Hay mucho recelo frente a la posibilidad de una constituyente, pero un análisis sosegado de la situación – empezando por los escándalos en la rama Judicial- indica que esta es cada vez más necesaria para resolver las profundas crisis de Colombia y que en realidad no hay tanto que temer.
Andrés Dávila*
La explosión de la crisis
 Magistrado Francisco Javier Ricaurte. Foto: Rama Judicial |
A raíz de los últimos escándalos de corrupción que involucran a muy altos funcionarios de la rama Judicial, la atención del país ha vuelto a concentrarse en dos asuntos: la grave crisis que afronta esta rama del poder, y la necesidad de una constituyente para darle solución.
Pero respecto de la crisis de la justicia sería bastante más exacto afirmar que lo que era un secreto a voces se hizo público –y escandaloso-. El diseño institucional, la composición y el funcionamiento de la rama Judicial tomaron un rumbo indeseable –aunque previsible– desde la Constitución de 1991. El intento de fortalecer la rama y de adaptarla a las condiciones del nuevo sistema de equilibrio de poderes fue acabando en fracaso.
Las victorias tempranas y los logros de largo aliento de la justicia –especialmente en el reconocimiento de derechos y en la adopción de reglas de juego más cercanas al siglo XXI que al siglo XIX– se enredaron en un entramado de politización, politiquería, clientelismo y corrupción. El delicado sistema de pesos y contrapesos establecido en 1991 se vio afectado por la reforma que permitió la reelección inmediata del Presidente de la República y por el manejo que el Ejecutivo les dio a estos asuntos durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Tanto en relación con la Fiscalía General de la Nación como con el papel activo de la Corte Constitucional (y de los jueces en general) como tomadora de decisiones que modifican las reglas de juego se han dado avances importantes, pero también estancamientos aparentemente irresolubles. Este último es el caso de la altísima impunidad y de otros fenómenos que prenden las alarmas pues involucran a las más altas esferas de la justicia. Dos ejemplos de ello son:
- La absoluta falta de control sobre la Fiscalía y quienes han adquirido la responsabilidad de conducirla, y
- La implicación de magistrados y expresidentes de las altas cortes en hechos de corrupción.
Estos escándalos se han conjugado para crear una situación donde tanto medios como analistas se han unido en una oleada de indignación y reclamos en tonos moralistas y acusadores. Pero tales reacciones solo dejan un clima de denuncia y condena, de autoflagelación colectiva y de desazón generalizada, y nada de eso aporta una pizca de claridad con respecto a la situación.
Ni siquiera se ha abierto el espacio para reconocer un hecho evidente: el fenómeno no es de hoy, se ha venido cocinando desde hace por lo menos una década y se ha manifestado en el fracaso rotundo de las últimas reformas a la justicia, que se han caído antes, durante o después de ser aprobadas. Esta es una señal más que obvia de la presencia de intereses diversos que han sido favorecidos por el estado de cosas que se ha mantenido hasta el momento.
No obstante, es importante señalar que, aun en medio de este panorama desalentador, en casos como el de la parapolítica o ciertos escándalos de corrupción las decisiones de fiscales, jueces, magistrados y salas especializadas y plenas han ido en la dirección esperada y deseable para el funcionamiento de la justicia en democracia.
Las constituyentes
 Senadora Viviane Morales, radica Proyecto de Ley para convocar constituyente. Foto: Senado de la República |
Para resolver los problemas mencionados se ha propuesto una asamblea nacional constituyente. De hecho –y más allá del voluntarismo de muchos sectores y líderes de opinión–, dadas las circunstancias expuestas se puede hablar de que el régimen político colombiano está en transición. Hay cada vez más incertidumbre con respecto a las reglas, de modo que las condiciones son propicias para que una constituyente sea, más que una opción, una necesidad.
En cierto sentido, tal opción no depende del respaldo abierto y convencido de los grupos políticos que la apoyan, sino que se impone por la dinámica de la sociedad en las circunstancias descritas. Es como si, dado que los intentos de reforma han fracasado reiteradamente en los últimos años, la única opción capaz de ajustarse a las preferencias de los distintos sectores que componen la sociedad fuera la constituyente. Curiosamente, muchos elementos del contexto actual son similares a los de la fase previa a la convocatoria de la Constituyente del 91, entre ellos el desarrollo de un proceso de paz que buscaba reconocimiento constitucional.
