Fernando Vargas, autor en Razón Pública
Foto: Alcaldía de Bogotá

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La creación del Ministerio de la Igualdad puede ser un primer paso para evitar que se repita un conflicto que nos dejó centenares de miles de muertos.

Fernando Vargas Valencia*

La persistencia del conflicto armado

El Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en Colombia reconoce que las garantías de no repetición del Conflicto armado interno demandan transformaciones importantes en el Estado y en la cultura.

El Informe recomienda evitar que los factores de persistencia o de continuidad de las violencias que fueron el día a día del Conflicto se reproduzcan de forma constante.

En dicho contexto, la desigualdad, la exclusión y la discriminación, vistas como un proceso histórico de injusticia hacia poblaciones, grupos sociales e identidades específicas, hacen parte de lo que Yaffe llama “factores desencadenantes”, causas u orígenes, y de los “factores de perpetuación”, variables de continuidad del conflicto armado.

Para la CEV, la apuesta por la paz territorial establecida en el Acuerdo parte del reconocimiento de que “la reconfiguración territorial causada por el conflicto armado ahondó las condiciones de desigualdad y exclusión de larga duración preexistentes” en Colombia desde la época de la Colonia.

Además, la violencia inherente a las lógicas de los grupos armados se encuentra relacionada con un contexto económico de reproducción del rentismo que, según Luis J. Garay, es el usufructo que las élites locales, regionales y nacionales han hecho de sus privilegios en el marco de una distribución desigual del poder.

Dicho usufructo carece de retribución social y usa mecanismos legales, ilegales y opacos en los que las violaciones a derechos humanos perpetradas por estructuras armadas sirvieron de medio para la satisfacción de intereses privados.

El Estado se encuentra en la obligación de revertir estas situaciones y de garantizar la no repetición a través de estrategias de reconocimiento, redistribución de activos y representación política de aquellos sectores sociales marginados por estas lógicas de violencia y despojo.

Incluso, los sectores que no han sido víctimas directas de violaciones a derechos humanos han visto truncada su agencia a causa de un modelo de “acumulación por desposesión”. Este modelo, según la propia CEV, fue facilitado por el Conflicto armado y “ha mantenido niveles muy altos de concentración de la tierra y niveles importantes de pobreza y desigualdad que siguen siendo factores de persistencia de la violencia tras la firma del acuerdo final de paz”.

El Ministerio de la Igualdad anunciado por el nuevo gobierno puede ser una estrategia para poner en marcha el cambio de paradigma en la seguridad nacional por las razones que se mencionarán a continuación.

Seguridad humana y prevención de la violencia

Todas y todos tenemos el derecho de vivir libres de cualquier tipo de violencia.  Además, el derecho a la paz significa que quienes se encuentran expuestos o expuestas a un mayor riesgo de afectación de sus derechos fundamentales o de su dignidad humana necesitan que se ejecute de forma efectiva un ámbito de protección reforzada en cabeza del Estado.

El futuro Ministerio de la Igualdad responde a dicho propósito desde la perspectiva de la reorganización del Estado. Esta reorganización se compromete a cumplir una agenda de gestión política en el marco del Estado Social de Derecho.

Así, la concentración de esfuerzos para cerrar brechas de desigualdad mediante el reconocimiento de su carácter injusto contribuye de manera decidida a la prevención de las violencias diferenciales que han marcado los rasgos definitorios del Conflicto armado.

La creación del Ministerio de la Igualdad propone un cambio de paradigma de la seguridad como derecho ciudadano que se encuentra a la base de las recomendaciones del Informe Final de la CEV y de las propuestas programáticas del nuevo gobierno.

Dicho informe señala que es necesario ver la seguridad “con un enfoque de construcción de paz que nos permita dejar atrás definitivamente el «modo guerra» en el que hemos vivido y reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones”.

El nuevo presidente ha afirmado que, de ahora en adelante, la Fuerza Pública tendrá que proteger “la equidad y la igualdad” de manera que sus resultados se basen “no en el número de bajas, en el número de muertos, sino en el aumento de la vida eso es lo que llamamos seguridad humana”.

En cierta medida, la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad responde a este cambio de paradigma en la concepción de la seguridad a cargo del Estado y que se articula con las recomendaciones de la CEV cuyo énfasis es la garantía de no repetición.

