Vladimir Montana, autor en Razón Pública

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Villeta (Colombia), julio de 2024

 

Señor, Joseph Robinette Biden Jr.

 

Distinguido señor,

Le escribo desde mi sepulcro en una pequeña aldea de tierra caliente en las cordilleras colombianas. Como presidente goberné durante dos años a las gentes de mi patria, Colombia, cargo del que fui depuesto por mi supuesta incompetencia senil. Soy un hombre nacido en el valle del río Cauca, y cuando Bolívar y su ejército nos dieron la independencia yo solo tenía 5 años de edad, por lo que hoy puedo decir que fui testigo del angustiante siglo XIX colombiano.

Como también fui elegido presidente a los 84 años me siento unido a usted, interpelando a aquellos que niegan a los ancianos gobernar en medio de su decrepitud.

Después de una vívida existencia como jurista, político y militar, quise pensar que aún con el peso de mis años, sería capaz de liderar un país en regeneración” dándole todas las bondades de mi experiencia y rectitud.  Aunque muchos consideran que llegué a la presidencia como marioneta del distinguido filólogo y reaccionario expresidente, don Miguel Antonio Caro, nunca dudé de mi férrea voluntad ni de mi inquebrantable conciencia. Gané la consulta de mi partido a un oscuro cauchero llamado Rafael Reyes, caudillo bélico y esclavista que eclipsó la imagen de Pizarro como conquistador. Triunfé sin perturbarme. Gané, pues, a pesar de mis arrugas y de las burlas, alos contradictores de mi partido llamados conservadores históricos, el día de mi elección osaban decir: “¡No, él no es histórico, sino prehistórico!”.

José María Vargas Vila, el influencer de la época y quién resultara mi más sardónico defensor y burletero, redactó muchas frases espurias para demostrar mi decadencia. Se atrevió a decir, enrostrando mi mediocridad, que dadas las circunstancias de mi estado de salud el derrocamiento daba proporciones heroicas a mi caducidad. A su parecer, yo hacía parte de la paleontología política por ser el último ejemplar de la fauna ya extinta de los doctrinarios: “una especie de marsupial, traído del dintel de otras; una Momia, cubierta de polvo venerable como las Pandectas y el Código de Justiniano; era un Jurisconsulto; inflexible como la Ley y, casi tan viejo como ella”. Harto ya de servidumbre, yo amo octogenario -cómo él señalaba- no tuve ya fuerzas ni de hacerme un monstruo. De la aventura electoral de mis últimos años ese mismo panfletario diría:

“¿Cómo declarar exento de ambiciones, ese anciano que á los ochenta y seis años de su edad, prefiere el ejercicio de la Autoridad, al goce de la tranquilidad, deja la quietud del hogar por las aventuras del Poder y aspira a poner bajo el solio, una cabeza que no debía esperar ya sino el amparo cariñoso de la Muerte? Aquella cabeza que parecía haber pensado tanto ¿no le dijo nada sobre la miseria efímera del Poder, y sobre la vileza infinita dé los hombres?…

Durante mi primer año de gobierno estalló una guerra que han llamado “de los mil días”, aunque creo más de un siglo después que aún no ha terminado.  Allí fue donde los años comenzaron a pesarme. Entiendo, señor Biden, que entre muchos otros problemas usted también enfrenta varias guerras en su vasto imperio, y aunque finja no saberlo, ello le supondrá enfrentar los mismos enemigos que yo tuve. Como primera medida debo decirle que, en medio de los disparos, tuve que cambiar la sede de gobierno lejos de la fría Bogotá y llevarla a mi finca de Villeta, cuyo benigno clima me calentaba las tibias y facilitaba los pensamientos.

Debo confesar que el frío de la capital me era insoportable, razón por la que, incluso, decidí no asistir a la posesión presidencial y permití que los primeros meses de gobierno los ejerciera el doctor y literato José Manuel Marroquín. Yo, mientras tanto, persuadí al ministro Rafael Palacios apodado “el pájaro carpintero” gracias a sus maniobras – a que cogobernara desde mi quinta mientras disfrutaba del olor de los mangos y la vista florida de los gualandayes de mayo. Palacios, como ustedes podrán suponer, se sirvió a discreción del sello de mi firma y me evitó la fatiga de estampar mi nombre con mi puño y letra en asuntos de especial trascendencia.

Por vivir en medio de una comarca tropical me tacharon de incompetente, de anciano senil, de hombre desvirolado. En medio de mi terquedad nunca puse en duda que se trataba de perjurios cuyo único fin era hacer a un lado al último representante del verdadero conservatismo e imponer el pensamiento de mi insidioso vicepresidente; ese mismo personaje, amigo Biden, que le entregó a su país ese departamento llamado Panamá. El destino quiso que Colombia pagara por mi infortunio.

En medio de la guerra, la noche del 31 de julio hace 124 años, mis antiguos copartidarios, llegaron a esta finca tropical adornada de platanales, y que yo convertí en palacio presidencial, para sacarme a empellones y reducir mi humanidad a una miserable celda. Imagine usted que, hasta mi antiguo copartidario antioqueño, Juan Pablo Gómez se atrevió a decir que yo era incapaz de conducir un país en guerra desde una finca:

A Villeta vino el señor Sanclemente en busca del mismo benéfico clima que buscó en Anapoima y en Tena, y allí fue también necesaria guarnición, y allí más que en sus anteriores moradas se dificultó la administración y escasearon órdenes y medidas que reclamaba la guerra. De repente guerrilleros audaces aíslan a Villeta con la capital de la república. Rotas las líneas telegráficas e interrumpidas las comunicaciones postales, quedó el gobierno en Villeta interceptado, secuestrado del resto del mundo. Era Villeta como una gran cárcel en que la revolución tenía encerrado al presidente de la República, custodiándolo desde la cumbre de sus montañas que la rodean. No le llegaban ni daban noticias de su situación, y era natural suponer el peligro inmediato en que estaba el señor presidente.

Aunque otros miembros del partido como Marco Fidel Suarez y Pedro Nel Ospina, futuros presidentes de la república, han demostrado en sendos escritos la gravedad del golpe de Estado que derrocó a quién gobernara desde un gallinero y un establo, lo cierto es que fui traicionado por el otrora inofensivo escritor y correligionario Marroquín. Mi decrépita presencia en el gobierno sumada a la corrupción servida en bandeja de plata por un gobierno acéfalo en manos de funcionarios oportunistas y corruptos, hicieron que dentro del partido conservador moderado yo resultara un peligro. Aún así, en medio de un comité de aduladores, me quise sostener en un poder que realmente no tuve. Con ellos resistimos en un ritual de honra que fue llevado a nivel de pedestal por el propio autor de los Césares de la Decadencia. Mi propio médico personal, Marco A. Gutiérrez, escribió con justeza: “hacéis cargo de improbidad al hombre más probo de la república”, y entre todos impedimos que una comisión médica del gobierno central pudiera examinar mi verdadero estado de salud.

El doctor Carlos Martínez Silva, líder de esos conservadores que afines a la Regeneración se percataron del peligroso carlismo de Miguel Antonio Caro, me ha dejado entender que mi terquedad bien pudo evitar la Guerra de los Mil Días. Mi presencia como supuesto jefe de gobierno debilitó la posibilidad de un acuerdo entre conservadores históricos y liberales moderados y atrofió las esperanzas de un país que en mil días rompió en fragmentos la vida de cien mil almas.

Puede que esta carta nunca será por usted leída, seguramente porque dada mi peligrosidad y porque bien supongo que debe estar como yo, rodeado por una multitud de “pájaros carpinteros” que revolotean a su alrededor; sin embargo, le pido que acepte mi generosa oferta: venga a mi finca en Villeta para que muera tranquilo, extasiado con el  olor dulce de los mangos y el rosado paisaje de los gualandayes.

Su servidor,

 

Manuel Antonio Sanclemente

Villeta (Cundinamarca), es decir: Colombia.

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Vladimir Montana

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Vladimir Montana

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

Twitter: @pathegallina Instagram: @vlamontana

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Estamos por cumplir un año de la reforma al artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, por medio del cual se declaró al campesinado como sujeto colectivo de especial protección. A la Constitución de 1991 se le debe la garantía de la diversidad cultural y étnica del país, no obstante, por razones que deben ser analizadas, no podría decirse que hubiese contribuido a saldar la enorme deuda histórica con las poblaciones campesinas. La ruralidad colombiana ha sido en efecto especialmente golpeada por el narcotráfico, el desplazamiento y los diferentes actores generadores de violencia, y sus necesidades y reivindicaciones deben ser atendidas cuanto antes para no seguir reproduciendo problemáticas cuya relevancia afecta a toda la sociedad nacional.

La importancia de esta reforma va mucho más allá de un reconocimiento simbólico pues se ordenó, al hacer del campesinado un sujeto colectivo de especial protección, implementar políticas públicas concretas tendientes a garantizar su reproducción como grupo diferenciado atendiendo que, en la ruralidad, está en gran medida la superación de las más grandes problemáticas nacionales. Este reconocimiento fue el resultado de una lucha y organización campesina, y de su convergencia con organizaciones jurídicas progresistas y ciertos sectores académicos quienes, ante todo, advirtieron la necesidad de definir, distinguir y contabilizar al campesinado de la misma manera que ocurre con otros sujetos colectivos protegidos por la Constitución. De este modo fue que se determinaron los criterios que definirán los actores beneficiarios de estos derechos preferenciales. Para contar, hay que ser contados -se dijo-.

