
¿Quién vigilará a los vigilantes?
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La fuerza pública no puede ser utilizada para propósitos hegemónicos. Lo justo es que deba permanecer como guardiana de la democracia: sostén de los derechos y de las libertades públicas, defensoras de la Nación y pilares de su existencia. El apartidismo es una condición necesaria para cumplir ese papel.
En castizo preguntaríamos “¿…y al alcalde quien lo ronda? Si en teoría aceptamos que la guerra es la política misma adelantada por medios violentos, entonces la institución destinada a la guerra estará sujeta a las instituciones que deciden y dirigen los objetivos de lo bélico.
América Latina no ha sido tierra propicia para las guerras entre Estados nacionales. Muy pocas se registran, las más lo fueron en el siglo XIX y las menos en el XX. Pero los conflictos internos primaron en nuestras sociedades y la política y la guerra fueron por el poder del Estado. La confusión de roles y las dificultades para construir institucionalidad estatal llevaron la institución militar a la intervención política. Sin embargo, en las últimas décadas se ha acentuado un apartamiento de las tentaciones del poder y se ha acentuado la sucesión política por medios civilistas.
Antes de entrar en materia es necesario precisar los conceptos que aclaran la naturaleza de las relaciones civiles militares. En Colombia es común el uso del concepto de apoliticidad de las Fuerzas Militares. Pero un “Ejército apolítico” es una contradicción en los términos. La naturaleza de los Ejércitos es esencialmente política. Es una institución que opera como uno de los soportes del poder político y especialmente eficaz en esta tarea como sostén de los Estados nacionales modernos.
El concepto más adecuado para entender el papel de los Ejércitos en una democracia es el de “apartidismo”. Este apartidismo se entiende no como ausencia de concepciones políticas en los individuos que los componen, sino como apartidismo institucional. Un militar profesional en una democracia se abstiene de usar el poder de las armas contra las instituciones que debe defender.
Se entienden la defensa nacional y la guerra como instrumentos de la política. La primacía de la política les da sentido, orientación y dirección para actuar. Son los Ejércitos una parte de la institucionalidad estatal y no la enfrentan como ruedas sueltas, sino como parte armónica de un conjunto gubernamental sujeto a reglas constitucionales y legales.
Las distorsiones del gobierno anterior y las posibles del próximo
La situación colombiana de los últimos períodos presidenciales pone en duda el seguimiento estricto de las normas que rigen el apartidismo institucional. En especial los manejos del sector de la defensa nacional en el gobierno saliente y los anuncios hechos por el entrante introducen distorsiones en la relación delicada de partidos políticos e institucionalidad militar. El gobierno de Petro ha pavimentado el camino para que el siguiente siga el sendero de intromisión partidista en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. Las muestras se observan en los manejos aparentemente normales, pero en el fondo cargados de intencionalidad política partidista.
Un procedimiento que no es necesariamente inconveniente, el de llamar al servicio activo generales retirados para ocupar los cargos más altos de la jerarquía, se ha convertido en uso normalizado. Lo que en circunstancias de urgencia puede ser válido cobra ahora un tufillo de manoseo partidista. El gobierno de Petro retiró del servicio un número inusual de altos mandos y llamó a las filas generales de sus preferencias. Se rompió el principio de confianza en el apartidismo y en la sujeción estricta de los mandos a las normas constitucionales y legales.
El gobierno entrante añade, si cumple lo anunciado, la introducción de un elemento perturbador. Se trata de llamar a filas generales que ya han ejercido en el retiro su derecho a participar en el juego político partidista. Más grave todavía, que han participado como activistas en la campaña electoral del candidato vencedor. Nombrar generales retirados que han participado en una campaña electoral es válido si se mantienen en el retiro con todos los derechos ciudadanos recuperados, pero llamarlos a filas cambia las reglas del juego. La adhesión partidista sería un mérito para ejercer posiciones de mando. El asunto no sería tan grave si fuera solamente una jugada clientelista de poco alcance. Pero en este caso, se busca enrolar a la fuerza pública en un proyecto ominoso.
Los símbolos son por naturaleza representantes de intencionalidades. El presidente entrante ha manifestado la intención de posesionarse del cargo en una instalación militar. El asunto no es solamente un reconocimiento de la labor militar en el mantenimiento de la institucionalidad vigente. Tiene una carga de compromiso entre las propuestas electorales y la institución armada y es tanto más grave cuanto mayor sea la carga ideológica extrema del elegido. En este caso es una carga extrema de posiciones que desafían el ordenamiento constitucional y que rebasan el solo campo de la defensa nacional.
