Seguridad y política criminal en el gobierno de De la Espriella

La mano dura que propone el nuevo gobierno puede funcionar, pero no es suficiente. El éxito dependerá de la inteligencia, la coordinación y el respeto por los derechos humanos.

El cambio de paradigma

La política criminal de Abelardo de la Espriella empieza a tomar forma alrededor de una idea sencilla: el Estado debe recuperar la iniciativa frente a las organizaciones criminales. El discurso de posesión, los primeros anuncios del Gobierno y las decisiones adoptadas durante sus primeros días apuntan en la misma dirección: más autoridad, mayor énfasis en la capacidad operativa de la Fuerza Pública, endurecimiento penitenciario, confrontación directa con las organizaciones criminales y una relación mucho más estrecha con Estados Unidos.

Eso no es solamente un cambio de estilo; es un cambio de paradigma. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la política de seguridad y criminalidad estuvo marcada por la Paz Total, la búsqueda de negociaciones con organizaciones armadas, la justicia restaurativa, la humanización del sistema penitenciario y una aproximación a la seguridad que pretendía incorporar factores sociales y territoriales, entre otros.

Eso no significa que Gustavo Petro hubiera abandonado la persecución del crimen organizado y las economías criminales. Sus acciones tampoco podían desligarse del Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025 (Conpes 4089), que incluía como prioridades reducir el homicidio, combatir la violencia sexual, desarticular el crimen organizado, prevenir el reclutamiento de menores y fortalecer la resocialización.

La principal diferencia está en las prioridades y, sobre todo, en los instrumentos. De la Espriella parece estar construyendo una política criminal basada más en la disuasión, la incapacitación y la confrontación, aunque no se ha alejado del todo de un enfoque de justicia restaurativa, especialmente para jóvenes, según señaló el actual ministro de Justicia en los últimos días. 

El mensaje a los grupos armados es que se acabó el espacio para la negociación política y que el Estado utilizará de manera mucho más contundente sus capacidades militares, policiales y judiciales.

A esto se suma una política penitenciaria que busca aislar a los principales cabecillas para romper su línea de mando e impedir que continúen dirigiendo actividades criminales desde las cárceles. 

La nueva relación con Estados Unidos

La cooperación con Estados Unidos es otra variable que debe tenerse en cuenta. Washington anunció un paquete de asistencia de seguridad para Colombia, orientado a fortalecer la cooperación frente al narcotráfico y los grupos armados. El giro ha sido todavía más profundo: Estados Unidos anunció que Colombia ingresará al denominado Escudo de las Américas y que podrían llegar a realizarse operaciones conjuntas contra organizaciones criminales, aunque ahí todavía hay mucha tela para cortar, tanto en el ámbito jurídico como en el diplomático.

Esa cooperación puede significar más inteligencia, tecnología, movilidad, intercambio de información y capacidades operativas. Colombia tiene una larga experiencia de cooperación internacional y sabe aprovecharla. Pero aquí aparece una primera pregunta incómoda: ¿cómo garantizar que una cooperación mucho más intensa con Estados Unidos fortalezca la autonomía estratégica colombiana en lugar de reducirla?

Cooperación y subordinación no son lo mismo. La primera puede fortalecer al Estado; la segunda puede terminar condicionando sus prioridades. 

Dos consideraciones necesarias

Durante años Colombia ha aprendido que una organización criminal no se desarticula simplemente capturando individuos. Hay que afectar sus finanzas, sus redes de corrupción, sus sistemas de reclutamiento, sus corredores logísticos, sus armas y, especialmente, su capacidad para ejercer control territorial.

Esa debería ser la prioridad de la nueva política. Si logra concentrarse en estos factores, puede generar un cambio positivo.

También habrá que mirar con cuidado el papel de las Fuerzas Militares y de Policía. El nuevo escenario puede significar más recursos y mayores capacidades, pero también más responsabilidades. No basta con tener más uniformados, helicópteros o tecnología. La Fuerza Pública necesita inteligencia precisa, coordinación con otros actores como la Fiscalía, capacidades de investigación criminal y reglas claras para el uso de la fuerza.

La fuerza no basta

El riesgo es pensar que la seguridad se resuelve únicamente con operaciones militares y policiales. La lucha contra las organizaciones criminales requiere fuerza, pero también inteligencia financiera, investigación judicial, control territorial y capacidad estatal. Una operación puede destruir un campamento o desmantelar una banda y, sin embargo, dejar intacta la estructura económica que permite que la organización se reconstruya pocos meses después.