Uno de los trabajos previos a la Reforma Constitucional tuvo que ver entonces con la conceptualización de quiénes serían esos campesinos que debían ser reconocidos como un sujeto colectivo protegido; hasta entonces, para el Estado y la sociedad nacional, los campesinos y campesinas eran una categoría literaria y folclórica que no tenía peso en las políticas públicas. La necesidad de brindar a la sociedad una conceptualización acorde con las necesidades de la Nación, por lineamiento de la Corte Constitucional, fue acometida por un grupo de prominentes especialistas de la ruralidad colombiana quienes, bajo el auspicio del ICANH, durante el segundo lustro de la década pasada y en discusión con las organizaciones campesinas, se dedicaron a pensar los lineamientos de la conceptualización del sujeto campesino en Colombia.

Vale decir que la anterior, fue una década crucial para el posicionamiento del debate en Colombia. De un lado, el movimiento social de 2013 mostró la existencia de un sector social que no estaba siendo incluido dentro del Estado Social de Derecho y por el otro, de una insurgencia campesina que sentada en la mesa de diálogo de paz reclamaba una reforma rural integral. El mundo, en paralelo, también estaba encarando el tema, y no deja de ser paradójico que solo hasta 2022 el estado colombiano suscribió el Acuerdo sobre los Derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, y que aprobó la Organización de Naciones Unidas en 2013.

Transcurrido un año de esta histórica reforma conversamos con Marta Saade (docente de la Universidad Externado y asesora del ICANH) y con Carlos Duarte (investigador del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana, Cali) quienes participaron en aquellos diálogos de conceptualización. Quisimos conocer su opinión sobre lo ocurrido durante este último año a propósito de la reforma al Artículo 64, y desde luego, también, sobre los desafíos que a propósito tendrá el Estado en los años venideros.

Marta Saade advierte que el potencial de la Reforma depende en buena medida de una integración sectorial sobre la que el actual gobierno ha dado pasos significativos; se refiere específicamente a la necesidad de generar políticas públicas intersectoriales y de llevar a las ruralidades colombianas una acción gubernamental coordinada. Las políticas públicas dirigidas al campesinado no pueden en efecto pensarse desde los diferentes ministerios de un lado, desde las diferentes escalas del poder ejecutivo llegando incluso hasta las juntas de acción comunal. Si hablamos por ejemplo de medio ambiente, es claro que una política sensata, realista y respetuosa de las comunidades y de los presupuestos públicos, debe alternar y sincronizar temas de justicia agraria, de culturas campesinas, de comercio y hasta de turismo. Por supuesto -señala Saade- estamos hablando de la arquitectura estatal que no se puede transformar de la noche a la mañana.

En medio de este enorme desafío, Saade hace notar que ya se perciben avances relacionados con el posicionamiento del campesinado como sujeto integral en los planes de desarrollo local y departamental, y que estos comienzan a estar en confluencia con la política nacional. El gobierno central, por su parte, teniendo la obligación de liderar los procesos de sinergia y aproximación interinstitucional, desde el año pasado ha venido proponiendo la construcción de propuestas comunes entre los ministerios del Interior, de Justicia, de Agricultura, el ICANH y otras instituciones cuyo objeto el liderar políticas relacionadas con la UNDROP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales). No es, pues, con más burocracia, sino con una mayor integración sectorial y una planeación suprainstitucional que se puede cumplir con lo mandatado en el Artículo 64. Aún, campesinos y campesinas se quejan, en cuanto a las intervenciones estatales, de trámites engorrosos y falta de coordinación institucional.

Para Duarte el proyecto de reingeniería ya se está dando, y el hecho de estar en la Constitución no es un asunto menor. Se requiere sin embargo la implementación de diferentes herramientas como la construcción del trazador presupuestal campesino por parte del DNP. Existe por demás un artículo del PND del gobierno Iván Duque que, al no ser derogado tiene vigencia y bien podría aplicarse todavía. Hablamos del Artículo 253, que nunca fue aplicado, pero que resultaría útil al ordenar al Estado la construcción de una política pública para la población campesina.

Aunque existen muchos pendientes aún, como el derecho a las semillas, a la tierra, a la territorialidad, mercados asegurados, hay políticas que vienen andando. En el campo cultural hay ya planteadas estrategias que buscan coadyuvar a la reproducción del modo de vida y los oficios campesinos y rurales; la Agencia de Desarrollo Rural, por su parte, trabaja en la implementación de una política de participación y asociatividad. La aprobación en el Congreso de una justicia agraria donde los tomadores de decisiones, al tener una formación específica, ayudará sin duda y de manera competente a la solución de litigios históricos del mundo campesino. No se puede pasar por alto, finalmente, que uno de los énfasis del espíritu de la reforma a la salud fue llevar ese derecho a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos, y que en buena medida son sociedades campesinas. La reforma pensional, y ojalá no la tumben por vicios de trámite, incluyó un artículo en el que se contempla una edad de jubilación más temprana para indígenas, campesinos e indígenas.

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Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

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La Constituyente Universitaria, a diferencia de la ininteligible propuesta de poder constituyente popular que propone el gobierno, es una necesidad impostergable para un país que no encuentra salidas para diferentes problemas que -parece- le ganaron la batalla: corrupción, mesianismo e ignorancia. Hoy en día se elige mayoritariamente desde el desconocimiento de del funcionamiento del sistema político en asuntos esenciales como la importancia de la separación de poderes, la responsabilidad en la toma de decisiones o la ausencia de curiosidad por información verídica. Estamos gobernados, en efecto, desde la ignorancia y el temor al otro, como dan cuenta las recientes elecciones europeas y advenimiento de la extrema derecha.

Esta crisis de la democracia falsamente ha sido leída a través de la vacía idea de una “polarización”; un concepto tan pando y molesto como intrascendente al momento de reflexionar el efecto que ha tenido la “revolución de la información” en la democracia liberal. Hoy no padecemos solamente la imposición ideológica de los partidos y sus medios prepago que logran la inserción de “un tombo en la cabeza” como diría Althusser, sino la implantación de cualquier pensamiento banal fundado en la sola necesidad de deconstruir e incluso deshumanizar al diferente. Y así, bajo esa lógica, es que la gente piensa, vota, elige, insulta e incluso asesina tal como ocurre justo -mientras yo escribo y usted lee- en el Holocausto Palestino. A la situación de hoy en el Medio Oriente se llegó, no lo olvidemos, gracias a los instrumentos democráticos liberales.

Esta situación no tiene que ver, pues, con la tan mencionada polarización sino con una crisis de la noción misma de la democracia tal como la conocemos. Recordemos a Rancière y otros varios cuando nos señalan que no estamos en medio de un sistema político basado en el démos (pueblo) sino en el okhlos: “turbulencia infinita de esas colecciones de individuos siempre diferentes de sí mismos, que viven en la intermitencia entre el deseo y el desgarramiento de la pasión”. Vivimos, pues, en una oclocracia bajo el galimatías de un sistema político “democrático” basado en el interés, el individualismo, la pasión y la mentira.

En medio de este escenario, si pensamos que La Universidad es un espacio de experimentación y debate de la realidad de nuestro espacio-tiempo, se entiende que sea necesario e impostergable llevar a cabo ejercicios de reconstrucción democrática que superen el calamitoso enfrentamiento de dos “chichoneras” cada vez más radicalizadas. Es necesario pensar en sistemas de organización que puedan concebir variables diferentes al voto sectario y universal, o a una aristocracia (o rosca académica) que se concibe como el mejor mal necesario y por ello se atornilla en los lugares de decisión. La necesidad de un giro en la forma de entender la participación en política es, entonces, una responsabilidad histórica. Y así, una elección de Múnera sin transformar el sistema será sin duda un fracaso peor que el previsible retorno de Peña.

La construcción práctica de alternativas de gobierno y de gobernanza deben ser bienvenidas y alentadas, y no hay por qué pensar que La Universidad deba sustraerse de ese deber y función social. Por ello existe la autonomía universitaria. Me parecía muy curioso escuchar a Francisco Cajiao decir que La Universidad era un patrimonio de todos los colombianos, que se sufragaba con nuestros impuestos, y que una minoría no tenía derecho a reconstituirla; aun así, hablaba sin sonrojarse de la tan mencionada “autonomía universitaria”. Otros la extrañan, a sabiendas que hasta ahora es poco lo que existe de ella, cuando los gobiernos siempre han impuesto mayorías en los consejos superiores universitarios.

Pero incluso en la crisis tenemos varios acuerdos. En medio de nuestras protuberantes contradicciones, tanto los que apoyamos la elección de Leopoldo Múnera y la necesidad de un replanteamiento de la democracia universitaria, como los que suponen legítimo el ardid por medio del cual Ismael Peña resultó electo, creemos que una elección popular de rector es inconveniente. Elegir por mayoría y silbatinas a las directivas de las instituciones educativas traería (de manera más dramática) a los campus universitarios, los males que afligen hoy al sistema electorero colombiano; compra de votos, nepotismo, corrupción y, entre mil problemas, demagogia partidista.

Pero riesgo de votaciones directas y las problemáticas que le sobrevendrían, y que son el caballo de batalla del exrector Moisés Wasserman, no es una excusa, sin embargo, para inventarse un sistema electoral oscuro como el que sacó de la manga el exrector Mantilla para impedir una correspondencia entre elección y mayorías reales. En esto tenemos diferencias muy concretas.

La actual crisis de La Universidad Nacional, por su naturaleza misma, es entonces una expresión latente de la crisis de la democracia colombiana; no es un asunto menor ni endógeno al campus de la “Ciudad Blanca”. Hablamos empero de una crisis que, al estar en medio de una escala particular y un contexto de natural beligerancia, bien puede facilitar su propia “reconstitución. Esto le debe interesar a un país cuyas instituciones están corrompidas hasta el tuétano, y no parecen haber más alternativas plausibles de mejoría. Es allí donde se entiende la necesidad de pensar laboratorios que ayuden a pensar desde la práctica en la construcción de democracia más allá de unas votaciones y el sofisma de las mayorías.

