De la Espriella: ¿un Bukele en Colombia?

Hace algunos meses, el entonces candidato Abelardo de la Espriella envió un ultimátum a los “actores armados no estatales” (AANE) en caso de que fuera elegido presidente de la República: “Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”. Y más recientemente afirmó que solo les restan “diez días para que se entreguen; de lo contrario, sabrán lo duro que muerde el tigre”. ¿Es conveniente para Colombia este tipo de amenazas?

Hoy en día dos presidentes acaparan la atención en América Latina: Nayib Bukele y Javier Milei, el primero gracias a su modelo de seguridad y el segundo gracias a su modelo de desarrollo económico ultraliberal. A estos dos personajes se les ha unido Abelardo de la Espriella -cuyo estilo de gobierno real, tras la retórica de la campaña electoral, es todavía un enigma-, otro outsider que puede llegar a hacer parte (¿o no?) de la nueva derecha populista y autoritaria que está ganando mucho terreno en América Latina. 

Una alternación política drástica

Es impactante constatar que, tanto en El Salvador como en Colombia, la Presidencia de la República esté hoy en día en manos de líderes situados a la derecha que sustituyeron a antiguos miembros de grupos guerrilleros. 

Bukele ejerce la Presidencia desde el primero de junio de 2019, cuando sucedió en ese cargo a un líder guerrillero, Salvador Sánchez Cerén, uno de los principales dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), además de comandante de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Más tarde, tras muchas maniobras dudosas en el plano jurídico, logró su reelección el primero de junio de 2024. En el caso de Colombia, De la Espriella también sustituye a un antiguo miembro de un grupo insurgente, Gustavo Petro, proveniente del M-19. 

Esta transferencia de un polo a otro del espectro ideológico me suscita dos preguntas: ¿Bukele y De la Espriella constituyen una respuesta al fracaso de los gobiernos de izquierda, cuyos malos resultados terminaron alimentando a la derecha más extrema? ¿Qué implicaciones trae para la estabilidad institucional una alternación política tan radical? 

Bukele o la personalización autoritaria del poder 

Progresivamente, desde su posesión en su primer mandato, Bukele ha buscado de manera insistente quebrar la institucionalidad vigente para ejercer el poder sin límites. El mayor avance en la configuración de un régimen autoritario personalista tuvo lugar el 31 de julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa aprobó por una mayoría aplastante modificaciones profundas a la Constitución: la posibilidad de una reelección indefinida del primer mandatario, la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta presidencial y la celebración el mismo día de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. 

Es impactante constatar que en la sesión en la cual fue aprobada esta reforma, incluso la diputada Marcela Villatoro, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) -un partido situado a la derecha-, criticó la reforma y dijo que los legisladores habían “hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad”.

El “modelo Bukele” de seguridad pública

Sin duda, el factor que ha incidido más en el alto nivel de respaldo popular que goza el presidente Bukele ha sido su estrategia de “mano dura” contra las bandas criminales, la cual ha permitido reducir drásticamente la tasa de homicidios hasta llevarla a mínimos históricos, al transformar el país en uno de los más seguros de la región. 

¿Cuáles han sido los principales ejes del modelo de seguridad pública? En primer término, el denominado Plan Control Territorial (PCT), una iniciativa estatal estructurada en fases progresivas para retomar el control de las zonas urbanas, cortar el financiamiento de las pandillas (maras) y asegurar el control del sistema penitenciario; en segundo término, un régimen de excepción permanente, el cual se ha prorrogado desde marzo de 2022, al suspender los derechos constitucionales básicos -tales como el derecho a la defensa inmediata y la libertad de asociación-, y facilitar, además, los operativos masivos de detención; en tercer término, la militarización del país, unida a un plan de arrestos masivos, que ha dado como resultado más 90.000 personas encarceladas bajo acusaciones de pertenecer a estructuras criminales; en cuarto término, mediante el denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la construcción de mega cárceles de máxima seguridad diseñadas para aislar a miles y miles de detenidos con débiles o inexistentes garantías judiciales y con una ausencia total de programas de rehabilitación; en quinto término, modificaciones al Código Penal para endurecer las penas, permitir juzgar a menores de edad como adultos en delitos graves e introducir la figura de los “jueces sin rostro” para proteger la identidad de los administradores de justicia frente al crimen organizado. 

El “modelo Bukele” ha desatado numerosas controversias entre los analistas. Por un lado, quienes resaltan su impacto positivo gracias a la desarticulación de las pandillas (en particular de la Mara Salvatrucha y Barrio 18), la recuperación de las zonas urbanas dominadas por estas maras y el aumento de la percepción de seguridad ciudadana en las calles, el cual ha redundado en la reactivación económica del país y en la inversión extranjera. 

