Michael Reed, autor en Razón Pública
Flickr La presentación de un homicidio premeditado como una muerte en combate simulada es una práctica antigua y arraigada en el Ejército colombiano.

Compartir:

Michael Reed Hurtado

La JEP no ha acusado a nadie, pero detrás de ese gran número de casos tenía que haber un tramado de incentivos, de redes y encubrimientos. Por eso las protestas airadas contra este primer paso de un proceso que ya está pisando callos.

Michael Reed Hurtado*

La noticia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) difundió la ruta de investigación y judicialización que persigue en uno de los casos más complejos que se hayan tramitado en cualquier jurisdicción del mundo: el de los falsos positivos. Además del tiempo transcurrido, la complejidad resulta de la magnitud de la transgresión, y del poder y la gran capacidad de resistencia de los responsables.

Mediante resolución del 12 de febrero de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP dio a conocer “la priorización interna del Caso 03 denominado ‘muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’”. No comunicó conclusiones ni hizo alegaciones.

Pero el tema es tan sensible que quienes se sintieron implicados saltaron y clamaron blasfemia en nombre propio, el del Ejército y el del gobierno. Y en seguida atacaron a quienes consideran sus acusadores.

Una lista actualizada

La sala de la JEP explicó que, sobre la base de las fuentes disponibles, había realizado un ejercicio de contrastación que dio como resultado una lista de 6.402 casos de muertes reportadas como Resultados Operacionales (ROs) por el Ejército en los cuales hay indicios suficientes para considerar que las muertes fueron fraudulentamente presentadas como bajas en combate.

La sala no ha concluido que esos casos sean eventos criminales, pero sí concluyó que hay elementos suficientes para cuestionar esos ROs y, por eso, los investiga.

Sobre la base de la lista consolidada, la sala expone la distribución temporal y espacial de los casos en cuestión y anuncia que, siguiendo criterios objetivos, ha adoptado una priorización regional, y que aplicará una metodología de investigación que “va de abajo hacia arriba”.

Lo visible y lo invisible

La sala de la JEP tiene que investigar de abajo hacia arriba, en parte, por la naturaleza misma de este fenómeno criminal: cada uno de los homicidios registrados fraudulentamente como una baja en combate por el Ejército está enterrado (o camuflado) por un largo registro administrativo y operacional que justifica la muerte. En relación con cada ejecución hay una historia alternativa que tiene sustento documental. Cada falso positivo implica una larga cadena de conducta oficial que no suele considerarse:

  • Cada muerte resultó de una operación militar que fue planificada, ejecutada y reportada bajo el manto de la ley, utilizando recursos públicos;
  • Cada muerte está amparada por documentos burocráticos (por ejemplo, órdenes de operaciones, anexos de inteligencia, registros de la munición utilizada, declaraciones de los implicados, e investigaciones de oficio de jueces penales militares) que legalizan la conducta letal; y
  • Cada muerte suma al indicador mortal de los respectivos soldados, oficiales, batallones, brigadas y divisiones, que fue usado como instrumento de evaluación.

Cada uno de los homicidios registrados fraudulentamente como una baja en combate por el Ejército está enterrado (o camuflado) por un largo registro administrativo y operacional que justifica la muerte

Mientras la ilegalidad de la acción siga estando camuflada o escondida, cada una de las muertes hace parte de los resultados (los ROs) que llenan de orgullo y gloria al Ejército — orgullo y gloria que son precisamente la defensa favorita de los militares que han sido acusados—.

La documentación para montar la mentira y las demás acciones de encubrimiento son elementos no visibles de esta práctica criminal. Es cierto que la atrocidad de cada muerte es espantosa, pero la matazón es apenas la punta del iceberg de este patrón criminal. Los soldados no hubieran matado sin la exigencia de sus superiores; en una organización jerarquizada, como el Ejército, la iniciativa personal no se permite. Además, estos actos ilegales se consumaron y se extendieron como resultado directo del ambiente operacional del Ejército, no por iniciativa propia de unos asesinos. Las acciones de mayores consecuencias están en la base del iceberg —la parte no visible de los falsos positivos—.

Le recomendamos: La JEP y la investigación sobre las 6402 víctimas de falsos positivos

La práctica es negada oficialmente y la justicia será resistida

Este proceso implica confrontar el hecho de que los gobiernos y los militares han escondido los rastros de las responsabilidades mayores y han tejido una madeja de mentiras (que incluye verdades parciales). Además, el secretismo que siempre ha existido en relación con los asuntos castrenses en Colombia produce la tiniebla perfecta para generar confusión.

