Trump v. CASA: ¿Cambiará la Corte Suprema el concepto de ciudadanía estadounidense?

La discusión en la Corte Suprema está lejos de ser sencilla, ya que existen profundas diferencias ideológicas entre los magistrados. Estas divergencias dificultan alcanzar un consenso y hacen que el debate sea especialmente complejo y polarizado.

La audiencia del miércoles ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para discutir el caso Trump v. CASA, Inc. fue, en sentido estricto, un momento constitucional. No solo por la insólita asistencia del presidente Trump, sino también porque por primera vez en décadas, el tribunal se enfrenta a la posibilidad real de redefinir el alcance de la ciudadanía por nacimiento (ius soli), un principio que ha operado como uno de los pilares del orden constitucional estadounidense. 

Según este principio, la ciudadanía se adquiere por el solo hecho de nacer en el territorio de un país, independientemente de la ciudadanía de los padres. Este principio se contrapone al del ius sanguinis, que establece que la ciudadanía se transmite por la filiación, es decir, a través de los progenitores, sin importar el lugar de nacimiento. 

Ambos sistemas pueden coexistir y combinarse, y definir así quién puede ser considerado ciudadano. Por ejemplo, en Colombia existe el ius soli, pero está condicionado al domicilio de los padres. En Alemania y otros países de Europa, la ciudadanía se rige por una combinación de ius sanguinis e ius soli, pero la aplicación de este último está supeditada a una residencia prolongada. En gran parte de Asia y de Oriente Medio predomina el ius sanguinis.  

La propuesta que se está debatiendo acercaría el sistema estadounidense a los modelos mixtos de otros países. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que, fuera de Estados Unidos, estos cambios suelen estar regulados por leyes o reformas constitucionales explícitas. En cambio, aquí se busca implementar una modificación mediante una orden del Ejecutivo. Por eso, el litigio ante la Corte Suprema tendrá consecuencias no solo sobre los criterios para definir la ciudadanía, sino también sobre la capacidad y el alcance de los poderes del Ejecutivo para alterar la Constitución sin necesidad de recurrir a un proceso de reforma formal. 

El origen del caso: del Ejecutivo a la Corte

El caso gira en torno a una orden ejecutiva emitida por Donald Trump en enero de 2025, cuyo objetivo era limitar la ciudadanía automática de los hijos de migrantes en situación irregular o con estatus temporal. 

Los tribunales inferiores bloquearon la orden ejecutiva, al considerar que contradice directamente la interpretación dominante de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, establecida en la sentencia United States v. Wong Kim Ark.  Un caso de 1898 en el que la Corte previó una lectura amplia del ius soli conforme a la tradición del common law: toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana porque está sujeta a sus leyes, independientemente del estatus migratorio de sus padres. La Corte, en aquella ocasión, interpretó “jurisdicción” como sometimiento legal y no como lealtad política, rechazó argumentos basados en consideraciones políticas o raciales y estableció que solo existen excepciones muy limitadas (como los hijos de diplomáticos), con lo cual consolidó la ciudadanía por nacimiento como un derecho constitucional automático.

La llegada del caso a la Corte Suprema responde, por tanto, a una pregunta institucional más amplia: ¿puede el Ejecutivo, por sí solo, forzar una reinterpretación constitucional de esta magnitud? En Trump v. CASA, Inc, lo que realmente está en juego, como ya se comentó, es que la Corte acepte la posibilidad de una reforma constitucional sin necesidad de acudir a un procedimiento formal. 

La orden ejecutiva no altera el texto de la Decimocuarta Enmienda, sino que intenta modificar la interpretación práctica de su significado al interpretar restrictivamente el concepto de jurisdicción. Este tipo de transformación resulta especialmente relevante porque elude las vías regulares para modificar la Constitución. 

Si la Corte falla a favor de la orden ejecutiva, abriría la posibilidad de que, en el futuro, la Constitución pueda modificarse fácilmente por el Ejecutivo. Lo que otorgaría a este último un poder sin límites, además de alterar el principio de separación de poderes, con fuertes repercusiones sobre el principio de check and balances (frenos y contrapesos).

En el ordenamiento político estadounidense, el principio de separación de poderes impide que un órgano estatal concentre toda la autoridad, lo que promueve la supervisión mutua entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Gracias al sistema de check and balances, se evita el abuso de poder y se asegura que las decisiones importantes no sean tomadas de manera unilateral. Este equilibrio protege la democracia y garantiza que el poder se distribuya y controle entre las distintas ramas del gobierno.

La asistencia de Donald Trump a la audiencia es significativa. Rompe con la tradición —no escrita— de que los presidentes no acuden a la Corte Suprema durante litigios activos, precisamente para preservar la separación simbólica entre poderes. Además de ser una presión indirecta sobre el proceso judicial, la sola presencia del presidente convierte el caso en un acto de movilización política, y de señalización ideológica.  

La estrategia es clara. Desplazar el terreno del debate del Congreso a la Corte Suprema, donde hay una mayoría simpatizante de Trump. De este modo, se omite la discusión democrática de la norma y la convierte en un asunto de interpretación constitucional, en el que los criterios de análisis son distintos. Algo que se vio claramente en la audiencia. 

