Megacárceles no, cárceles sí

Es posible construir y poner a funcionar cárceles que solucionen los graves problemas por los que atraviesa el sistema carcelario y penitenciario colombiano, como se ha demostrado con la Cárcel Distrital de Bogotá y lo está haciendo Medellín. Así, el Gobierno puede solucionar los graves problemas que por décadas han persistido en el Sistema y alejarse de la idea de repetir el modelo de megacárceles de Bukele en El Salvador.

Para cualquier política pública integral de seguridad, el sistema carcelario y penitenciario es un elemento fundamental para garantizar la seguridad y la justicia de los ciudadanos. Una política integral debe contemplar acciones, proyectos y programas disuasivos, de prevención de la violencia y la delincuencia y de control y uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia, que incluyen las medidas privativas de la libertad en establecimientos carcelarios, según la normatividad penal existente.      

Hoy el sistema carcelario y penitenciario colombiano mantiene graves problemas de hacinamiento, corrupción, actividad delincuencial, falta de control por parte del Estado, y el gobierno de Gustavo Petro hizo muy poco para solucionar estos problemas. Recibió el sistema en 2022 con un hacinamiento del 19,9% y lo entrega con el 27,1%, esto sin tener en cuenta los más de 20.000 detenidos en estaciones de policía y URI de la Fiscalía General de la Nación del país, con los cuales el hacinamiento superaría el 53%. La capacidad instalada, durante estos cuatro años de gobierno apenas creció en 378 cupos nuevos, pasó de 80.647 a 81.025, mientras la población intramural creció en 6.246 personas, al pasar de 96.703 a 102.949 reclusos. 

Para enfrentar estos graves problemas del sistema carcelario y penitenciario, el nuevo gobierno ha propuesto construir varias megacárceles, inspirado en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador que ha sido cuestionado por la violación de los derechos humanos en los niveles local e internacional, como lo expuse en un artículo que publiqué hace cinco meses. Frente a esta cuestionable propuesta, el nuevo ministro de justicia designado, Iván Cancino, aseguró que “no se trata de meter a todo el mundo preso por capricho, sino de buscar alternativas para aliviar la grave crisis de hacinamiento carcelario que padece el país y cortar de raíz la delincuencia y las extorsiones que se ordenan desde el interior de los penales”, ojalá se mantenga en el próximo gobierno esta razonable posición.

Qué cárceles requiere Colombia

Son distintas las soluciones que a lo largo de los años se han implementado para acabar con el hacinamiento y la corrupción del Sistema Carcelario y Penitenciario colombiano, como ha sido la ampliación de cupos con la construcción de nuevas cárceles o creando nuevos cupos en las existentes, que en algunos casos agravan más el problema, reformas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y creación de otras dependencias como la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelario (Uspec), modificaciones legales para la excarcelación, las cuales al poco tiempo son reversadas cuando la inseguridad ciudadana se incrementa, y modificaciones legales con penas distintas a la privación de la libertad; todo esto mediado por la urgencia de solucionar un problema que hoy requiere:

• Decisión política y liderazgo del presidente y del ministro de Justicia para elaborar y ejecutar una política de reforma y fortalecimiento del Sistema en el inmediato, el mediano y el largo plazo.
• Construir nuevas cárceles en Alianza Pública Privada (APP) por parte de la Nación, como lo propone el nuevo gobierno, y construcción de otros establecimientos carcelarios regionales en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, de acuerdo con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional  a través de la Sentencia SU-122-22v, que amplió el Estado de Cosas Inconstitucional a URI y estaciones, donde hoy sobreviven en el país más de 20.000 personas en las peores condiciones, que violan todos los derechos humanos.
• Que las nuevas cárceles cuenten con personal administrativo, guardianes y de resocialización nuevos, por fuera del Inpec y la Uspec. Se podría conformar una fuerza especial para la recuperación del Sistema, con personal nuevo que ingresaría con rigurosos procesos de selección, capacitación e incorporación y contaría con un sistema laboral que eleve la calidad, el profesionalismo y su bienestar y que limite su sindicalización por ser un cuerpo armado del Estado, como sucede con la fuerza pública. 
• Si se aumenta el personal del Inpec para mejorar la seguridad de los establecimientos carcelarios existentes, como lo están solicitando los sindicatos, este nuevo personal debe ingresar con el régimen nuevo y no mezclarlos con el personal antiguo que tiene graves problemas de corrupción e ineficiencia. De esta manera se puede iniciar un proceso de depuración, reentrenamiento, capacitación y mejora del bienestar del personal, como se hizo con la reforma de la Policía Nacional en los años 1990. En el caso del Inpec y de la Uspec habría que iniciar procesos de depuración, profesionalización y reestructuración profunda para evitar que los hechos de corrupción e ineficiencia se sigan produciendo en estas instituciones.

