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Por: Clara López Obregón Candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo PDA Unión Patriótica UP
El hecho de que el país lleve más de cincuenta años sumergido en un conflicto armado, convierte la resolución negociada en un imperativo ético, político y social.Por tal razón reiteramosnuestro apoyo al proceso de paz, diálogos que la izquierda democrática viene reclamando por décadas. Podemos garantizarles a las colombianas y los colombianos la continuidad del proceso de negociación y la representación en la mesa de las mujeres, las victimas y las minorías étnicas.
Legitimar el proceso de negociación y blindarlo de las vicisitudes de la guerra, requiere un cese al fuego bilateral, el punto de partida debe ser la declaratoria del cese unilateral al fuego por parte de las FARC acompañado de un cronograma para la culminación de las negociaciones, punto de encuentro del cese al fuego bilateral. La definición del mecanismo de refrendación de los acuerdos será la prueba de fuego del talante democrático de nuestro gobierno, que evidenciaremos con la concertación ampliada y el dialogo social. Honraremos los acuerdos realizados entre el actual gobierno y la insurgencia armada. Para construir una paz perdurable debemos cinco objetivos:
· Construcción de una cultura de paz.
· Creación del Ministerio de Paz y Reconciliación.
· Una nueva gobernanza de la seguridad ciudadana
· Política de defensa nacional para la paz
· Construcción de un plan especial de reconciliación nacional y reformas para el cambio en la transición.
 La candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López Obregón. Foto: Wikimedia Commons |
Cultura de paz
La necesidad histórica de construir una cultura de paz, se deriva de una definición esencial del Polo Democrático en su Ideario de Unidad “promoverá una cultura de paz y tolerancia para la búsqueda de la dignidad, la igualdad y la solidaridad humanas y para lograr el ambiente de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan adelantar el ejercicio público y privado de sus actividades, con las libertades previstas en el orden constitucional” lo que coincide con una demanda esencial de la nación.
Una cultura de paz para nosotros es la cultura de la tolerancia y el respeto, capaz de transformar radicalmente la cultura intolerante y discriminatoria que se ha tenido en las relaciones sociales. Creemos que estas no pueden ser de violencia y de fuerza sino de comprensión, solidaridad y de respeto por las diferencias, las creencias y los sentimientos de vecinos y de contradictores.
Una cultura de la paz no puede ser el resultado del dictamen o imposición autoritaria de una clase dominante, por eso en nuestro Gobierno la construcción de la paz se centrará principalmente en una agenda amplia de reformas estructurales dirigidas a las raíces del conflicto. Creemos que el principal esfuerzo para construirla se debe realizar en las aulas, en la televisión y en el seno de la familia, con la protección del Estado y el ejemplo de los gobernantes.
Crear una cultura de Paz es una tarea titánica con un profundo contenido humano, porque involucra el respeto a la vida, a la dignidad y la integridad física, cultural y sicológica de todos y todas, así como la disposición de respetar las opiniones distintas y las ideas contrarias.
La cultura de paz exige un sistema judicial, realmente justo, ciego al poder y al dinero, estricto pero misericordioso, que solamente una democracia perdurable puede construir y aplicar.
Finalmente, tan pronto se asuma el poder el 7 de agosto de 2014, comenzará un proceso pedagógico para desmontar el odio y sustituirlo por tolerancia y aceptación del otro. Después de ese proceso de mitigación de los estragos que ha dejado el rencor, se convocará al país a la formulación e implementación de un acuerdo nacional que haga explícito el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas de deponer el uso ilegítimo e ilegal de las armas como mecanismo de resolución de los problemas que enfrentamos y de trabajar conjunta y solidariamente por encontrar los caminos adecuados para el logro de la paz permanente con justicia, soberanía y dignidad.
El postconflicto
La construcción de la paz y la reconciliación serán las directrices que se asumirán en el postconflicto, lo cual significa no solamente la reparación de las víctimas, la restitución de sus tierras y el compromiso ineludible con la verdad y la garantía de no repetición, sino afrontar la crisis humanitaria de enormes proporciones que padece la población que ha recibido en su territorio las peores manifestaciones del conflicto. Por eso, y haciendo eco de las conclusiones de la Comisión de Memoria Histórica, se elaborará un plan de emergencia humanitaria para los doscientos municipios más afectados por la guerra interna.
