Lectura alternativa del terremoto político que está viviendo Brasil. La presidenta suspendida, el presidente interino, los congresistas y los jueces -de una u otra manera y desde hace tiempo ya- venían interfiriendo en los poderes y funciones de otras ramas del Estado.
Mario Luis Grangeia*
¿Personas o instituciones?
Muchos políticos y periodistas atribuyen el cambio de gobierno en Brasil a las difíciles relaciones personales entre la presidenta suspendida Dilma Rousseff y la mayoría de los miembros del Congreso.
Este diagnóstico parte de una premisa correcta – un contacto más estrecho quizás habría evitado la apertura del proceso de destitución, que contó con el respaldo de 367 diputados y 55 senadores-, pero exagera el peso del personalismo en las relaciones sociales y en la vida política de Brasil.
Muchos políticos y periodistas atribuyen el cambio de gobierno a las difíciles relaciones entre la presidenta y la mayoría de los miembros del Congreso.
La comparación frecuente entre Dilma y el ex presidente Fernando Collor pone bien de presente esta sobreestimación de la influencia de los rasgos personales sobre la suerte de los mandatarios. Igual que la presidenta, Collor fue acusado de un crimen de responsabilidad – requisito para el juicio de destitución – y de tener una aversión al diálogo con políticos. Igual que el gobernante depuesto en 1992, Dilma minimizó la importancia de esos nexos personales – que a muchos pueden parecer triviales-. Y es porque antes de ser escogida para disputar la sucesión por el ex presidente Lula, Dilma sólo había ocupado posiciones ejecutivas en su gobierno y en el de la provincia de Rio Grande do Sul.
Al mismo tiempo que exageran el papel del personalismo, las explicaciones que circulan tienden a pasar por alto un factor muy importante: el sistema de pesos y contrapesos vale decir, los mecanismos de control recíproco entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aunque los decretos de Rousseff que aumentaron el gasto público sin autorización del Congreso son una de las acusaciones contra ella, poco se habla sobre la influencia de las relaciones institucionales entre los tres poderes.
 Leyenda: Presidente interino Michel Temer y presidente suspendida Dilma Rousseff (11/08/2015) Foto: Agência PT |
El Legislativo
Comienzo mi argumento por el Legislativo, que considero el epicentro de este terremoto en la política brasileña.
La primera violación seria de la autonomía del Legislativo ocurrió hace quince meses, cuando Dilma y el entonces vicepresidente (hoy presidente interino) Michel Temer apoyaron distintos candidatos a la Presidencia de la Cámara baja. Esto hizo que el diputado ganador – Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) al cual pertenece Temer- optase por la consigna de “independencia” del Legislativo frente al Ejecutivo para lograr la derrota del diputado del Partido de los Trabajadores (PT) que apoyaba Dilma.
Como dijo Cunha en un lenguaje ambivalente: “Nunca, en ningún momento, dijimos que estaríamos en contra. Tampoco decimos que queremos ser sumisos”. En todo caso y menos de seis meses después, Cunha anunció su tránsito a la oposición, acusando al Ejecutivo de haber influenciado al poder judicial para involucrarlo en el escándalo de corrupción alrededor de la empresa estatal de petróleos, Petrobras.
De esta manera la controversia en torno a la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial acabó por poner fin a la fase de aparente coincidencia política entre el gobierno y el presidente de la Cámara.
Pero la falta de republicanismo en la relación entre los parlamentarios y el gobierno llegó a su clímax en diciembre pasado cuando no por casualidad fueron tomadas dos decisiones simultáneas:
- Por una parte tres miembros del PT se declararan en favor de abrir una investigación interna contra Cunha en el Comité de Ética de la Cámara (se dice que estos tres diputados recibieron promesas de favores de un ministro de Dilma para que no votaran contra aquel político responsable de iniciar el juicio político contra ella).
- Por otra parte y a los pocos días, el propio Cunha aceptó la solicitud de iniciar el proceso contra la presidenta, abriendo así la puerta que llevaría a su suspensión y eventualmente también a su destitución e inhabilitación durante ocho años.
Desde entonces se han registrado otros varios desconocimientos de los límites entre los poderes. Tras votar “sí” a la apertura del juicio – vale decir, tras asumir el papel de jueces- los diputados y senadores justificaron sus votos – favorables o contrarios – con argumentos ajenos a las acusaciones de crímenes de responsabilidad contra la presidente. Los analistas discuten si se trata de un juicio “cien por ciento político” o de un proceso judicial-político, pero no hay duda de que la mayoría de los parlamentarios votaron sobre la base de razones distintas de las conductas incriminadas por los demandantes. Estas razones incluyen, entre otras, la crisis económica (retroalimentada por la crisis política), la baja popularidad de la entonces jefe de gobierno y la ya aludida falta de contactos de Rousseff con congresistas.
