Inicio TemasConflicto, Drogas y Paz El estatuto de la oposición: una deuda pendiente

El estatuto de la oposición: una deuda pendiente

Escrito por Andrés Dávila

Ceremonia por los Acuerdos de Paz, representación y participación política de las FARC.

Andres DávilaEs un asunto fundamental en este o en cualquier otro acuerdo para sellar la paz, pero a la vez es una fuente de incontables paradojas en Colombia. ¿En qué consistiría la fórmula y  hasta dónde es posible que llegue a ser realidad? 

Andrés Dávila*

La paradoja

En el punto 2.1 del Acuerdo Final había surgido explícitamente el tema del estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política. Y es razonable suponer que en cualquier otro acuerdo de salida  negociada del conflicto tendría que estar presente la cuestión de las garantías para los excombatientes que regresen a la política.

Aunque la inclusión de este tema en el extenso listado de asuntos que cobija el Acuerdo parece pues perfectamente obvia y pertinente, no deja de ser paradójica dentro del sistema político colombiano.

En efecto: resulta llamativo que en un país que a lo largo de su historia ha sido dominado por el bipartidismo no se haya logrado expedir un estatuto de la oposición (puesto que cada partido sabe que puede perder el poder y que por tanto necesita de aquellas garantías).

Nadie sabe para quién trabaja.

Y sin embargo, paradójicamente, una revisión de nuestra vida política permite constatar que en cierto sentido no hemos necesitado de ese estatuto. El juego político, con sus características de competencia y coalición, siempre ha estado presente dentro de un orden que puede definirse como de “centro-derecha”. Allí se han dado una interacción y un desacuerdo notorios entre gobierno y oposición:

  • Las relaciones fueron tensas e incluso tendieron a  desembocar en violencia en los momentos de predominio de un partido (como decir bajo la República Conservadora a comienzos del s. XX o bajo la República Liberal de los años 1930).
  • Bajo los muchos gobiernos nacidos de distintos arreglos de coalición, la relación ha sido por supuesto menos tensa. El ejemplo más claro fue el del Frente Nacional, pero este no ha sido el único momento de unión entre los partidos para asegurar la supervivencia de la democracia en Colombia. 

La ambivalencia

Alberto Lleras junto a Laureano Gómez acordando creación del Frente Nacional.
Alberto Lleras junto a Laureano Gómez acordando creación del Frente Nacional. 
Foto: Banco de la República

No obstante lo anterior, el estatuto de la oposición se convirtió en un tema recurrente en la agenda nacional al menos desde mediados de la década de 1980. Cuando  comenzó a hablarse de la apertura del sistema político y se dieron los primeros pasos hacia una democracia más participativa e incluyente, la cuestión de garantizar el ejercicio de la oposición adquirió cada vez más importancia.

Sin lugar a dudas, la adopción del famoso esquema gobierno-oposición por parte del presidente Barco en 1986 (cuando todos sus ministros fueron de filiación liberal) fue una decisión clave para acabar simbólicamente con el legado del Frente Nacional y tuvo repercusiones claras sobre el ejercicio de la oposición. Pero también paradójicamente, esto sucedía mientras en la práctica se producía el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), movimiento surgido de una fallida negociación -la primera en la historia- entre las FARC y el gobierno que antecedió a Barco.

O sea que el discurso de apertura y la legitimación del esquema gobierno-oposición que es propio de cualquier democracia se redujeron más bien a la retórica o a los partidos tradicionales, pero no se tradujo en la real voluntad política de abrir el sistema y de garantizar el ejercicio de la oposición más radical. 

La nueva Constitución

Con la Constitución de 1991 el problema se hizo aún más palpable. Dada la importancia que se le dio a superar el bipartidismo -con su historial de clientelismo y politiquería-, y gracias a los esfuerzos de ingeniería institucional, los constituyentes adoptaron un conjunto de normas expresamente relacionadas con la conformación y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Tal cosa no existía en la Carta del 86, como tampoco en  ninguna de sus antecesoras.  

No obstante, en una nueva constatación de lo paradójico, la Constitución de 1991 también  advirtió que “En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones” (artículo 108). Un actor siempre interesado en asegurar que esta cláusula se mantuviera fue el Partido Comunista de Colombia.