El entramado negacionista se profundizó paradójicamente con el reconocimiento controlado del “escándalo de los falsos positivos” que hizo el gobierno Uribe. En efecto, el 29 de octubre de 2008 el entonces presidente declaró que había “serios indicios” de que miembros del Ejército habían recurrido a prácticas ilegales “a cambio de contribuir al logro de resultados”. El comunicado oficial se sustentaba en los hallazgos de una comisión administrativa que se ocupó de las denuncias de desaparición forzada y posterior homicidio de los jóvenes provenientes del municipio de Soacha, quienes fueron presentados como ROs por unidades del Ejército en Norte de Santander. El informe secreto de la comisión también señaló “una inexcusable falta de diligencia en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares”.

La matazón es apenas la punta del iceberg de este patrón criminal. Los soldados no hubieran matado sin la exigencia de sus superiores

El lenguaje del informe puede resultar medido, pero consideren lo podrida que tenía que estar la situación para que un mecanismo ad hoc de control interno llegara a esa conclusión. Esta alarma localizada debió haber motivado una investigación de fondo en todo el territorio nacional, pero incluso el caso de Soacha se quedó bajo reserva y empezó una gran operación de ocultamiento.

Ese proceso de negación y encubrimiento sigue activo y se manifiesta de manera diversa, incluyendo algunas de las siguientes acciones:

  • Minimizar la práctica y controlar la narrativa;
  • Adoptar nuevos marcos de política (sin nombrar el problema y sin dar a conocer los documentos que lo causaron; por ejemplo, el indiciador letal lo cambiaron sin revelar el original);
  • Entregar chivos expiatorios a la justicia (a veces forzándolos a asumir responsabilidades menores o poniéndoles abogado ajeno para controlar su intervención en los procesos penales y disciplinarios);
  • Esconder el registro institucional u organizacional (de hecho, hay prueba fehaciente de ordenes que pidieron destrucción de pruebas);
  • Obstaculizar todo intento de control externo (incluyendo casos de corrupción y amenazas a funcionarios judiciales);
  • Promover cambios de jurisprudencia (por ejemplo, en el Consejo Superior de la Judicatura sobre los conflictos de competencia con la Justicia penal militar);
  • Inventar marcos de referencia que no son jurídicos (como el supuesto derecho operacional);
  • Modificar la Constitución y las leyes para ampliar el alcance de una dependencia administrativa del ministerio de Defensa (la Justicia penal militar) sobre los casos de homicidio; y
  • (Cuando lo anterior falla o para respaldarlo) recurrir a la intimidación y la violencia.

La trama de acciones de negación y encubrimiento es tan larga como la letanía de atrocidades cometidas por el Ejército, y es parte integral de la práctica criminal que investiga la JEP. Sin ellas el crimen de Estado no se perfecciona.

Portada: Wikimedia Commons La indeclinable dignidad de los familiares de las víctimas ha hecho imposible la negación total de esta práctica criminal.

Puede leer: Los falsos positivos son una vergüenza para Colombia

Una conducta arraigada que adquirió dimensiones industriales

La presentación de un homicidio premeditado como una muerte en combate es una práctica antigua y arraigada en el Ejército colombiano, conocida como “legalización”. La diferencia del período que estudia la JEP en relación con esta conducta registrada en los ochenta y los noventa es el volumen industrial que adquirieron las legalizaciones entre 2002 y 2008.

Durante aquellos años, los falsos positivos se hicieron parte prácticas comunes en las unidades militares:

  • Se llevaban “marcadores” o conteos de los muertos, como si se tratara de una contienda deportiva entre distintos batallones;
  • Comandantes de división evaluaban a los subalternos sobre la base del número de bajas (ignorando cualquier otro resultado);
  • Los oficiales jóvenes competían por permios y ascensos sobre la base del conteo de muertos; y
  • Se establecieron incentivos formales e informales —medallas, asignación de tareas ligeras, permisos personales, fiestas y vacaciones pagas— para aumentar el número de bajas.

La incitación a la creatividad hizo parte explícita del llamado de los comandantes del Ejército, como muestra el registro de algunas “revistas radiales”. La innovación fue impulsada por el desmonte o la neutralización de las reglas y los mecanismos de control (internos y externos). Al adoptar la muerte como meta y medida de la gestión, la práctica se extendió y se generalizó hasta su abrupta disminución a partir de octubre de 2008 — cuando los comandantes decidieron tomar medidas de freno y demostraron, de paso, que sí era posible hacerlo —.

