El caso de Virgelina Aguiar: retos y desafíos de la justicia con perspectiva de género

La sentencia  T-459-24  de la Corte Constitucional representa un hito en la protección de las mujeres. A través de esta decisión, Virgelina Aguiar, una campesina del Tolima que fue encarcelada por matar a su violador, obtuvo su libertad y el derecho a ser juzgada con perspectiva de género.

El caso ocurrió el 20 de julio del 2000, cuando el jefe de Virgelina la agredió sexualmente, y la amenazó con no devolverle sus hijos, a quienes tenía retenidos en un lugar desconocido, sino accedía a sus  requerimientos sexuales. Ante esto, y para evitar la repetición de la agresión, la mujer le clavó un hacha de carnicería en el cuello mientras éste se encontraba dormido, causándole la muerte.

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, la declaró culpable de homicidio simple, atenuado por la circunstancia de ira o intenso dolor, y  la condenó a una pena de prisión de 8 años y 4 meses. En 2003 salió en libertad condicional y vivió con sus hijos y su pareja tranquilamente hasta  el 3 de febrero de 2022, cuando fue detenida y puesta nuevamente en prisión en cumplimiento de una orden de captura emitida en 2005 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué. Este, al revisar la sentencia de primera instancia, le había  impuesto una pena privativa de la libertad de 28 años y 9 meses por homicidio agravado por indefensión de la víctima. Decisión que no le fue notificada debidamente en su momento.

En el 2023, con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, Virgelina interpuso una acción de tutela  contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la postulación para obtener la protección al derecho de petición. Esta, sin embargo, fue declarada improcedente con el argumento de que la solicitud no cumplía los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

El caso llego a revisión de la Corte Constitucional, y la Sala Sexta de revisión revocó la sentencia de tutela. Pero, también encontró que el fallo del Tribunal Superior vulneraba los derechos fundamentales de Virgelina al acceso a la administración de justicia, debido proceso y a vivir una vida libre de violencia. En consecuencia, le ordenó al Tribunal proferir una sentencia de reemplazo teniendo en cuenta el enfoque de género, además de  disponer, de forma inmediata, la libertad de Virgelina.

Esta sentencia tiene un profundo impacto jurídico y social. Al abordar el caso desde los derechos humanos y la perspectiva de género, la Corte no solo hace justicia, sino que también crea precedentes para futuras decisiones judiciales, que en adelante deberán tener en cuenta el enfoque género en aquellos casos donde estén involucradas mujeres. Sin embargo, la sentencia también plantea desafíos para el sistema judicial, ya que involucra la necesidad de cambios culturales profundos, además de contar con los recursos humanos y financieros necesarios. Veamos por qué.

El enfoque de género es un marco teórico y práctico para analizar y corregir las diferencias de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. En el ámbito judicial, se emplea como herramienta para garantizar que las decisiones judiciales sean equitativas y no discriminatorias.

Los jueces que adoptan este enfoque aparentemente están más conscientes de las desigualdades estructurales porque visibilizan y abordan la discriminación basada en el género en sus múltiples formas. Esto incluye no sólo la discriminación directa, sino también las prácticas y normas sociales que perpetúan la desigualdad. El uso de este enfoque en el estudio de los casos le ayuda a los jueces a identificar y rectificar patrones discriminatorios en sus sentencias. Al considerar las diferencias y necesidades específicas de cada género, los jueces  asegurarían que sus decisiones respetan y promueven los derechos y la dignidad de todas las personas independientemente de su género.

Sin embargo, la adopción del enfoque de género a menudo se enfrenta a la resistencia tanto cultural como estructural dentro del sistema judicial. Uno de los argumentos en contra de su aplicación es que puede introducir sesgos y subjetividad en las decisiones judiciales. Algunos críticos sostienen que este enfoque puede llevar a que los jueces privilegien ciertos grupos sobre otros, lo que podría comprometer la imparcialidad de la justicia.

Los prejuicios arraigados y las normas tradicionales también pueden dificultar la plena integración de este enfoque, limitando su efectividad y alcance. A lo que se suma el hecho de que considerar el enfoque de género en cada caso puede aumentar la complejidad y la carga de trabajo de los jueces. Evaluar las circunstancias específicas de género requiere tiempo y recursos adicionales, lo que puede ser un desafío en sistemas judiciales ya sobrecargados.

Por esto, para que pueda darse una efectiva  implementación del enfoque de género es necesario asegurar los  recursos financieros necesarios, así como la capacitación adecuada y continua de los jueces. Sin una comprensión profunda de las cuestiones de género, los jueces corren el riesgo de aplicar incorrectamente este enfoque, lo que podría resultar en decisiones injustas o ineficaces. Es imperativo que se desarrollen estrategias y programas de capacitación para asegurar que los jueces estén bien equipados para aplicarlo de manera efectiva y justa.

No obstante, a pesar de los retos que supone la adopción de este enfoque en el ámbito judicial, es fundamental reconocer que su adopción como herramienta de juzgamiento sin lugar a dudas puede contribuir a reforzar la legitimidad del sistema judicial. Un sistema percibido como justo e igualitario genera una mayor confianza y respeto de la sociedad.