Ambas transformaciones van de la mano y se complementan. Mientras la primera exige el cambio del uso de la fuerza por el del diálogo y la protección de los derechos ciudadanos, la segunda contribuye a corregir las prácticas clientelistas que han hecho del Estado un instrumento de las y los privilegiados para preservar su poder.

En la gestión de las exigencias sociales de acceso a derechos, el Ministerio de la Igualdad, cuanto menos, podrá servir de mediador para facilitar el diálogo democrático y comprometer la palabra del Estado con acciones reales y verdaderas para reducir la desigualdad.

La comisión de la verdad
Foto: Alcaldía de Medellín - Será el primer paso para que las y los nadies vean reparado el daño histórico que se les ha ocasionado desde el Estado y la sociedad.

Justicia histórica para los “nadies”

La nueva vicepresidenta de Colombia ha afirmado que representa el poder de los “nadies”. Eduardo Galeano escribió que los “nadies” son aquellos y aquellas “que cuestan menos que la bala que los mata”.

El Informe Final de la CEV ha reconocido “la degradación” o crueldad radical y deshumanizante de muchas de las prácticas realizadas en el marco del Conflicto colombiano.

Este tipo de violencia “se ha ensañado con los sectores excluidos socialmente, cuya deshumanización ha profundizado la discriminación histórica, el racismo contra los pueblos étnicos o los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, como una forma de imposición patriarcal y de desprecio por los cuerpos y vidas de las mujeres”.

Además, estas cuestiones corren el riesgo de repetirse por la indiferencia de quienes no padecen directamente los daños de estas formas de discriminación, como el racismo que se ha impuesto en muchas y muchos como una maldición.

Si el Ministerio de la Igualdad liderado por la vicepresidenta Márquez logra garantizar “la transversalidad del enfoque diferencial” será un primer paso para que las y los “nadies” vean reparado el daño histórico que se les ha ocasionado desde el Estado y la sociedad.

Es necesario que este daño sea reconocido como tal y no como un efecto colateral del Conflicto para que no se repita en las próximas generaciones y para que comience un proceso de redistribución del poder en Colombia, con capacidad de prevención de las violencias diferenciadas y desproporcionales.

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Fernando Vargas

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Fernando Vargas

*Consultor independiente en derechos humanos, profesor
universitario y aprendiz de poeta.

Foto: Flickr: Policía Nacional - La desmilitarización de la Policía es clave en su reforma.

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Urge reformar la Policía Nacional para prevenir, sancionar y reparar la violencia indebida que hoy ejerce contra la ciudadanía. Estos son los motivos y los medios para hacerlo. *

Fernando Vargas Valencia**

¿Por qué hay que reformar la Policía?

La participación de la Policía en las políticas contrainsurgentes la convirtió en una entidad al servicio de intereses militares, lo cual desdibujó el carácter civil que le asigna la Constitución de 1991.

Por eso el cambio institucional, doctrinal y operativo de la Policía Nacional es fundamental para cumplir el objetivo del Acuerdo de Paz: dejar atrás la época del bien o mal llamado “conflicto armado interno”.

La desmilitarización de la Policía es uno de los mínimos para una verdadera reforma, pues esta implica recuperar:

  • La misión de velar por la seguridad ciudadana,
  • La confianza de la ciudadanía, y
  • El trabajo basado en la protección de las personas.

Paradójicamente, una de las principales razones para adscribir la Policía Nacional al Ministerio de Defensa fue la necesidad de “despolitizarla” después de sus flagrantes abusos partidistas durante la Violencia de mediados de siglo.

Y sin embargo la violencia protagonizada por agentes de la Policía —especialmente en contextos de protesta social—demuestra que esta institución ha perdido el rumbo, pues ahora funciona como un aparato de represión del descontento social. En esta apreciación coinciden muy diversas instituciones nacionales e internacionales, ONG y centros de pensamiento, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch, CODHES, Foros Javerianos …e inclusive algunos expolicías, como Jiménez Vega.

Además es peligroso mantener el carácter militar de la Policía en un Estado que se niega a los cambios profundos. Esto se puede ver en el fracaso de los cerca de veinte proyectos de ley sobre el uso de la fuerza, seguridad social, profesionalización, ascensos, primas, y otros asuntos referentes a la Policía Nacional que fueron presentados por distintos congresistas en las legislaturas de 2020 y 2021.

