Estados Unidos y la realpolitik: de la contención al “corolario Trump” de la Doctrina Monroe

Estados Unidos presenta su política exterior como defensora del derecho internacional y de un “orden basado en reglas’”. Sin embargo, desde 1945, su conducta muestra una constante más estable que sus discursos: la intervención como instrumento para proteger intereses estratégicos, incluso a costa de la coherencia normativa.

La intervención como regla, no como excepción

La política exterior de Estados Unidos suele presentarse como defensora del derecho internacional y de un “orden basado en reglas”. 

Pero su trayectoria desde 1945 muestra algo más constante que sus discursos: el recurso a la intervención —militar, clandestina, económica o jurídica— como herramienta estructural de poder. Esto lo expresó claramente Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, en una entrevista el pasado 5 de enero, después de los acontecimientos en Venezuela: «Vivimos en un mundo —en el mundo real— que está regido por la fortaleza, por la fuerza y por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el comienzo de los tiempos». 

Cambian los relatos (anticomunismo, drogas, terrorismo, competencia con China), pero la lógica de fondo se funda en la realpolitik y en la protección de intereses estratégicos estadounidenses, que prevalecen sobre la coherencia normativa. Lo que hoy ocurre —con tensiones renovadas en el hemisferio occidental, debates sobre “esferas de influencia” y una política energética y de minerales críticos cada vez más explícita— tiene rasgos propios. Pero no es una ruptura total: es una actualización. 

La evolución de la política exterior estadounidense revela una continuidad en el uso de la intervención como herramienta central, adaptando sus justificaciones y métodos al contexto internacional de cada época. Así, tanto en la Guerra Fría como tras el colapso soviético, las motivaciones y narrativas oficiales han ido mutando según las circunstancias, pero la prioridad de asegurar los intereses estratégicos estadounidenses se mantiene inalterable. Este patrón se observa claramente en los distintos periodos en los que la intervención se articula en torno a nuevas amenazas y áreas de influencia, consolidando un enfoque pragmático y flexible frente al derecho internacional.

La era del anticomunismo: intervención para mantener alineamientos (1947–1991)

Durante la Guerra Fría, el argumento central fue impedir la expansión soviética.

Corea y Vietnam fueron guerras abiertas; en América Latina, múltiples acciones —incluidas operaciones encubiertas— se justificaron como contención. La legalidad internacional operó, con frecuencia, como un recurso retórico o un marco flexible: a veces hubo cobertura multilateral; muchas veces primó la lógica de “seguridad hemisférica” y el cálculo de costos geopolíticos.

En esa etapa, la intervención se legitimaba como defensa del “mundo libre”. El resultado fue una normalización de la injerencia como instrumento: no era la excepción, sino un modo recurrente de la política exterior.

Del “orden internacional” al interés material: petróleo y control de regiones clave (1991–2025)

Con el colapso soviético se desarma el gran relato ideológico. Sin embargo, la intervención no se extingue: se reconfigura. 

La Guerra del Golfo de 1991, presentada como respuesta a una violación flagrante de la soberanía de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990, también consolidó una premisa: la estabilidad del mercado energético global es un interés vital. Lo que reflejó la lógica pragmática y flexible de la política exterior norteamericana.

El 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión y reordenó el tablero. La “guerra contra el terrorismo” instaló la lógica de la amenaza permanente, y con ella una expansión del repertorio: guerras prolongadas, operaciones “over-the-horizon”, detenciones extraterritoriales, ataques selectivos y una interpretación más amplia de la autodefensa. 

Washington logró que la idea de flexibilizar la legalidad internacional ante amenazas existenciales se convirtiera en una noción ampliamente aceptada. Una cultura estratégica que permanece presente y condiciona la justificación de las acciones en situaciones ambiguas, más allá de los cambios de gobierno.

La invasión de Irak en 2003 —justificada en la destrucción de armas de destrucción masiva que habían sido identificadas, pero que no pudieron ser encontradas— fue el punto más visible de esa transición. A partir de entonces, la relación con el derecho internacional quedó marcada por un precedente: si el costo estratégico se percibe como alto, el marco normativo resulta negociable.

El ejemplo de Groenlandia 

El caso de Groenlandia es especialmente útil porque muestra, sin disimulo, el giro hacia la geoeconomía. En agosto de 2019, The Wall Street Journal informó que Trump discutía la idea de comprar Groenlandia; días después, Trump confirmó públicamente su interés, pero Dinamarca y Groenlandia rechazaron la posibilidad.

Nuevamente, Trump ha revivido la discusión sobre la importancia de Groenlandia para los Estados Unidos. Esgrime tres razones: su ubicación ártica estratégica, su papel en defensa (Estados Unidos ya tiene presencia militar en la isla bajo acuerdos vigentes) y su potencial de recursos y minerales en un momento en que las cadenas de suministro de minerales críticos son un tema de seguridad nacional. 

Para el logro de este cometido ha hablado de anexión, de adquisición o de fórmulas alternativas (como un “Compact of Free Association”). La Casa Blanca menciona que “todas las opciones” estarían sobre la mesa, incluida la ocupación por la fuerza, como ha sugerido Stephen Miller. 

La “guerra contra las drogas”: el dispositivo hemisférico (y su elasticidad jurídica)

Antes incluso del 11 de septiembre, Estados Unidos desarrolló un marco justificativo muy eficaz para sostener su presencia e influencia regionales: la “guerra contra las drogas”. 

En el papel, es una política de seguridad pública transnacional; en la práctica, ha funcionado como una arquitectura de seguridad hemisférica: cooperación militarizada, inteligencia, formación, bases y acuerdos de acceso, interdicción marítima y una narrativa que hace del narcotráfico un enemigo moralmente indiscutible.