Cómo funciona un falso positivo

Tenemos bastantes detalles sobre la mecánica del secuestro y la muerte en el marco de los falsos positivos. Fueron tantos los casos durante tanto tiempo que su comparación refleja hábitos y aprendizaje (informal) entre los ejecutores.

Surgió una jerga para describir distintos aspectos de los eventos; por ejemplo, a las víctimas les llamaban muñecos, toros o paquetes. A punta de repetir el hecho, los militares aprendieron que había muñecos mejores que otros; como escribí en 2013: “si el muñeco venía con antecedentes criminales más fácil se hacía el montaje; o si era guerrillero de verdad, ejecutarlo era un paseo. Grotescamente, la justificación de la muerte se amplificó y el mercado de los cuerpos para dar de baja prosperó (…) Las víctimas venían marcadas como bestias, signadas por el desprecio y la discriminación; se buscaban drogadictos, ladrones, habitantes de la calle, personas con desórdenes mentales, y personas con cualquier otra condición que generara el despreció de sus verdugos. Al comienzo —narran las voces de algunos de los perpetradores que han sido sentenciados— se buscaban personas bien malosas, pa’ que la vuelta tuviera sentido. Después dejó de importar; fue tan descarada la carnicería que todo se hacía buscando el menor esfuerzo”.

Se llevaban “marcadores” o conteos de los muertos, como si se tratara de una contienda deportiva entre distintos batallones

Las técnicas utilizadas están condicionadas por factores personales de los ejecutores, elementos de oportunidad y de situación (incluyendo, “los medios disponibles para la vuelta”). Como otro tipo de prácticas encubiertas en los cuerpos de seguridad, este oficio de matar “de manera encubierta pero limpia” — es decir, para simular bajas legítimas— no es objeto de instrucción formal. “Las técnicas se esparcen mediante noviciados de trastienda, redes de murmullos, y el poder habilitante de quienes miran con conocimiento, pero se hacen los de la vista gorda”, como dice Rejali.

La responsabilidad de los superiores no está en órdenes grotescas o manifiestamente ilegales. Está en la presión por resultados, en la premiación de los resultados, en el provecho propio, y en el encubrimiento, la ignorancia deliberada y la connivencia con la atrocidad. La responsabilidad de los superiores es profunda y no ha sido tocada.

El tiempo corre…

No es la primera vez que un órgano de investigación del Estado asume la tarea de investigar estos hechos, pero sí es la primera vez que una entidad judicial los pone en blanco y negro, organiza y consolida el esfuerzo de manera estratégica, y abiertamente asume la tarea de esclarecer un patrón de criminalidad incrustada en el Estado.

La Fiscalía General de la Nación lo intentó en algún momento, pero además de desistir a media marcha, acabó por trasladar masivamente muchos de los procesos a la Justicia penal militar y condenó al ostracismo a investigadores y fiscales que avanzaban en contra de responsables superiores.

El reto de la JEP es gigante y tardará tiempo. Este esfuerzo necesita la (agotada) paciencia de los familiares de las víctimas, mucha técnica (en investigación y aplicación del derecho), y el respaldo de la ciudadanía mientras avanza el esfuerzo de producir verdad y justicia, en contra de intereses muy poderosos. El tiempo se agota, pero el auto de la JEP contiene pistas que indican que la ruta es prometedora.

Del anuncio de la JEP, preocupan los casos que no han entrado en la priorización inicial: imagínense cómo se sienten los familiares de las víctimas de los casos acontecidos en Arauca, Boyacá, Putumayo o Sucre (no incluidos en el primer corte).

La indeclinable dignidad de los familiares de las víctimas ha hecho imposible la negación total de esta práctica criminal. Pero gran parte del entramado criminal que sustentó y sustenta esta práctica sigue tapado y todo intento por descubrir la transgresión colectiva y la responsabilidad de superiores es achacado a la guerra mediática y jurídica orquestada por los “corifeos de la guerrilla”, o (ahora) por “víboras venenosas”.

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

Foto: Pixabay El abuso de poder y la corrupción son problemas que aquejan a las organizaciones de policía de todo el mundo.

