No se trata – como piensan muchos- de recortar sin más ni más el pie de fuerza y el gasto militar. Tanto la Policía como las Fuerzas Militares tienen nuevas tareas por cumplir para no recaer en la violencia y para entrar en el siglo XXI.
Armando Borrero Mansilla*
Un asunto no tan nuevo
Este artículo retoma mi interés de vieja data en el estudio de las opciones del Estado colombiano en un escenario de paz y transformación del aparato militar diseñado y crecido al calor de un conflicto armado muy prolongado.
En tiempos de Álvaro Uribe muchos colombianos pensaban que se acercaba el fin de la guerra de guerrillas: “el fin del fin” era el estribillo optimista de aquellos días, y un sector de la oficialidad se ilusionaba con la “modernización militar” que presumiblemente vendría con la paz.
Por eso en 2008 publiqué en la Revista de las Fuerzas Armadas un escrito sobre esas ilusiones, a raíz sobre todo de una conferencia del general Oscar Izurieta, comandante del Ejército de Chile quien, de visita en Colombia, explicó la modernización militar de su país, hoy todavía referencia obligada en la región. Mi interés por el tema se mezcló con la preocupación por un entendimiento acrítico del proceso chileno.
¿Cuál era el problema? Una modernización militar supone desarrollo científico y tecnológico, movilidad acrecentada, potencia de fuego elevada, logística de excelencia, sistemas de comando y control complejos y educación de vanguardia, entre otros muchos requisitos. Supone también, como cualquier modernización empresarial, “más capital y menos mano de obra”, vale decir más y mejor equipo, y menos personal.
Las violencias que persisten
 Militares colombianos en misiones de resacte y ayuda en Mocoa. Foto: Presidencia de la República |
Las condiciones colombianas ameritan prudencia. La cuestión radica en la supervivencia de lo que en aquel artículo llamé los “mecanismos de auto-perpetuación de la violencia”. Los mecanismos de auto-perpetuación descritos fueron la persistencia de negocios ilegales de grandes dimensiones (narcotráfico, minería ilegal, tráficos ilegales de combustibles, armas, explosivos y personas, extorsión, etc.) las cadenas de venganzas, muy probables después de un conflicto prolongado que incluyó la comisión de delitos con grados altos de afectación social, el secuestro en primer lugar, y las secuelas no curadas del paramilitarismo transformado en bandas criminales de todo tipo.
Una modernización militar supone “más capital y menos mano de obra”, vale decir más y mejor equipo, y menos personal.
Hoy se presentan síntomas inquietantes de lo anunciado 9 años atrás. Los asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos, y los de familiares de guerrilleros, no se pueden desestimar como hechos casuales.
En una sociedad con todos esos peligros, no se puede bajar la guardia en un post-conflicto. La experiencia histórica muestra como los primeros años de la transición son de sumo cuidado. El conflicto se ha reproducido en muchas sociedades. Si hay alguna experiencia cercana, esa es la centroamericana. Los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala son aleccionadores. Los dos últimos, especialmente, porque previenen contra políticas de disminución de las fuerzas y la consiguiente capacidad para controlar los factores de disturbio.
Para evitar la reproducción de las violencias sucesivas, el Estado no podrá negociar ni el tamaño, ni la potencia, ni el despliegue de sus fuerzas. Si bien en una paz posible disminuyen las presiones de crecimiento, el Estado debe conservar la autonomía necesaria para decidir sobre sus fuerzas de seguridad en una sociedad sembrada de amenazas de reproducción de los desafíos armados. La clave de una paz posible estriba en la capacidad del Estado Colombiano para construir institucionalidad, asumir y mantener firmemente el monopolio de la fuerza, generar legitimidad y consenso, y en fin, sostener y mejorar el Estado de derecho para cerrar todo espacio a los factores de poder que no acepten la mediación única del Estado en los conflictos sociales e individuales.
Control sobre el territorio
La conclusión no es darle la espalda a una modernización necesaria y conveniente para las Fuerza Pública, sino entender la oportunidad de la misma. Es necesario hacerla para responder a los desafíos que ya se insinúan en el horizonte.
Pero esa modernización debe hacerse por etapas y con prudencia para poder mantener un dispositivo de control territorial. Éste implica fuerzas numerosas y un despliegue disperso por fuerza de las circunstancias, similar al que se tiene hasta ahora. En tiempos de paz sería la Policía Nacional la encargada de las zonas rurales, pero todavía no se cuenta con una fuerza suficiente en tamaño para una geografía tan compleja como la colombiana. Por algún tiempo, mientras se consolidan paz y Estado, tendrán que convivir un Dispositivo Anti-Guerrillero, con un Dispositivo de Disuasión Estratégica.
En este punto vale detenerse. Se oyen voces en los medios que piden reducir los efectivos en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. En esto hay desconocimiento grande de las diferencias entre las fuerzas. Una policía crece bajo criterios distintos de los que justifican un crecimiento militar. La Policía Nacional no se puede reducir, y antes debe crecer, porque el solo crecimiento demográfico de la sociedad lo exige. Además, el desarrollo de una policía rural debe tener en cuenta factores distintos del tamaño de la población rural, como son la extensión territorial que debe controlar y la accesibilidad a los lugares que demanden presencia policial. Una fuerza militar responde a criterios basados en la evaluación de las amenazas a la seguridad nacional, para determinar las necesidades de la defensa nacional en materia de tamaño y de medios.
