Acuerdo sobre desminado: un paso en firme hacia la paz
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El acuerdo es una noticia excelente, pero siguen las preguntas difíciles: ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo vencer la resistencia sorda desde ciertas instancias del gobierno? Una mirada experta sobre las complejidades del asunto.
Andrés Dávila L.*
Acuerdo y preguntas
Este 7 de marzo se dio a conocer el acuerdo entre las FARC y el gobierno sobre desminado humanitario. La noticia captó la atención de los medios y estuvo en primera plana hasta comienzos de semana. El anuncio fue muy bien acogido por prácticamente todos los sectores, y hasta los cercanos al ex presidente Uribe reconocieron que era un hecho importante y tuvieron que darle la bienvenida.
Sin embargo -y como es entendible-, después de la reacción inicial comenzaron a surgir las preguntas acerca de:
1. El carácter y las implicaciones del compromiso;
2. Las condiciones previstas para llevarlo a cabo;
3. Las posibilidades efectivas de éxito en un plazo razonable, y
4. Las capacidades existentes en Colombia para tales efectos.
Un gran paso de las FARC
Sobre lo primero importa señalar que el acuerdo tiene un profundo significado por la decisión de las FARC de abandonar una de las tácticas militares que les ha significado réditos mayores en su guerra prolongada.
Sin duda, el uso de minas antipersonal es una opción degradada que atenta contra el derecho internacional humanitario y afecta indistintamente a combatientes y civiles; pero son innegables su eficacia y su excelente relación costo- eficiencia.
De allí que las minas se hubiesen convertido en un arma -silenciosa y económica-de uso común para acompañar acciones ofensivas, y en la de más importancia para contener las escaladas ofensivas de las Fuerzas Armadas. Además, las minas sirven para evitar la erradicación manual de cultivos ilícitos. En cada uno de estos respectos, las FARC aprendieron y tuvieron capacidad de transformación y adaptación.
Se ha avanzado apenas poco más de un kilómetro cuadrado desminado en casi una década de actuaciones.
Bajo tales circunstancias, la decisión de abandonar el desminado y de colaborar en el hallazgo y destrucción de minas sembradas durante casi dos décadas es una señal clara e inequívoca de su voluntad de “des-escalar” el conflicto.
Cierto que antes se había anunciado que las FARC suspenderían el reclutamiento de menores de 17 años, una decisión que también fue importante y útil para desactivar los factores que alimentan el conflicto. Pero ahora se trata de una decisión estrictamente militar y de completa responsabilidad de las FARC.
 Conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización de las Minas Antipersona, en la Plaza de Bolívar de Bogotá en el año 2011. Foto: Policía Nacional de los Colombianos |
¿Quién? ¿Cómo?
Los negociadores del gobierno –y los voceros de las instituciones oficiales responsables del asunto- han hablado de comenzar por un ejercicio piloto donde la ONG Ayuda Popular Noruega servirá como facilitadora y co-ejecutora de la tarea a cargo del Batallón de Desminado Humanitario que hoy está adscrito al Ejército Nacional y opera bajo la tutela de la Inspección General de las Fuerzas Militares. Estas entidades seguirán las indicaciones de los combatientes de las FARC destinados a adelantar las operaciones de carácter humanitario.
Como ejercicio piloto y como demostración de lo avanzado de las negociaciones, esta fórmula no solo resulta viable, sino además deseable. Pero al pensar en la labor bastante más compleja de desminado del territorio nacional, el modelo piloto tendrá que adecuarse a lo que hasta ahora han previsto la legislación y la política. Y en este punto aparecen el tercero y el cuarto de los asuntos que mencioné arriba.
Muy rápidamente, el hoy ministro consejero para el postconflicto, general (r) Óscar Naranjo, habló de una labor que podía tomar una década (dos lustros, para usar sus palabras). Además, a estas metas exigentes pero aparentemente manejables y a las cuestiones políticas que hacen compleja la tarea, hay que sumar las dificultades técnicas y de gestión.
Acá importa señalar que Colombia tiene un compromiso con la comunidad internacional para mostrar avances claros hacia el desminado del territorio en el 2021. Para esto ha conformado una capacidad con pelotones que integran el Batallón de Desminado Humanitario. El objetivo de este proyecto era llegar a 10.000 hombres dedicados al desminado humanitario a partir de una fuerza de casi 200.000 soldados; sin embargo y desde hace varios años, la fuerza se ha estancado en poco más de 500 hombres.
Hasta ahora los resultados suenan bien, pues algunos municipios han quedado libres de minas, pero en realidad se ha avanzado apenas poco más de un kilómetro cuadrado desminado en casi una década de actuaciones.