Pero, por otro lado, hay serias críticas y cuestionamientos de los organismos de derechos humanos que han venido denunciando las detenciones arbitrarias, la suspensión prolongada de las garantías procesales, el hacinamiento carcelario y, sobre todo, la deriva autoritaria en el manejo del Estado. 

Sin duda, hoy El Salvador es un país más seguro, pero los costos han sido muy altos y pueden constituir un lastre para el futuro debido a la imposición de un régimen personalista autoritario, el debilitamiento del Estado de derecho y los abusos crecientes a los derechos humanos. 

Toda política estatal deja secuelas, ya sea positivas (fortalecimiento de la democracia), ya sea negativas (ejercicio autoritario del Estado). Y esta última va a ser, sin duda, la herencia de Bukele. 

¿Es viable en Colombia la implementación de un modelo Bukele? 

Mi escepticismo con respecto a la posibilidad de implementar un modelo personalista-autoritario como el que se pueden deducir de los discursos de campaña de Abelardo de la Espriella y de sus seguidores más radicales se funda en cuatro “factores de freno” principales: 

Primero, la tradición civilista de nuestro país que, como mostré en mi libro reciente, Ni golpes civiles, ni golpes militares. La tradición civilista de Colombia (1831-2024) (Random House, 2024), Colombia es la segunda nación del mundo después de Estados Unidos por el número de presidentes electos. 

Segundo, a diferencia de El Salvador, en donde Bukele, gracias a una acción realizada en mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general que, hoy en día, están al servicio del poder ejecutivo, en Colombia la autonomía del poder judicial es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho. 

Tercero, en nuestro país, a diferencia de El Salvador, en donde las afectaciones a los derechos humanos se han vuelto cotidianas -basta observar las condiciones inhumanas en que viven los presos en las cárceles-, las Fuerzas Militares en Colombia hoy en día han mejorado sustancialmente su respeto a los derechos humanos y sienten vergüenza por el hecho de algunos de que sus miembros hayan utilizado en el pasado métodos altamente cuestionables en el marco de la guerra de contrainsurgencia, como el apoyo a la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los “falsos positivos”.

Finalmente, es importante recordar que en El Salvador existe una sola cámara, denominada la Asamblea Legislativa, la cual está bajo el control cuasi absoluto de la coalición de gobierno. De los sesenta miembros que la componen, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, dispone de 54 diputados más dos del Partido de Concertación Nacional y uno del Partido Demócrata Cristiano, para llegar a la increíble cifra de 57 parlamentarios afines al Gobierno. Por su parte, la oposición, compuesta por los partidos Vamos y la Alianza Republicana Nacionalista, solo dispone de tres diputados. La situación de De La Espriella es muy distinta, pues, a pesar de que seguramente la coalición de partidos de gobierno en el Congreso de la República va a ser mayoritaria, la inmensa mayoría de estas agrupaciones no permitirá desviaciones autoritarias. Como se puede observar en el Cuadro 1, el Movimiento de Salvación Nacional -es decir, el partido más situado a la derecha del espectro ideológico- solo dispone de cuatro senadores. El resto provienen de variadas tendencias ideológicas. 

Lo mismo ocurre en la Cámara de Representantes, donde el número de partidos o movimientos políticos es aún más difuso, pues, simple y llanamente, se pueden contar por decenas. Una fragmentación extrema que hizo muy difícil la conformación de mayorías durante el mandato de Gustavo Petro y que tampoco le hará la vida fácil a De la Espriella. 

Cuadro 2. Composición de la Cámara de Representantes

En conclusión

A pesar de mi escepticismo con respecto a las posibilidades de instaurar un régimen a la Bukele en Colombia, es fundamental estar vigilantes. Varios analistas, entre los cuales me cuento, se preguntan con angustia si De la Espriella gobernará con pleno respeto a las normas legales, si va a gobernar al borde de la legalidad o si va a actuar a través de medidas de excepción, como se está volviendo ya común en América Latina. 

Frente a estos temores, numerosos analistas plantean que una cosa son los inflamados discursos de campaña y otra cosa el ejercicio del poder en Colombia y, por tanto, que una cosa era De la Espriella candidato y otra De la Espriella presidente. Ojalá tengan razón.

En todo caso, es importante recordar que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aplicó en su país el Modelo Bukele con consecuencias trágicas. El remedio fue peor que la enfermedad. Como mostré en un artículo reciente (“El modelo Bukele no es la respuesta para la seguridad en Colombia”, en Unal Periódico, 8 de julio de 2026), en 2026 nuestra nación vecina se quebraron todos sus registros históricos con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,1%, la más elevada de América Latina.

Sin duda, después del fracaso de la paz total y el agravamiento de la violencia interna, es necesario fortalecer la fuerza pública, mejorar el control del territorio y debilitar las rentas ilegales que alimentan a los diversos AANE. Pero, insisto, Bukele no es un modelo deseable para Colombia.

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