Esos peligros están anunciados. Las conquistas democráticas y su expresión constitucional en la Carta de 1991 se sometieron a cuestionamientos en la campaña electoral. Están en peligro conquistas esenciales como la libertad religiosa (háganme el favor ¡en el siglo XXI!), la separación de poderes, la educación pública libre de interferencias partidistas, el papel de las ciencias en la sociedad amenazado por pensamientos conspiranoicos, la libertad de pensamiento y la expresión del mismo. No son asuntos pequeños, son conquistas fundamentales de las luchas de los pueblos en los últimos siglos de la historia y avances invaluables del conocimiento.
Las instituciones armadas deben estar libres de tales compromisos. Los gobiernos no tienen por qué arrastrarlas al juego de las ideologías. Bastante daño se hizo ya en el pasado con el extremismo ideológico de la Guerra fría y sus consecuencias en las luchas políticas de la sociedad colombiana. Lo conducente es superar ese pasado y no ahondar los motivos de enfrentamientos sectarios.

Las amenazas del poder personal
No es necesario ahondar en la teoría. En el vecindario se tiene el ejemplo de Venezuela con la personalización del poder en un caudillo “iluminado” sostenido por círculos de incondicionales. La meritocracia debe primar en la conformación de los mandos militares y la confianza debe reposar en el compromiso de las mismas con el ordenamiento constitucional. Transportar esa conducta a los vínculos personalistas resultó fatal en el ejemplo mencionado y conste que se presentó como una posición ideológica contraria a la que se pretende imponer en Colombia; el resultado será el mismo con toda la carga que arrastra el poder personal sin controles democráticos. Los populismos fascistoides son iguales, así se presenten como de izquierda o de derecha.
Lo que se oye y se ve en las propuestas del gobierno entrante es ominoso. Se pretende retrotraer la sociedad colombiana a los años terribles de la violencia sectaria. Las generaciones nuevas de colombianos que no vivieron esos tiempos parecen anestesiadas. Quienes superamos el promedio nacional de supervivencia recordamos con horror aquellos tiempos a los cuales nos quieren llevar los nietos de los monstruos que no tuvieron propuesta mejor que la de “sangre y fuego”. Una sociedad que no repasa su historia quiere ahora repetir la experiencia que hundió a Colombia en las violencias de las últimas ocho décadas ¡Como si no fuera suficiente!
La fuerza pública de Colombia no puede ser utilizada para propósitos hegemónicos. Suficientes tribulaciones han tenido que vivir los militares, para continuar en papeles que no fueron los tradicionales de la institución. Lo justo es proponer que deba permanecer como guardiana de la democracia: sostén de los derechos y de las libertades públicas, defensoras de la Nación y pilares de su existencia. El apartidismo es una condición necesaria para que puedan cumplir ese papel. En la historia de Colombia están para cumplir el sueño del general Santander: “Las armas os han dado independencia, las leyes os darán la libertad”.
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Acerca del autor
Armando Borrero
Cofundador de Razón Pública.
Sociólogo, Especialista en Derecho Constitucional, Magíster en Defensa y Seguridad Nacional. Se ha desempeñado como Consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
2 comentarios







Por que tanto miedo al nuevo gobierno?, cuando la autoridad ejerce su función no hay que temer nada, pero cuando la autoridad deja de serlo hay si hay que temer. En el gobierno que se está extinguiendo hubo de todo, pero lo mas grave fue permitir que los violentos, los terroristas, los delincuentes, los asesinos se impusieran ante la ley, pero las autoridades no dijeron nada: la procuraduría, la fiscalía, la contraloría, donde estaban? ahora el presidente electo ha advertido que impondrá la Ley y ahora si todos salen a asombrarse, a temer por que hora si les llegó su tate quieto, ahora si se va a enderezar el país, ahora si se van a controlar los gastos del estado y el dinero publico. Tranquilos que con la ayuda de Dios, la Patria Milagro va a demostrar como se manejan los recursos públicos y se le da seguridad a la población, incluso en las grandes ciudades. No les de culillo, no sean tibios, no sean temerosos del Bien, sean temerosos del MAL que nos ha llevado a donde estamos.
Muestre casos concretos, específicos reales, que sustenten que el gobierno de Petro de «permitir que los violentos, los terroristas, los delincuentes, los asesinos se impusieran ante la ley». Y no un comentario general, vago.