Los antecedentes

Después de más de un año de pandemia, el gobierno de Iván Duque insistió en presentar su proyecto de ley para la sostenibilidad fiscal solidaria. Con una sociedad empobrecida, sin empleo, con la carga de las cuarentenas, la imposibilidad de recuperar plenamente la actividad económica y muchos otros aspectos de la vida social, y sin una pronta solución a la vista, a pesar del lento avance del plan de vacunación.

Además, lo hizo a través de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, uno de los funcionarios más impopulares entre los colombianos. El ministro que consideró oportuno hacer comentarios como el de la docena de huevos a $1.800, lo que simplemente reitera la ya habitual desconexión de ciertos altos funcionarios con la vida real de sus compatriotas.

Las razones para proponer una iniciativa de este tipo pueden comprenderse: el riesgo de que el país pierda el grado de inversión, y los indeseables efectos fiscales que conllevaría. Aunque el proyecto tuviera elementos técnicos sugeridos y apoyados por diversos expertos económicos, el gobierno no se cuidó de crearle un ambiente político favorable, ni siquiera entre su propio partido, el Centro Democrático.

Apenas hubo presentaciones para algunos gremios y, finalmente, ante el Congreso. Adicionalmente, desde semanas antes era de público conocimiento el rechazo de líderes como Germán Vargas Lleras y César Gaviria Trujillo, cuyas bancadas respectivas no apoyarían la iniciativa. Entre muchos sectores de la opinión y en las redes sociales, el descrédito de la iniciativa y la inoportunidad de presentarla en medio de esta situación auguraban que esta no tendría ninguna posibilidad de salir adelante.

Varias organizaciones sindicales y sectores que se movilizaron en el 2019 anunciaron la convocatoria a un paro nacional en rechazo al proyecto. De manera testaruda y con poca habilidad para interpretar la situación, el gobierno siguió insistiendo en presentarlo. Aunque, sorprendentemente, se refirió a la protesta social de manera menos descalificadora, seguramente lo hizo en consideración con las determinaciones de las Cortes sobre la materia. No obstante, un equívoco acto de una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quiso prohibir un evento, paradójicamente, propiciado por el propio gobierno.

La iniciativa gubernamental despertó la indignación de muchos sectores de la sociedad colombiana que, desde la mañana del 28 de abril, salieron a las calles de manera organizada o espontánea. Fueron sobre todo los jóvenes los que salieron a marchar de forma masiva y a hacer plantones sin importar las inclemencias del clima ni la represión como respuesta casi automática. Y ante la evidente desconexión del gobierno, la decisión de estar en las calles, de hacer cacerolazos, de volver a hacer plantones se ha mantenido sin pausa.

La desconexión del gobierno

Desde un comienzo, y de manera sostenida, las reacciones excesivas de la policía se han hecho sentir. Por los celulares y las redes, circulan muchas evidencias de lo sucedido. Se ha repetido una tendencia que comenzó en el 2019, y que tuvo momentos críticos, como el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, aunque no se ha presentado en eventos como la minga indígena, que partió desde el Cauca y otras regiones camino a Bogotá sin que hubiera hechos de violencia o vandalismo también en 2020

De manera testaruda y con poca habilidad para interpretar la situación, el gobierno siguió insistiendo en presentarlo.

Aunque la mayoría de las movilizaciones y plantones fueron pacíficos, surgieron hechos de violencia que, como en el caso de Cali, incluyeron destrucción de infraestructura de transporte, quema de buses, destrucción de oficinas de bancos y de cajeros electrónicos, así como el saqueo de supermercados. Con nuevos sectores incorporados al paro, como los taxistas y los transportadores, los hechos de violencia fueron graves y críticos en varias ciudades y municipios, especialmente en las noches, e incluyeron la destrucción de CAI, intentando quemarlos incluso con policías adentro. Pese a la difícil situación, conviene mencionar que en Bogotá no ha habido muertos por ahora y ha habido mucha supervisión a las detenciones.

Por su parte, el gobierno sostiene que la violencia y el vandalismo fueron supuestamente organizados por el ELN, las disidencias de las FARC y milicias urbanas. Estas responsabilidades, que algo tendrán de verdadero según la información de inteligencia, desconocen la legítima indignación y la violencia motivada por la falta de oportunidades y el desempleo en amplios sectores jóvenes que habitan en los barrios populares.

Fiel a su ya mencionada desconexión, Duque pretendió resolver el inconformismo aceptando modificar el proyecto. Luego, el sábado 1º de mayo —que por ser el Día del Trabajo permitió mantener la vigencia de la movilización— anunció el uso de la “asistencia militar”, una figura usada de acuerdo con las normas de policía vigentes.

La medida, con un innegable cariz represivo, fue celebrada en redes por el expresidente y exsenador Uribe, pero no apaciguó la movilización. El domingo en la mañana se anunció el retiro del proyecto y al día siguiente la aceptación de la renuncia del ministro de Hacienda, reemplazado por José Manuel Restrepo, hasta entonces ministro de Comercio.

