El 28A es producto de la inconformidad de muchos ciudadanos que se venía acumulando desde hace varios años. También podría ser la semilla del cambio político que Colombia necesita.
Medófilo Medina*
Un principio esperanzador
Aunque es imposible realizar un análisis que abarque todo lo sucedido (hasta ahora) en el paro del 28A, la situación exige reflexiones serenas.
Al principio, el paro se proyectó como un evento alegre y lleno de colores. En las pancartas de los sindicatos y los carteles de los manifestantes predominaba una única consigna: “¡No a la reforma tributaria!”. La participación fue masiva y las movilizaciones pacíficas.
Sin embargo, el gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá ya se habían pronunciado contra las manifestaciones, y el 27 de abril la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó suspender las marchas hasta que el país alcanzara la inmunidad de rebaño.
Los manifestantes estaban indignados por una reforma totalmente desconectada de la realidad nacional, pero se mostraban alegres. Había risas, batucadas y papayeras. Ese día miles de ciudadanos se reunieron en las calles después de más de un año de confinamientos, prolongados o breves, obligatorios o laxos. Ese día, el 28 de abril, la gente salió a manifestarse en 600 municipios del país. En los manifestantes era visible la satisfacción de recuperar la calle para la protesta.
Cosecha de muerte
Tristemente, ese mismo día empezaron las malas noticias: En Bogotá hubo personas agredidas por la policía. En el mismo día se difundieron denuncias por la muerte de dos menores en los barrios Mariano Ramos, Puerto Rellena (renombrado como Puerto Resistencia) y Siloé de Cali. El niño indígena Marcelo Agredo Ichima falleció por el impacto de una bala.
El 29 de abril disminuyó el número de manifestantes, pero el día siguiente volvió a aumentar gracias a que los dirigentes de varias organizaciones indígenas y estudiantiles anunciaron que participarían en las movilizaciones.
El 1 de mayo hubo aún más marchas y plantones pacíficos, pero la represión del ESMAD y de la policía empeoró. Cada día aparecían –y aparecen– nuevas víctimas. El silencio de los medios oficiales hizo que las redes sociales se convirtieran en el sitio predilecto de los ciudadanos para denunciar los abusos de la Fuerza Pública.
El paro ha sido particularmente intenso en Cali y en Pereira. La primera ciudad presenta una de las peores tasas de desempleo y de miseria que cobran toda su agudeza en el Distrito de Agua Blanca y en el populoso barrio de Siloé. Allí los jóvenes no tienen acceso a educación ni a servicios públicos. No tienen futuro. Y la segunda es víctima del empobrecimiento que dejó la irreversible crisis del café. No resulta sorprendente la gran acogida que ha tenido el paro en estas dos ciudades. Los manifestantes están desesperados, y el Estado ha decidido castigarlos brutalmente. De no ser por la presencia de la guardia indígena en Jamundí, los abusos de la policía habrían sido aún peores en Cali.
El silencio de los medios oficiales hizo que las redes sociales se convirtieran en el sitio predilecto de los ciudadanos para denunciar los abusos de la Fuerza Pública.
El 8 de mayo, Human Rights International publicó cifras aterradoras: 43 homicidios (42 verificados y 1 en proceso de verificación), 1330 heridos (1040 civiles y 290 policías) y 105 ciudadanos que continúan como desaparecidos.
El Estado no ha escatimado recursos para reprimir al pueblo: el ESMAD, la policía, el Ejército e incluso la Fuerza Naval han atentado contra los manifestantes. Por primera vez en mucho tiempo, usaron el helicóptero Black Hawk como si se tratara de una guerra, una guerra contra multitudes indefensas y lo más sobrecogedor: una guerra contra los jóvenes.
Antecedentes históricos
El paro del 28A es una especie de continuación del paro del 21N de 2019. Ambos encapsulan un gran número de luchas populares y cuentan con el respaldo de grupos sociales sumamente diversos entre los que se cuentan comunidades indígenas, estudiantes y trabajadores.
Estos paros no habrían sido posibles sin el formidable movimiento estudiantil de 2011 que encontró en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE) su forma de expresarse políticamente y sin el paro agrario de 2013. Varios movimientos cívicos de Buenaventura reclamaron su derecho a acceder a servicios básicos.
Las mingas indígenas de 2011, 2014, 2017 y 2019 trazaron su propio derrotero. Estas movilizaciones coincidieron con las negociaciones y la firma del Acuerdo de Paz. Si en el movimiento del 28 A han participado múltiples sectores es porque a la gente ya no se le puede confundir con la presentación de cada evento de protesta como el resultado de maquinaciones de las FARC. Es cierto que la derecha y los mandos policiales y militares acuden hoy a las disidencias de las FARC con el mismo propósito. Eso ya no puede ser una manipulación eficaz cuando no existe una estructura insurgente nacional, con jerarquía y unidad de mando.
Desde el Motín bogotano de enero de 1893, en Colombia se ha forjado una tradición importante de muchedumbres políticas. Se trata de explosiones aluviales que liberan tensiones sociales y políticas acumuladas durante años. Sin duda, pueden ser el origen de cambios políticos importantes que se consolidan en las elecciones. Es posible que en las elecciones del año que viene recojamos los frutos del 28A.
El legado del 28A
Es importante distinguir dos vertientes que están imbricadas íntimamente: el paro nacional y el estallido social. La convocatoria al paro fue realizada por el Comité, pero en las marchas han participado organizaciones sociales y ciudadanos que no forman parte de las centrales obreras, de FECODE ni de las organizaciones de pensionados.
Las tasas de pobreza y de pobreza extrema y los altos índices de desigualdad han motivado a marchar a miles de personas. Todo lo anterior agravado por las políticas y medidas puestas en marcha por el gobierno nacional y por autoridades locales en relación con Covid-19 Paradójicamente, los abusos policiales también han motivado a muchos ciudadanos indignados a participar de las manifestaciones. Estas son las causas del estallido social que va más allá del paro.
Desde el Motín bogotano de enero de 1893, en Colombia se ha forjado una tradición importante de muchedumbres políticas. Se trata de explosiones aluviales que liberan tensiones sociales y políticas acumuladas durante años
La brutalidad policial, el desinterés del gobierno y la solidaridad con las víctimas han atraído la atención del mundo entero. Cada vez más entidades internacionales y figuras públicas piden que la masacre se detenga.
Sin embargo, algunos medios nacionales insisten en estigmatizar la protesta. Por ejemplo, en la edición del 29 de abril de El Tiempo aparecía la imagen de un bus de transporte público en llamas que daba a entender que el paro no era más que vandalismo. Si bien es importante y necesario reconocer la existencia de este fenómeno, es inaceptable reducir las marchas al vandalismo.
Las consecuencias políticas del 28A dependerán del análisis que hagan los partidos, las organizaciones sociales y las fuerzas alternativas sobre el movimiento social. Es importante avanzar en soluciones de corto plazo, pero también en programas de larga duración que permitan confrontar la profunda crisis que vive el país.
El 28A ha abierto la posibilidad de trabajar por la paz y por la democracia. Sin embargo, también ha mostrado que el gobierno no está dispuesto a ceder. Es preciso impedir que se imponga la deriva de un régimen fascista en Colombia.