Las experiencias de Bogotá y Medellín sirven para construir las nuevas cárceles.

La Cárcel Distrital de Bogotá, que lleva 24 años siendo la mejor cárcel del país, la cárcel que está construyendo Medellín en APP, en el corregimiento de San Cristóbal, Vereda Pedregal Alto, pueden ser buenos ejemplos a seguir para los nuevos establecimientos que construirá la Nación durante el próximo cuatrienio.

Estas cárceles cumplen las normas internacionales, como las Reglas Nelson Mandela, manuales de las Naciones Unidas, el Comité de la Cruz Roja Internacional y las recomendaciones Internacionales para Reclusión de Internos (PRI), así como también las normas de carácter nacional como el Manual de Diseño de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria vigente, expedido por la Uspec, y la sentencia T -762 de 2015 de la Corte Constitucional.

Con base en estas experiencias, se puede asegurar que: 

• Los costos de construcción, administración y funcionamiento de estas cárceles son menores, comparados con los costos con los cuales hoy está construyendo cárceles la Uspec y administrándolas el Inpec.
• En términos de funcionamiento y operatividad, los costos de funcionamiento por interno no superaban los $2,5 millones mensuales, similar al costo que estiman el Inpec y la Uspec en el modelo cuestionado por corrupción e ineficiencia administrativa. 
• Este modelo puede contar con personal de guardia y administrativo del sector privado entre el 70% y el 80%, lo que garantiza que esos puestos de trabajo, en cantidad y calidad, siempre contarán con personal profesional laborando, lo que permitirá el adecuado funcionamiento de los establecimientos carcelarios. Este personal no será sindicalizado.

Nuevas cárceles: costos y funcionamiento.

No basta con construir nuevos y modernos establecimientos carcelarios para solucionar los graves problemas que tiene Colombia es este campo, es necesario que la construcción y funcionamientos de las nuevas cárceles cuenten con:

• Una estructura segura y controlada por el Estado, con espacios adecuados para privar de la libertad a las personas en condiciones respetuosas de los DD. HH., de acuerdo con las normas internacionales y nacionales para la reclusión de internos.
• Personal profesional administrativo, de guardia y de resocialización nuevo, no sindicalizado y con un régimen especial, distinto al personal del Inpec para comenzar un proceso de transformación del sistema.
• Protocolos claros de seguridad, administrativos, de disciplina y de control internos y de seguimiento y evaluación externos.
• Modelos pedagógicos de resocialización y desarrollo personal de los internos e internas.
• La posibilidad de APP de inversión en este importante sector de la justicia, como se ha hecho en la ciudad de Medellín y teniendo en cuenta que algunos sectores privados están interesados en el tema, como es el caso de las empresas de vigilancia y seguridad privadas que quieren invertir en este campo.    

Con base en la experiencia adquirida en el diseño y construcción y funcionamiento de la Cárcel Distrital y la nueva cárcel que está construyendo Medellín, el costo estimado para la construcción de una nueva cárcel para 2.200 internos en 2025 es cercano a $350.000 millones, sin contar los costos operativos y de funcionamiento.

En relación con los costos de personal, en una APP, donde el 80% puede ser personal del operador privado y el 20% público, se tiene un costo estimado anual de $37.000 millones, como se puede ver en el siguiente cuadro:  

En términos de funcionamiento, estos son los costos anuales estimados:

Diseños preliminares de la nueva cárcel de Medellín.

Los costos estimados anuales y mensuales por interno son los siguientes, sin contar los costos de construcción:

Es posible construir y poner a funcionar cárceles que solucionen los graves problemas por los que atraviesa el sistema carcelario y penitenciario colombiano, como se ha demostrado con la Cárcel Distrital de Bogotá y lo está haciendo Medellín con el establecimiento que está construyendo. 

De esta manera, el gobierno entrante puede comenzar a solucionar los graves problemas que por décadas han persistido en el Sistema y alejarse de la idea de repetir el modelo de megacárceles de Bukele en El Salvador, modelo que de manera infortunada se repitió en Ecuador con la nueva megacárcel de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena, donde ya se tiene graves denuncias de violación de derechos humanos, agravado por el brote de tuberculosis que ha provocado varios muertos. 

El nuevo gobierno tiene la palabra y la responsabilidad de gobernar en el marco de nuestro Estado democrático de derecho, respetando los derechos humanos. Durante estos cuatro años de gobierno puede llegar a construir seis cárceles de las características expuestas y en conjunto con alcaldes y gobernadores construir otras cárceles hasta completar 25.000 cupos nuevos, se necesita de la voluntad política y decisión del nuevo presidente y ministro de Justicia.      

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