Creación del Ministerio de Paz y Reconciliación
Nuestro Gobierno creará el Ministerio de Paz y Reconciliación para que, en armonía con todos los órganos de la Administración nacional, departamental y municipal, desarrolle las políticas de paz en la transición. El proyecto de ley que se presentará al Congreso tendrá los siguientes objetivos, misión, visión y funciones de este Ministerio:
Objetivo: El Ministerio de Paz y Reconciliación, dentro del marco de sus competencias y funciones, tendrá como objetivo coordinar de manera armónica con todos los organismos del Estado, especialmente con los Ministerios de Educación, Cultura, Defensa, Agricultura, Desarrollo, Hacienda, Salud y Trabajo, las políticas públicas de paz que habrán de ponerse en ejecución en todo el territorio nacional.
Misión: Ejercer la rectoría y la coordinación de las políticas públicas para el fortalecimiento de la paz, la convivencia pacífica y la participación de todos los ciudadanos en el disfrute de las libertades públicas en el marco del Estado Social de Derecho. Asimismo, ejercerá el liderazgo en la articulación y la interlocución con los demás organismos del Estado central y descentralizado para la ejecución de las políticas públicas de paz.
Visión: Ser reconocido como el organismo del Estado que convoca a la sociedad civil y a las instituciones públicas y privadas para el logro y la vigencia de los valores de paz, tolerancia y reconciliación, en el marco de una democracia plena.
Funciones: El Ministerio de Paz y Reconciliación, además de las funciones determinadas en la Constitución Política cumplirá las siguientes funciones:
· Articular la formación, adopción, ejecución y evaluación de las políticas públicas de paz positiva.
· En coordinación con los Ministerios de Educación y Cultura, incluir en la malla curricular para todos los grados de educación preescolar y básica primaria y secundaria unos programas que cimenten una cultura democrática.
Una nueva gobernanza de la Seguridad ciudadana
Nuestra visión de seguridad ciudadana se enmarca dentro del concepto de seguridad humana, la cual está orientada a garantizar la existencia de una población libre de temor y de carencias; con derecho a vivir sin miedo, sin necesidades y con igualdad de oportunidades para desarrollar al máximo su potencial humano.
El eje central de esta concepción es la persona humana, por eso planteamos que hay que alcanzar la seguridad no por medio de las armas si no por medio del desarrollo humano por lo cual garantizaremos seguridad económica, alimentaria, en la salud, ambiental, personal, de la comunidad y política.
Como Gobierno Alternativo asumiremos el ejercicio de una autoridad que no esté basada en la jerarquía y la unilateralidad, ya que esta forma de gobernar no es suficiente ni idónea para hacer frente a los problemas, desafíos y retos que enfrenta Colombia.
Desarrollaremos programas que respondan a una lógica de previsión y prevención primaria, y trabajaremos sobre territorios, hechos sociales o instituciones que atienden de manera recurrente situaciones de tensión que puedan generar diferentes tipos de conflictos.
Nos comprometemos a definir, financiar y ejecutar políticas, programas y acciones para enfrentar las diversas formas de la delincuencia común, la violencia callejera, sexual, laboral e intrafamiliar, particularmente la que afecta a los niños, niñas y mujeres.
Promoveremos programas de desarme como los que ya se han iniciado en algunas ciudades y regiones del país, para reducir así el riesgo de hechos violentos y fortalecer la cultura de paz y convivencia.
 La fórmula a la Vicepresidencia por el PDA, Aída Avella. Foto: Agencia Prensa Rural |
Política de defensa nacional para la paz
En nuestro Gobierno se mantendrá y se expandirá el control militar del territorio mediante operaciones que se realicen dentro del marco de las funciones que la Constitución y los tratados internacionales le asignan a los distintos componentes de la fuerza pública, con escrupuloso respeto de los derechos y libertades fundamentales, y sin que se sustituyan o asuman las competencias de las autoridades civiles.
En los Planes de Consolidación del Territorio se hará énfasis en el fortalecimiento de la eficacia del Estado a través de los programas de inversión social y la consolidación del programa de distribución de tierras.
Se modificarán la doctrina militar y los procesos de formación para garantizar que nunca se vuelva a producir ni un solo falso positivo. Se desarrollará un programa de creación de confianza entre el Ejército, la fuerza pública y los ciudadanos, con el fin de reemplazar las estrategias de red de cooperantes de la sociedad civil por un programa de fortalecimiento de la justicia.
La Jurisdicción Penal Militar se concentrará en la investigación de hechos punibles atribuibles a miembros de la fuerza pública en servicio activo y que sean propios de la función militar o policial.
Se fortalecerá y reestructurará a fondo el sistema de inteligencia, para que cumpla con su propósito constitucional, y deje de ser una herramienta de seguimiento y persecución política.