Le recomendamos: Candidatos a la presidencia y la reforma policial: ¡a estudiar bien y hacer bien la tarea!

No son abusos aislados  

Aunque para el gobierno Duque las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de Policía son “actos irregulares individuales”, para aquellas organizaciones se trata de una violencia institucional de carácter masivo, generalizado y sistemático.  Como dice Amnistía Internacional (AI), el problema “va más allá de conductas indebidas individuales, y deja entrever fallos operativos del respeto de los derechos humanos en las fuerzas policiales”.

Es peligroso mantener el carácter militar de la Policía en un Estado que se niega a los cambios profundos.

En este punto coinciden Uprimny; Salinas; Torres y Perdomo; Temblores ONG; AI o la Universidad de los Andes cuando señalan que, ante las protestas sociales de los últimos años, la respuesta generalizada de la Policía ha sido represiva y violenta.

Organizaciones como Temblores ONG e Indepaz le indicaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que durante el paro nacional del año pasado se reportaron más de 200 lesiones personales, más de treinta casos de violencia sexual y aproximadamente cuarenta homicidios atribuibles a agentes de la Policía.

Después de su visita a Colombia en junio de 2021, la CIDH destacó como “extremadamente graves” … “las denuncias de personas desaparecidas; […] la utilización de perfilamiento étnico-racial; […]las agresiones a periodistas y a misiones médicas…” por parte de la Fuerza Pública.

La situación anterior no es novedosa. Por ejemplo, entre 2013 y 2014 —en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina y Popular y de la Minga Social y Comunitaria— el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) reportó más de 900 casos de «brutalidad policial» en tan solo el departamento de Cundinamarca —asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias— por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) más de 200 indígenas fueron víctimas de abusos policiales en el marco de la Minga Nacional realizada en 2016. Esto ocurrió al mismo tiempo que avanzaban las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Durante el año siguiente, la Minga reportó 44 indígenas heridos por acciones conjuntas entre el Ejército y el ESMAD en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Nariño.

Debido a la herencia de políticas y estatutos de seguridad nacional, las protestas pacíficas de la ciudadanía todavía son consideradas como «subversivas» por parte del gobierno y los cuerpos policiales.

Pero organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras (PNC) y CODHES advierten que el recrudecimiento de la violencia policial hace parte de una política de gobierno Duque para “dar tratamiento de guerra” a la protesta social. Este giro se aprecia especialmente a través de la figura de “asistencia militar”  establecida por la Ley 1801 de 2016; mediante el decreto 575 de 2021, el presidente Duque ordenó a gobernadores y alcaldes que acudieran a este tipo de “asistencia”.  En la práctica, dicho tratamiento implica la criminalización de quienes ejercen el derecho a protestar, a través de:

  • la estigmatización de jóvenes —especialmente pobres, como señala el informe del exdefensor del pueblo sobre el caso de Bogotá—;
  • el perfilamiento racial de personas negras e indígenas, y
  • la sexualización de mujeres.
la nueva Reforma policial
Foto: Flickr: Policía Nacional - Las funciones de la Policía deberían estar supeditadas a su carácter civil.

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¿Qué implica una buena reforma?

Debido a la herencia de políticas y estatutos de seguridad nacional, las protestas pacíficas de la ciudadanía todavía son consideradas como «subversivas» por parte del gobierno y los cuerpos policiales.

Por eso mismo la reforma a la Policía es un asunto de paz y de justicia. Si bien se puede avanzar con ajustes institucionales u operativos, es necesario transformar la doctrina policial y la política criminal.

La imagen pública que hoy proyecta la Policía no podría mejorase con el cambio de color de los uniformes. Esta imagen no dista de la que había tenido en décadas anteriores; por ejemplo Camacho Guizado escribió en 1994 que “en las encuestas que se celebran (sic) con regularidad en el país, la Policía Nacional siempre sale muy mal librada; más de un argumento sale a la luz cuando se trata de caracterizarla: corrupción, ineficiencia, delincuencia, faltas a la ética, militarización”.