Ahora bien, una constituyente, en su necesidad de re-constituir, entraña necesariamente riesgos; evidentemente. Lo pudimos ver en Chile, donde el radicalismo generó pánico en una sociedad incluso más conservadora que la colombiana. Y aunque la comunidad universitaria de hoy tiene características muy diferentes a la del sectarismo comunista de los años 70’s y 80’s, y que por cierto hubiese hecho agua cualquier tentativa re-constitutiva, es preciso admitir que la actual es una generación muy influida por una radical corrección política que en muchos sentidos termina imbuida en un moralismo que impide ponderaciones o matices. Discusiones muy pertinentes y necesarias podrían así pues terminar en un diálogo de sordos alentado por el miedo innegable a la cancelación por cuenta de una paranoia colectiva que observa por doquier dinámicas de violencia simbólica. La emergencia de nuevos dogmas generaría otro remedo de democracia, o peor aún.

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Un supuesto concepto a nombre de la Academia Colombiana de Historia, que sería publicado en su próximo número del Boletín de Historia y Antigüedades iría en contra de una sentencia de la Corte Constitucional de 2017, que despeja el camino legal para lograr la repatriación del patrimonio cultural de 122 piezas Quimbaya que se encuentran en el Museo de las Américas de Madrid. La noticia del supuesto concepto la da el ultraderechista diario ABC, y titula de manera tendenciosa y sin justificar: “La Academia Colombiana de Historia califica de «despropósito» pedir la devolución del tesoro Quimbaya y recomienda a Bogotá dejar de lamentarse y emprender nuevos trabajos arqueológicos”.

Vale decir que el supuesto pronunciamiento no existe, y aunque se publique en el Boletín de Historia y Antigüedades, por tratarse este de una publicación académica, sus contenidos no fijan necesariamente una visión institucional. La Academia, de hecho, no podría que dicha posición sea una visión oficial y de esta manera se oponga a una política gubernamental legitimada con antelación por la Corte Constitucional. Del supuesto pronunciamiento llama la atención que el contenido “se filtró” a “Euronews” y a partir de allí ha sido replicado como cierto en diferentes periódicos de derechas que lo tratan como una bofetada de los historiadores colombianos a la pretensión de repatriación de la colección Quimbaya.

Lo que quizás no se ha ventilado es que el supuesto concepto de la ACH cae como anillo al dedo en una etapa crucial de discusiones a propósito de la pretensión colombiana de repatriar su patrimonio arqueológico.  El mismo periódico ABC, y el mismo “periodista”, en otro texto publicado de manera paralela, señala que esta semana el ministro de Cultura español, Ernest Urtasum, estaría obligado a dar una opinión en el parlamento sobre la intensión colombiana de repatriar dicho patrimonio.  Urtasum, es un político de izquierda que retóricamente ha mencionado la necesidad de descolonizar los museos; una reivindicación que se da en medio del debate por el retorno de la Guernica al País Vasco y por la necesidad española de recuperar el patrimonio que fue expoliado durante la invasión francesa y que hoy se encuentra en museos británicos.

Y es que buena parte de la opinión pública española critica a Urtasum por sus posiciones frente a la entrega del patrimonio obtenido en América a plomo y fuego. El debate de esta semana nos resulta entonces bien interesante, además, porque se viene cocinando la fábula de un cambiazo del tesoro Quimbaya por el premio gordo (el galeón San José) sobre el cual España también tiene pretensiones.

¿Qué dice esa prensa reaccionaria a la petición colombiana? Asumen tener el sartén por el mango, aduciendo que la tenencia española sobre el tesoro no estuvo mediada por una expoliación en el marco de la “conquista” (invasión) española. Haciendo eco a varios sectores tradicionales, señalan que fue un obsequio de buena voluntad del gobierno colombiano a las gestiones de la reina en la delimitación fronteriza con Venezuela.

En este punto entra la figura de Carlos Holguín Mallarino, expresidente que se tomó las atribuciones de “regalar” el Tesoro Quimbaya soslayando además ciertos requisitos legales de la época que ya han sido abordados por la Corte Constitucional de Colombia

«Para la época en que el Gobierno colombiano entregó las referidas piezas al Reino de España, regía -sin modificación alguna- la Constitución Política de la República de Colombia de 1886. La enajenación de bienes nacionales sólo procedía por iniciativa del Gobierno y debía ser autorizada por el Congreso de la República mediante una ley. Dicha Corporación legislativa también estaba limitada por prohibiciones constitucionales, según las cuales, ninguna persona o entidad podía recibir gratificaciones o erogaciones, salvo para satisfacer créditos, derechos reconocidos o estimular o apoyar empresas útiles o beneficios. Esta disposición, además, está presente en el ordenamiento jurídico colombiano desde la primera Constitución Nacional adoptada en Cúcuta en 1821.»

Holguín Mallarino fue uno de los fundadores de la hegemonía española que bajo el nombre de “regeneración” gobernó a Colombia durante 40 años. Hablamos de un período que devolvió la educación a la Iglesia, contuvo sustancialmente la libertad de prensa y, entre otros favores, retornó a España el honor de haber invadido estas tierras a sangre y fuego gracias a la acción de la cruz, el idioma y la espada. Holguín Mallarino, pariente del conservador Miguel Antonio Caro, y descendiente de una familia minera y esclavista del Chocó, fue de hecho nombrado por Rafael Núñez para reestablecer las relaciones diplomáticas con España, cuyo gobierno, hasta principios de la década de los años 80’s del siglo XIX se negaba a reconocer a este país como una nación independiente.

El trabajo de Holguín Mallarino trajo sus réditos, lo cual a decir verdad no resultaba muy difícil en tiempos en que España perdía sus últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y necesitaba aliados en el escenario diplomático que se avecinaba. Así pues, en medio de esa regeneración, Holguín coadyuvó a la firma del “tratado de amistad” entre España y Estados Unidos de Colombia el 30 de enero de 1881. La importancia del “restablecimiento” de relaciones entre las dos naciones luego se vería complementado con el Tratado Arosemena-Guzmán firmado entre Colombia y Venezuela, a través del cual, algunos meses después, se acordó que sería el monarca español el árbitro en la delimitación fronteriza entre estos dos países vecinos. Nuestro personaje saldría a flote nuevamente en 1885 cuando, ante la muerte del rey, firmaría un nuevo acuerdo con el cual se le delegó la función del arbitraje al gobierno español o a su representante. En consecuencia, fue nombrada para tal fin la reina consorte María Christina von Österreich quien, en 1891, y sin mayor preparación diplomática o histórica, tuvo que ser la cabeza de un arbitraje que, finalmente, tuvo que ser definido por el poder detrás del poder: los ministros Canoas y Sagasta.

Es difícil establecer las razones que tuvo el poderoso general venezolano Antonio Guzmán Blanco, tres veces presidente de Venezuela, para aceptar el laudo arbitral español. Holguín Mallarino y su cuñado Miguel Antonio Caro eran dos reconocidos hispanistas, y los principales de una regeneración del pasado español y de su legado cultural. Guzmán Blanco, por el contrario, abrazaba de manera entrañable tanto a la cultura como al gobierno francés, y eran bastante sabidas tanto sus diferencias con la iglesia católica como su culto exaltado a la figura de Bolívar, el mayor enemigo de la España colonial, poniéndole incluso su nombre a la moneda nacional venezolana.

¿Al margen de una deleznable lambonería, uno se pregunta por qué Holguín tendría que darle ese regalo a una mediación diplomática que estaba irrigada en diferentes intereses geopolíticos? ¿Fue una simple genuflexión al pasado colonial por parte de tan regalado presidente? La opinión de los venezolanos no está, sin embargo, tan convencida, y varios historiadores tienen dudas en la motivación de la entrega de tamañas dádivas y lisonjas a una jueza que, en apariencia, habría fallado con total neutralidad. En todo caso, con cinismo el mismo Holguín manifestaba en el Congreso:

“Se ha enviado a Madrid la colección más completa y rica en objetos de oro que habrá en América, muestra del mayor grado de adelanto que alcanzaron los primitivos moradores de nuestra patria. La hice comprar con ánimo de exhibirla en las exposiciones de Madrid y Chicago y obsequiársela al gobierno español para un museo de su capital, como testimonio de nuestro agradecimiento por el gran trabajo que se tomó en el estudio de nuestra cuestión de límites con Venezuela y la liberalidad con que hizo todos los gastos que tal estudio requería. Como obra de arte y reliquia de una civilización muerta, esta colección es de un valor inapreciable.»

Al parecer, salvo varios historiadores venezolanos que hilan demasiado fino e incluso hablan de negociaciones en paños menores, a ciencia cierta nadie tiene pruebas de algún contubernio que relacione el regalo con la posición de la Corona española en el diferendo limítrofe. Ahora bien, decidir si el acuerdo benefició o no a Colombia es un tema que no concierne en este momento, sobre todo porque estamos hablando de una cartografía imaginaria sobre territorios que estuvieron siempre en la periferia de ambas naciones. Es claro, sin embargo, que Holguín Mallarino, ya siendo presidente y habiendo gestado el arbitraje español desde la década pasada en su calidad de ministro, realizó varias maromas para dejar ilegalmente el tesoro en España y en otros lugares de Europa y Estados Unidos.

