¡Con las armas no se juega!

En días pasados apareció en El Tiempo una columna de Alfredo Rangel en la que se defendía la idea de una intervención militar en Venezuela para derrocar la cada vez más opresiva dictadura que gobierna en la vecindad. La primera impresión que sorprende en el escrito es el fundamento de derecho que esgrime el autor. Rangel encuentra fundamento jurídico para respaldar una acción militar en la resolución 60/1 del año 2005 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dada la cercanía y familiaridad del autor con los temas de la defensa y la seguridad durante tres décadas, extraña que no sepa cuál es el alcance de una resolución de la Asamblea General de la ONU. Esas resoluciones no son normas sustantivas. Son declaraciones políticas, consideraciones de opinión y expresión de los deseos mayoritarios de los Estados miembros, pero no son vinculantes. Son “saludos a la bandera” y nada más. 

Extraña también, que el autor cite la resolución sin haberla leído en su totalidad, porque el texto en los numerales 79 y 80, reconoce (de modo redundante, porque es algo resabido) que la facultad para disponer y ejecutar una decisión de intervención militar reside en el Consejo de Seguridad de manera exclusiva, como está estatuido en la Carta de la Organización. Toca aceptar que el autor ignoraba el carácter no vinculante de las resoluciones, porque la hipótesis de que lo hizo a propósito, con conocimiento de causa, lleva a pensar en truculencias conspirativas que es mejor apartar de la imaginación porque no vienen al caso.

Otro tema controversial es el de la eficacia de las intervenciones bélicas “humanitarias”. Como el espacio no da para exámenes exhaustivos, me limito a un ejemplo. Se menciona el caso de Libia como positivo. Decidir si fue mejor salir de Ghadafi (tirano despreciable, si los hay) o llegar a la situación de la Libia actual convertida en un Estado fallido, en guerra civil permanente, con varios tiranos en lugar de uno e incapaz de proporcionar a los libios el mínimo de los bienes que debe proveer un Estado, no es precisamente un éxito. Iraq, Sudán, Afganistán, Uganda, el Congo de hace más de 60 años, Mozambique y otros, son ejemplos de la dificultad para resolver el dilema que plantean. Apelar a la historia contrafactual solo puede ser una diversión intelectual.

La columna no menciona que Colombia deba participar en la aventura intervencionista. Afortunadamente. En este punto se debe reconocer que la conducta del gobierno venezolano es de agresión continuada en la medida misma en que protege y apoya a grupos armados colombianos fuera de la ley y los utiliza en la propia Venezuela como aliados para el control de la población y como agentes económicos en tareas muy lucrativas. Pero aún así, el Estado colombiano debe apartar el cáliz de la tentación. 

Nada bueno puede salir de una intervención militar en una vecindad que es muy especial y sensible. Fata viam invenient, pero los caminos que el destino elige no son siempre previsibles. Primero, bastante tiene el Estado colombiano con lidiar el problema interno. Segundo, el vecino que decide intervenir puede quedar atrapado por más tiempo del previsto y provocar, en tercer lugar, divisiones de la población que lleven a enemistades históricas indeseables. Colombia y Venezuela han tenido desacuerdos a la largo del periodo republicano, pero han encontrado soluciones por la vía del diálogo en buena parte de los mismos. Los que persisten encontrarán mejor salida por medios pacíficos.

Las interacciones entre Colombia y Venezuela van más allá de las relaciones políticas entre Estados. Las sociedades interactúan de manera intensa a lo largo de la frontera viva, vivísima. En los ejemplos históricos de intervenciones, así sean hechas por motivos humanitarios, ha sucedido que la intervención sea rechazada por el supuesto beneficiado o, que después de adelantada, cunda la desconfianza natural del que se siente endeudado. Los iraquíes, para poner un ejemplo reciente en la memoria, no salieron a recibir las tropas americanas con banderitas y pétalos de flores. En ese mismo ejemplo se puede apreciar el imprevisto de quedar atrapada por años la potencia interventora en líos de difícil solución.

Cuando una intervención es hecha por varios Estados, los intereses de cada uno diferirán en algún grado y el asunto puede derivar en conflictos mayores. En la historia se ha visto más de un ejemplo y, además, la legitimidad y aceptación de la intervención dentro de las sociedades implicadas puede llevar a tensiones política internas y externas. Para seguir con el ejemplo de Iraq, la invasión del 2003 produjo un rechazo social generalizado en España cuyo gobierno se subió al tren de la aventura. 

No sobra mencionar que en Venezuela viven millones de colombianos y aquí tenemos otro tanto de venezolanos. Finalmente, la apelación a las armas en situaciones como la actual, lleva a repensar la cita de Clausewitz que abrió mi columna pasada: “Si la política exige de la guerra lo que esta no puede dar, actúa contra sus principios”