Compartir:

Michael Reed Hurtado

El abuso de poder policial no es un hecho aislado, y por eso las reformas o medidas que se toman cada vez que hay un escándalo no resuelven el problema. Hay que ir al fondo de la propia institución.

Michael Reed Hurtado*

Cómo está organizada la Policía en Colombia

El abuso de poder y la corrupción son problemas que aquejan a la Policía en todo el mundo. En todas partes son comunes los escándalos de corrupción y de uso excesivo de la fuerza.

En el caso de Colombia y según el artículo 218 de la Constitución, “la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, (…) cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Junto con las fuerzas militares, la Policía hace parte de la Fuerza Pública y está adscrita al Ministerio de Defensa. Por tanto, es un cuerpo civil al amparo de la defensa nacional.

La Policía en Colombia cuenta con registro oficial desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, el Decreto 1000 de 1891 creaba un cuerpo de policía para los servicios de orden y seguridad en Bogotá.

Este organismo estuvo marcado por la parcialización política y el control de los jefes departamentales y locales, y altamente condicionada por el sector militar. De hecho, después del alzamiento del 9 de abril, salvo un grupo selecto de oficiales y cadetes, el personal policial fue reemplazado por miembros del Ejército.

En 1953, la Policía fue integrada formalmente a las Fuerzas Armadas. Pero en 1960 comienza a consolidarse la organización que hoy conocemos: de carácter nacional, centralizada y subordinada al sector de la guerra. A partir de ese momento, su relación de constante comparación con el Ejército imprimió rasgos castrenses que condicionan sus prácticas hasta el día de hoy.

En el interior del Ministerio de Defensa, la Policía cuenta con un alto grado de autonomía, a tal punto que su Director General fue facultado para expedir “las resoluciones, manuales, reglamentos y demás actos administrativos necesarios para administrar la Policía Nacional en todo el territorio nacional”.

En la actualidad, la Policía Nacional es una organización conformada por aproximadamente 200 mil funcionarios, leales a los suyos y con pocos controles externos.

El supuesto poder de los alcaldes

La subordinación de la Policía a las autoridades civiles está prevista en el artículo 315 de la Constitución: “El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.

Sin embargo, esta relación de subordinación no opera en la práctica. Este es un problema documentado de manera recurrente: no hay nada nuevo en la actual insubordinación.

Por un lado, la Policía Nacional es una organización jerarquizada: sus comandantes locales y regionales se subordinan a la línea de mando policial, no a la de la autoridad civil. Pese al cambio de nomenclatura en la carrera policial, el mando sigue reflejando la organización militar.

Por otro lado, las autoridades civiles son reticentes a ejercer de manera plena sus funciones como primera autoridad policial y delegan su papel.

Si bien en los últimos años algunas autoridades se involucran más en los temas de seguridad ciudadana, la relación que mantienen con la Policía es conflictiva porque existen diferencias de criterios, conceptos y prioridades. Hay desconfianza mutua, como lo ejemplifica el caso bogotano.

El peligro del fuero

Los miembros de la Policía están amparados por el fuero militar. Por lo tanto, la Justicia Penal Militar (JPM) reclama competencia sobre los delitos cometidos por los policías durante el servicio activo: cuando su conducta esté relacionada con la función policial y se derive de esta.

La extensión de este fuero es erradamente concebida como un “derecho” de los uniformados y una garantía constitucional —así lo refleja el Ministerio de Defensa en la publicación: Revista Justicia Penal Militar, ahora Revista Justicia Penal Militar y Policial—.

El fundamento constitucional de esta artimaña no es explícito. Determinar que las conductas criminales de los policías queden en manos de la JPM choca con el principio constitucional del juez natural y las investigaciones independientes.

En relación con el control penal y el disciplinario, el cuerpo policial tiende a bloquear los mecanismos externos para beneficiar a los propios. De esta manera, se resguarda de los controles de otras entidades.

Foto: Wikimedia Commons En muchos contextos hay desconfianza mutua entre las autoridades civiles y policiales, complicando aún más la relación.

Razón Pública le recomienda: La justicia penal militar (y policial): justicia que no es justicia

Imagen ambigua

En una reciente entrevista, el general retirado Juan Carlos Buitrago declaró que “la Policía Nacional es la más reconocida y respetada a nivel mundial. Exportamos nuestro talento, experiencia, doctrina y capacidades”.