La colección Quimbaya, en efecto, salió del país para ser presentado en las exposiciones de Chicago y Madrid, y allí lo de las piezas de reina resultan el menor de los problemas. Es incuestionable que no todo el tesoro terminó en las manos de la Corona, sino que -aparentemente- una parte quedó en el Field Museum de Chicago y en el Smithsonian para la Exposición Universal de 1893 que gestionó en el mismo paquete el expresidente Holguín Mallarino; al parecer, otras piezas terminaron en colecciones privadas de Europa, principalmente de Alemania. Jaime Lopera, presidente de la Academia de Historia del Quindío expresaba al diario El Tiempo en 2016 que:

«En Estados Unidos hay 74 piezas que llegaron en 1893 al Field Museum de Chicago para la Exposición Mundial de 1893. Al parecer, los objetos no permanecen expuestos, sino almacenados en las bodegas del museo. Pese a que hace un par de años la Academia envió cartas a dicho museo, estas nunca fueron respondidas. Además de las 196 piezas que permanecen en España y Estados Unidos, la Academia de Historia del Quindío tiene indicios de que en Alemania y en algunas colecciones privadas estarían las 237 restantes.»

El asunto de la colección Quimbaya debe verse más allá de un regalo espurio a una reina, y la ilegitimidad de la operación puede complementarse con el destino que tuvo el resto de la colección. Lo de la reina puede o no creerse, pero al menos existe una versión, pero, ¿y lo ocurrido con el patrimonio restante? El proceso que surtió efecto en la Corte Constitucional señala que la colección estaba conformada por 433 piezas que entre Holguín y su ministro y futuro presidente Marco Fidel Suárez le compraron al guaquero Fabio Lozano. Se tiene entonces que, si fueron 122 las piezas regaladas a la reina, no tenemos más noticia de patrimonio restante ¿Qué ocurrió con aquellas piezas que no fueron -de cualquier forma- salvaguardadas en el Museo de las Américas, gracias a la intervención del Bendix Koppel?, de quién se dijo: “había sugerido a Carlos Holguín que la donación del “Tesoro Quimbaya” a la Reina Cristina de Habsburgo debería ser destinada expresamente a un museo arqueológico para que la colección no corriera el riesgo de dispersarse entre los miembros de la corte española”.

De lo anterior queda claro que la intervención del presidente Carlos Holguín no solo fue ilegítima, sino que hoy en día genera dudas sobre sus motivaciones reales, más allá que adular a una dama acartonada. ¿Qué ocurrió con el resto de la colección y qué beneficios tuvo Colombia o el mismo Holguín al dejarlas desperdigadas a la merced de traficantes y cazadores de tesoros? Ojalá sus aristocráticos descendientes pudieran darnos alguna pista.

Adenda. Conviene que la Academia Colombiana de Historia publique o desmienta la existencia del mencionado concepto, y que está siendo utilizado de manera eficiente por la prensa conservadora española. Urge, esta semana, que dicho comunicado llegue y que se desmienta (o no) la publicación del supuesto contenido. Y si se trata de un artículo académico que no supone una posición institucional, sería grato igualmente saberlo y conocerlo para comenzar a debatirlo.

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Vladimir Montana

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Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

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A principios de este mes de mayo fue destruido el pictograma más representativo de Soacha, convertido, desde hace décadas, en el símbolo por excelencia del municipio. No se trató de un vandalismo inspirado por la ignorancia; aquella que lleva a que se conjuren amores en la piedra, a que se eternicen trivialidades o  que a se demarquen las territorialidades de las “tribus” urbanas. En este caso, el pictograma fue bañado en pintura negra, chorreado de ignominia y devastado, como se hacía en tiempos de la invasión española; tiempos en que se profanaron los templos indígenas a punta de fuego y conjuros cristianos. Así, de manera semejante a las empresas de arrasamiento simbólico del pasado, esta pintura milenaria fue destruida para que no quedara de ella ni la esperanza de aplicarle algún proceso de restauración.

El Dios Varón, como se le llamaba a este pictograma, es la figura tutelar de una simbología municipal resignificada hace pocas décadas. Ello lo determinó algún profesional de la representación, convirtiéndolo en un referente contingente de la simbología local. Así pues, lo que estaba allá pintado en lo alto de la montaña cuando ni siquiera existía el municipio, se tornó el referente de una cosmogonía imaginaria que le define -incluso- como origen etimológico de la voz Soacha.  “De acuerdo a las raíces lingüísticas chibchas [se lee en la página oficial del municipio] el nombre Soacha se divide en dos partes: SUA que significa sol y CHA que significa varón por lo que es LA CIUDAD DEL DIOS VARÓN”. La construcción de este personaje mítico dentro de la cosmogonía civil del municipio es tan importante que ocupa el primer verso del himno del municipio y da nombre incluso a la Orden Dios Varón, una condecoración que se entrega a personas naturales o jurídicas que eventualmente hacen obras en favor del pueblo. Este atentado actuó, entonces, contra el principal símbolo de una municipalidad y le desterró de su dimensión física.

La devastación del pictograma manifiesta una violencia simbólica de enormes repercusiones y pone en alto relieve las complejidades que, en el contexto colombiano, tiene la protección del patrimonio cultural. Nos alerta por supuesto sobre la incomodidad que puede generar el patrimonio cultural a determinados procesos de expansión urbana o minera (algo ya conocido) pero también del uso y abuso de la normatividad existente para beneficiar el deterioro mismo del patrimonio.

Quizás debamos empezar a llamar las cosas por su nombre. Al preguntarme si acaso usar la palabra “profanación” era pertinente o a lo sumo exagerado para referir el arrasamiento de una pintura rupestre de cientos de años de antigüedad ubicada en la zona alta de la vereda Panamá, en el barrio Altos de la Florida, la respuesta fue un sí rotundo. Se trató de una profanación, sobre todo si se tiene en cuenta que no fue un hecho aislado producto de la ignorancia, sino que se desarrolló de la mano de un entramado criminal que ha comprendido la importancia política de entablar una guerra contra las imágenes. La ruina del Dios Varón nos pone frente a la problemática de un proyecto urbanístico en donde han reinado organizaciones al margen de la ley que entienden, o al menos intuyen, la importancia de los bienes simbólicos y la necesidad de atentar contra ellos haciendo que simbólicamente esos mismos atentados resulten en su beneficio.

Vale decir que el territorio que rodea la profanación del Dios Varón está repleto de canteras de donde se extrae de manera legal e ilegal insumos para la construcción. Desde hace un lustro ya se veían piedras cercenadas a punta de maceta para suplir materiales de construcción en una de las zonas más alejadas del municipio. Esta profanación no debe confundirse, sin embargo, a la vandalización que normalmente se acomete sobre los bienes de interés cultural a través de grafitis u otras intervenciones y que, si bien son deleznables, no pueden considerarse parte de una empresa criminal.

El contexto de la destrucción del Dios Varón debe relacionarse con el accionar de  unos “tierreros” que fue puesto en evidencia desde 2022, cuando el mismo alcalde Juan Carlos Saldarriaga alertó que “tierreros están destruyendo rocas, dividiendo el terreno para venderlo por lotes y abriendo vías clandestinas para acceder a zonas ambientales reservadas”. Hasta hace algunas décadas, la ampliación de la frontera urbana en las periferias, como es bien sabido, sobre todo en las zonas más escarpadas, históricamente se había efectuado a través de ocupaciones ilegales que se iban instalando de manera autárquica sin ninguna mediación civil o comercial. Diferente a estos procesos de ocupación espontánea, las invasiones promovidas por los tierreros han desarrollado unas organizaciones inmobiliarias que talan árboles, despejan piedras, construyen vías y comienzan la documentación de procesos de ocupación ilegal a cambio de “contribuciones” que tienen mucho en común con el sistema tributario propio de las estructuras mafiosas.

La profanación del Dios Varón de Soacha es peculiar, entonces, tanto por la saña de los perpetradores, como por las acciones de la administración local  para proteger este bien patrimonial. El fatal desenlace ya había sido previsto por diferentes medios de comunicación local y la alcaldía misma en 2022 ordenó la destrucción de vías ilegales que amenazaban la ampliación urbana en dirección del mencionado bien cultural. Del mismo modo se le incluyó en un plan de manejo arqueológico que no llegó más allá del papel, y que contrariamente a sus intenciones, pudo alertar a quienes agenciaron su destrucción antes que se pudiera implementar cualquier acción real de manejo.

Cómo puede verse, el anuncio de una eventual (y teórica) acción de protección alertó a los perpetradores y puso en marcha la acción criminal. La pregunta emergente es ¿cómo proteger estos bienes si el sólo anuncio de su protección acelera su propia devastación? Diego Martínez Celis, gestor de patrimonio arqueológico y destacado conocedor del arte rupestre prehispánico del Altiplano Cundiboyacense, señala que en la actualidad la ambigüedad legal hace muy difícil a las instituciones la protección de las áreas de interés cultural que se encuentran en propiedades privadas. Hablamos de todos aquellos Bienes Inmuebles de Interés Cultural (BIC) de carácter arqueológico (pinturas, monolitos, abrigos rocosos) que se encuentran dentro de predios particulares, y cuya protección depende exclusivamente de la voluntad o (no) de los propietarios sin que haya algún tipo de incentivo para su protección. Sería preciso otorgar beneficios tributarios o algún tipo de oportunidad particular a aquellos propietarios o vecinos que decidan apropiarse y proteger los bienes de interés cultural -señala Martínez Celis-. Sin embargo, como se puede observar en el caso del Dios Varón el asunto es más complejo, pues no se refiere a la protección contra el vandalismo o el deterioro por causas naturales, sino que implica la acción de empresas criminales (legales e ilegales) que se topan con el «estorbo» del patrimonio.

