Los costos y posibilidades de eliminar las minas antipersonal - Razón Pública

Los costos y posibilidades de eliminar las minas antipersonal

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Iniciativa por las víctimas de las minas en Colombia.

Andres DavilaUna explicación del problema de las minas antipersonal en Colombia, de las iniciativas que se han realizado hasta el momento y de las que se llevarán a cabo ahora para acabar con este problema.

Andrés Dávila*

El legado de la guerra

El conflicto armado interno que ha vivido Colombia no terminará con la firma del Acuerdo de Paz y su posible refrendación el próximo 2 de octubre. Esta afirmación de Perogrullo tiene implícitos muchos factores que deben considerarse. Uno de los asuntos clave es comprender que quedan legados que dificultan una situación propicia para la paz, la reconciliación y el posconflicto.

A la advertencia de que siguen varios grupos guerrilleros en conflicto, además de las bandas criminales y múltiples manifestaciones de la criminalidad organizada, hay que sumarle el narcotráfico con un aumento significativo en el número de hectáreas sembradas.

Las minas antipersonales son un arma silenciosa, eficiente y de bajo costo.

Además, la contaminación del territorio por la presencia o sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), es uno de los indeseables legados de la guerra. Con algo más de 11.000 víctimas de estos artefactos desde 1990 hasta hoy, esta situación representa un reto importante que debe resolverse para recuperar la normalidad de la vida comunitaria y productiva en todo el territorio nacional.

Las minas en Colombia

Iniciativa Global de Desminado Humanitario para Colombia.
Iniciativa Global de Desminado Humanitario para Colombia.
Foto: Cancillería

Lo primero que debe tenerse en cuenta es la dimensión real del fenómeno. Colombia reconoció la existencia de MAP, MUSE y AEI a comienzos de este siglo, cuando entró a hacer parte de la Convención contra el uso de minas antipersonal, conocida como la Convención de Ottawa.

Hay información registrada de estos artefactos desde 1990 y el país tiene conocimiento de su presencia en prácticamente todo el territorio. No obstante, las regiones más afectadas son veredas y corregimientos rurales, muchos de ellos alejados, en zonas con incidencia marcada del conflicto armado, en donde los grupos ilegales utilizan estos artefactos como un arma fundamental para contener y dificultar las acciones de la Fuerza Pública.

Las minas antipersonal son un arma silenciosa, eficiente y de bajo costo, lo cual es relevante porque dada su poca capacidad tecnológica, los grupos armados en Colombia han usado principalmente minas artesanales.

Iniciativas contra las minas

A lo largo de la primera década del siglo XXI, sobre todo en 2005 y 2006, Colombia se convirtió en el que más víctimas anuales sumaba a este problema de vieja data en el mundo. Actualmente se siguen sumando víctimas, aunque a un ritmo significativamente menor, de las cuales la mayor parte (entre un 65 y un 70 por ciento) son miembros de la Fuerza Pública.

También han sido afectadas poblaciones especialmente vulnerables. Alrededor del 10 por ciento de las víctimas son niños, niñas y adolescentes, y también han sido afectados miembros de comunidades indígenas (varias de ellas en situación de confinamiento), comunidades afrocolombianas y, en general, los sectores más desprovistos de acceso a los servicios del Estado.

En respuesta a lo anterior, y mientras Colombia se vinculaba a la Convención de lucha contra las minas, durante la primera década del siglo XXI se adoptaron mecanismos institucionales para atender el problema desde una perspectiva humanitaria.

En 2002 se creó el Observatorio de Minas Antipersonal, adscrito al Programa Presidencial de Derechos Humanos, que en 2007 se convirtió en el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (hoy DAICMA), adscrito ahora al Ministerio del Posconflicto.

Al mismo tiempo, el país suspendió la producción de minas y eliminó las que tenía almacenadas, y en un lapso de siete años destruyó aquellas que habían sido instaladas para proteger algunas instalaciones militares.

En ese mismo camino se ha ido formando muy lentamente una fuerza nacional para el desminado humanitario con la creación de los pelotones que dieron origen al Batallón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional. También se ha trabajado para mejorar la prevención a través del programa de Educación en el Riesgo de Minas (ERM), y se han llevado a cabo un conjunto de acciones para facilitar la rehabilitación integral de las víctimas de estos artefactos.

La política contra las minas antipersonal se formuló y aprobó finalmente en 2009 con una proyección a diez años. Y, dado el compromiso de descontaminar el territorio para 2011, se consiguió una prórroga a diez años que se cumplen en el 2021.