El Estado colombiano debe llegar a todo el territorio y asegurar sus monopolios básicos de la fuerza, el tributo y la justicia. Las instituciones necesitan el apoyo de la fuerza legítima para funcionar con propiedad en condiciones, que, de otra manera, serían adversas. No se le puede dejar espacio a los grupos violentos para que condicionen el actuar del Estado, so pena de perder las expectativas que los acuerdos de paz han abierto.
Nuevas misiones
 Fuerzas Militares de Colombia junto al Presidente Santos. Foto: Presidencia de la República |
Ahora bien, ese apoyo de fuerza, militar y policial, a las instituciones no es el único que pueden cumplir. Para el caso de las Fuerzas Militares, se presentan oportunidades de contribuir a la consolidación de la presencia y funcionamiento del Estado en las regiones, que son muy importantes.
No hay en Colombia ni tiempo ni espacio para una “crisis existencial” por el hecho de llegarse a unos acuerdos de paz. Las características de las organizaciones militares, las hacen aptas para muchas tareas de protección social y de desarrollo económico. En el mundo de hoy, en todas las sociedades se las usa para misiones no estrictamente militares, pero si compatibles con su naturaleza institucional.
Dentro de esa línea de pensamiento, el Comando General de las Fuerzas Militares ha elaborado una agenda de áreas temáticas, que responden a la necesidad de rediseñar las misiones futuras de las fuerzas. La agenda contiene los puntos siguientes:
- Convivencia ciudadana (apoyo a las autoridades civiles y de policía, y a las organizaciones sociales).
- Seguridad pública (combate a grupos armados ilegales y asistencia militar a la policía).
- Defensa Nacional (el papel clásico de defensa de población, territorio, soberanía e independencia).
- Gestión del riego de desastres.
- Cooperación internacional.
- Protección del medio ambiente.
- Contribución al desarrollo.
- Actualización permanente de las Fuerzas Armadas.
El desarrollo de la agenda se entiende enmarcado en una acción unificada del Estado que requiere una metodología inter-agencial compleja, pero necesaria para generar sinergias. Algunos de estos puntos merecen un comentario más amplio para dar una idea de lo que significa el concepto de Seguridad Multidimensional.
Las misiones nuevas van más allá del concepto tradicional de la seguridad nacional, pensado en términos puramente de fuerza. Implican ahora consideraciones conceptuales del ámbito de la llamada seguridad humana, y más allá de esta, la seguridad multidimensional que integra al sistema internacional con el Estado y a éste con las comunidades y los individuos. El paradigma de la seguridad deja de ser el de cuidar cada Estado de sus intereses y trasciende a una concepción de interdependencia en la construcción de ambientes seguros en lo político, lo económico y lo social.
Para evitar la reproducción de las violencias sucesivas, el Estado no podrá negociar ni el tamaño, ni la potencia, ni el despliegue de sus fuerzas.
-Algunas de estas misiones “nuevas” no lo son tanto. Casi todos los Estados del mundo echan mano de las capacidades y de la organización militar para atender desastres que superaran los medios ordinarios. Pero ahora son comunes las unidades militares especializadas en la materia. Bien recordada es la intervención de los militares mexicanos en desastres como un terremoto en El Salvador y la irónica llegada de primeros en auxilio de los damnificados de Nueva Orleans cuando las inundaciones provocadas por el huracán “Katrina”. El Ejército Nacional ya cuenta con un batallón para atender desastres, de actuación reciente en Mocoa.
-Otro campo misional destacable es el de la cooperación internacional para misiones de paz y estabilización de sociedades en conflicto y en crisis de Estado. El derecho de intervención se ha ido afirmando en los últimos tiempos, en la misma medida en que se retrae el concepto de soberanía excluyente de los Estados. La ONU y las organizaciones regionales requieren de fuerzas militares bien entrenadas y capaces para misiones bélicas humanitarias. En un mundo cada vez más interrelacionado e interdependiente, el paradigma de la seguridad debe evolucionar en el sentido de que “la seguridad del otro es mi propia seguridad”. En ese campo las Fuerzas Militares de Colombia tienen ventajas comparativas por su experiencia en ambientes complejos y tareas bélicas en medio de la sociedad.
-La construcción de infraestructuras, sobre todo en áreas apartadas y difíciles, es otra misión que tiene una ventaja grande: su cumplimiento es compatible con las capacidades de la ingeniería militar. Si el Estado la requiere, debe apoyar con inversiones y equipos a las unidades militares que la ejecuten. De esa manera se complementan: El Estado puede acometer obras allí donde es difícil llevar empresas civiles y los militares desarrollan sus cuerpos de ingenieros y mantienen sus equipos al día.
En resumen, hay un campo amplio de colaboración para desarrollar misiones nuevas e importantes. Consolidada la paz, se puede avanzar en la construcción permanente de las fuerzas que demanden los afanes de cada época. Por ahora, hay mucho que hacer para abrirle el camino a una sociedad distinta.
* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil dela autor, haga clic en este enlace.