Resulta entonces necesario coadyuvar a la construcción de una normatividad mucho más específica en lo relativo a bienes inmuebles de carácter arqueológico, promoviendo una preservación y apropiación patrimonial de hecho. La legislación debe entonces prever este tipo de arrasamientos por fuera de la concepción del vandalismo, entendiendo que los bienes de interés cultural normalmente se encuentran amenazados por intereses particulares que están fuera de la legalidad, incluso al interior de firmas legales. Estamos ante una situación semejante a la que ocurre con las quemas de las áreas naturales protegidas provocadas por la expansión ganadera que han entendido cómo, ante normatividades proteccionistas, encuentran que lo más sencillo para el cumplimiento de sus objetivos es eliminar el bien protegido de la faz de la tierra. Los bienes de interés cultural y natural deben ser entonces protegidos, incluso en medio de su infausta desaparición, lo que permitiría eliminar la posibilidad de convertir la devastación fáctica en una paradójica estrategia de legalización de su propia destrucción.

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Vladimir Montana

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Vladimir Montana

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

Twitter: @pathegallina Instagram: @vlamontana

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La marcha del pasado domingo 21 de abril en contra del gobierno de Gustavo Petro demuestra la incuestionable capacidad de movilización de la derecha colombiana, no obstante, más que el comienzo del fin del gobierno, es la puesta en escena de una recurrente estrategia política de posicionamiento del pensamiento conservador que resulta inédita en el contexto latinoamericano. A continuación, en pocas líneas, intentaré llevar a cabo un somero recuento de la ya amplia tradición de las marchas de la reacción en Colombia en los últimos 30 años que, detectando momentos estratégicos muy precisos de sensibilización y miedo, logran posicionar una agenda muy estructurada de cara al poder.

El primer antecedente lo encontramos en las marchas contra el secuestro de 1996, desatadas en medio del caótico y corrupto gobierno de Samper, por cuenta del influjo de narcos en su campaña presidencial. Luego del abatimiento de los carteles de Cali y Medellín, en medio de un enorme crecimiento militar de la guerra de posiciones por parte de las Farc, la sociedad buscó (y no tardó en encontrar) al “nuevo peor enemigo del país”.

En aquel entonces Francisco Santos se había constituido en el sobreviviente más famoso de Pablo Escobar, imponiendo una agenda contra la violencia de la guerrilla, que hacía poco caso al enorme drama que estaban generando los paramilitares entre campesinos, indígenas, afros y defensores de derechos humanos. La Marcha Contra el Secuestro de 1996, aunque contó con la participación de diversos movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos que de manera diáfana protestaron contra esta atroz práctica, tuvo miles de participantes que soslayaron de manera explícita la consolidación de grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, la conformación de las Convivir, el desplazamiento forzado en Urabá o la masacre de Patiño (en Aguachica).

El detonante de esta movilización fue en lo fundamental la toma de Las Delicias por parte de las FARC, donde el secuestro de 60 militares dio origen a una guerra de posiciones y a la pretensión guerrillera de considerar injustificadamente a sus capturados como “prisioneros de guerra”.  Así pues, el país pasó, sin que los paramilitares se vieran inmutados, de Pablo Escobar al Mono Jojoy como referentes de la perdición nacional.

Las Farc, en esos años, a través de múltiples crímenes que hoy han sido reconocidos en la Jurisdicción Especial para la Paz, facilitaron el envalentonamiento de una derecha dormida desde los tiempos de Laureano Gómez, facilitando la transfiguración de narcos en paramilitares al servicio de una élite fundamentalmente temerosa y muchas veces cómplice. Todo ocurría mientras Romaña se “parqueaba” en una berma con escritorio y computador en mano con el propósito de identificar y secuestrar gente en la vía a Villavicencio.

El papel de Francisco Santos en las marchas de la derecha en los años 90, y su presunta participación en la tentativa de instalar definitivamente un grupo paramilitar en Bogotá, inquieta sobre todo por su patológica hipocresía. Santos, de hecho, fue uno de los firmantes del Mandato Ciudadano por la Paz de 1997, donde la sociedad civil en las urnas determinó la necesidad de una solución política a la guerra y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores de la guerra. Este clamor que se iba generalizando en las calles fue recogido y aprovechado en campaña por Andrés Pastrana quien, por cuenta de tomarse una foto con el reloj de Tirofijo, pudo vencer a un Horacio Serpa que le había derrotado estrechamente en primera vuelta en las elecciones de mayo de 1997.

La llegada de Pastrana y la instalación del Proceso de Paz del Caguán generó la ruptura total de las marchas por la paz. Francisco Santos, abandonando la dirección de la Fundación País Libre, y ayudando fervientemente a consolidar el ¡No Más!, puso su capital político en confrontación directa a los diálogos de paz del Caguán. Esta nueva movilización, si bien de manera retórica se lanzaba contra los violentos, de manera explícita marchaba contra las guerrillas que habían comenzado el diálogo con el gobierno. Los medios de comunicación vociferaban contra la entrega de un gran territorio del país a cambio de nada; las Farc, por su parte, restregaban su poder militar con innecesarias puestas en escena militar que horrorizaban a una sociedad urbana que, aunque había oído, no había visto en realidad a un guerrillero.

El secuestro masivo de la Iglesia de la María por parte del ELN en la más aristocrática zona de Cali fue el polvorín de una nueva marcha, la del “no más”, en 1999. Esta movilización se planteó en lo fundamental como un golpe de opinión en contra de unos diálogos de paz con las Farc que, al no haber aceptado un cese al fuego por fuera de la llamada “zona de distensión”, eran mostrados insidiosamente como entrega del poder a la guerrilla. Aguzados por unos medios cada vez más contrarios al proceso, los manifestantes salieron nuevamente con camisas blancas pidiendo “no más” acuerdo de paz y silenciando muy conscientemente las muertes con motosierra que ya se habían generalizado en el país. Tal como ocurrió en 1996, en 1999 vimos una marcha multitudinaria cada vez más decantada contra una guerrilla visiblemente criminal y criminalizada.

El fracaso del proceso de paz, y la puesta en marcha de una campaña contra la pantomima de negociación política con la guerrilla, puso en bandeja el poder al fundador de las Convivir. Viviendo el éxtasis de viajar en tanqueta, sin aspaviento el país reeligió a Uribe Vélez a pesar de haber torcido la constitución.

Siendo el éxito militar una gran mentira, como lo demuestran los de más seis mil “falsos positivos”, era necesario un nuevo ritual que convenciera a los incrédulos sobre la necesidad de un tercer mandato fue de esta manera como el establecimiento lanzó una nueva marcha el 4 de febrero de 2008. La consigna aquí no fue una generalización tal como el “no al secuestro” de 1996, o el “no más” de 1999, sino que se lanzó directamente contra el enemigo público: No más Farc.

Con el apoyo de unos medios de comunicación incondicionales y unos profesionales en generar opinión pública, la marcha contra las Farc sacó las entrañas de una Colombia conservadora que fue alimentada por sectores liberales y de centro que, como hoy, sirven a un proyecto meticulosamente organizado desde el extremo. En esta marcha contra las Farc, no cabía otro tipo de denuncias, y de ella fueron expulsadas a garrote todas aquellas personas que osaran decir no más falsos positivos, no más masacres y no más paramilitarismo aunque concordaran en la necesidad del “no más Farc”.

La afortunada traición de Juan Manuel Santos a esa derecha profunda que marchó en 2008, si bien propuso una nueva etapa del país, no detuvo la conciencia del dominio de la calle por parte de las fuerzas reaccionarias. Al contrario, marcó su descentralización y diversificación. Al término de su gestión como Procurador General de la Nación, el lefevrista (es decir, un católico que reza en latín) Alejandro Ordóñez, con el apoyo de Uribe, lanzó a las calles un cúmulo de rezanderos sosteniendo que unas cartillas de educación sexual incluyente eran una afrenta contra la moral pública. Esta consigna medieval, lejos de ser el canto aislado de un grupo de beatos provida, encontró nicho en las falsas noticias que luego ayudaron al triunfo del “No” en la consulta sobre el Acuerdo de Paz negociado con las Farc en La Habana.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos la calle nuevamente estaba ardiendo de fervor conservador. “Bala es lo que viene, bala es lo que hay“ gritaba desgarradoramente un viejo ensombrerado de camisa blanca y bandera tricolor pintada en las mejillas. El estilo de protesta era el mismo, y ya muy probado, y la consigna no podía ser otra que “no más Santos”. Farc-Santos triunfó sobre Chucky en la elección del apodo que merecía aquel político que había sido capaz de usar a Uribe para llegar al poder y hacer una agenda propia. No más Santos fue un verdadero cántico de exorcismo que solo logró apagarse con la llegada de Petro y que todavía resuena.

Abro paréntesis. Y si nos preguntamos qué pudo haber pasado con el otro Santos (con Francisco): ¿cómo no recordar su propuesta de propinar choques eléctricos a los estudiantes que marcharon contra la Ley 30 en 2011, movimiento que-recordemos-  se convirtió en el antecedente directo del gran paro nacional de 2020 y 2021. Así pues, todos nos pudimos imaginar al otrora activista contra el secuestro ahora armado de un taser electrocutando encapuchados. Cierro paréntesis.

Como es de suponer en la marcha “no más Santos”, las camisas blancas, las banderas compradas por metros y lanzadas a lo largo de cuadras de blancos y furibundos sombreros de iraca, se lanzaron nuevamente a las calles luego del plebiscito. Argumentaron que “les robaron” su voto  y que lo mejor era volver a la guerra con la guerrilla. Pero salían más irritados por el Premio Nobel de Santos que por las monstruosidades que emergían de la Comisión de la Verdad.

Luego llegaría Duque y la movilización conservadora entró en un “cuatrenio sabático”, pero no quedó en estado de hibernación, pues en 2021 vieron cómo se hace un levantamiento social e incluso aprendiendo cánticos antifacistas como el Bela Ciao. Los marchantes conservadores de hoy, en efecto, no se sonrojan al cantar este clásico guerrillero italiano quizás pensando que se trata apenas de la banda sonora de la Casa de Papel.