Expertos como Alejo Vargas y Gustavo Gallón nos recuerdan que los intentos fallidos de reforma han sido numerosos; por ejemplo desde el decenio de los ochenta se presentaron iniciativas que habrían de conducir a la Ley 62 de 1993, donde algunas medidas apuntaban a reafirmar el carácter civil de la Policía. Y sin embargo estas medidas no se llevaron a la práctica, gracias a las contrarreformas que el gobierno Samper adoptó por decretos.

De ahí surge la necesidad de insistir en una reforma a la Policía que:

  • esté enfocada en recuperar su carácter civil y democrático;
  • no se limite a confiar en la buena voluntad de sus altos mandos,
  • incluya cambios de fondo —constitucionales, legales y de cultura organizacional—, y
  • redefina las políticas de seguridad ciudadana.

Esta reforma implica pues modificar la doctrina y la organización de la Policía para enfocarla en la protección de los derechos humanos y la garantizar de la convivencia, tal como indicó la Corte IDH en los casos “Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela” y “Mujeres víctimas de tortura sexual vs. México.

Como ha señalado la Corte Constitucional en sentencias como la C-492 de 2002 , un punto imprescindible es supeditar la actividad de policía a la función de policía que ejercen las autoridades civiles —especialmente en ámbitos territoriales—. Dicho en otras palabras: los policías deben ser evaluados en virtud de su protección efectiva de los derechos fundamentales, no en virtud de su reacción a hechos delincuenciales.

Según la Fundación Ideas para la Paz y FESCOL, la Policía debe abrirse a la observación ciudadana y nutrirse de los aportes que puedan brindar las autoridades y organizaciones civiles en aspectos vitales como la formación policial.

La reforma de la Policía debe entonces estar orientada por la ciudadanía y no apenas por la institución, como si fuera un asunto interno. Un conjunto de interlocutores clave para efectuar la reforma son precisamente las víctimas de la violencia policial. Más aún: los ajustes institucionales, operativos y doctrinales hacen parte del derecho a la no repetición. Lo anterior supone sistemas de supervisión y sanción independientes de la Policía y acordes a los estándares internacionales.

Según el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas por ejemplo, las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado deben ser prontas, efectivas, exhaustivas y transparentes. Deben estar a cargo de funcionarios capacitados e independientes que cuenten con las herramientas suficientes para determinar responsabilidades en cabeza de los mandos y no apenas de los agentes implicados en la violencia policial.

Aceptar este protocolo implicaría eliminar la extensión del fuero penal militar a los agentes de Policía, lo cual significa mejores garantías y capacidades de la justicia ordinaria para investigar, juzgar y sancionar todo caso de violación a los derechos humanos.

 

*Consultor del proyecto sobre Reforma a la Policía Nacional de la Corporación Justicia y Democracia, financiado por Open Society Foundations. El artículo hace parte de un estado del arte que el autor se encuentra preparando para dicho proyecto.

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Fernando Vargas

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*Consultor independiente en derechos humanos, profesor
universitario y aprendiz de poeta.

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Fernando VargasLa decisión del gobierno prolonga el historial de injusticias que han soportado las víctimas de un conflicto degradado. 

Fernando Vargas Valencia* Continue reading «El nombramiento de Jorge Tovar es un atentado contra las víctimas»

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Fernando VargasQué está pasando y cómo ciertos periodistas empeoran la situación

Fernando Vargas Valencia*

Continue reading «Minería y asesinato de líderes en el Norte del Cauca»

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Fernando VargasA un año de la firma del Acuerdo de Paz se han expedido más de cuarenta leyes y decretos que conciernen a las víctimas –supuestamente el centro del Acuerdo– pero de hecho estas medidas las benefician muy poco e incluso las perjudican

Fernando Vargas Valencia*

Continue reading «El saldo en rojo en atención a las víctimas»

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Fernando Vargas RazonPublica Las prioridades del gobierno pueden chocar entre sí: por ejemplo, la locomotora minera y la restitución de tierras a las víctimas de desplazamiento forzado.  En ese caso, ya existen antecedentes constitucionales y judiciales para afrontar el dilema[1].

Fernando Vargas Valencia*

Continue reading «Minería: conflicto de prioridades, derechos humanos y retos territoriales»

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ISSN 2145-0439

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