Por las características del minado en Colombia (minas artesanales, hechizas, colocadas con economía de materiales y optimización de impacto), tanto la medición en áreas despejadas como la cuantificación por número de minas destruidas pueden no ser indicadores relevantes.
Minando el acuerdo
No menos preocupante, hay que anotar que dos tareas complementarias han sido objeto de obstáculos sistemáticos por parte, tanto de los responsables militares como de los civiles encargados de impulsar esta labor:
Una labor como la del desminado humanitario podría ser el mejor ejemplo de la transformación concreta de nuestras Fuerzas Militares hacia el posconflicto.
-Primero está la decisión de permitir que ONG internacionales de carácter civil y humanitario adelanten labores de desminado. La británica Halo Trust, presente en Colombia desde 2009, apenas en 2013 recibió la acreditación y con timidez y restricciones se le han asignado zonas para desminar. Las otras organizaciones interesadas están a la espera de un proceso de acreditación técnicamente complejo, pero sobre todo lleno de obstáculos de tipo burocrático y jurídico.
-Segundo, están los dos mecanismos que permitirían avanzar en forma decisiva:
- Los denominados “estudios no técnicos”, con los cuales es posible declarar territorios libres de la presencia o sospecha de presencia de minas sin llegar a la etapa costosa y lenta del desminado humanitario. Se han hecho avances en esta dirección, y a instancias de UNMAS (Servicio de Naciones Unidas para la acción contra minas) se han avanzado proyectos que utilizan esta metodología en ciertos territorios. Hasta ahora han primado el exceso de celo y el temor a tomar decisiones, pero se espera que el nuevo responsable del asunto, bajo supervisión directa del general (r) Naranjo, se comprometa a completar la tarea prevista.
- Por otra parte y a raíz de la experiencia adquirida en los procesos de restitución de tierras (que necesitan al menos una mínima aproximación a la presencia de minas antipersonal) se introdujo la metodología de “micro-focalización”. Esta metodología rompía con la pesada e impráctica declaratoria de municipios completos en verde, amarillo o rojo, según un conjunto de indicadores definidos principalmente por el Ministerio de Defensa. Pero las autoridades responsables se han mostrado reacias a esta opción, salvo cuando es imperativo proceder a la restitución de tierras. También en este caso habría que esperar que desde el alto gobierno se deshagan las trabas, las desconfianzas y los intereses largamente mantenidos en los ámbitos militares y de defensa involucrados en el tema.
Dado todo lo anterior, es cuando menos sorprendente que el procurador hubiera dicho que “el desminado lo debe hacer la propia guerrilla”. Semejante declaración podría pasar como un comentario desafortunado, si no mostrara cómo y hasta donde pueden ponerse trabas a la paz desde la ignorancia y el desconocimiento. Y sin embargo falta ver la incidencia que tendrá su propuesta.
 Soldado del Ejército Nacional, víctima de una mina antipersona. Foto: Policía Nacional de los Colombianos |
Lo que falta
El desminado humanitario requiere decisiones prácticas, concretas y efectivas, así como vencer los lastres burocráticos, los jurídicos y la usual reticencia al cambio de los órganos militares y de defensa. Una labor como la del desminado humanitario podría ser el mejor ejemplo de la transformación concreta de nuestras Fuerzas Militares hacia el posconflicto.
Adicionalmente, es importante reiterar que la perspectiva predominante no puede ser exclusivamente la del desminado. Por los riesgos involucrados, por la complejidad operacional, por la necesaria interacción con las comunidades afectadas, la perspectiva tiene que ser la de la acción integral contra las minas antipersonal, con un claro liderazgo civil, con sus componentes de educación en el riesgo de minas, gestión territorial, gestión de información (una gran deuda pendiente) y sin olvidar la atención y rehabilitación integral de las víctimas, proceso que hoy se vive en clave de reparación.
Para todo esto es fundamental un trabajo coordinado y complementario con las ONG tanto nacionales como internacionales expertas, con la sociedad civil y con el respaldo, el acompañamiento y las oportunidades que abre siempre la comunidad internacional.
Es hora de pensar en una actualización y revisión de la política y del documento CONPES sobre minas antipersonal expedido hace ya seis años, de manera que podamos avanzar sistemáticamente en el propósito de tener, en unos cuantos lustros, una Colombia libre del flagelo de las minas antipersonal.
* Ex director del Programa para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) hoy Dirección, politólogo de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la FLACSO, México, profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
Acerca del autor
Andrés Dávila
*Politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
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Andrés Dávila
*Politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