 Leyenda: Presidente interino Michel Temer y presidente suspendida Dilma Rousseff (11/08/2015) Foto: Agência PT |
De esta manera debo concluir que cuando la Constitución les dio a los congresistas el papel de jueces, ellos dejaron escapar la oportunidad de demostrar su idoneidad para este papel. Si la mayoría de los parlamentarios – partidarios o adversarios de enjuiciar a Rousseff – hubiesen anunciado voto a la luz de las acusaciones contra la presidente, la legitimidad de este proceso no estaría en tanto entredicho. Ahora se espera que los senadores, en el juicio final y bajo el mando del Presidente de la Corte Suprema, reparen ese vicio y se pronuncien en una u otra dirección pero con votos sólidamente referidos a los cargos.
El Ejecutivo
Entre las acciones y omisiones del Ejecutivo que burlaron los controles democráticos – y con efectos todavía inciertos- cito primero la decisión de nombrar el ex presidente Lula como ministro de la Casa Civil.
La designación de los ministros sin duda alguna compete al presidente, pero en este caso se dio una situación especial. Investigado por corrupción, Lula como ministro tendría el derecho de responder penalmente sólo ante la Corte Suprema, lo cual habría demorado las acciones legales en su contra. Para la Fiscalía, los magistrados de la Corte y los adversarios políticos de Lula, esta mera circunstancia debería impedir su nombramiento (y a fin de cuentas una orden judicial suspendió su designación, de manera que Lula nunca ocupó el ministerio).
Por otro lado el nombramiento de los magistrados de los tribunales superiores – un mecanismo importante de control del Ejecutivo sobre el Judicial- habría sido socavado por Dilma. A cambio de su designación, un magistrado se habría comprometido a defender los intereses del gobierno- incluyendo la liberación de algunos presos –. Y aunque no se comprobado la verdad en este caso, queda en el aire la idea de que criterios nada republicanos interfieren en la escogencia de aquellos magistrados (los senadores también ejercen control sobre esa decisión, puesto que ellos entrevistan a las personas escogidas para los tribunales).
Pero además una mirada a los ministros de Dilma y de Temer parece reforzar la tesis de un “presidencialismo de coalición”. Según esta teoría, un sistema muy fragmentado de partidos (hoy en Brasil son 35) hace que el gobierno les ofrezca posiciones en proporción al tamaño de sus bancada. Pues casi todos los ministros de Dilma y Temer provienen de esta lógica, o sea que importa menos el perfil del funcionario que su respaldo político.
 Leyenda: Documentos del proceso destitución de Dilma Rousseff Foto: Agência Brasil |
El Judicial
Un motivo esencial de la movilización popular para exigir el juicio fue la revelación de una llamada telefónica entre Dilma y Lula donde se sugirió su nombramiento como ministro. En una decisión criticada por muchos juristas, el juez Sérgio Moro suspendió la confidencialidad de esa llamada. Y aunque Moro reconoció luego su error, su decisión tuvo efectos importantes respecto del gobierno, de la protesta ciudadana y de los poderes legislativo y judicial.
Las relaciones entre los jueces y la prensa han tenido también sus momentos dudosos – aunque en su mayoría parecen estar a tono con las expectativas de una democracia-. En días recientes los periodistas preguntaron a los magistrados de la Corte Suprema sobre el discurso de Dilma en Naciones Unidas donde supuestamente pretendería aludir al proceso de destitución como un “golpe de Estado”; los magistrados que optaron por opinar olvidaron que sólo deben pronunciarse desde los tribunales, y de hecho en este caso se pusieron del lado de la oposición. Este episodio, que hoy parece irrelevante, es otra muestra de cómo relaciones entre los poderes sin frenos y contrapesos pueden resultar nocivas.
Los analistas discuten si se trata de un juicio “cien por ciento político” o de un proceso judicial-político.
La rapidez del proceso contra Dilma contrasta con la lentitud del proceso para destituir a Cunha de la Presidencia de la Cámara, por solicitud de la Fiscalía y a raíz de denuncias de corrupción en Petrobras. El acusado alegó que la Corte Suprema ya había iniciado una investigación por obstruir la justicia, pero las evidencias de la Fiscalía se conocían desde antes, y en todo caso pasaron cuatro meses entre la solicitud y la destitución- un lapso que los expertos consideran excesivo-.
Para agravar las cosas, el presidente del Senado que deberá juzgar a Dilma está sujeto a imputaciones más graves que las que se le imputan a la presidenta. La falta de actuación o decisión del poder judicial en este caso aumenta por supuesto las sospechas sobre todo este asunto.
En conclusión, no es fácil precisar cuál acción de las ramas del poder o cuál omisión de los controles democráticos tuvo mayor incidencia sobre la crisis política en Brasil. Por el momento parece más probable que el Senado destituya a Rousseff – y aun en este evento habría que decir que su falta de empatía con los parlamentarios fue un factor secundario en esta trama.
* Investigador de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, Brasil), donde está concluyendo el doctorado en Sociología.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160411_brasil_impeachment_acusacion_contra_rousseff_gl