Es preciso decir para concluir que las marchas conservadoras sacaron a la opinión pública de las gráficas e histogramas, poniéndola directamente en las calles. De manera inédita no hay casos semejantes en la región latinoamericana más allá de las manifestaciones provida en contra de los derechos de las mujeres (en Brasil, Chile y Argentina). La élite colombiana, en el poder hasta ahora, entendió desde los años 90 que era necesario construir mayorías electorales en las calles. Dicho esto, ya entendemos que “el no más Petro” de hoy, si bien constituye una frase prefabricada, no debe subestimarse. El cambio de complemento (gramaticalmente hablando) no dejará de ser la fórmula exitosa de un poder conservador inusualmente recurrente al grito y la cacerola. Hablamos de una cultura política forjada y aprendida desde hace tres décadas.

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Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

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Esta semana se escuchó que el juicio que recién comienza al expresidente Uribe es único e inédito en la historia republicana del país. Se trata de una idea equivocada, y si bien es proferida por famosos analistas, no deja de ser una generalización que soslaya buena parte de la historia colombiana desde 1810. Lo más ajustado sería, quizás, decir que es inédito desde López Pumarejo y que, el mencionado proceso, muestra finalmente la supresión del bipartidismo tal como lo conocimos desde el Frente Nacional. El juicio a Uribe, y la superación de la cultura política bipartidista construido luego del Bogotazo, se ha caracterizado por la sucesión en el poder de dos sectores aristócratas permitiendo la estabilidad de la supuesta “democracia más antigua de Latinoamérica”.

Hablamos de un sistema muy bien organizado, por supuesto, que no ha permitido lo que hemos visto en el vecindario, un  Castillo, más un Kuczynski, un  Fujimori, más etc.,  destituidos en el Perú, sin hablar del suicidio de Alán, un Lula preso y una Dilma destituida, un Jorge Glas agarrado como cualquier traqueto en la Embajada de México, mientras  Correa y Mahuad están en el exilio (suerte que no corrieron Lucio y Alarcón), y la lista se agrandará en tanto los juicios políticos con pretensiones penales se conviertan en la manera usual de combatir al enemigo político en Latinoamérica.

La aparente estabilidad democrática de Colombia tiene que ver con la garantía fáctica que tienen los expresidentes de terminar incólumes frente a eventuales procesos jurídicos. El acuerdo, allí, hasta ahora es dejar indemnes a los ex presidentes para permitir una ulterior -y sin tropiezos- sucesión del poder. La clave de la democracia más antigua “del mundo mundial” ha sido, pues, no meterse con los expresidentes pues ello hubiese generado inestabilidad y desconfianza en un sistema de oligarquías. De este modo, quienes mencionan que se trata del “juicio del siglo” o de “un hecho inédito en la historia republicana del país”, requieren más contexto histórico.

El largo siglo XIX, donde se sentaron las bases del bipartidismo, y la vía armada resultó ser una forma usual de cambiar la balanza política, se caracteriza por presidentes prófugos, exiliados y prisioneros. Camilo Torres y Antonio Nariño fueron condenados por juicios de mayor envergadura al que hoy enfrenta “varito”. Más tarde, Santander fue acusado y desterrado por el atentado a Bolívar; hecho discutible como no lo fue el fusilamiento que hizo a sangre fría de una veintena de españoles rendidos y prisioneros. Obando, por su parte, fue acusado de traición y omisión, cargos de los que luego -progresivamente- fue absuelto. José Hilario, viejo soldado español y contendiente de “los patriotas” tuvo que desterrar a Mosquera quién tuvo por su parte que enfrentar además hasta un juicio de excomunión que terminó en su contra. Antes de eso, el general Melo, muy citado por Petro, terminó exiliado y luego muerto combatiendo al lado de Benito Juárez, en México. Mientras tanto, Mariano Ospina, el papá del presidente en tiempos de Gaitán, fue  llevado a una prisión en Cartagena, en Bocachica. José María Sanclemente, el decrépito, fue tumbado del poder en su finca de Anapoima y sentenciado como “incapaz” (tal como Abdalá Bucaram, el cantante de Ecuador) para imponer al escritor José Manuel Marroquín quién permitiría, en su incompetencia como político, la “separación” de Panamá. Luego llegó Rafael Reyes, el personaje oscuro, que no ha recibido el juicio histórico que merece, entre otras, por sus “inversiones” en las caucherías. Vargas Vila, en uno de sus apartados menos mordaces contra Rafael Reyes, se adelantaría 20 años a José Eustasio describiendo así su talante:

la sombra amplia y profunda de los bosques ribereños del Amazonas, vio internarse en ellos, aquel adolescente rubio y feroz, que llevaba ya en las pupilas atigradas, el horror de su visión ocre y roja”,

El advenimiento del siglo XX, en medio de la hegemonía conservadora, no trajo mayores dolores de cabeza a los expresidentes, salvo a Reyes, que terminó reducido a “un exilio voluntario”. Desde Carlos E. Restrepo (conservador) hasta Olaya Herrera (liberal) hubo un acuerdo “republicano” que sostuvo el equilibrio entre las élites luego de la infausta Guerra de los Mil Días. Así se entiende que fuera solamente hasta la llegada de un gobierno “de cambio”, el de la Revolución en Marcha, que el pacto entre “caballeros” se viera momentáneamente diluido. El personaje de ruptura fue, por supuesto, López Pumarejo quién con una Corte Suprema (con funciones constitucionales) lidió la transformación de muchos años de hegemonía conservadora. Luego, incluso con el poder judicial en la mano, no logró contener los diversos escándalos que terminaron costándole su segunda presidencia por cuenta de Alfonsito (el Jerónimo/Tomás) de la época. Cargando serias acusaciones, o al menos una fuerte oposición incluso en su propio partido y orquestada por la tibieza de El Santismo (el de Eduardo Santos) tuvo que entregar el poder. En este caso, al fin, no hubo juicio pero sí un presidente “renunciado”.

Este escándalo y sus consecuencias abriría en adelante una nueva costumbre política en Colombia: los expresidentes en Colombia son intocables. Siendo uno de los fundamentos del Frente Nacional, la tradición de mantener indemnes a los expresidentes consolidó ese imaginario del tener una democracia estable. De este modo, mandatarios como Turbay o Samper, no fueron juzgados luego de saberse la influencia del narcotráfico en sus gobiernos, ni siquiera en calidad de expresidentes. Lo de Turbay, hoy lo desenmascara unos documentos desclasificados de Jimmy Carter, que fueron notificados en su momento a López Michelsen antes incluso de las elecciones de 1978.

La regla tiene su excepción, por supuesto y así el único “presidente” efectivamente juzgado en el siglo XX resultó ser Rojas Pinilla; un dictador que luego de su efímero paso por el poder se atrevió a desafiar el pacto bipartidista. En este proceso, como nos lo cuenta el historiador Alberto Valencia, se imputaron “delitos menores” que facilitaron sacar del juego político a un envalentonado admirador del populismo de Perón. Los delitos endilgados, en consecuencia, resultaron cuidadosamente sembrados para no convertir en prócer a quién bien podría poner en riesgo la cohesión institucional de las Fuerzas Armadas. El juicio se realizó en el Congreso, y no en la Corte, durante un gobierno de Lleras Camargo que tenía aseguradas sus mayorías para imponer una muy ponderada condena.

Como podemos ver, en este Déjà vu del Pasado en Presente, el proceso a Uribe no es inédito en la historia republicana de Colombia, pero sí nos muestra el fin de un mecanismo de “perdón a la oposición” que ha fundamentado la sucesión de las oligarquías colombianas desde el Frente Nacional. La democracia más “antigua del continente”, en efecto, tiene mucho que ver con la inmunidad a los expresidentes. En dado caso, y no porque lo diga José Obdulio o Paloma, juzgar penalmente a un presidente siempre será tratado como un delito político independientemente de la carga probatoria.

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Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

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Ya llevamos varias semanas hablando de la “vaca” para terminar una vía 4G a través de una curiosa estrategia de tributación para-estatal. Por supuesto, no es comparable con el bazar del barrio para hacer la cancha de fútbol o una placa-huella financiada por una comunidad veredal; en este caso, se hace, fundamentalmente, para generar una crisis de gobernabilidad en la región con el segundo PIB del país. “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”, proclaman los inspiradores de esta peligrosa estrategia política que incentivará un patrioterismo preexistente en ciertos sectores de la sociedad antioqueña.

El regionalismo paisa es un aspecto de la cultura nacional bien conocido, y no vale la pena a irnos al patriarcado de la colonización antioqueña, a la literatura de Tomás Carrasquilla, hacerle barra al equipo Orgullo Paisa o turistear en Día de la Antioqueñidad, para demostrar que existe y está vigente. Hasta ahora, no ha logrado ser, de manera creíble una amenaza al proyecto nacional, tal como ocurrió a principios del siglo XX en Brasil por cuenta de un ferrocarril carretera y que llevó a una guerra cívico religiosa (con profetas incluidos) denominada la Guerra del Contestado, que tiene raíces en la rebelión liberal de los Farroupinhas procurando la independencia del reinado conservador de Pedro I, y que es la base de un discurso marginal conservador separatista en las provincias de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande del Sur.

Ahora bien, aunque, hay algunos puntos de comparación, el regionalismo paisa tampoco ha alcanzado el separatismo de la “media luna” oriental boliviana que, en 2006, al oponerse al gobierno de Evo Morales y su reforma constitucional, amenazó con la separación de las provincias de Santa Cruz, Pando y Beni, que reunidas suman el 60% del territorio nacional y cerca del 40% del PIB al encontrarse allí las mayores reservas petroleras. Tampoco tiene que ver con el secesionismo étnico del sur del Perú, que en cada elección se asoma con la idea de una República Peruana del Sur, que se revivió en el golpe de Estado a Castillo, y que tiene hoy en día la golosina del litio para facilitar la injerencia de intereses extranjeros tal como ocurrió en Panamá.

