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Chuzar sabiendo chuzar

Escrito por Armando Borrero Mansilla

Armando BorreroEstamos en el submundo de lo secreto. Hay solidaridad y emoción. Todos piensan que están haciendo lo que deben hacer. Pero en un determinado momento el asunto se viene al suelo como un castillo de naipes.

Armando Borrero *

Niveles de la seguridadvigilESCOLA

La seguridad de un Estado exige tres niveles de actuación:

  • La seguridad nacional
  • La seguridad ciudadana
  • La protección del funcionamiento normal de las instituciones

El primero tiene que ver con la protección de la soberanía, la independencia, vida y bienes de la población, y la integridad territorial.

El segundo busca proteger a los ciudadanos frente a los riesgos que representa la delincuencia y a los conflictos individuales o sociales que puedan amenazar su vida, integridad, honra y bienes, así como el discurrir de lo cotidiano en convivencia y armonía.

El tercero se ubica entre los dos anteriores y es problemático, porque mientras el primero se mueve en ambientes de amoralidad tácitamente convenidos en función de los intereses y razones de Estado y el segundo se desenvuelve en medio de la aceptación ciudadana, el tercero discurre en las arenas movedizas de la política interna.

Todo tiene su límite

La protección de las instituciones y del orden constitucional es una tarea política.

Una parte de esa tarea la deben realizar los organismos de inteligencia del Estado que velan porque las disposiciones constitucionales y legales no sean vulneradas por factores de disturbio o subversión.

La otra es judicial. Un Estado de Derecho tiene que admitir en su normatividad que el orden constitucional pueda ser reformado o cambiado, pero con arreglo a disposiciones y mecanismos previamente convenidos. Los intentos de hacerlo por otras vías se consideran por fuera de la ley, sediciosos o subversivos.

Trabajo en tinieblas

Entre los organismos de seguridad, los de inteligencia tienen como característica especial que parte de sus actuaciones son ocultas. Por la naturaleza de muchas de sus indagaciones, estas deben estar protegidas del permanente escrutinio público. En esencia se trata de obtener información para que entidades o dirigentes específicos puedan actuar en función de la salud del Estado en general, y de sus instituciones en particular. Eso es, por lo menos, el supuesto que se toma como punto de partida.

Si frente a la tarea de los militares los romanos preguntaban quién custodia a estos custodios, mucho más una sociedad y un orden político tienen la obligación de preguntarse quién vigila a los vigilantes.

Un hilo en el medio

El control de los organismos de inteligencia y de investigación criminal es uno de los mayores dolores de cabeza de los gobiernos en todo el mundo. Cualquier servicio de inteligencia tiene un poder difícil de verificar y reglamentar. No sólo el servicio en sí sino también el agente inmediato pueden dosificar la información que obtienen, según los intereses del organismo, del gobierno, o de las personas a quienes sirven. Más todavía, puede alterar contenidos. Y no se trata sólo de acciones intencionales sino de distorsiones que provienen de prejuicios, de miradas ideológicas que influyen sobre la caracterización de los fenómenos sujetos a investigación, o de falta de conocimientos previos sobre la situación.

En una palabra, existe una línea muy delgada, entre la vigilancia legítima ejecutada por medios sujetos a derecho y la que traspasa los límites impuestos por la ley y la moralidad públicas.

Policía política y oposición

Cualquier orden democrático debe tener un lugar constitucional hasta para quienes lo impugnan, y los impugnadores deben atenerse a esas normas si quieren mantenerse dentro de la legalidad. Toda democracia debe garantizar el ejercicio legítimo de la oposición y los gobiernos no tendrían por qué temerla. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y los intereses de los partidos o de los dirigentes pueden interferir en ese acuerdo.

El recurso siempre disponible es el de los servicios de inteligencia, que se suponen seguros. La información se recoge de manera discreta –o secreta−, se maneja en igual forma, se transmite al demandante sin ningún escrutinio externo, y puede ser eliminada de los archivos o destruida antes de llegar a los mismos.

También puede haber archivos paralelos. Sobrepasar los límites es fácil. La solidaridad estrecha entre quienes trabajan en estos ambientes secretos y, por qué no decirlo, emocionantes, crea unas subculturas de autonomía incluso frente a los superiores. Es como una droga, un extremismo no de los fines sino de los medios. El éxito de la indagación enajena a sus autores y los lleva con frecuencia a los extramuros de la legalidad.

Descontrol de lo oculto

El poder de los dirigentes del Estado es difícil de resistir en campos encubiertos. Un subalterno puede oponerse a actuaciones por fuera de las normas si su acción es pública por naturaleza, y por tanto tiene recursos legales e inclusive el respaldo de la opinión pública que lo protegen. Pero en las tinieblas, el asunto es a otro precio. Las órdenes no necesariamente se registran, en las organizaciones de inteligencia la disciplina es muy fuerte, y lo que puede ser discutible en otras áreas se entiende en este terreno como retos profesionales.

La subcultura de lo profesional favorece la solidaridad del grupo, magnifica el ocultamiento y crea la sensación de que el éxito es lo único que cuenta. El desafuero se justifica por el supuesto de estar haciendo el bien. Por ejemplo, “el bien superior de la patria” (como ellos lo conciben) o la conservación de un orden que se considera bueno porque sí, o sencillamente por la obtención de premios, favores y prestigio.

Leyes y algo más

El caso de las que coloquialmente se conocen como “chuzadas” del DAS se inserta en los submundos de lo secreto. Los intereses de los gobernantes se confunden con los intereses del gobierno, y los del gobierno con los del Estado. El opositor es visto como subversivo. El derecho como un obstáculo en el camino de proteger a las instituciones. Al final, todo se confunde y se vuelve trivial. Ese es el camino más expedito para la desmoralización y desinstitucionalización de un organismo.

El episodio que ha vivido el país con sorpresa y temor puede dejarnos una lección colectiva: no basta tener leyes; es necesario que los hombres de carne y hueso estén dispuestos a no traspasar los límites. Los controles institucionales se pueden afinar y extremar, pero sin una ética que trascienda al cuerpo social, no hay moralidad pública que valga.

 *Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

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