En ese proceso, y a diferencia de la decisión inicial, el país aceptó que el desminado humanitario fuera llevado a cabo tanto por la Nación como por organizaciones no gubernamentales humanitarias. Estas organizaciones deben cumplir con un proceso de acreditación ante el gobierno nacional para realizar tareas de desminado con recursos de cooperación.

En este proceso el país ha adquirido experiencia y conocimiento. Y aunque es claro que se necesitan muchos más recursos y personal -tanto de nuestra Fuerza Pública como de las organizaciones acreditadas-, también se han encontrado caminos que permitirían eliminar las minas antipersonal en plazos relativamente cortos. Dos ejemplos de ello son:

  • El uso masivo de los llamados Estudios No Técnicos como metodología previa y alternativa al desminado, la cual hace posible con alto grado de confiabilidad la recuperación de territorios para la actividad normal de las comunidades.
  • La utilización de ejercicios de microfocalización de la afectación, que permiten trabajar de manera diferenciada y secuencial en los municipios afectados.

La experiencia de desminado humanitario es una de las buenas noticias que han impulsado la opinión favorable del proceso de paz. En efecto, de los compromisos de las FARC para el desescalamiento, el más significativo ha sido el de construir una solución novedosa al problema de las minas.

Esta solución ha incluido al gobierno y a su Batallón de Desminado Humanitario, a miembros de las FARC con conocimiento en la elaboración e instalación de las MAP y AEI, y a una organización internacional no gubernamental de origen noruego experta en la materia (la Ayuda Popular Noruega, APN, para el desminado).

La labor no ha estado exenta de problemas y accidentes. Sin embargo, ha mostrado una ruta posible para avanzar hacia la solución de uno de los problemas que mayor incidencia concreta tiene sobre la posibilidad de que las comunidades recuperen unas condiciones normales de vida.

Por otra parte, en febrero de este año los gobiernos de Estados Unidos y Noruega, acompañados por el gobierno colombiano, lanzaron la Iniciativa Global de Desminado de Colombia. Esta ya ha reunido algo más de 100 millones de euros, y el gobierno nacional se comprometió a formar y a poner en acción alrededor de 5.000 hombres que multiplicarían casi por diez el número de desminadores que conforman hoy su capacidad instalada.

La experiencia de desminado humanitario es una de las buenas noticias del proceso de paz. 

En las últimas semanas, y a medida que se acerca la firma del Acuerdo en Cartagena y el plebiscito para refrendarlo, se han oído las voces de los diplomáticos de diversos países que informan sus aportes a esta iniciativa. Las estimaciones de las instancias responsables de esta política calculan que haya un aporte cercano a los 800 mil millones de pesos para resolver la situación en 2021.

Lo que no debe olvidarse

Rafael Pardo Ministro Consejero para el Posconflicto.
Rafael Pardo Ministro Consejero para el Posconflicto.  
Foto: Wikimedia Commons

Cabe hacer tres anotaciones sobre lo dicho:

  1. Aunque es comprensible y deseable el compromiso con el desminado humanitario y el cumplimiento con la prórroga solicitada, no se puede olvidar que es necesario continuar trabajando desde una perspectiva de acción integral contra las minas. Las comunidades afectadas requieren la prevención con la educación en el riesgo de minas para enfrentar de manera adecuada, participativa y proactiva los retos derivados del desminado. Y las víctimas necesitan culminar cabalmente sus procesos de rehabilitación y reparación integral. En este sentido, una actualización de la política parece ineludible.
  2. Tanto la meta para 2021 como los costos reales del desminado exigen ejercicios de ajuste y discusión que no pueden ser desarrollados exclusivamente por el gobierno. Ahora más que nunca es importante acudir a la llamada Comunidad para la Acción Integral contra MAP, MUSE y AEI para ajustar los cálculos, previsiones y expectativas.
  3. La fuerza nacional de desminado humanitario y las organizaciones acreditadas necesitan mejores espacios de coordinación para asegurar un trabajo planificado y ordenado, en donde se puedan revisar y solucionar las tensiones y dificultades surgidas en el camino. Hay varios riesgos complejos -en seguridad, en uso de los recursos, en ejecución de las labores asignadas- que son potencialmente destructivos o productores de incentivos perversos y círculos viciosos.

Finalmente, cabe preguntarse si la estructura institucional existente hoy es adecuada y suficiente para atender, con conducción civil y perspectiva democrática, el reto que está al frente.

* Politólogo de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México, profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Fue director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, hoy DAICMA.

 

Acerca del autor

Andrés Dávila

*Politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

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*Politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

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