El artículo 112 de ese mismo documento alude al estatuto de la oposición al indicar que los  partidos y movimientos políticos son libres para ejercer su función crítica frente al gobierno en el cual no participan, así como para proponer y construir alternativas políticas. Del mismo modo, se indican los derechos garantizados a la oposición respecto de:

  • El acceso a la información,
  • El uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida para el Congreso,
  • La réplica frente a ataques provenientes de altos funcionarios, y
  • La participación en los organismos electorales, y
  • La presencia en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según la representación que tengan en ellos.

No menos elocuente es el hecho de que la Constitución  dejara en potestad de una ley estatutaria la regulación integral de la materia.

Los últimos 25 años

La historia partidista posterior a la Constitución de 1991 puede leerse desde dos perspectivas: la de las normas jurídicas y la de la realidad.

A partir de 1991 se produjeron la proliferación de listas y el aparente multipartidismo extremo amparados ambos en el articulado de la nueva Constitución. El caos que surgió en la competencia propició la reforma política de 2003, dirigida a asegurar que el sistema se basara en la existencia y vigencia de los partidos. Desde entonces hasta hoy han abundado las reformas que intentan ajustar el sistema de partidos con regulaciones que entran en tensión con la libertad que se propone en el artículo 108.

La ley estatutaria para regular el estatuto de la oposición nunca se concretó. 

En la realidad, y en medio del agravamiento del conflicto, fue evidente que los miembros de los partidos fueron afectados por la violencia. Aunque el hecho más resaltado y conocido al respecto fue el genocidio de la UP, los miembros de mayorías y de minorías (aunque más en la oposición) vieron limitados sus derechos al ejercicio político y a la oposición.

Pero más allá de eso, lo cierto es que la ley estatutaria para regular el estatuto de la oposición nunca se concretó. Varias veces estuvo en la palestra y se intentó desarrollarla, pero no hubo un doliente que con empeño y perseverancia asegurara su concreción. No fue el único tema de la Constitución que se quedó en promesa, pero sí fue uno de los más destacados.

La oposición en el Acuerdo Final

Partido Comunista Colombiano, creado en 1930.
Partido Comunista Colombiano, creado en 1930.
Foto: Wikimedia Commons

Por ese motivo no sorprende el lugar que este tema ocupa en el punto 2 del Acuerdo. Allí, en conjunto con lo propuesto en torno a participación y movilización -y dado el afinado instrumental dedicado a la conversión de las FARC en movimiento político-, la cuestión del estatuto de garantías para la oposición ocupa un lugar relevante.

En el Acuerdo se había pactado una comisión conformada por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, las agrupaciones políticas representativas de la oposición (específicamente la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos), y los expertos delegados de las FARC con el objetivo de definir los lineamientos del estatuto.

Se preveía llevar a cabo un evento para que participen también los voceros de los movimientos, los expertos y la academia. De allí saldrían lineamientos que el gobierno debía recoger en un proyecto de ley que contaría con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos y que debería presentarse en los tres meses siguientes a la entrega de los resultados por parte de la Comisión.

Lo novedoso aquí -y lo que permitiría pensar que en esta ocasión el estatuto se haría realidad- es precisamente la obligatoriedad de presentar el proyecto en un plazo preciso. Quedan, no obstante, al menos dos asuntos por considerar.

  1. En primer lugar, cabe preguntarse si, en la práctica, contar con el estatuto tendría un efecto benéfico para que la oposición en Colombia pueda ejercerse de manera adecuada y ello conduzca a un mejor funcionamiento del sistema político del país.

Curiosamente, el tema de la oposición y del respeto por las minorías fue algo que resolvió sabiamente la reforma constitucional de 1910 que hoy pocos conocen pero que posiblemente indique una mejor ruta para hacer realidad lo que ahora se pretende. La idealización de las normas afecta a todas las fuerzas de nuestro espectro político, aunque, desde otra lectura, también refuerza la aceptación de las reglas del régimen político colombiano por parte de las FARC.

  1. En segundo lugar, y en lo que es en realidad una paradoja de paradojas, debe tenerse en cuenta que el primer beneficiario de lo que resultara de la comisión y del proyecto de ley habría sido o será la oposición actual es decir, el Centro Democrático y la facción robledista del Polo Democrático.

O sea que las FARC y sus cercanos habrían trabajado para aquel partido (su opuesto en el espectro político) y para esta facción (su histórico rival en el fragmentado mundo de la izquierda política colombiana). En realidad, nadie sabe para quién trabaja.

 

*Politólogo de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la FLACSO, México, profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

 

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