Pero en el nivel nacional la organización tiene un estatus peculiar, marcado por la contradicción. Por un lado, es necesaria para mantener el orden público. Pero por otro lado, es una fuente constante de corrupción y abuso de poder. Esos polos opuestos hacen parte de un ambiente de incertidumbre que la rodea desde hace décadas.

Reformas que no sirvieron

La Policía esta marcada por un ciclo de escándalo, reforma, recaída, y nuevo escándalo. Dicho ciclo fue claro en las reformas de 1993 y 2003, y parece que se repetirá.

Suele ocurrir que un escándalo impulsa una reforma, sin examinar a fondo las conductas que se quieren corregir, su extensión ni sus causas:

  • En 1993 el escándalo fue la violación y el brutal asesinato de una niña de nueve años en la estación de policía de Germania.
  • En 2003 fue la apropiación de tres toneladas de cocaína por parte de un grupo de policías para beneficiar al crimen organizado en Barranquilla.

Las dos reformas afectaron la institución, pero fueron insuficientes porque no atacaron los problemas internos de la institución. De hecho, la reforma de 2003 tuvo efectos negativos: aumentó la autonomía de la organización y su aislamiento.

Las reformas son más bien eventos anómalos, porque apenas la atención pública se aleja de los escándalos, el ambiente reformista desaparece y la organización se ajusta a la nueva realidad.

Este funcionamiento cíclico no es exclusivo de Colombia. Desde hace décadas, se observan ciclos de cinco a diez años alrededor del mundo.

Puede leer: La Policía Nacional: ¿por qué es tan difícil reformarla?

“Manzanas podridas”

La gran mayoría de casos de abuso de poder se gestionan como eventos extraordinarios que comenten algunas “manzanas podridas”. Por esto se tramitan mediante relevos, acciones disciplinarias y penales contenidas, anuncios de modernización y procesos de promoción de derechos humanos.

El gobierno y sus aliados repiten que los escándalos no representan la institución, puesto que esta exhibe estándares ejemplares. Pero la frecuencia de los incidentes demuestra lo contrario: la organización promueve o tolera el comportamiento criminal.

Si bien hay algunos eventos que pueden explicarse como resultado de la disposición de los implicados, existen otros elementos que se ocultan, como la tendencia policial a neutralizar los controles.

Al examinar la corrupción policial en Estados Unidos en los años ochenta y noventa, uno de los comisionados de policía, Patrick V. Murphy, resaltó que “La teoría de las ‘manzanas podridas’ no puede seguir operando. Un funcionario de policía corrupto no es un delincuente por naturaleza, o un hombre moralmente inferior, constitucionalmente distinto de sus colegas honestos. La tarea de quien controla la corrupción es examinar el tonel, no solo las manzanas –es decir, la organización, no solo a los individuos que la conforman– porque los policías corruptos se hacen, no nacen así”.

Algunas de las variaciones en el comportamiento policial colombiano pueden deberse a factores particulares, pero la extensión y el alcance de las prácticas abusivas dependen de los factores organizacionales.

Además, al esconder la existencia de las transgresiones policiales la institución esta más involucrada, como sucedió con el asesinato de Diego Felipe Becerra en agosto de 2011.

Foto: Policía Nacional de Colombia La PONAL ha estado marcada por una dinámica cíclica de escándalo, reforma, recaída, y nuevo escándalo.

Lea en Razón Pública: Por qué falló la policía y cuáles son las consecuencias

Cultura del abuso y del silencio

La muerte del abogado Javier Ordóñez como resultado de la brutalidad policial produjo conmoción. Pero no se debe ignorar que diariamente muchas personas son abusadas o asesinadas en procedimientos policiales: las personas “sin techo”, las trabajadoras sexuales, los pandilleros o los consumidores de droga.

El caso de Ordóñez necesita justicia; pero esto no resolverá el problema. Las víctimas caen en procedimientos policiales que tapa la JPM. Los muertos son los parias urbanos que se quedaron sin derechos.

La mayoría de las conductas abusivas hacen parte de modelos predatorios que afectan a ciertas personas y que no son detectados ni reprochados, sino avalados y aplaudidos por amplios sectores de la población.

La Policía Nacional evade los controles y niega las infracciones que la afectan. No hay que olvidar que es una organización retraída y hermética. Esto explica su capacidad de negar y controlar la información sobre el abuso de poder, y de neutralizar los intentos por develar los patrones de trasgresión.