El difícil panorama

En ciudades como Cali, Bogotá o Pereira, ha habido múltiples denuncias de asesinatos, desaparecidos, acciones injustificadas del ESMAD, violencia desmedida contra actividades pacíficas y la tendencia de la policía a usar de forma desproporcionada la fuerza letal.

Entonces, se comenzaron a sumar los llamados desde la comunidad internacional. En Cali, además, la asistencia militar se hizo efectiva, y el propio comandante del Ejército lideró las acciones, inevitablemente represivas y tendiendo a no respetar los derechos humanos.

Los transportadores que se sumaron al paro causaron bloqueos en las vías y muchas veces no permitieron el paso de elementos humanitarios básicos, como ambulancias, vacunas contra la COVID-19 y oxígeno. Esto causó desabastecimiento en algunas regiones y el rechazo de un sector de la ciudadanía que no comparte que se afecte tanto el transcurso normal de la vida y defiende su derecho a trabajar. El fiscal, muy a su estilo, decidió aplicar la extinción de dominio a camiones, vehículos y lo que se utilice para bloquear las carreteras o los ingresos a las ciudades.

En ciudades como Cali, Bogotá o Pereira, ha habido múltiples denuncias de asesinatos, desaparecidos, acciones injustificadas del ESMAD, violencia desmedida

Y sólo hasta el segundo fin de semana de paro comenzaron algunos diálogos. El gobierno se reunió con la ‘Coalición de la Esperanza’, alcaldes y gobernadores. Tardíamente y con preocupante falta de sintonía y empatía con lo que está sucediendo, el gobierno encargó al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, para liderar el proceso de conversaciones o diálogos.

Es un entorno complicado para Ceballos, porque la movilización claramente desborda los sectores organizados. La ciudadanía que protesta no se siente representada por partidos y líderes políticos y, por lo tanto, es difícil imaginar una salida oportuna y exitosa.

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Lo más preocupante

En medio de todo esto, preocupa la situación de la fuerza pública. Más allá de una supuesta campaña de desprestigio, es innegable que esta ha incurrido en excesos y no goza de la confianza ciudadana —al menos no de esos que la confrontan o la sufren en la calle—, así algunos sectores insistan en sus mensajes de apoyo o su llamado a hacer más uso de la fuerza.

Y preocupa porque, sin ser los responsables directos de la indignación ciudadana, han puesto en la primera línea a policías y militares, con su entrenamiento y sus armas, a contener los desaguisados que el propio gobierno cometió y un acumulado de demandas.

En el caso de la Policía, además, es importante señalar que, a diferencia de lo que algunas figuras públicas señalan sobre un pie de fuerza excesivo, es una fuerza con déficit de personal, que tiene problemas en la organización y funcionamiento del llamado Nivel Ejecutivo. Para esto se está preparando una propuesta de reforma, que tiene a su favor querer solucionar problemas ya diagnosticados, pero que ha sido discutida y elaborada muy internamente, casi sin ninguna voz de fuera, ni en el gobierno, ni en el Congreso.

Una Policía cuyos miembros vienen sometidos a presiones importantes desde las movilizaciones del 2019 y que tuvieron que duplicar o triplicar esfuerzos para atender las necesidades de las cuarentenas estrictas. Y que, sin salir de esa situación, difícil, tensa y desgastante, están sometidos hace ya casi dos semanas a enfrentar la movilización.

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De allí que los excesos se expliquen en algún grado, sin que por eso sean justificables de ninguna manera. Esto demuestra un retorno a situaciones que parecían superadas por las transformaciones sufridas y que, además, no caben bajo la equívoca noción de militarización.

Pero hay un factor más preocupante: el alto mando policial manifiesta haber reiterado instrucciones para que se respeten protocolos y procedimientos, así como la aplicación de la justicia a quienes hayan cometido crímenes o violado los derechos humanos. Sin embargo, esos llamados parecen no tener eco en muchos de los policías que están en la calle. En un país acostumbrado a la represión excesiva y a la violencia, lo que se puede esperar de todo esto no parece fácil de asimilar dentro de una democracia que supuestamente vela por la protección de los derechos.

El Ejército, a la vez, está cumpliendo con la asistencia militar en donde los alcaldes lo han permitido. En este entorno, se puede esperar que continúe el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Hace falta una reflexión desde el propio alto mando que caiga en cuenta de que los soldados con fusiles no son la mejor forma de acompañar la movilización y de contener adecuadamente los desmanes.

Aunque la imagen no es exactamente la misma, el tufillo a la época del Estatuto de Seguridad es inevitable. Por cierto, la posibilidad de decretar la conmoción interior aparece y reaparece cada tanto. Hasta ahora no se ha tomado la decisión y en ello, al menos, todavía no acabamos de parecernos a Venezuela.

Podríamos esperar que esta semana, la política, las conversaciones y una mayor apertura al diálogo por parte del gobierno, puedan empezar a abrir caminos para concluir el paro y pasar a una negociación. Que será difícil, múltiple y dispersa. Pero en este momento no hay muchas razones para el optimismo.