La protesta no es un asunto policial, sino político

Por qué protesta la gente

En una democracia la protesta es la forma como la ciudadanía hace un llamado de atención a las autoridades.

Así, saltándose los eslabones de la representación local y nacional (alcaldes, representantes a la Cámara, etc.), los ciudadanos señalan un problema colectivo que amerita una respuesta urgente.

Cuando surge una protesta, pueden hacerse tres supuestos razonables:

• Que existe una situación lo suficientemente crítica como para que actúen juntas miles de personas que no se conocen y ni siquiera están directamente afectadas por dicha situación;
• Que los eslabones intermediarios fallaron en su misión de transmitir las preocupaciones de la ciudadanía a las autoridades centrales, y
• Que la autoridad no tomó las medidas necesarias para solucionar esas preocupaciones, ni parece dispuesta a tomarlas.

Si la gente sale a las calles, es que ya se armó la gorda. ¿Confirman las protestas de las últimas semanas esos tres puntos? Vea usted:

• Se cometieron decenas de masacres (o “asesinatos colectivos”, como prefiere decir el gobierno) durante los últimos meses, y muchos civiles fueron asesinados por la policía en la capital durante las protestas de las últimas semanas.
• En Bogotá, la alcaldesa, coautora del nuevo Código de Policía, no logró disciplinar a la policía ni llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para hacerlo; en el resto del país, consta la impotencia de las autoridades locales elegidas frente a las masacres.
• El gobierno nacional usó repetidamente eufemismos que relativizan e incluso niegan esos problemas.

El dilema de un gobierno

Ahora bien, no todo es lúgubre. Las protestas también auguran una buena noticia. Y es que la ciudadanía, a pesar de todo, confía en su capacidad colectiva para transformar la situación con la colaboración del gobierno.

Si no confiara en su capacidad de acción colectiva, no saldría a las calles; y si no confiara en que el gobierno puede hacerse cargo de la situación, pues molestaría a otros.

Este punto es crucial. La protesta es una confrontación directa entre la ciudadanía y la autoridad, que comienza la primera, pero cuyo curso está determinado sobre todo por la respuesta de la segunda. Esta es la principal enseñanza de toda la literatura sociológica e histórica sobre la protesta: la pelota está en la cancha del gobierno.

Retada por la ciudadanía, la autoridad tiene dos cursos de acción: la concertación social o la represión armada. Es una alternativa radical que no puede evadirse.

Pero condicionar el comienzo de la concertación al levantamiento o cese de las protestas significa renunciar a la primera opción en favor de la segunda.

Nada parece indicar que nos estemos encaminando hacia un acuerdo interpartidario para limitar el uso de la opción coercitiva. Todo lo contrario.

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Por qué no sirve la Policía

Es poco lo que la policía puede hacer para gestionar el espacio público cuando la ciudadanía decide ocuparlo. Es más: la policía tiende a empeorar la situación.

Desde su creación, el ESMAD ocasiona bajas civiles, lesiona y captura a manifestantes inocentes, impide el acceso al espacio público, dispersa con gases tóxicos a las multitudes organizadas y libra batallas campales en el centro de las grandes ciudades con daños colaterales importantes para la infraestructura y el comercio.

Este balance fue denunciado en repetidas ocasiones, más recientemente por la Corte Suprema de Justicia. Aun así, se volvió costumbre desplegar al ESMAD y utilizar tácticas ofensivas a sabiendas de que son peligrosas.

Pero es claro que no existen técnicas policiales adaptadas para dispersar a los violentos sin dispersar al mismo tiempo a los manifestantes pacíficos.

La competencia especifica de la policía es el uso de la fuerza física no negociable, puesta al servicio de lo que exige la situación. En otros términos: la policía es un martillo. No es un arma de precisión quirúrgica y mucho menos una herramienta pacífica de diálogo social. Es un arma burda.

Una vez es desplegada, no puede controlarse bien. Pues, en última instancia, quién toma la decisión de cuánta fuerza debería ejercerse es el mismo oficial de policía, a partir de una percepción inevitablemente miope de un terreno cambiante y confuso.

En estas circunstancias, difícilmente puede culparse al oficial individualmente, si la situación se excede. El verdadero problema es la decisión política de desplegar sistemáticamente a una policía militarizada, como una espada de Dámocles sobre los manifestantes.

Es claro que la coerción física tiene su utilidad en muchas situaciones. Pero la protesta no debería ser una de ellas. Sin embargo, para la autoridad, la defensa del orden público y del derecho a la protesta son dos opciones mutuamente excluyentes. A todos nos gustaría que no fuera así, pero así es.

Frente a tal antinomia, podría afirmarse que una democracia liberal se reconoce cuando sus gobernantes están obligados a escoger y le dan más peso al derecho a la protesta que a la defensa del orden público. En cambio, una democracia autoritaria subordina el primero a la segunda.
Los últimos gobiernos de Colombia adoptaron una postura más autoritaria que liberal y así siguieron la tendencia internacional. Pero no siempre fue así, incluso cuando la acción colectiva de los manifestantes fue más violenta que en la actualidad.

Esta es la segunda buena noticia: no estamos condenados por el peso de determinismos históricos o culturales.

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Herramientas democráticas

Volviendo a mis tres puntos iniciales, la protesta es el síntoma de los problemas sobre los cuales el gobierno puede actuar:

• La primera manera de evitar que se corrompa la protesta es que la autoridad envié señales de que está tomando en serio las preocupaciones de la ciudadanía y se responsabilice de atenderlas. Cuánto más dilate la autoridad su respuesta, tanto más aumenta el riesgo de una protesta violenta.
• La segunda herramienta es la colaboración con los eslabones intermediarios que tuvieron que saltarse los ciudadanos. Un gobierno que por su actuar muestra que no está interesado en dialogar hasta que se inflamen las calles envía una señal peligrosa.
• Finalmente, hay que desarrollar un plan para garantizar la seguridad de los colombianos frente a la violencia. No está bien darles tanto relieve a las derivas vandálicas de la protesta, pero tampoco cerrar los ojos sobre los casos de violencia homicida que se acumulan en el país.

Los remedios que acabo de señalar no son originales. No se trata de inventar soluciones inéditas, sino de usar la caja de herramientas democráticas que tenemos entre las manos. No es sin razón que las democracias del mundo adquirieron esas herramientas. Se priva uno de ellas bajo su propio riesgo.