En este contexto de justificación elástica y pragmática de la intervención, se produjo la captura de Manuel Noriega, líder panameño, en 1989. La operación militar estadounidense, oficialmente amparada en la lucha contra el narcotráfico y la protección de sus ciudadanos, culminó con la detención de Noriega y su posterior traslado a Estados Unidos, donde fue juzgado por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Este caso ilustra cómo la “guerra contra las drogas” sirvió no solo como instrumento de política de seguridad, sino también como marco legitimador para acciones que, de otro modo, habrían enfrentado mayores obstáculos legales y diplomáticos internacionales.

Este marco también tiene una ventaja estratégica: permite la intervención sin “guerra” formal y con menor costo político interno. Además, se acopla a otras agendas (migración, crimen organizado, “Estados fallidos”) y a prioridades materiales: protección de corredores logísticos, estabilidad de socios, seguridad de la infraestructura crítica. No siempre se formula así, pero opera así.

La lectura es incómoda: la guerra contra las drogas no solo ha sido una estrategia de control de ilícitos; también ha sido un lenguaje de legitimación para formas de injerencia que, de otro modo, chocarían más frontalmente con la soberanía y el derecho internacional.

Venezuela: del cambio de régimen por presión a la geopolítica del petróleo (y el giro 2023–2024)

Venezuela condensa el dilema entre principios y realpolitik. En la última década, Estados Unidos combinó la presión diplomática y las sanciones con el objetivo declarado de forzar una transición política. Pero la ecuación energética y la competencia global han impulsado ajustes tácticos.

Un hito reciente fue la licencia general de OFAC (GL 44) en octubre de 2023, que alivió temporalmente las restricciones para operaciones del sector petróleo y gas, vinculada a las expectativas sobre las condiciones electorales (acuerdos de Barbados). En abril de 2024, el Departamento de Estado anunció el fin o la expiración del GL 44, y OFAC lo sustituyó por una autorización para wind-down (eliminar lentamente) el GL 44, otorgando un plazo para cerrar operaciones previamente autorizadas. 

Más allá del tecnicismo, el mensaje fue geopolítico: las sanciones se volvieron una palanca modulable —se aprietan o se aflojan— según objetivos políticos, pero también según incentivos energéticos y de estabilidad regional. Analistas han descrito esto como una búsqueda de una solución “Goldilocks”: castigar sin cerrar por completo la puerta a los flujos de crudo ni a la negociación. 

Finalmente, el 3 de enero de 2026, diversas agencias y medios internacionales informaron sobre una operación estadounidense en Venezuela que resultó en la captura o el derrocamiento de Nicolás Maduro. Aunque los detalles aún son objeto de debate y verificación, las primeras informaciones apuntan a una acción directa y sin precedentes de Washington, enmarcada en la doctrina hemisférica y justificada por la combinación de intereses en materia de seguridad, crimen organizado y energía. 

En otras palabras, cuando la Casa Blanca define un interés como vital (seguridad hemisférica + crimen/drogas + energía), el derecho internacional queda subordinado al hecho consumado.

La nueva estrategia de seguridad: Monroe + cadenas críticas + “amenazas hemisféricas”

En diciembre de 2025, la Casa Blanca publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se expresa que Estados Unidos “reafirmará y hará cumplir” la Doctrina Monroe —revisada—y que negará a “competidores no hemisféricos” la capacidad de “poseer o controlar activos estratégicamente vitales” en la región. 

Esta es una pieza clave para entender la coyuntura. Ya no se trata solo de intervenciones “por valores”, sino de una doctrina que ordena prioridades:

1. Hemisferio occidental como teatro prioritario. La Estrategia de Seguridad Nacional declara la intención de “reafirmar y hacer cumplir” la nueva Doctrina Monroe, con el objetivo explícito de proteger el “acceso” de Estados Unidos a “geografías clave” y evitar que competidores no hemisféricos controlen los activos estratégicos. 
2. Tres vectores de amenaza: China/Rusia, migración, drogas/crimen. Varios analistas, por ejemplo, de la Brookings Institution, subrayan que la estrategia identifica como amenazas hemisféricas centrales a China y Rusia, a los flujos migratorios, así como a las drogas ilícitas y al crimen organizado.  Lo que encaja con la elasticidad histórica del dispositivo antidrogas y con la competencia geoeconómica. 
3. Activos estratégicos como objetivo: petróleo, minerales críticos e infraestructura. El lenguaje de “activos vitales” y “cadenas de suministro críticas” conecta con las políticas de aseguramiento de minerales (p. ej., “Minerals Security Partnership”) y con el enfoque más amplio de resiliencia de las cadenas críticas. 

En conjunto, esto reescribe el sentido práctico de Monroe: menos “no colonización europea” y más “no control chino (o ruso) de activos críticos en el vecindario”.

La evidencia histórica —y la doctrina explícita reciente— apuntan a una conclusión sobria: Estados Unidos ha intervenido más por realpolitik que por una adhesión consistente al derecho internacional. El 11 de septiembre consolidó la excepcionalidad como norma; la guerra contra las drogas proporcionó un lenguaje de intervención permanente en el hemisferio; y la nueva estrategia de 2025, la fórmula Monroe, se orienta en términos de activos estratégicos y de competencia con potencias extra-hemisféricas.

La novedad no es que Washington “vuelva” a intervenir, sino que la justificación se ha sincerado: mantener el control (o impedir el control ajeno) sobre el petróleo, los minerales críticos, la infraestructura y las rutas marítimas y aéreas puede pesar más que la coherencia jurídica. 

Si el siglo XX fue el de la contención ideológica, el XXI —tal como lo formula la estrategia de 2025— se parece cada vez más a un mapa de cadenas de suministro, activos críticos y esferas de influencia. 

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