Aunque la agenda separatista forma parte del imaginario de las extremas derechas más marginales, no puede negarse que en ciertos momentos de crispación política afecta la agenda política de sectores derechistas fundados en la identidad, la tradición y el rechazo a lo foráneo, ergo lo capitalino. El triunfo de Milei no ocurrió en Buenos Aires, como sabemos, sino en unas provincias hastiadas del centralismo porteño. Mendoza, para el caso, luego del triunfo de Alberto Fernández, revivió la vetusta idea de la capacidad de la provincia de convertirse en un país independiente. Esta idea se impone también en sectores minoritarios mapuches, que enarbolan, en momentos de crisis, un relato independentista poco creíble.

Como podemos ver, el regionalismo nacionalista, es un factor presente en la política latinoamericana, y aunque no tiene los niveles que hay en Cataluña, Escocia, Quebec o el País Vasco, es el crisol de la mencionada “vaca” de la carretera Medellín-Turbo, cuyo propósito fundamental es generar la ingobernabilidad del gobierno central; similar a como el separatismo de la media luna oriental boliviana intentó boicotear el gobierno de Evo Morales. Esta semilla, sería sin lugar a dudas la base de una radicalización de la oposición frente a la improbable continuidad de la izquierda en el poder central, y genera dudas sobre la gobernabilidad de otro gobierno relacionado con el Pacto Histórico

La supremacía de la derecha en Antioquia, y que tuvo una breve ruptura en la administración del alcalde Quintero, ha revivido un orgullo identitario que recientemente se ha sentido afectado por la arremetida de los foráneos Gilinski en el corazón del Grupo Empresarial Antioqueño. Hay factores de diversa índole, incluido el juicio al expresidente Uribe, que generan una piquiña identitaria particular. Bien valdría repetir, en la actual coyuntura, un estudio semejante al que realizó EAFIT en 2013, donde se preguntaron: ¿Cómo somos los antioqueños y las antioqueñas hoy?, y que demostró, según afirma de manera dudosa, que el regionalismo antioqueño “es más mito que realidad”.

La irresponsabilidad de llevar a cabo una oposición política apelando al regionalismo pone en riesgo una comunidad imaginaria nacional que no ha tenido mayores quebrantos en la historia de Colombia. No me refiero a un separatismo, pero sí al impulso de una agenda política nacional que con el nombre de “federalismo”, en lo sustancial, facilitaría la insolidaridad de las regiones ricas con las pobres.  La idea ha tomado curso entre la derecha antioqueña, y si bien fue el caballo de batalla solamente de uno de los candidatos a la gobernación, fue una propuesta que generó consenso entre todos los candidatos.  Famoso por haberse lanzado a fondo con el tema de la federalización, el candidato Tobón (2% de los votos) se promocionaba con una peculiar cadena de hashtag aludiendo a la libertad”. “#AntioquiaLibre#JusticiaSocial#AntioquiaFederal”. En medio de ese debate, el excandidato a la gobernación Esteban Restrepo (quien obtuvo el 9% de la votación), compartió en redes sociales un mapa de Antioquia que borraba al Chocó y remitía el hashtag “#Antioquia federal y autónoma”. Hoy en día Julián Rendón, el gobernador elegido, en medio de la famosa “vaca”, ha retomado con nuevos bríos el tema de la federalización incluyendo un plebiscito sobre autonomía fiscal.

Como podemos ver, lo de la carretera, es quizás el “florero de Llorente” de un proceso de oposición radicalizado y regionalmente situado. Y así, la que podría ser a lo sumo una “obra con sesgo regional” busca terminar mucho más lejos de lo que genere la “vaca” facilitando una agenda de “resistencia” al gobierno central y las políticas de izquierda que ganaron en 2022. Se trata de un peligroso proyecto que, alentando una oposición regionalmente, acrecentará los sentimientos de una mayoría patriotera y conservadora. Esta iniciativa está, muy lejos, por ejemplo, de la Liga Costeña de principios del siglo XX, que buscaba contener problemas estructurales del centralismo de la reforma de 1919; no pretendía, en todo caso, generar ingobernabilidad al gobierno de Marco Fidel Suárez.

Si bien es cierto que la identidad y el regionalismo antioqueño es un mito que se renueva, esperemos que no sea a costa de la comunidad imaginaria nacional. Mejor retomar las palabras de Francisco de Roux: “En Colombia habrá paz si Antioquia quiere”.

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Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

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La “propuesta” de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es fundamentalmente inviable en el contexto de la actual situación del gobierno frente a la opinión pública, genera varias sensaciones. 

La primera sensación es de pena ajena, teniendo uno que explicar lo inexplicable frente a los escépticos del gobierno, concediendo que es un disparate presentado en la forma del mejor laxante a una oposición ávida de las más alucinantes señales de castro-chavismo. Independiente de su inverosimilitud y posibilidades de éxito, se trata de un dicharacho oscuro que no convence ni siquiera como cortina de humo o como estrategia para rectificar el inexorable fracaso de la agenda legislativa del gobierno.

Surgen varias preguntas como ¿por qué Petro sale con esto? ¿A qué juega el presidente? ¿tiene un cálculo político realista? Nada convence, y pareciera que se trata de una estrategia para llamar la atención de una agenda comunicativa nacional que le está ganando la batalla. De esto pudimos escuchar algunos atisbos en un discurso lanzado al garete en la Universidad Nacional. Igualmente ocurre con su intervención en Puerto Resistencia, donde se refirió al fracaso del acuerdo nacional, a los evidentes esfuerzos por generar ingobernabilidad y al patente riesgo de un golpe blando que vienen ocurriendo desde principios del gobierno y no hay razón para parecer sorprendidos. No hay razón para creer tal ingenuidad.

Dadas sus incuestionables cualidades retoricas, un discurso argumentado podría ser su mejor alternativa para recuperar el favor de un sector importante de la sociedad que le ve disminuido. Pero está posibilidad está siendo dilapidada por el placer de obtener los vítores de una tribuna complaciente y fácil al momento de repartir aplausos. El presidente parece estar tirando a la cubera su mejor atributo comunicativo por entregarse a un público complaciente y exultante ante una colección de frases pandas y propuestas irreales. La propuesta de poder popular para el suroccidente, y que concuerda en el tiempo con la vaca de Uribe apelando al chauvinismo antioqueño para financiar vías 3G dormidas hace décadas, reduce de escala un proyecto que -él mismo sabe- jamás podría desatarse a nivel nacional. 

Hasta allí hemos hablado del presidente lenguaraz de hoy, y que parece relacionarse directamente con un presidente amordazado en el pasado próximo.

Y es que lanzar gritos frente al fracaso en la siempre impúdica labor de controlar el Congreso muestra, sobre todo, un gran sentimiento de frustración. Lo que ocurre hoy en la escena política no es nada que no hubiese previsto el 20 de julio de 2022, cuando se eligió un Congreso que no garantizaría mayorías. Tempranamente, pues, Petro supo que tendría que agenciar «el cambio” desde las posibilidades del ejecutivo sin aspirar a reformas estructurales por la vía del legislativo. 

Por supuesto, que las palabras discordantes de estos días también tienen que ver con la intención de revertir el efecto de los escándalos que le rodean y que son amplificados a más no poder a través de un rasero muy diferente al de gobiernos anteriores. Lo cierto es que, lo de Nicolás Petro, lo de Olmedo, lo de Euclides son circunstancias muy graves de corrupción que, independientemente de ser una vicisitud que puede ocurrir en cualquier gobierno, a este presidente le generan una factura morosa triplicada en intereses. ¿No dizque querían el cambio? Ahora: ¡chupen! -dice la oposición-.

Los medios de comunicación, a los que él se refiere con pesadumbre, no le dan tregua y amenizan el almuerzo de los colombianos con unas emisiones descorazonadoras que confirman lo que ellos habían supuestamente vaticinado: “bienvenidos al fracaso”. Los aciertos del gobierno, que hay muchos, son sin embargo pasados de agache y apenas circulan entre los nichos petristas de Twitter, Tik Tok y Whatsapp conformados por adeptos que se reiteran -como si no hubiera mañana- aquellos logros que el “otro país” jamás escuchará.

La otra carta en términos de contra-comunicación ha sido el cuestionamiento a las tales “bodegas”, como se llama peyorativamente a los colectivos cada vez más organizados de jóvenes acólitos del gobierno, y que jugaron un papel fundamental en su elección presidencial. Ha emergido, de hecho, una crítica inusitada para la cabeza del ejecutivo de cualquier gobierno; se dice, en efecto, que es el presidente mismo (¡imagínense!) quién debe controlar estos “bodegueros” que han llegado incluso a tornarse en “agresores de señoras” (Dávila, Op. Cit, jul. 2020).

La estrategia de financiar un periódico surge como una medida desesperada pero comprensible. El problema es si dicho compendio de propaganda será capaz de ganarle el pulso a los adalides del desprestigio. Con RTVC ocurre lo mismo, y aunque hay quienes quisieran ver a este sistema de medios convertido en la BBC criolla, lo cierto es que ello sólo podrá ocurrir cuando se construya un juego de contrapesos en los medios de comunicación privados; algo así como lo que ocurrió cuando surgió Cambio para hacer frente a Semana, pero llegando a audiencias más significativas.  

El presidente, que hasta ahora se había atrincherado en Twitter, comenzó de otro lado a ser cuestionado por su excesivo uso de la gallera, cazando problemas face to face con opositores y antiguos aliados. Su ortografía -quién lo iba a creer- le pasa igualmente factura y parece que nada funciona en su agenda comunicativa nacional. Los medios de comunicación hegemónicos entendieron en efecto que, si Petro pretende usar esta red social para gestionar la opinión pública a su antojo, ellos le devolverán multiplicado por mil el favor a través de emisiones noticiosas rebosantes de contenidos cada vez más enconados.