La misma lógica se aplica a las cárceles. El traslado de cabecillas a establecimientos de máxima seguridad puede ser una decisión razonable si busca impedir que continúen impartiendo órdenes desde prisión. Pero el traslado por sí mismo no desarticula una organización. Se necesita inteligencia penitenciaria, control efectivo de las comunicaciones, seguimiento de las redes externas y una política que impida que las cárceles continúen siendo espacios de reproducción del poder criminal.

Aquí aparece otra tensión importante. Ante algunos anuncios del Gobierno, es fundamental resaltar que más capturas y penas más altas pueden ser políticamente populares, pero no necesariamente producen menos delito; la evidencia ha demostrado que eso no disuade a los delincuentes. El riesgo es que la política criminal termine midiendo su éxito por el número de capturas, condenas o años de prisión impuestos y no por la reducción efectiva de la violencia y de la capacidad de las organizaciones criminales.

Este es probablemente el principal desafío de la propuesta de Abelardo de la Espriella. El populismo punitivo suele ofrecer respuestas muy visibles a problemas complejos. Crear delitos, aumentar penas o construir cárceles produce resultados fácilmente comunicables. Desarticular una red de lavado de activos, impedir el reclutamiento de jóvenes o recuperar la presencia efectiva del Estado en un territorio es mucho menos visible, pero probablemente mucho más importante.

Además, el Gobierno recibe un sistema penitenciario que todavía tiene graves problemas. Por eso, si la nueva política aumenta sustancialmente las capturas y el encarcelamiento, tendrá que responder simultáneamente por infraestructura, hacinamiento, resocialización y control criminal dentro de las cárceles.

Confrontación, sometimiento y paz

La decisión de cerrar la puerta a las negociaciones con grupos armados plantea otra discusión. Es comprensible que un Estado quiera recuperar capacidad de disuasión y evitar que los grupos ilegales utilicen el diálogo como mecanismo para ganar tiempo, territorio o legitimidad. Pero seguridad y paz no son conceptos contradictorios.

Incluso una política de confrontación necesita mecanismos de sometimiento y acogimiento a la justicia, desmovilización y entrega cuando estos sean posibles y convenientes. La ausencia de negociación política no debería significar la ausencia de una estrategia para sacar personas de las organizaciones criminales y pavimentar el camino hacia una convivencia menos violenta y más pacífica.

Por eso, el verdadero cambio frente al gobierno anterior no debería medirse únicamente por la cantidad de operaciones militares y policiales. Debería medirse por la capacidad del Estado para recuperar territorios, reducir homicidios y extorsiones, afectar las economías ilegales, disminuir el reclutamiento —especialmente de niños, niñas y adolescentes— y reducir la reincidencia. Esa es precisamente la ruta de la paz negativa, sobre la cual se puede iniciar el camino hacia la construcción de una paz positiva.

El desafío de la coordinación

Hay, además, un desafío de coordinación. La nueva estrategia parece integrar mucho más estrechamente seguridad nacional, seguridad ciudadana, lucha antidrogas y cooperación militar internacional. Esa integración puede mejorar la coordinación, pero también puede generar tensiones entre las competencias de la Policía, las Fuerzas Militares, los alcaldes, la Fiscalía y las autoridades civiles.

De ahí que un primer paso deba ser regresar a la tendencia que traía el país hasta 2022 y volver a tener una política de defensa y seguridad nacional por un lado, y una de seguridad y convivencia ciudadana por el otro, articuladas pero independientes.

Los resultados dependerán de que exista una arquitectura clara de mando y coordinación. En últimas, la nueva política criminal tiene una oportunidad que no debería desperdiciar. Colombia necesita un Estado capaz de enfrentar organizaciones que han acumulado poder económico, territorial y militar. La política de seguridad no puede consistir únicamente en reaccionar después de que ocurren los delitos.

Pero tampoco puede convertirse en una carrera por demostrar quién es capaz de ejercer más fuerza. La pregunta relevante para los próximos años no será si De la Espriella aplicará una política de mano dura. Esa respuesta parece bastante clara. La pregunta será si esa mano dura tendrá inteligencia suficiente para ser selectiva, capacidad estatal suficiente para ser sostenible y controles suficientes para mantenerse dentro del Estado de derecho y garantizar los derechos humanos de todos.

Si se consiguen esas tres cosas, el cambio puede representar una oportunidad para aumentar la seguridad colombiana. Si no, existe el riesgo de terminar con más operaciones, más presos y más cooperación militar internacional, pero sin una transformación proporcional de las condiciones que permiten que el crimen organizado siga reproduciéndose.

La verdadera política criminal, al final, no se mide por la fuerza que el Estado está dispuesto a utilizar. Se mide por su capacidad para hacer que esa fuerza deje de ser necesaria.

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