La audiencia: métodos interpretativos en tensión

En efecto, durante la audiencia, emergieron tres enfoques constitucionales claramente diferenciados, que se resumirían del siguiente modo:

• • Originalismo. El Gobierno defendió una interpretación que pone el acento en la intención original de los redactores de la Enmienda. Desde esta perspectiva, la ciudadanía estadounidense no se concibió para abarcar a todos los nacidos en el territorio, sino que estaría restringida a quienes cumplieran determinados requisitos legales y políticos, como los antiguos esclavos y sus hijos. Esta visión implica una lectura más limitada del derecho a la ciudadanía, en consonancia con la postura del Ejecutivo de condicionar la ciudadanía por nacimiento al vínculo político y legal de los progenitores con el Estado.
  • Precedente (stare decisis). Por otro lado, varios jueces subrayaron la importancia del precedente judicial, en especial el de Wong Kim Ark. Esta decisión se considera una piedra angular del sistema constitucional estadounidense y modificarla supondría poner en entredicho la estabilidad y la coherencia de todo el entramado legal. El principio de stare decisis sostiene que los fallos previos deben ser respetados, salvo razones extraordinarias, para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.

• • Consecuencialismo moderado. La Corte también abordó las consecuencias prácticas de un eventual cambio en la interpretación de la ciudadanía. Entre las preocupaciones más relevantes se encuentran la posible creación de grupos de personas sin ciudadanía definida, la complejidad administrativa que conllevaría la gestión de nuevos criterios de acceso a la ciudadanía y el impacto que ello podría tener en los derechos fundamentales. Aunque este enfoque ha tenido históricamente un papel secundario en la Corte, está cobrando mayor relevancia en asuntos de elevada sensibilidad institucional y social.

En conjunto, el debate muestra la tensión entre una interpretación restrictiva y el respeto a los precedentes, así como la consideración de las consecuencias prácticas y estructurales que podría tener la redefinición del concepto de ciudadanía en Estados Unidos.

No obstante, la discusión en la Corte Suprema está lejos de ser sencilla, ya que existen profundas diferencias ideológicas entre los magistrados. Estas divergencias dificultan alcanzar un consenso y hacen que el debate sea especialmente complejo y polarizado.

Posibles escenarios y sus consecuencias 

Ante la posibilidad de que la Corte modifique el concepto de ciudadanía, se abren distintos escenarios que no solo afectan a quienes buscan pertenecer a la nación, sino también al futuro del sistema democrático estadounidense. Los siguientes escenarios muestran el alcance de las posibles decisiones judiciales y sus consecuencias en la vida política y social del país. 

• Reafirmación del modelo actual. En este escenario, se mantiene el principio de ius soli, según el cual la ciudadanía estadounidense se adquiere automáticamente por nacimiento en territorio nacional. Esta decisión refuerza la limitación del poder del Ejecutivo, al impedir que se modifique unilateralmente el acceso a la ciudadanía. Además, la Corte reafirma la importancia del precedente judicial, lo que asegura la continuidad y la estabilidad del sistema constitucional. Como resultado, la estabilidad constitucional se preserva, lo que supondría una derrota política para Trump. 
• Decisión intermedia. En este caso, la Corte introduce matices en la aplicación del ius soli, sin eliminar el principio fundamental. Se permite cierto margen de regulación, lo que podría facultar al Ejecutivo para establecer condiciones específicas, aunque sin alterar la base constitucional del derecho de ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, esta decisión puede generar ambigüedad jurídica y abrir la puerta a futuros litigios que podrían cuestionar la interpretación de los requisitos, lo que provocaría incertidumbre en el sistema legal.
• Reinterpretación restrictiva. En el escenario más drástico, la Corte redefine el concepto de “jurisdicción” y limita la ciudadanía por nacimiento. Esto implicaría que no toda persona nacida en Estados Unidos sería automáticamente ciudadana, sino que ahora dependería del estatus legal de sus padres, o de otros criterios específicos. Las consecuencias prácticas de esta decisión serían significativas: se crearían nuevas categorías de personas nacidas en EE. UU., pero sin ciudadanía, lo que aumenta el riesgo de apatridia y multiplica los litigios administrativos. Además, se fragmentaría el sistema de derechos, lo que generaría desigualdades y dificultaría garantizar la igualdad ante la ley. Sin embargo, la consecuencia más importante sería la transformación estructural de quienes pueden acceder a la ciudadanía, lo que redefiniría el concepto de pertenencia y alteraría profundamente el sistema democrático estadounidense. 

En conclusión, este caso no se trata simplemente de un problema migratorio. En última instancia, la pregunta que subyace a todo el caso no es quién es ciudadano, sino quién decide quién lo es. La presencia de Trump en la Corte no es un detalle anecdótico. Es la señal de que estamos ante un intento deliberado de transformar la Constitución sin alterar una sola palabra, pero modificando su significado más básico con profundas consecuencias para el sistema democrático. 

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