Exportando ciudadanos sin representación

Entre 2022 y 2026, el número de colombianos habilitados para votar desde el exterior aumentó en casi un 38%, pasando de 908.566 a 1.250.846 personas inscritas en consulados de 67 países. Ese crecimiento no es un indicador de calidad democrática. Es la señal de que cientos de miles de colombianos siguen sin encontrar opciones aquí y salen a buscar mejores oportunidades afuera. El Estado extiende el derecho al voto a quienes se fueron, pero no construye las condiciones para que se queden, y tampoco gobierna para ellos una vez emigran. La diáspora elige a Colombia, pero Colombia no gobierna para su diáspora. Eso es representación sin reciprocidad.

De acuerdo con la Cancillería, más de cinco millones de colombianos viven fuera del país. Y según la Registraduría, apenas 1 de cada 4 está habilitado para votar. Y de quienes sí lo están, la mayoría no vota. En las legislativas de 2014 y 2018 la abstención en el exterior fue del 91%; en las de 2022 bajó al 85%. En las presidenciales el comportamiento cambia: en 2018 la abstención fue del 66% y en 2022 del 70%. El comportamiento de la última década evidencia que los colombianos en el exterior votan más por presidente que por el legislativo, y esa brecha no se explica por apatía. La disminución de seis puntos en la abstención legislativa de 2022 coincidió con una elección presidencial con altos niveles de polarización y de movilización social. Pero, la estructura resultante no se modificó en el último cuatrienio. Las distancias hasta los consulados, la complejidad de los registros censales, la pérdida de vínculos partidarios con el país de origen son factores estructurales que no desaparecen en un ciclo electoral favorable. Por eso, la abstención en el exterior no es simplemente un asunto de apatía o desafección política; es una arquitectura institucional que no cambia y que no refleja las necesidades de representación de la diáspora. El problema no es de cultura política; es de ingeniería institucional.

El debate político colombiano trata el voto exterior como una cifra anecdótica. Hay una lógica instalada en las instituciones que sigue concibiendo al elector en el extranjero como un actor periférico, y no como un ciudadano transnacional con necesidades propias marcadas por el contexto del país receptor. Por eso el resultado se reproduce en cada elección: una Registraduría que cuenta votos, un Congreso que administra una curul internacional y una Cancillería que habilita los consulados. Ninguna de las tres tiene el mandato para preguntarse qué le debe el Estado a quienes viven fuera de su territorio. La curul existe, pero más de cinco millones de colombianos terminan representados por una sola persona. Ese no es un problema de voluntad política aislada sino de diseño. En 2024, el senador Humberto de la Calle propuso modificar la Constitución para crear dos curules en el Senado y una adicional en la Cámara de Representantes. El Congreso archivó la iniciativa sin urgencia, con argumentos de austeridad fiscal que no se aplican con la misma energía a otros gastos del Estado. El sistema político no muestra interés en la diáspora, salvo cuando necesita su legitimación electoral.

Al parecer, para lo único que sirven los colombianos en el extranjero es para enviar remesas. En 2025 enviaron 13.098 millones de dólares, cifra que por primera vez en veinte años superó a la inversión extranjera directa, que cayó a 11.469 millones. El país recibe más dinero de los que se fueron que de los capitales que deciden quedarse, y aun así les niega la política. Mientras el censo en el exterior crece, la abstención se mantiene alta y el diseño institucional permanece estancado. Colombia consolida un modelo particular: una democracia que exporta ciudadanos con derechos políticos limitados. La calidad de la democracia en Colombia, no solo es deficitaria a nivel interno sino también a nivel internacional. La próxima legislatura no puede seguir ignorándolo.