Pero además la lealtad y la solidaridad interna, enseñadas como valores oficiales para promover la cohesión en la organización, adquieren rasgos negativos cuando se usan como mecanismos de defensa a las dudas externas.

Estos elementos se traducen en un muro de contención frente a los esfuerzos de control, un código de silencio con profundo arraigo en la cultura policial. Un código equiparable a la Omertà, la ley de la mafia siciliana de no cooperar con las autoridades.

Michael Cherkasky, ex fiscal de la ciudad de Nueva York y designado por el Departamento de Justicia para monitorear el departamento de policía de la ciudad de Los Ángeles, manifestó en 2001: “Estamos tratando con personas que conocen el sistema, que conocen (por lo tanto) como eludirlo. (…) Si es difícil penetrar el mundo del crimen organizado, los muros del silencio son aún más difíciles de penetrar en departamentos de policía”.

En Colombia, estamos frente a un fenómeno que demanda atención inmediata. Al tratarse de prácticas extendidas de abuso de poder y corrupción, estas no se frenarán mediante la sanción de unos cuantos policías. Como recuerda Skolnick, los policías torcidos no llegan a la organización; la cultura, el ambiente de trabajo y las reglas del juego que se observan en la Policía los tuercen.

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

Compartir:

Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP

Michael ReedLa creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas trae muchas promesas y expectativas, pero aún quedan preguntas y contradicciones que podrán llevarla a una mala planeación y a repetir los errores del pasado.

Michael Reed H.*

Continue reading «Búsqueda de personas desaparecidas: ¿Será que ahora sí? ¿U otra vez no?»

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

Compartir:

Cúpula de Fuerzas Armadas apoyan la JEP. Marzo 2017

Michael ReedEl amargo debate alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz no ha servido sino para evitar otro debate aún más amargo sobre la complicidad de las élites políticas, económicas y militares con las atrocidades en el conflicto armado colombiano.

Michael Reed*

Continue reading «La justicia transicional como cortina de humo»

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

Compartir:

Michael ReedAhora se rasgan las vestiduras y se anuncian investigaciones, pero desde hace por lo menos 16 años las autoridades sabían de las masacres y de la guerra brutal en las prisiones de Colombia. Aquí están las evidencias. 

Michael Reed Hurtado*

Continue reading «Atrocidades en las cárceles colombianas: todos sabían»

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

Compartir:

El Presidente Santos rodeado de la cúpula militar

Michael ReedCrítica abierta a una ley hecha a la medida para que los militares y policías de Colombia se juzguen entre ellos mismos, tanto en los casos de delitos graves como en las pequeñas causas. Una ley para crear impunidad haciendo una pantomima de justicia.

Michael Reed Hurtado*

Continue reading «La justicia penal militar (y policial): justicia que no es justicia»

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

Compartir:

Cárcel de Riohacha en La Guajira, uno de los centros penitenciarios más hacinados en el país.

Michael Reed HurtadoEl nuevo fallo de la Corte Constitucional revivió las alarmas. Pero los fallos, las cifras y los discursos no muestran sino que esconden la realidad de la vida que deben llevar los hombres y las mujeres encerrados en las cárceles.

Michael Reed Hurtado* 

Continue reading «Las cárceles, o el encierro salvaje»

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

Compartir:

Reconocer los derechos de las víctimas es un gran avance. Pero encontrar y admitir la verdad sobre los victimarios de lado y lado, oír de veras a las víctimas y asegurar de veras sus derechos implica desafíos sencillamente enormes.  

Michael Reed Hurtado*

Continue reading «La declaración de principios sobre víctimas: solo el primer paso»

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

Compartir:

M1chael_REEDReflexiones preocupantes y bien argumentadas sobre el proyecto de ley estatutaria que modifica el régimen aplicable al juzgamiento de los militares y los policías. Un franco retroceso.

Michael Reed Hurtado*

Continue reading «El fuero: derecho penal por militares, para militares»

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

Compartir:

Michael ReedEn el centro del debate están los falsos positivos: todo apunta a un intento deliberado por esconder las atrocidades cometidas. Peor aún, se distorsiona el derecho internacional sobre la guerra, se crea un tribunal de garantías separado, se pasan a la justicia militar los delitos que no le corresponden…y esta reforma está pasando a pupitrazos.

Michael Reed Hurtado *

Continue reading «Justicia penal militar recargada»

0 comentarios

Michael Reed

Escrito por:

Michael Reed

*Profesor de la Universidad de Georgetown. @mreedhurtado

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.