Las condiciones son propicias para que una constituyente sea, más que una opción, una necesidad.
Dicho lo anterior, cabe señalar que las propuestas de algunas figuras políticas de convocar una constituyente se mueven entre la obviedad y el oportunismo preelectoral, y no provocarían ninguna reacción de no ser por tantas voces que nos quieren prevenir acerca de tal alternativa. Los defensores de la Constitución de 1991 tienen las mismas actitudes y argumentos de quienes insistían en que no se necesitaba cambiar la Constitución de 1886, sino aplicarla.
En ese sentido, y yendo en contra del espíritu garantista y de fácil reforma que tiene la Carta del 91, se habla con temor de los males que pueden llegar a Colombia y que se sumarían al riesgo de que la constituyente no corrija los problemas actuales. Sobra decir que estas posturas son paradójicas, pues no se puede defender la Constituyente del 91 y ser al mismo tiempo anti-constituyente ante cualquier otra iniciativa de este tipo.
Uno de los temores más comunes se relaciona con que, si bien se podría proponer una constituyente que se ocupara estrictamente de la justicia en crisis, hay un riesgo de que una vez conformada –y en su calidad de constituyente primario– decida cambiarlo todo, sin control ni medida. Tal temor deriva de lo sucedido en 1991, cuando por medio de decretos de estado de sitio se dio vida a la figura y la Corte Suprema, en su calidad de juez constitucional, eliminó cualquier limitación al temario y al alcance de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.
El temor es válido pero debe confrontarse con los logros alcanzados, pues en últimas la Constitución del 91 destrabó el sistema político, permitió actualizar y transformar las reglas llevándolas por el camino hacia una democracia más incluyente.
Adicionalmente, limitar una posible constituyente al tema de justicia no parece adecuado, aunque este asunto sea el más urgente. Si se acepta la existencia de una situación de transición que viene ocurriendo desde hace tiempo –desde la aprobación de la reelección inmediata– y a ello se suman las crisis en curso y las medidas transicionales necesarias para el desarrollo del Acuerdo de paz la constituyente adquiere mucho sentido.
Y si a lo anterior se añade lo que viene pasando en esta contienda electoral particularmente incierta y con muchas reglas en entredicho –como la recolección de firmas versus los avales partidistas, el nuevo partido producto del Acuerdo de paz o las reglas electorales que están en el Congreso– se tiene una colección de argumentos casi incuestionables para defender la necesidad de barajar de nuevo y repartir.
Orden y libertad
 Asamblea nacional constituyente 1991 Foto: Centro Memoria |
Queda, sin embargo, una única preocupación relacionada con el carácter pendular de nuestra historia constitucional. En efecto, ha habido una tendencia a pasar de constituciones que promueven el orden a constituciones que promueven la libertad. Eso pasó en el cambio de la Carta del 86 a la del 91.
Ha habido una tendencia a pasar de constituciones que promueven el orden a constituciones que promueven la libertad.
Aunque por el desarrollo que ha tenido Colombia se puede pensar que no hay posibilidad de dar marcha atrás, ciertos procesos que ha vivido el país –como el aumento de la polarización y la creciente injerencia de la religión en la política– podrían considerarse un aviso de que la próxima constitución puede estar volcada a proteger el orden más que la libertad. Y, en un sistema político tradicionalmente conservador y todavía profundamente oligárquico, ese retorno a un orden anclado en el pasado es un riesgo probable.
Aún más, si se considera el papel que pueden jugar el uribismo, las iglesias cristianas, varios de los precandidatos por firmas y, por qué no, hasta las nuevas FARC, la preocupación por un escenario como el descrito es perfectamente válida. Pero de nuevo, que eso suceda no depende del voluntarismo de algunos individuos, sino de la voluntad de muy diversos sectores sociales.
* Politólogo de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la FLACSO, México, profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
