Se ha ventilado la posibilidad de crear una fuerza de seguridad con los reinsertados de las FARC que proteja a sus compañeros amenazados y que además ayude a mantener el orden en las regiones. ¿Es este un despropósito?
Armando Borrero Mansilla*
Lo que dice la historia
En los últimos meses se ha armado un gran debate alrededor de la iniciativa que busca proteger a los guerrilleros reinsertados con grupos de protección salidos de las propias filas de las FARC. Sin embargo, se olvidan los críticos de experiencias similares del pasado, en las cuales se apeló a exguerrilleros para proteger a sus antiguos conmilitones o para proveer seguridad en áreas críticas de violencia.
En 1958 el recién inaugurado gobierno de Alberto Lleras creó una pequeña unidad especial, inicialmente de 30 hombres, con el nombre Cuerpo de Carabineros del Casanare, destinado a reforzar la seguridad en los Llanos Orientales. La experiencia resultó exitosa y dos años después, por iniciativa del coronel Eduardo Román Bazurto, quien había organizado una guardia cívica en El Yopal, el gobierno autorizó un cuerpo de 160 exguerrilleros como Servicio de Seguridad Rural de los Llanos Orientales. Se dispuso que este grupo dependiera del DAS y contara con la colaboración de la Policía Nacional.
El DAS rural, como se le conoció, fue un éxito en aquellos tiempos. Los viejos llaneros recuerdan cómo, muy pronto, desapareció el abigeato. Los miembros de ese cuerpo conocían palmo a palmo los vericuetos de la tierra que habían caminado y visto con ojos de guerrilleros.
Tener a los antiguos contendores bajo el control y la dirección de organismos del Estado tiene un valor alto integrador.
En 1992 la situación de los exguerrilleros del EPL, quienes habían transformado su guerrilla en un movimiento político que conservaba su sigla de combate (EPL) pero ahora como Esperanza, Paz y Libertad, era crítica. Atacados por las FARC, por una disidencia de sus propias filas (el llamado grupo de Caraballo) y por bandas de extrema derecha, contabilizaban más de 90 muertos entre sus militantes. El gobierno de entonces, presidido por César Gaviria, se decantó por una solución que prometía ser eficaz.
La Presidencia dispuso un presupuesto de sesenta millones de pesos para pagar salarios de 120.000 pesos mensuales a militantes del nuevo EPL para que, bajo la coordinación y administración del DAS, prestaran servicios de escolta a sus compañeros amenazados. Inicialmente fueron 160 hombres contratados. La solución fue buena porque además de la confianza que producían a sus protegidos estaban organizados por el Estado.
¿Una forma de control?
 Miembros de las FARC en una de las Zonas Veredales. Foto: Presidencia de la República |
Tener a los antiguos contendores bajo el control y la dirección de organismos del Estado tiene un valor alto integrador. Si la mayor parte de los antiguos combatientes de las FARC pudieran insertarse en alguna organización que aprovechara la disciplina adquirida, los pusiera a salvo de retaliaciones, y además les permitiera capacitarse, adquirir destrezas laborales y dejar que el tiempo cure las heridas del pasado, la sociedad habrá ganado una batalla decisiva frente a los peligros que acompañan al posconflicto.
En el exterior también hay experiencias útiles para evaluar en este sentido. Por ejemplo, en El Salvador los acuerdos de paz contemplaron la creación de una Policía Nacional Civil en la cual el 30 por ciento de sus agentes provendría de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Esta experiencia, muy debatida al comienzo, salió bien porque al comparar el desempeño de los antiguos guerrilleros con el de sus compañeros, los primeros resultaron tener menos problemas de disciplina y de corrupción. Claro está, hay que recordar que la guerrilla salvadoreña no se criminalizó como otras de América Latina, o por lo menos no tanto como la colombiana.
Las trampas del pasado
El conflicto armado colombiano que viene desde 1964, junto con las violencias anteriores y posteriores, llega a sumar cerca de 70 años de violencias crueles, dolorosas e inútiles. El peso del pasado es grande. La cultura y las mentalidades colombianas están impregnadas de tragedias y los resentimientos siguen vivos.
Las cuentas pasadas pueden desatar venganzas y con estas vendrán violencias locales contagiosas. Los intereses, sobre todo los ligados a la tenencia y propiedad de la tierra, ya han mostrado su cara más perversa. Los asesinatos de líderes sociales no son casualidad. El pasado nos pone sobre los hombros el peso del holocausto de la Unión Patriótica. El despojo y desalojo de las comunidades campesinas a lo largo y ancho del país es un anuncio de lo que puede suceder si el Estado se deja desbordar por las fuerzas que medran en la guerra y languidecen en la paz.
Las trampas del pasado están dispuestas. Ningún proceso de paz se sostendrá si no se corta el círculo vicioso de violencia que produce más violencia. Proteger a los líderes de las guerrillas es un imperativo que debe superar los resentimientos y los intereses ligados a negocios turbios.
Los peligros del posconflicto
 Presidente Juan Manuel Santos junto al expresidente César Gaviria. Foto: Presidencia de la República |
La experiencia internacional muestra que el momento de posconflicto se caracteriza por la reproducción del conflicto, total o parcialmente, o por aumentos de la violencia social. El factor más importante para evitar los epifenómenos violentos es la capacidad de los Estados para dar seguridad y para garantizar el cumplimiento de lo acordado con los insurgentes.
Las experiencias internacionales, nuevamente, están disponibles para escarmentar en cabeza ajena. La más cercana, tanto temporal como culturalmente, es la centroamericana. Tanto Nicaragua como El Salvador y Guatemala sufrieron la reproducción de violencias diversas tras los acuerdos de paz.
El Salvador y Guatemala, particularmente, son muestras de lo que puede suceder en Colombia. El Salvador lucha todavía por rebajar los índices que lo ubican como uno de los países más violentos del planeta.
Ningún proceso de paz se sostendrá si no se corta el círculo vicioso de violencia que produce más violencia.
De Guatemala ni se diga. Cuando este país pactó la paz no acordó una reducción de sus fuerzas de seguridad tan grande como la de El Salvador. Pero la tentación fiscal y las presiones sociales llevaron a una reducción muy fuerte de su fuerza militar. Esto fue comprensible pero resultó fatal para el futuro. El Ejército –que en Guatemala comprende los tres servicios- fue reducido a una quinta parte de su tamaño. Al mismo tiempo le llegaron las “siete plagas”, o se profundizaron las ya existentes, con el narcotráfico en primer lugar.
Guatemala ya era territorio de paso del tráfico de drogas, pero pasó a ser actor en otras etapas del proceso, incluida la producción de amapola. Sus organizaciones criminales quedaron en la constelación siniestra de los carteles mexicanos y los excombatientes de las antiguas patrullas de autodefensa civil, muy numerosos en ese país, fueron otra fuente de perturbación permanente. Los líos derivados de los despojos de tierras y los desplazamientos de población completaron el cuadro. Hoy la delincuencia urbana y las pandillas juveniles o “maras” son otros protagonistas de la danza criminal del país.
La lección es contundente. Durante los próximos años la justicia, la Policía y la Fuerza Pública de Colombia tendrán que permanecer fuertes y vigilantes. Las falencias de la justicia son un peligro grave. La tarea de la restitución de tierras, por ejemplo, es un campo minado. Qué decir del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, el tráfico ilegal de armas y la inequidad social.
En medio de este panorama, ¿por qué no aceptar la ayuda de una solución ya probada en el pasado como es organizar los aparatos de protección de los líderes de la guerrilla desmovilizada con gente de su confianza bajo el control del Estado?
* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