Como podemos ver, tenemos un lenguaraz amordazado que deberá pensar sus pasos frente al teclado y el micrófono. La única opción será recuperar esa versión del Petro con argumentos, con pruebas en la mano, con discursos profundos y con la visión nacional que le llevaron a ser el congresista del pasado. Lo contrario, en el mejor de los casos es una agenda comunicativa constreñida a su nicho tradicional o, en el peor, al vociferado in crescendo de pintorescas propuestas que pueden leerse fácilmente como gritos de fragilidad.

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Vladimir Montana

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Vladimir Montana

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

Twitter: @pathegallina Instagram: @vlamontana

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El activismo no sabe gobernar, quienes ejecutan son los burócratas y los de las ideas somos nosotros, los tecnócratas, manifestó –palabras más, palabras menos- Cecilia, en un discurso donde entremezclaba cierta tristeza por no ser más parte del equipo de “el cambio”. Más específicas fueron las opiniones de Jorge Iván González y del mismo José Antonio Ocampo, quienes de diversa manera expresaron que el problema del gobierno de Petro es una distancia entre las iniciativas de cambio y las posibilidades reales de llevarlas a cabo. Para ellos, lo logrado por el gobierno (hasta que ellos fueron ministros) representa un proyecto responsable y estructural de transformación. Lo venidero, lo ocurrido después de sus aportes -según dicen- es un acabose devenido en medio de un presidente ausente y la invasión de activistas sin credenciales.

Olvidan estos respetables economistas que el proyecto de gobierno que se eligió en 2022, y que les propuso entrar al gabinete, tiene pretensiones mucho más amplias y complejas a los logros obtenidos bajo su gestión ministerial (Reforma Tributaria, Reforma Fiscal, Plan Nacional de Desarrollo y diálogos regionales vinculantes, aumento de presupuesto en diferentes carteras, proyección del catastro multipropósito, entre otros). Estos avances técnicos sin embargo sólo podrán ser verificables en la vida diaria en el mediano plazo y por ello, no es necesario ser politólogo para darse cuenta que el gobierno, en medio de su cada vez más visible ruptura con las mayorías del Congreso, le apuesta a redimir con urgencia esos réditos técnicos como triunfos políticos. La importancia de hacer político lo técnico para Petro es urgente teniendo en cuenta además que tanto la distorsión de su gobierno como los escándalos de sus allegados, son esculcados permanentemente con la más fiera inquina mediática. La reducción sistemática al subsidio de la gasolina, por ejemplo, una reforma en la que hasta los más tecnócratas neoliberales están de acuerdo, si bien sanear las rentas públicas está lejos de ser un triunfo político en el corto plazo y por el contrario está siendo fácilmente resignificado por la oposición como “otro robo más” del gobierno al bolsillo ciudadano.

Esta discusión pareciera el resultado habitual de unos dolidos ministros y funcionarios que, independientemente de su buen desempeño, han sido relevados de sus cargos. Pero el asunto ha tomado ahora un rumbo inusitado que obliga a una reflexión sociológica: la nostalgia por la tecnocracia y la inusual emergencia del tecnócrata izquierdista. Cecilia López, gran economista del progresismo, se ha proclamado defensora de esta causa. Resulta novedoso, en efecto, la vindicación de una inusual “social-democracia tecnocrática”, de la que poco sabíamos, sobre todo porque la centro-izquierda para serlo verdaderamente debe aliarse con los movimientos sociales.  Aliarse quiere decir por supuesto: compartir el poder, como pares. Una socialdemocracia tecnocrática no es, pues, de ninguna manera, una social-democracia sino un gobierno paternal de técnicos de élite cargados –a lo sumo- de “buenas intenciones”.

La tecnocracia, por lo menos en el caso colombiano, fue inicialmente creada como un instrumento por medio del cual, durante el Frente Nacional, intentó ponderar los alcances presupuestales de las clientelas políticas liberales y conservadoras. Con la llegada de Cesar Gaviria estos “técnicos” comenzaron a ocupar puestos de primera línea, no conformándose solamente con el rol de asesores o a lo sumo viceministros. Progresivamente incursionaron de lleno en instituciones jerárquicamente relevantes como @MinAgricultura, @comexcr, y claro el @DNP_Colombia, aspirando siempre a llegar a lo más alto ya fuera de @MinHacienda o @BancoRepublica. Ellos, los tecnócratas, fueron asimilados como la voz de la ciencia en la planificación y ejecución de las políticas y el planteamiento a futuro del Estado. Vivimos entonces el ascenso de un contingente de “yuppies al poder” que, luego de estudiar economía en el mundo anglosajón, y ocupar puestos de relativa importancia en organismos multilaterales, retornaron al país con grandes vaticinios y horóscopos económicos que debían ser seguidos con rigor para no quedar en el “outside” de los estándares neoliberales. Estos sabios grandilocuentes, llevan sin embargo más de treinta años dirigiendo políticas que no han sido capaces de resolver los más importantes problemas de la sociedad latinoamericana; aun así, sienten que pueden (y deben) seguir dando cátedra del manejo económico considerándose los más adecuados para dirigir las riendas de nuestros países.

La nostalgia por el tecnócrata es, con todo y sus nimios resultados, un discurso que cala bastante en los votantes arrepentidos y entre los sectores arribistas de la clase media, quienes ven con horror la intifada de un número no aceptable de sindicalistas y oenegeros en la Casa de Nariño. Les ven cómo los levantados de “Parasite”, llegando con mochilas, cachuchas y megáfonos a comerse el presupuesto nacional en medio de la más indigna voracidad. Esta ficción olvida por supuesto que el ejercicio del buen criterio no necesariamente pasa por las aulas de economía de las universidades de Estados Unidos y que ser senador durante uno o varios períodos legislativos participando de comisiones económicas, por ejemplo, puede dar mucho más sentido de realidad al que tiene un yuppie wannabe que no entiende la diferencia entre el barrio Juan Rey y el Rey Juan Carlos. Convendría recordarle a Cecilia que su contradictor, Alberto Carrasquilla, el más tecnócrata de los tecnócratas, no sabiendo cuanto valía una canasta de huevos, lanzó una terrible reforma tributaria que acabó, en el fondo, eligiendo al gobierno del que -le guste o no- ella formó parte.

Cecilia se equivoca al defender de manera tan vehemente un concepto clasista donde solamente pueden ejercer el poder de las ideas los economistas “más educados”, los formados en las “mejores” universidades; es decir, en las academias renqueadas en lo más alto del mundo anglosajón. Ya sabemos dónde se necesita estudiar y qué capital simbólico tener para acceder allí. Así pues, el tema de la tecnocracia tiene más que ver con las élites y no tanto con el saber.  Tan solo me percato y pienso en Simón Gaviria, y en Luis Alberto Rodríguez (¿recuerdan el director del DNP que desvió plata y se hizo una mansión en Valledupar?); hojas de vida Cum Laude de la tecnocracia al mando de la Dirección Nacional de Planeación. De ninguna manera quisiera decir que Cecilia apruebe la gestión mediocre o delictiva de estos “técnicos”, pero sí que ellos encajaban inicialmente dentro de ese perfil de economistas con la formación, con la experiencia y con los galones necesarios para hacer parte de ese jet set llamado tecnocracia.

Quisiera en este punto recordar algunos apartes del discurso contra la tecnocracia que pronunció el sociólogo Pierre Bourdieu ante una multitud de trabajadores en huelga reunidos en la Gare de Lyon en París en 1995. Bourdieu resaltaba aquel día la imposición de una ideología en donde las necesidades de la vida diaria comenzaron a ser consideradas irracionales y opuestas a los postulados de una élite monopolizadora de las ideas; hablamos de un contexto privatizador donde el Primer Ministro Alain Juppe declaraba la existencia de un «abismo entre la comprensión racional del mundo y el deseo profundo de la gente». 

“Esta oposición entre la visión de largo plazo de la «élite» esclarecida y las pulsiones de corto plazo del pueblo o de sus representantes, es típica del pensamiento reaccionario de todos los tiempos y de todos los países, pero adquiere hoy una forma nueva con la nobleza de Estado, que fundamenta la convicción de su legitimidad en el título escolar y en la autoridad de la ciencia, principalmente económica. Para estos nuevos gobernantes de derecho divino, no solamente la razón y la modernidad, sino también el movimiento y el cambio, están del lado de los gobernantes, de los ministros, de los patrones o de los «expertos». La sinrazón y el arcaísmo, la inercia y el conservadurismo, del lado del pueblo, de los sindicatos y de los intelectuales críticos”

La reivindicación de la casta tecnocrática desde luego no borrará el papel histórico de Cecilia López en la implementación de políticas públicas relacionadas con la economía del cuidado, ni tampoco en la superación paulatina de la brecha entre hombres y mujeres rurales. Escuchando su entrevista este domingo, se nos invita mejor a pensar que su reparo es más contra los lambones de Petro, que pretendiendo obnubilar con lisonjas su conocida megalomanía, le apartan de razonamientos y confrontaciones convenientes. Es difícil en todo caso entender por qué esta señora, incuestionablemente protagonista en la construcción de una sociedad igualitaria y democrática, estando en medio de una tusa comprensible, quiera ficharse en el equipo de quienes entregaron al mercado los derechos fundamentales de casi todos los países del mundo en nombre del desarrollo.

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Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y candidato a PhD en Historia en la Universidad Nacional de La Plata. Creador de contenidos académicos en radio, prensa, televisión y plataformas multimedia.

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