenta con 53 senadores, el Demócrata con 45, y hay 2 senadores independientes. Esto lleva a pensar que la probabilidad de archivar el proceso es bastante elevada, a menos que se presente una fractura dentro del partido republicano que impida alcanzar la mayoría necesaria. Por lo pronto, los republicanos no se han expresado a favor o en contra de esta opción, al menos públicamente.
Si el proceso no se archiva, entonces se abrirá a juicio en el Senado, que será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Si se encuentra que hay mérito para el impeachment, este se someterá a votación. La aprobación del impeachment requiere de una mayoría de dos terceras partes del Senado, es decir 67 votos a favor. Esto implica que los demócratas necesitarían 22 votos adicionales para lograr la aprobación. Algo que hasta el momento parece muy poco probable.
Político y no jurídico
Aquí vale la pena resaltar que, aunque se estén analizando las posibles infracciones a la ley, desde la perspectiva de los Congresistas el elemento político prima sobre el legal.
Por eso en la historia de Estados Unidos ha sido imposible destituir a un presidente, aunque se le haya probado la comisión de posibles actos violatorios de la ley. En efecto, tanto en el caso de Andrew Johnson en 1868 como en el de Bill Clinton en 1998, el impeachement fue negado por el Senado, más por motivos de orden político que de orden legal. En el caso de Johnson, en particular, en donde faltó un voto para su destitución, se argumentó que proteger las instituciones democráticas —la voluntad popular expresada en las urnas— era más importante que sancionar las faltas del presidente.
Quizás la única excepción fue el caso Watergate, donde podría hablarse de una “destitución de facto”, ya que el presidente Nixon renunció antes de que se iniciara el procedimiento porque sabía que no contaba con los votos suficientes en el Senado para evitar la destitución. Nixon prefirió retirarse antes de someterse a ese tortuoso proceso.
Foto: Facebook:President Donald J. Trump
Desde el pasado 24 de septiembre se inició un impeachment contra Donald Trump .
Las implicaciones políticas de destituir a un mandatario que ha sido elegido por voto popular también son significativas. Para algunos, la destitución de un presidente electo podría erosionar la democracia, como se argumentó en el caso de Johnson, a pesar de que la figura se encuentre contemplada en la Constitución.
En el caso particular del impeachment contra Trump, hay un elemento político adicional. Para ser aprobado, como dije, se necesita el apoyo de 22 senadores republicanos, lo cual implicaría reconocer implícitamente que este partido ha apoyado a una persona no idónea para el cargo. Y esto tendría un costo muy alto, especialmente frente a las próximas elecciones.
El gran ganador
De otra parte, si bien es cierto, que un sector amplio de la población rechaza la figura y las políticas de Trump, también es cierto que otro gran sector sigue apoyándolo. Sus posiciones respecto de la inmigración, el aborto, el tratamiento de la población homosexual y el comercio internacional, siguen siendo un “caballito de batalla” que le permite conectarse con los electores para quienes estos son temas esenciales. Incluso hay quienes ven a Trump como un “instrumento de Dios” para que al fin se cumplan las profecías de la Biblia.
A estos electores no les importa lo que Trump haga o deje de hacer, así sus acciones sean contrarias a la ética o a la ley, porque su único interés es que el cumpla sus promesas. Por ejemplo, el nombramiento de los dos jueces en la Corte Suprema, con posiciones bastante conservadoras, es una victoria de Trump.
El partido republicano no quiere perder este electorado y por consiguiente es muy difícil que tome cualquier medida que implique una ruptura con lo que él representa.
Esto lleva a que la figura del impeachment, diseñada originalmente para proteger la democracia de acciones criminales o ilegales cometidas por funcionarios, sea imposible de aplicar en aquellos casos donde prima el juego político. Algo que Trump ha sabido manejar muy bien, presentándose ante su electorado como una víctima de sus contradictores, quienes, según él, han iniciado una cacería de brujas con fines políticos.
Al final de todo este proceso, el gran perdedor será el propio exvicepresidente Biden, quien se ha visto expuesto a acusaciones de corrupción, y no ha tenido un espacio adecuado para una defensa — quedando en el aire la sensación de que “algo pasó” —.
Como resultado, su candidatura pierde cada vez más fuerza. Y salvo que surja una figura lo suficientemente fuerte en el partido Demócrata, la reelección del presidente Trump parece asegurada.
* Abogada, LL.M., Lic.Oec.Int., PhD. Consultora internacional en las áreas de competitividad, inversión extranjera y lucha anticorrupción.
